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¿Fin a la sumisión de la CNDH ante el gobierno federal?

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Rosario Piedra Ibarra se olvidó de proteger los derechos humanos * La Comisión Nacional privilegia su relación con el poder

 

ALFREDO IBÁÑEZ

 

En medio de una gran controversia en breve se llevará a cabo el cambio de la presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), actualmente encabezada por Rosario Piedra Ibarra, la misma que hizo público su interés por reelegirse cinco años más.

Su trabajo al frente de esa institución ha sido duramente cuestionado, incluso desde el mismo día de su designación, toda vez que quedó demostrado que en formó parte de los órganos de dirección de un partido político, como es Morena, situación que derivó en que los presidentes de 28 comités de participación ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) manifestaran su inconformidad y advirtieran que no era apta para ocupar el cargo.

La inconformidad residió en que uno de los requisitos para encabezar la CNDH es no haber ocupado un cargo en un partido un año antes de la elección.

Sin embargo, ese no fue obstáculo para que asumiera la presidencia de ese organismo, la impusieron.  En una instancia donde se defienden los derechos individuales de los mexicanos y que haya atropellos en su proceso de elección es preocupante.

Pero esa no es la única objeción que tiene Rosario Piedra Ibarra, lo realmente grave es su actuación ante instancias y hechos que vulneran los derechos humanos.

Su desempeño frente al poder es tibio y en contraparte ha dejado en el desamparo a quienes acuden a esa dependencia en busca de apoyo para que se haga justicia frente a diversas violaciones.

Son múltiples las quejas que la población afectada ha interpuesto lo mismo contra gobiernos municipales, estatales, la Guardia Nacional, el Ejército mexicano y dependencias del sector salud; no obstante, la respuesta es mínima y muchas veces nula.

Uno de los sectores más golpeados ha sido el de los comunicadores, asesinatos de periodistas es alarmante, los agravios públicos de parte de la propia Presidencia de la República en el sexenio anterior fueron permanentes y jamás ha fijado una postura en favor de los representantes de los medios de comunicación.

La sumisión que muestra frente al gobierno federal es lamentable, cinco años más al frente de ese organismo no es muy halagador ante la difícil situación que atraviesa el país en el tema de derechos humanos.

Recientemente el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez hizo un balance de la gestión de la CNDH en los últimos cinco años y el resultado es deprimente.

De manera detallada señala como el Ejército mexicano y la Guardia Nacional han incurrido en ejecuciones extrajudiciales, han asesinado a diversos civiles.

La instancia que encabeza Rosario Piedra Ibarra en algunos casos se ha abstenido de pronunciarse, no emite alguna recomendación, y cuando ha intervenido ha sido para deslindar a los responsables de sus actos.

Basta señalar dos ejemplos de su proceder: el asesinato de dos jóvenes en Ciudad Jiménez, Chihuahua, en enero de 2023, cuyo caso fue remitido por la Comisión Estatal de Derechos Humanos al organismo nacional.

Otro suceso más, el asesinato de alrededor de 25 personas en el marco de un enfrentamiento en La Concordia, Chiapas, en marzo de 2024, en ambos casos no hubo recomendación, pero sí de manera diligente emitió un pronunciamiento en el que deslindó de los sucesos a los responsables.

Cabe mencionar que instancias como Guardia Nacional, Ejército Mexicano, Secretaría del Bienestar, IMSS, ISSSTE, FGR, SSPC y Semar concentran el mayor número de quejas.

Contrario a lo que se pudiera esperar, de que se pronunciara para evitar ese tipo de violaciones, guarda silencio lo que se traduce en una cifra ínfima de recomendaciones.

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez en su informe señala que, de un total de mil 816 quejas contra la GN, entre 2020 y 2023 la CNDH sólo ha dirigido 13 recomendaciones.

Lo mismo sucede con el Ejército Mexicano, el cual ha sido señalado de manera recurrente de violar los derechos humanos, instancia que a la fecha suma mil 664 quejas, y en contraparte tiene en su haber hasta este año 26 recomendaciones.

Otro ejemplo más de las violaciones a los derechos humanos es la Secretaría de Bienestar, la cual concentra con 4,207 quejas presentadas entre 2020 y 2023; y, sin embargo, durante esta gestión la CNDH sólo ha emitido una recomendación dirigida a esa Secretaría.

El próximo 15 de este mes concluye el periodo de Rosario Piedra Ibarra al frente de la CNDH, es la oportunidad para darle un nuevo sentido a esa instancia, es el momento para que asuma su papel de proteger los derechos humanos de todas las personas, y deje atrás su postura de sumisión frente al gobierno federal en turno.

 

 

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FGR desmiente al gobierno de Sinaloa

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Rubén Rocha Moya, hundido por sus mentiras * El gobernador sinaloense está vinculado al crimen de Héctor Melesio Cuén y a la traición contra el Mayo Zambada… lo mejor sería que Rocha dejara su cargo, pero se siente protegido con el manto presidencial

 

ALFREDO IBÁÑEZ

 

Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, se encuentra en serios problemas, está entre la espada y la pared; su ineptitud para gobernar, así como sus presuntos vínculos con el narcotráfico pronto tendrán un desenlace: el más inmediato es que no termine su gestión, que obligado por las circunstancias deje el cargo.

Por ahora ciudadanos de esa entidad solicitaron ante el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa (IEES) la revocación de su mandato.

El morenista una y otra vez ha sido señalado de proteger a los hijos del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, de poner el gobierno a sus órdenes. En suma, de operar para el narco.

El mandatario estatal también es acusado de participar en la detención del poderoso fundador del Cártel de Sinaloa, Ismael “El Mayo” Zambada.

Como se recordará, “El Mayo”, quien fuera detenido el pasado 25 de junio, dio a conocer a través de una carta que fue convocado por Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo”, a una reunión para ayudar a resolver diferencias entre Rocha Moya y el exalcalde de Culiacán, Héctor Melesio Cuén. Ambos estuvieron presentes, sostuvo en la misiva.

Manifestó que una vez en el lugar fue secuestrado y trasladado en un avión privado a El Paso, Texas. “El Mayo” Zambada puso al descubierto al gobernador Rocha Moya, dejó ver su verdadero rostro y los nexos que sostiene con el narcotráfico.

Pero el turbio entramado en el que está envuelto el gobernador de Sinaloa no termina ahí, pues se presume que en esa reunión fue asesinado su eterno rival, el exalcalde de Culiacán Héctor Melesio Cuén.

Para desvirtuar los hechos y quitar responsabilidad del crimen al gobernador, la Fiscalía de Justicia estatal de Sinaloa recurrió a un burdo montaje, difundió un video en que asegura que el asesinato del exrector fue en una gasolinera, sin embargo, las investigaciones de la Fiscalía General de la República terminaron por derrumbarlo.

La instancia que preside Alejandro Gertz Manero, recientemente dio otro golpe demoledor al caso, pues informó que Cuén fue asesinado en el inmueble donde fue secuestrado “El Mayo”.

“En finca ubicada en Huertos del Pedregal, Culiacán, fueron hallados indicios hemáticos que han sido determinados con toda precisión por las unidades periciales federales, que corresponden al exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, lo cual ratifica la información previamente obtenida, de que en el lugar del secuestro se encontraba dicha persona y que sus huellas de sangre corresponden al tiempo en el que el Ministerio Público de la Federación tiene establecido el momento de su homicidio, el cual ocurrió muchas horas antes del video de una gasolinera difundido localmente”, informó la dependencia.

Como puede advertirse, el escurridizo gobernador de Morena ha tejido una red de falacias para protegerse. No sólo ha negado sistemáticamente que haya asistido a esa reunión, sino que como parte de su coartada ha sostenido que precisamente en esa fecha viajó a Estados Unidos.

Pese a sus esfuerzos por cubrirse con la manta de la pureza, cada una de sus versiones ha ido cayendo. Primero fue señalado por “El Mayo” Zambada de estar presente en la reunión, convocada por el narcotraficante Joaquín Guzmán López; posteriormente el periodista Luis Chaparro denunció que el gobernador no fue a Estados Unidos cuando atraparon a “El Mayo”.

El comunicador lo emplazó a que muestre su pasaporte con el correspondiente sello o bien que dé a conocer una fotografía que pruebe su estancia en ese país.

Para colmo de los males del morenista, hasta ahora ninguna autoridad de Estados Unidos ha certificado que haya estado en esa nación. Las mentiras van en ascenso en tanto se debilita su gobierno.

A casi tres meses de la captura de “El Mayo” y del crimen del exalcalde de Culiacán, en Sinaloa la ola de violencia está imparable, los asesinatos se cuentan por decenas, los enfrentamientos entre “Los Chapitos” y “La Mayiza” tienen a la población sumida en el terror.

El gobernador niega los hechos y se protege con la Presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha pedido no especular sobre el supuesto vínculo entre Rocha Moya y el narcotráfico, específicamente con el Cártel de Sinaloa e incluso se pronunció porque se presenten las pruebas, en caso de haberlas.

Rocha Moya es una auténtica molestia para Morena, para la población de Sinaloa y para el propio narcotráfico. Recientemente “La Mayiza”, a través de volantes, lo acusó de proteger a Los Chapitos y le declaró la guerra.

La petición de los ciudadanos ante el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa (IEES) para que le sea revocado su mandato puede ser la salida más viable para el gobernador, es inocultable que su gobierno hace daño a la paz en esa entidad.

 

Y ROCHA SE ENGALLA: “¡CLARO QUE SIGO SIENDO GOBERNADOR!”

Muy seguro, pero con cierta molestia, Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, rechazó renunciar al cargo y que su gobierno se encuentre rebasado por el poder del crimen organizado en el estado.

“¡Claro que no! ¡Claro que sigo en el cargo!”, reprochó a la pregunta directa.

“¿Cuáles son las voces que piden mi renuncia? Las que tienen deseos, pero no es un problema de deseos, ¡claro que no! Es un problema de los sinaloenses”, sostuvo.

En una visita “de cortesía” a la Cámara de Diputados, Rocha Moya también rechazó que haya excesos en la actuación de las fuerzas militares.

“Yo creo que no, habría que revisar caso por caso, porque las Fuerzas Armadas han estado cuidando mucho el tema de los derechos humanos y están trabajando bien. En general tenemos que ver los casos y esos se examinan de manera particular”, señaló el mandatario local.

Luego de visitar también a los senadores de Morena, acudió a una reunión privada con diputados de la 4T en San Lázaro, donde le expresaron su “total apoyo”.

“Vengo a conversar con mis compañeras y compañeros diputados del movimiento de la Cuarta Transformación. Por supuesto, vengo a comentarles cuál es la situación que tenemos en Sinaloa”, señaló el gobernador Rubén Rocha Moya.

“Que no es inédito. En Sinaloa han ocurrido en otros momentos que los grupos delincuenciales se confrontan y nosotros estamos haciendo lo nuestro ahora”, explicó.

No obstante, admitió que “es un momento difícil, que tiene la atención debida del Gobierno de la República y de mi gobierno. Estamos atendiendo por el bien de los sinaloenses esta situación complicada”.

También justificó que “todo esto viene desde el 25 de julio con la detención de ‘El Mayo’ Zambada”.

Se abstuvo de comentar las tareas de la Fiscalía General de la República. “A mí no me toca opinar” sobre las conclusiones encontradas en la Fiscalía General de la República contra las de la Fiscalía de Justicia Estatal. “Contaminaría yo el tema de la investigación”, añade.

El gobernador de Sinaloa recordó que pidió al entonces presidente Andrés Manuel López Obrador y a la Presidenta Claudia Sheinbaum, que el caso lo atrajera la Fiscalía General de la República.

 

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Sentenciado sin pruebas contundentes

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Genaro García Luna, condenado a 460 meses de prisión en base a dichos de criminales * Corresponde al gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo determinar cuál será la suerte del expresidente Felipe Calderón

 

ALFREDO IBÁÑEZ

 

Concluido en Estados Unidos uno de los grandes juicios del siglo XXI para México, el de su viejo zar antidrogas, Genaro García Luna, aparecen en el horizonte cantidad de interrogantes sobre el mismo proceso, y también sobre las posibilidades del protagonista a corto y medio plazo.

El miércoles pasado, un juez impuso una condena de 460 meses de prisión a García Luna por tráfico de drogas, entre otros delitos. El exfuncionario puede apelar, camino que, según su abogado, tomarán en las próximas semanas.

La posibilidad de que se convierta en testigo colaborador, las dudas sobre la importancia de las pruebas en su contra y los procesos pendientes en México bosquejan su presente.

Pese a los dichos de su abogado sobre la apelación, es posible que García Luna opte por colaborar con la Fiscalía de EU, camino que facilitaría una reducción de su condena y una salida de prisión algo más temprana.

Otro asunto que ha aparecido al final del juicio, a modo de reflexión, apunta a las pruebas que sujetaron el caso de la Fiscalía, un debate, en realidad, que ha atravesado el proceso. Las principales evidencias de los fiscales son los dichos de testigos, presuntos criminales y delincuentes confesos, principalmente El Rey Zambada, Sergio Villarreal, alias El Grande, el propio Veytia y Óscar El Lobo Valencia. Fue a partir de sus declaraciones que la Fiscalía convenció al jurado popular de que García Luna era culpable.

En concreto, sin fines partidistas y basándose en los hechos, Genaro García Luna fue sentenciado sin pruebas contundentes, todo fue en base a dichos de criminales.

Ya terminó el juicio del Chapo Guzmán, de Genaro García Luna… y ahora viene el del Mayo Zambada, que si se sigue con la misma tónica, los dichos de Ismael tendrán mucho peso para poner en evidencia a funcionarios del gobierno mexicano.

 

¿CUÁL SERÁ LA SUERTE DE FELIPE CALDERÓN?

Se acabó el velo de impunidad que por años protegía a García Luna; ahora falta saber qué pasará con su principal protector, el panista Felipe Calderón.

Por más que niegue saber sobre los nexos de quien fuera su funcionario con el narcotráfico, las evidencias hundieron a García Luna, pero el expresidente Calderón Hinojosa no las quiso ver y recurrió a la comodidad de la omisión.

Felipe Calderón es responsable del baño de sangre que padeció el país durante su administración, a causa de la presunta guerra contra el narco.

Es responsable del crecimiento del crimen organizado durante su gestión. Le confirió a Genaro García Luna la responsabilidad de combatir al narcotráfico, cuando era un activo principal dentro del círculo del narco, y así enfrentó a los grupos opuestos a sus intereses, pero protegió a quienes llenaron sus bolsillos de millones de dólares.

Corresponde al gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo determinar cuál será la suerte del expresidente Calderón, quien sin ninguna autoridad moral está convertido en uno de los críticos más severos de los gobiernos de la 4T.

Las autoridades de Estados Unidos ya demostraron que no hay impunidad, que cualquier exfuncionario que incurra en delitos puede enfrentar el peso de la ley. Genaro García Luna no actuó solo, tuvo el respaldo del gobierno del PAN encabezado por Calderón Hinojosa.

Durante dos décadas el llamado zar antidrogas de México operó a su conveniencia, tejió una poderosa red de cómplices, y como lo dijera el juez Brian Cogan, tenía una doble vida.

Aparentaba ser el funcionario más estricto en la observación de la justicia, se las ingenió para ser distinguido con 10 condecoraciones de países diferentes por su presunta lucha contra el narco y el terrorismo, pero en el fondo tenía otra cara.

Su otro rostro, su otra personalidad le permitió durante dos décadas tener nexos con agrupaciones del crimen organizado. Ayudó al Cártel de Sinaloa.

Saritha Komatireddy, asistente del fiscal Cogan, en breves segundos lo describió de cuerpo completo durante la audiencia en la que fue sentenciado a 38 años de prisión: “Este hombre tiene muerte en sus manos, él ayudó al cartel, él protegió al cartel, él era el cartel”.

Así la doble moral de García Luna, así la doble cara de diversos funcionarios que trabajaron a su lado y que ahora están incrustados en el gobierno de la 4T, que ocupan importantes cargos en diferentes dependencias, que compartieron y propalaron sus acciones como zar antidrogas, no obstante que era un integrante más del narcotráfico.

El expresidente Andrés Manuel López Obrador inició una depuración de malos servidores públicos, aquellos que pertenecen a la burocracia dorada y de aquellos que tienen nexos con gobiernos del PRI y del PAN, que sirvieron a García Luna, sin embargo, no le alcanzó el tiempo para culminar.

Toca a Sheinbaum Pardo continuar el trabajo, aún hay muchos funcionarios ligados a García Luna, que no comparten los ideales de las administraciones de Morena, pero que se aferran a sus jugosos salarios.

El castigo impuesto a Genaro García Luna es un mensaje poderoso de las autoridades de Estados Unidos, queda claro que de ahora en adelante se desvanece el velo de la impunidad, que quienes infrinjan la ley tarde o temprano recibirán su castigo.

El caso del exsecretario de Seguridad de Felipe Calderón tiene aún mucha tela de dónde cortar, no está cerrado. En México se analiza la posibilidad de solicitar su extradición.

Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, dijo que se analiza esa alternativa, toda vez que hay tres órdenes de aprehensión en su contra.

Hay órdenes de arresto contra 61 personas, incluyendo a García Luna, por contratos irregulares para cárceles mexicanas mediante empresas de lavado de dinero entre 2009 y 2018.

García Luna, quien ocupó importantes cargos en los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón e incluso estuvo al frente de la Agencia de Investigación Criminal, dependiente de la ahora Fiscalía General de la República, tiene mucho que revelar.

Ha guardado silencio, ha cargado con toda la responsabilidad, pero sabe mucho. No actuó solo, recibía órdenes y su jefe era el entonces presidente Felipe Calderón.

Esto no se acaba y el caso García Luna todavía tiene mucha historia por contarse, además de revelarse qué tan involucrado estaba el exmandatario Felipe Calderón Hinojosa.

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La reforma judicial va porque va

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Pese a las modificaciones a las leyes secundarias * Los partidos opositores y magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fueron ampliamente derrotados en las urnas

 

ALFREDO IBÁÑEZ

 

Los partidos de oposición, jueces y magistrados están heridos de muerte, la reforma al Poder judicial es un hecho. No hay retorno, está sepultada su ambición, no podrán mantener sus privilegios.

Aquellos que se dicen impartidores de justicia, que se muestran como incorruptibles, por años han respondido y responden a intereses de particulares, ponen la justicia al mejor postor.

Tanto los partidos de oposición como los jueces y magistrados litigan en los medios de comunicación, recurren a vericuetos legaloides, critican al gobierno federal, lo acusan de pretender socavar la justicia en México y además sostienen que está en riesgo la estabilidad política y económica del país.

Nada más alejado de la realidad, lo que en el fondo hacen es respirar por la herida.

Tanto los partidos opositores y magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fueron ampliamente derrotados en las urnas. Es inocultable que la SCJN, que por décadas fue el máximo tribunal de la justicia, ahora está convertido en un “partido” más de oposición.

Pero su aplastamiento no sólo se lo dieron los electores en las urnas, también probaron el fracaso en los órganos legislativos.

En el Senado de la República, donde alardeaban que iban a defender al país, a la democracia y que no iban a permitir el autoritarismo, fueron sometidos. No fueron siquiera capaces de tener el consenso de sus compañeros de partido.

La derrota legislativa que sufrieron, aunada a la derrota electoral, los tiene trastornados. Marko Cortés, dirigente del PAN, quien se dice impoluto, advierte que la reforma al Poder judicial es una amenaza a la independencia judicial, incluso ha señalado que organismos internacionales la reprueban.

Pero quién es Marko Cortés, es el dirigente nacional del PAN que dispone a su antojo, junto con sus incondicionales, de mil 904 millones de pesos por concepto de prerrogativas, sólo en este año, dinero del que a nadie rinde cuentas.

Panista que ha impulsado a alcaldes y diputados de dudosa calidad moral, que están hechos verdaderos caciques en los ayuntamientos panistas donde dicen gobernar.

Alcaldías que han tomado como si fueran de su propiedad o su empresa. Que disponen de los dineros de las haciendas municipales a su libre albedrío, que hacen obras de baja calidad con empresas de su propiedad, lo cual les reditúa millonarias ganancias.

Pero no sólo eso, han heredado el poder, se lo han entregado a sus esposas, en fin, una serie de irregularidades que conoce y solapa.

No tiene calidad moral, al igual que los magistrados y jueces del Poder judicial. Éstos últimos se dicen indignados, propagan mentiras aderezadas con términos jurídicos sin el suficiente sustento.

En medio de esa defensa que hacen de la democracia y del Poder Judicial, del que se han servido por años, determinaron suspender actividades. Suman más de tres meses en paro de labores, pero sin renunciar a su salario, el cual cobran puntualmente. Vaya vivales.

La oposición, jueces y magistrados están derrotados. Y como bien lo señala la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo: “La reforma judicial va”.

La oposición está herida de muerte, tiene el repudio de la población, la cual no olvida en el caso del PAN, sus nexos con el narcotráfico, como es el caso de su máximo representante, Genaro García Luna, preso en Estados Unidos.

 

NO HAY CRISIS CONSTITUCIONAL: SHEINBAUM

Sheinbaum Pardo recordó que la reforma al Poder Judicial cumple todas las reglas establecidas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que la elección de jueces, magistrados y ministros se hará realidad.

“No pueden detener este cambio constitucional que ha seguido, paso por paso, todas las reglas establecidas en nuestras leyes y en nuestra Constitución’’, añade.

“No hay crisis constitucional. Ocho ministros que están en contra, ministras, no tienen atribuciones para parar una reforma constitucional. Entonces, la reforma al Poder Judicial, va. Y el Consejo de la Judicatura hizo lo que dice la Constitución, la Constitución mandata al Consejo de la Judicatura para enviar las vacantes el número de jueces, magistrados y ministros o magistrados y jueces. Es un mandato constitucional”, manifestó durante “Las mañaneras del pueblo”.

Añadió que la reforma al Poder Judicial fue una elección del pueblo de México con su voto en las elecciones del pasado 2 de junio, en la cual se definió la Presidencia de la República, así como la mayoría calificada en el Congreso de la Unión, tal como establece la Constitución, donde se sustenta que la soberanía nacional reside en el pueblo.

La Primera Mandataria subraya que la reforma al Poder Judicial es necesaria por el esquema de corrupción que padecen las instituciones encargadas de la procuración de justicia, lo cual se eliminará gracias a que todas las personas con experiencia comprobada en esta área podrán tener oportunidad de ser electas como ministros, magistrados o jueces.

Por ello reafirma que gracias a la reforma al Poder Judicial hoy México se constituye como una nación más democrática y soberana.

 

ACUSAN A LÍDER ESTATAL DE MC DE EXTORSIÓN

Juan Zepeda, dirigente de Movimiento Ciudadano en el Estado de México, nuevamente es señalado de presuntos actos de corrupción, de utilizar el cargo para obtener beneficios económicos.

El ex alcalde de Nezahualcóyotl, hechura de los hermanos Héctor y Víctor Bautista, máximos líderes del PRD por muchos años en el oriente del Estado de México, fue denunciado públicamente.

Es acusado de exigirle 3.5 millones de pesos al ex aspirante a alcalde de Toluca, Javier Rodríguez Albarrán. De acuerdo con el denunciante, le demandó esa cantidad de dinero para que pudiera registrar su planilla, que contemplaba siete regidurías.

Presuntamente Juan Zepeda no sólo le habría exigido esa cantidad de dinero, sino que además le demandó algunas regidurías, espacios políticos en lo que sería la administración de ese ayuntamiento.

No es la primera vez que el político mexiquense es evidenciado por presuntos actos ilícitos. En su momento fue señalado por sus propios compañeros de partido de haberse quedado con diversos millones de pesos previstos para la campaña a la gubernatura de la entidad.

Como se recordará se desistió de competir, pero no a recibir junto con su partido de los dineros previstos para su campaña electoral.

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