Es inaceptable la irresponsabilidad e ineptitud del alcalde Janecarlo Lozano, expresa la coordinadora del PRD en el Congreso de la CDMX

ARMANDO GARCÍA

Es inaceptable la irresponsabilidad e ineptitud del alcalde de Gustavo A. Madero, Janecarlo Lozano, por el colapso de una estructura montada para el festejo del Día de la Madres en la explanada de la demarcación, declaró la coordinadora del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Congreso de la Ciudad de México.

La también exdelegada en Gustavo A. Madero sostuvo que el funcionario expuso la integridad y vida de los asistentes. “Exigimos una investigación minuciosa y puntual ante su negligencia”, asevera Arias Contreras.

“Ante el reporte de varios herid@s por el colapso de una estructura metálica en la explanada de @TuAlcaldiaGAM, es inaceptable la IRRESPONSABILIDAD e INEPTITUD del alcalde @yancolozano, al exponer la integridad y vida de los asistentes, cuando está obligado a cuidar a los ciudadanos”, posteó la legisladora del Sol Azteca.

Arias Contreras, quien fungió como delegada en la citada demarcación de 2012 a 2015, señaló negligencia e ineptitud del alcalde Janecarlo Lozano Reynoso, al poner en riesgo la integridad física de los presentes en el evento al que asistiría la cantante Alicia Villarreal.

Hasta el día de hoy, en ningún proceso de autorización bajo mi responsabilidad ha estado autorizado el abogado Sandro García Rojas, expresa Aurora Cervantes Martínez, vicepresidenta de Normatividad de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores

IMPACTO | REDACCIÓN

Haciendo uso de su derecho de réplica, Aurora Cervantes Martínez, vicepresidenta de Normatividad de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, da una respuesta puntual, breve y concreta a Ildefonso Pereyra a la publicación del 5 de mayo con el título “CNBV, presionada por el caso CAME”.

Sobre esta nota, Cervantes Martínez afirma que se le imputa -sin ninguna evidencia ni conocimiento alguno de la ley aplicable- diversos actos, por lo que hace a Pereyra las siguientes aclaraciones:

1.- La vicepresidencia de Normatividad no tiene la facultad de vigilar el cumplimiento normativo, garantizar la transparencia, ni actualizar y aplicar los marcos regulatorios.

2.- Si usted revisa el reglamento de la CNBV, se percatará que la vigilancia de que las normas vigentes sean cumplidas por las entidades reguladas, es facultad exclusiva de las Vicepresidencias de supervisión.

3.- La “actualización” de las normas, suponiendo que usted se refiera a la definición de los proyectos regulatorios, son facultad exclusiva de la Vicepresidencia de Política Regulatoria y del presidente de la CNBV.

En el caso concreto de CAME, la atribución de supervisión la tiene la Vicepresidencia de Banca de Desarrollo y Finanzas Populares, cuya titular a finales del año 2022, cuando usted señala empezaron a suceder las irregularidades, era la licenciada Esther Ramírez Bernabé.

Aurora Cervantes coincide con Ildefonso en el hecho de que la omisión de la supervisión en las primeras etapas del deterioro resulta muy preocupante, ya que muchos ahorradores pueden verse afectados.

Cervantes le concede la razón a Pereyra en el hecho de que si la SOFIPO presentaba capital por debajo del mínimo regulatorio o cercano al límite, se debió haber actuado con total firmeza.

Dicho lo anterior, respetuosamente Cervantes Martínez considera que esos cuestionamientos deben ser para quien era la responsable de  la Vicepresidencia de Supervisión en ese momento y no para ella, que reitera no tiene facultad alguna para la supervisión o vigilancia a alguna entidad regulada.

Respecto a que las unidades administrativas bajo su cargo se han caracterizado por un relajamiento en los controles para la revisión del origen de recursos en los procesos de autorización, así como de cambios en el control accionario en la constitución de nueva entidades financieras, Aurora Cervantes aclara que el origen de recursos es revisado escrupulosamente por sus Direcciones Generales competentes y de igual forma en los procesos de autorización, las autoridades involucradas (Banxico y la UBVA)  tienen conocimiento y pueden emitir opiniones respecto a la procedencia de recursos, aclarando que las autorizaciones señaladas por Pereyra se someten a votación de la Junta de Gobierno de la CNBV, cuyos miembros cuestionan cualquier duda que tengan.

Finalmente, en relación a que los procesos de autorización manejados en la Vicepresidencia de Normatividad han sido “notoriamente ágiles y favorables”, cuando los promoventes están representados por el despacho del exvicepresidente Sandro García Rojas, Cervantes señala que -hasta el día de hoy- en ningún proceso de autorización bajo su responsabilidad ha estado autorizado el citado abogado.

Cervantes Martínez, de manera gentil y cordial, se pone a las órdenes para cualquier duda o comentario sobre el caso CAME.

El caso pone en entredicho la solidez del sistema de ahorro popular

ILDEFONSO PEREYRA

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) se encuentra bajo una creciente presión institucional y pública ante el caso CAME, una de las Sociedades Financieras Populares más grandes del país que hoy agoniza entre pérdidas millonarias, vaciamiento interno y el colapso de su estructura operativa.

Lo que parecía una alerta regulatoria más, ha escalado hasta convertirse en una crisis que expone, con crudeza, la fragilidad del sistema de supervisión financiera en México.

La falta de transparencia de CAME no es un hecho nuevo. La entidad dejó de presentar información financiera desde finales de 2022. Sin embargo, durante meses, continuó operando con normalidad, captando recursos del público y aumentando su base de ahorradores.

La pregunta inevitable es: ¿Por qué la CNBV permitió que una entidad sin reportes vigentes siguiera funcionando sin consecuencias inmediatas?

La omisión de la supervisión en las primeras etapas del deterioro resulta tan preocupante como los propios números de la Sofipo.

La gravedad del caso no deja espacio para evasivas. En este escenario, los reflectores apuntan inevitablemente hacia quienes tienen la responsabilidad legal de garantizar la transparencia y el cumplimiento normativo.

En particular, el área de normatividad, encabezada por Aurora Cervantes Martínez, debe dar solución al problema.

Su función no es solo técnica, sino estratégica: actualizar, aplicar y vigilar los marcos regulatorios para que casos com éste no escalen hasta el borde de la quiebra institucional.

Durante su gestión como vicepresidenta de Normatividad de la CNBV, las unidades administrativas adscritas a su vicepresidencia se han caracterizado por un evidente relajamiento en los controles para la revisión del origen de los recursos, en los procesos de autorización de cambios en el control accionario, así como en la constitución de nuevas entidades financieras.

Lo anterioro ha dado lugar a la proliferación de intermediarios cuyo capital de origen se desconoce, y sobre los cuales no existe claridad respecto a si realmente proviene de fuentes lícitas ni si cumplen cabalmente con los requerimientos en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT).

No parece coincidencia que este relajamiento regulatorio coincida con la presencia del despacho jurídico de su amigo cercano, Sandro García Rojas, exvicepresidente de Procesos Preventivos de la CNBV, quien actualmente enfrenta diversas carpetas de investigación abiertas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Llama la atención que las entidades que han contado con el acompañamiento de García Rojas han tenido procesos de autorización notoriamente ágiles y favorables.

Lo que está ocurriendo en CAME no es solamente la historia de una Sofipo que fracasó. Es un caso que debería escandalizar a quienes aún creen en la solidez del sistema de ahorro popular.

La CNBV tiene la facultad -y la obligación- de intervenir a tiempo. No puede haber excusas cuando las señales de alerta fueron visibles, cuantificables y persistentes.

Los datos son demoledores. En un año, CAME pasó de tener activos por 6,082 millones de pesos a solo 3,160 millones. Las pérdidas se multiplicaron, pasando de 532 millones a 2,648 millones. El número de sucursales se desplomó de 294 a apenas 51.

Su nivel de capitalización, que aún era del 141% en 2023, se volvió negativo en 2024. Y, aun así, el número de ahorradores creció a 1.37 millones.

Más personas confiaron en una institución que, en los hechos, ya estaba cayendo.

Se habla ya de delitos financieros, de retiro de recursos por parte de accionistas bajo el disfraz de gasto operativo, y de la ausencia total de voluntad para recapitalizar.

Y aunque el vicepresidente de Supervisión evalúa la revocación de la autorización para operar, es evidente que el daño ya está hecho.

Ahora la discusión no es si intervenir o no, sino por qué no se actuó antes.

La CNBV, encabezada por el doctor Jesús de la Fuente Rodríguez, ha sostenido un discurso de “cero tolerancia” frente a las irregularidades. Sería bueno que de las palabras pase a los hechos, y más cuando más de un millón de ahorradores quedan expuestos por omisiones estructurales.

El Fondo de Protección -que cubre hasta 25,000 UDIS por persona- no compensa el daño reputacional, ni restaura la confianza.

Lo que está en juego con CAME va más allá de los balances o las cifras. Está en juego la credibilidad de la supervisión financiera en México, el liderazgo técnico de quienes la encabezan y la confianza de una base social que deposita, literalmente, su ahorro de vida en estas instituciones.