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PULPO POLÍTICO

Madrazo al decretazo

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Secretaría de la Función Pública, al rescate como bateador emergente * El Presidente AMLO estuvo mal asesorado, porque lo que implicaba ese “decretazo” era la opacidad y la falta de transparencia y rendición de cuentas

POR MARCO ANTONIO FLORES

El Presidente Andrés Manuel López Obrador, en noviembre de 2021, emitió el polémico “decretazo” con el cual pretendía establecer como de interés público y de seguridad nacional la realización de los proyectos y obras prioritarias a cargo del Gobierno de México.
En enero de 2022, el Juzgado Décimo Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México concedió la primera suspensión definitiva en contra de ese “acuerdo”.
El juez de Distrito aseguró que “al considerar como de seguridad nacional los proyectos y obras del Gobierno Federal, se traduce en una limitación en el acceso a la información vinculada con esas obras y proyectos”.
Esta suspensión se sumó a la resolución que ya había otorgado el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI) en diciembre del año pasado.
El “decretazo” fue ampliamente criticado, ya que violaba normas constitucionales respecto a los procedimientos que ordena la Constitución Política en su Artículo 134, que a la letra establece: “Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados”, así como la Ley reglamentaria de esta disposición, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.


En su momento, el Ejecutivo federal explicó que lo que pretendía era agilizar las obras de su gobierno. Parece que estuvo mal asesorado, porque lo que implicaba ese “decretazo” era la opacidad y la falta de transparencia y rendición de cuentas.
Ahora, con la propuesta de transferir facultades de la SHCP a la SFP, como concentrar todas las compras de la APF, así como dotarla de otras facultades relacionadas con la operación de la Unidades de Administración y los Órganos Internos de Control de toda la APF, podría ir por el camino correcto, legal, y de respeto a la rendición de cuentas de las dependencias y entidades de la Administración Pública.
El pasado 27 de abril de 2022, la Cámara de Diputados recibió la iniciativa del Ejecutivo federal con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a fin de concentrar en la Secretaría de la Función Pública la coordinación y conducción de las Unidades de Administración y Finanzas y rediseñar el funcionamiento de los órganos Internos de Control.
La gran diferencia con el fallido “decretazo” es que la SFP deberá llevar a cabo la planeación, establecimiento, conducción y aplicación de la política general de contrataciones públicas de conformidad con la Constitución y con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, así como su interpretación.
Otro aspecto relevante de la “iniciativa” presidencial es que AMLO deposita la confianza para el cumplimiento de la ley, austeridad, transparencia y la rendición de cuentas, en la dependencia y la persona adecuada: La Secretaría de la Función Pública y su titular.
Se ha criticado que la mayoría de los integrantes del gabinete carecen de perfil, experiencia y capacidad para el cargo, lo cual era aplicable a la anterior titular de la SFP, Irma Eréndira Sandoval. Sin embargo, el 21 de junio de 2021, el Presidente López Obrador hizo uno de sus más acertados nombramientos, el del maestro Roberto Salcedo Aquino como nuevo secretario de la Función Pública, con gran trayectoria académica, licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), titulado con mención honorífica.
También cuenta con más de 40 años de experiencia en el servicio público, al que ingresó en 1980 a la Conaliteg. Ha sido tres veces oficial mayor, en Sedue, DDF y SRE, dos veces subsecretario, en Seduvi y en la propia SFP.
Conoce las entrañas de la Administración Pública Federal durante 18 años, del 2000 al 2018; se desempeñó como auditor especial de Desempeño en la Auditoría Superior de la Federación. Sabe de normatividad y operación administrativa. Tiene experiencia en control interno, fiscalización, evaluación y mejora de la gestión gubernamental. Conoce del diseño y elaboración de políticas públicas, normas, criterios y lineamientos en la materia. Puede ser pieza clave en la reordenación del gobierno de la 4T en materia de Austeridad Republicana y combate a la corrupción.


Cuando el Presidente López Obrador lo nombró nuevo titular de la SFP le encomendó preparar una “Reforma Administrativa”, una gigantesca y necesaria tarea pendiente desde hace al menos 4 sexenios. Por ahora, con las facultades que se le otorgan, deberá ser capaz de mostrar resultados que trasciendan este gobierno.
Uno de los pendientes debería ser realizar un diagnóstico y revisión del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). La reforma de 2015 dio paso a la creación del SNA que representa un amplio propósito para contar con un andamiaje jurídico fuerte, sin embargo, se ha quedado pendiente su implementación y consolidación.
La prioridad debiera ser fortalecer y consolidar el SNA al tiempo que se vayan haciendo los ajustes que requiera. Para fortalecerlo se deberá priorizar la tecnología a través de la plataforma Nacional Digital, que cuente con una base de datos confiable, completa y eficiente que permita avanzar hacia sistemas de información interoperable y automatizada de todas las instituciones públicas, incluyendo la máxima publicidad y formatos abiertos, el financiamiento a partidos políticos y sus proveedores; modernizar las contralorías municipales y estatales.
Otras tareas necesarias son: fortalecer la nueva Fiscalía Anticorrupción, actualmente perteneciente a la FGR, y dotarla de plena autonomía. Esta Fiscalía es la responsable de investigar y sancionar los delitos penales relacionados con hechos de corrupción; reestructurar los Órganos Internos de Control para que dejen de ser elefantes blancos y costosos, que sean más un área de evaluación, prevención y apoyo para mejorar la planeación, organización y Dirección de la Administración Pública Federal; ampliar atribuciones y autonomía de la Auditoría Superior de la Federación, para que los resultados de sus revisiones sean un insumo para actuar, incluso contra el gobierno de la 4T.
Que a partir de los informes de la cuenta pública se proceda con procedimientos concretos y soportados jurídicamente, para que se procese a funcionarios que cometieron infracciones y corruptelas; que se dejen de publicitar cifras de miles de millones de pesos de recursos públicos presuntamente faltantes, pero que nunca se investigan a fondo y sólo quedan en escandalosas declaraciones que el público en general no comprende y confunde. Mejor precisar los casos jurídicamente sustentados contra funcionarios públicos corruptos para garantizar que se castigue a los infractores.
Si el gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador quiere Austeridad Republicana y combatir en serio la corrupción, pero en serio y no sólo de retórica, deberá acatar la ley y dar apoyo a las instituciones ‘ad-hoc’. Esto es, fortalecer y consolidar el andamiaje jurídico “Anticorrupción” para impulsar la plena autonomía, independencia y absoluto apego a la legalidad de las instituciones que lo conforman.


También consolidar el Sistema Nacional Anticorrupción; fortalecer a la Secretaría de la Función Pública, a la Auditoría Superior de la Federación, a la Fiscalía Anticorrupción y a los organismos constitucionales autónomos. Sólo así se cumplirá con la principal promesa de campaña: “Extirpar el peor cáncer del país, la corrupción”.

***Maestro, CP y académico.

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Omar García, el moderno ‘Robocop’ mexicano

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Tres años de grandes resultados en la SSC-CDMX * Se ha convertido en el líder de la policía capitalina, su gran trabajo ha dado buenos golpes al crimen organizado, un dolor de cabeza constante para las bandas criminales y los cárteles delictivos ya no sienten lo duro sino lo tupido, pues nomás no pueden con él

 

MARCO ANTONIO FLORES***

 

Hablar de Omar García Harfuch es mencionar a un gran policía, el mejor de toda la historia del país, por no decir el moderno ‘Robocop mexicano’.

Su brillante carrera policial, desde la Policía Federal, en la Agencia de Investigación Criminal (AIC) dependiente de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y desde el 4 de octubre de 2019 como el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

Son tres años al frente de la SSC, en donde se ha convertido en el líder de la policía capitalina, su gran trabajo ha dado enormes resultados, ha sido un dolor de cabeza para las bandas criminales y los cárteles delictivos ya no sienten lo duro sino lo tupido, pues nomás no pueden con él.

Son tres años de logros y grandes golpes a las organizaciones criminales. Es un policía de resultados que ya muchos lo apuntan para la Secretaría federal en lugar de Rosa Icela Rodríguez, quien es una persona muy querida en el medio periodístico porque en toda su trayectoria profesional ha estado en Comunicación Social de varias dependencias.

Como es del dominio público, Claudia Sheinbaum buscará la Presidencia de la República, Rosa Icela irá a la Jefatura de Gobierno de la CDMX y García Harfuch quedaría al frente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), un cargo a la medida del traje del Robocop mexicano.

¡Imagínense, seguiría vigente el ‘dúo dinámico’ explosivo entre Sheinbaum y García!

 

UN MODELO DE POLICÍA ÚNICO

García Harfuch ha probado tener el “modelo” de policía que debería extenderse a todas y cada una de las entidades del país.

A propósito de las reformas en materia de seguridad, que se discutirán en el Senado, con motivo de la propuesta de dejar al Ejército en las calles hasta 2028, debiera considerarse lo que se está haciendo en la CDMX: Poner orden en la corporación policiaca y lograr una eficiente coordinación con la Fiscalía de la CDMX, Sedena, Guardia Nacional y la Semar.

La SSC-CDMX ha logrado lo que ninguna entidad en todo el país. De acuerdo con cifras del INEGI, se tiene el nivel más bajo de percepción de inseguridad desde 2014, con una reducción de 20 puntos en ese índice de medición.

Omar García es uno de los activos más valiosos con que cuenta la capital del país y la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum. Es de los pocos funcionarios bien evaluados por la ciudadanía, debido a que los resultados logrados en tres años son públicos y evidentes.

Ha logrado disminuir los principales delitos que azotan a la ciudad, los homicidios, el robo a personas, casas, vehículos y transporte. Asimismo, cobros de derechos de piso, el secuestro, la extorsión y, en especial, el narcotráfico.

El secretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX ha explicado públicamente algunas acciones que tomó al llegar al cargo el 4 de octubre de 2019.

 

UNA SECRETARÍA CON FACULTAD DE INVESTIGAR

Al respecto señaló: “Cambiamos la forma de operar de la policía, ya que siempre había sido preventiva y solo era posible capturar delincuentes en ‘flagrancia’. Lo que se hizo, desde marzo de 2020, fue enviar una iniciativa al Congreso para que la SSC tuviera la facultad de investigar y con ello se logró dar seguimiento, desde que ocurre el delito hasta la detención”.

Un buen ejemplo de la la eficacia de la SSC-CDMX fue el “operativo Topilejo”, que se llevó a cabo el 12 de julio de 2022, que muchos vimos en las noticias, no como un montaje, sino como una “operación quirúrgica”, cuidadosamente planeada y coordinada entre diferentes instancias de seguridad.

En éste se logró detener a 10 delincuentes, liberar a secuestrados y el aseguramiento de armas de fuego de alto poder, incluida una “Barret” y una ametralladora.

Entre los detenidos había 6 de Sinaloa, lo que demuestra la presencia de cárteles en la CDMX. García Harfuch acepta que existen células del narcotráfico en la Ciudad de México, lo que sus predecesores habían negado. Y lo más importante: se logró con sólidas investigaciones, con elementos y pruebas, que una juez vinculara a proceso a los 10 detenidos luego de los hechos de violencia ocurridos en Topilejo, alcaldía Tlalpan, en el sur de la Ciudad de México.

El secretario Omar García, durante la presentación del informe de incidencia delictiva entre enero de 2020 y marzo de 2022, dio a conocer la detención de mil 400 presuntos generadores de violencia, como líderes de organizaciones criminales, jefes de plaza, operadores financieros, extorsionadores o distribuidores de droga.

Resaltó que esas detenciones ayudan a la disminución de delitos como homicidios o robos de vehículo. Entre las detenciones se incluyen personas que pertenecen a alguna célula criminal.

El ‘Robocop mexicano’ destacó 541 detenciones de la Unión Tepito; 99 de Los Malcriados 3AD; 46 de El Güero Fresa en Iztapalapa; 46 de grupos de Gota a Gota; 41 de Los Tanzanios: 36 del Cártel de Tláhuac; 36 de Los Rodolfos: 36 de Los Baltas; 26 detenidos de Los Quintero Muñoz; 25 del CJNG; 12 de la Fuerza Anti-Unión Tepito; y nueve de Don Agus.

García Harfuch destacó la ejecución de operaciones en conjunto con la Sedena y la Semar, con las que se han detenido a 73 integrantes de seis grupos delictivos con zona de operación en la Ciudad de México, como La Ronda 88, Cártel de Sinaloa, Cártel Jalisco, Quintero Muñoz, La Unión Tepito y otra célula delictiva derivada de ésta, a cargo de “El Lunares”.

Omar García dijo que el trabajo coordinado con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ha permitido la detención de cinco objetivos prioritarios en lo que va del año en curso.

Desde que asumió el cargo ha combatido a los cárteles más visibles de la ciudad y ha contenido el ingreso de otros más poderosos del interior del país, como el Cártel de Jalisco Nueva Generación, al cual se atribuye haber sido el autor del atentado contra su vida, realizado el 26 de junio de 2020, en el que recibió 414 impactos de bala y de armas de alta potencia y, aunque estuvo en un hilo su vida, sólo resultó herido por tres impactos de bala, de los que se recuperó.

 

EL MEJOR POLICÍA DE LA HISTORIA

Omar García trae en las venas la sangre y la convicción del servicio público en materia de seguridad y protección a la sociedad civil. Herencia de su padre Javier García Paniagua y de su abuelo Marcelino García Barragán, quienes dejaron huella en su tiempo como funcionarios probos, valientes, honestos y eficientes.

Por ello Omar García trae el ADN político familiar, no en balde se le ha mencionado como potencial candidato para la Jefatura de Gobierno de la CDMX, pero él mismo lo ha desmentido al expresar que le gustaría seguir colaborando con la policía en caso de que Claudia ganara la elección en el 2024.

El secretario García Harfuch es producto de la cultura del esfuerzo, se ha preparado y escalado todos los niveles en materia de seguridad.

Las directrices que utiliza Omar García en sus investigaciones y capturas van en el sentido de avanzar en el Nuevo Sistema Penal Acusatorio, sobre todo en la renovación del Ministerio Público, apoyado de la policía investigadora, ya que por su naturaleza y función es el que da solidez a un procedimiento penal justo y garantista.

Su función consiste en el “Esclarecimiento de los hechos” a través de una sólida investigación que dé sustento a la acusación.

De su desempeño depende que existan datos y razones para pruebas válidas y transparentes, que dan soporte a una explicación clara y persuasiva, no sólo para la víctima, también para el imputado y la sociedad, en todas las etapas del procedimiento penal, incluido el juicio oral y la sentencia.

Otra de las más importantes tareas que está desarrollando el secretario de Seguridad Ciudadana es la de poner orden dentro de la casa, para evitar complicidades de la policía con la delincuencia por corrupción y viejas inercias que propician la impunidad.

Está al pendiente del monitoreo, las 24 horas del día, en las 16 alcaldías. Además, se da tiempo para coordinar y supervisar las tareas de grupos especiales como las “Ateneas”, cuerpo de mujeres policías que vigilan y controlan manifestaciones de mujeres en la ciudad.

El mando, organización y operación de seguridad de la CDMX podría servir de “modelo” para comprobar que con cuerpos de seguridad de avanzada se puede devolver la credibilidad y eficiencia a las policias y mandos civiles en todas las entidades del país.

En vez de “abrazos y no balazos”, mejor capacitación, investigación, inteligencia… coordinación con el MP y las Fuerzas Armadas, respeto a los derechos humanos y, en su caso, el uso legítimo de la violencia, como potestad exclusiva del Estado. La fórmula no es complicada, pero se requieren liderazgos como el de García Harfuch y voluntad política de los mandos civiles superiores (gobernadores).

Así se podría combatir la inseguridad en todo el país. Con ello sería posible atenuar la impunidad, asi como lograr una mejor impartición de justicia penal y el fortalecimiento del ansiado Estado de Derecho.

 

QUERIDO Y RESPETADO POR TODOS

La presunta militarización del país está en boga y ha generado controversia en diferentes esferas sociales… y para acabar de tajo con la polémica de que la Guardia Nacional debe estar bajo un mando civil, pues nadie mejor que García Harfuch.

Tan es así que Enrique de la Madrid propuso que nombren al actual secretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX como titular de la Guardia Nacional.

La Guardia Nacional tiene que quedar bajo el mando civil. Querer es poder”, añade,

Y en Zacatecas, azotado por la delincuencia, buscan y necesitan un jefe de policía o fiscal con los tamaños y arrojos de García Harfuch.

Pese a que la CDMX es una de las ciudades más conflictivas del país, desde la llegada del nieto del General Marcelino García Barragán a la SSC-CDMX ha arrojado importantes golpes a la delincuencia desorganizada y organizada.

Y es que las cabezas de Seguridad en Zacatecas nomás no dan una, a diferencia de García Harfuch, a quien no le tiembla la mano para actuar con firmeza e inteligencia, y cuando ha sido necesario usa la pistola para dar resultados y atender a la ciudadanía. García no se anda con jueguitos, pues es un personaje de resultados, un moderno ‘Robocop’ mexicano.

 

LA JEFA Y EL ‘ROBOCOP’, MANCUERNA DE ÉXITOS

Según varias encuestas, Claudia Sheinbaum mantiene excelentes posibilidades de ser la candidata de Morena, y con ello, seguramente convertirse en la primera mujer presidenta de México.

Su éxito lo debe, en primer lugar, a la popularidad del Presidente AMLO, pero hay otro factor que ha contribuido a que la jefa de Gobierno tenga éxito en la preferencia ciudadana: El hecho de que los niveles de delincuencia han disminuido en la Ciudad de México y esto tiene nombre y apellidos: Omar García Harfuch.

El ’Robocop’ ha sido un artífice de estos logros. Y Sheinbaum lo ha reconocido en cualquier oportunidad que puede.

Sheinbaum sabe de la buena reputación del jefe de la policía y posiciona a García Harfuch como un funcionario competente que sea capaz de aspirar a un puesto de elección popular.

Reitero: García Harfuch es un gran activo para el país… y seguramente será considerado por el presidente o presidenta entrante, sea cual sea el color partidista, para desempeñarse en un cargo de mayor responsabilidad y exposición política… y no lo digo yo, pero su gran trabajo al frente de la policía capitalina lo avalan y hablan de que es un gran funcionario con grandes resultados. Al tiempo.

Con Omar García al frente de la SSC-CDMX, los ciudadanos están tranquilos y seguros. Se dice fácil, pero es un logro difícil de conseguir. Con otros 31 secretarios de seguridad estatales como García Harfuch, México viviría en paz.

 

***Académico y consultor.

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Ayotzinapa, 8 años sin justicia y sin nueva verdad histórica

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Tiene más credibilidad la declaración de un delincuente que la de un general * El caso rompe la regla de oro en la relación entre poder civil y militar

 

MARCO ANTONIO FLORES***

 

La regla de oro de relación entre el poder civil y militar -desde la posrevolución- ha sido el irrestricto respeto mutuo y la no invasión de esferas. Sin embargo, el caso Ayotzinapa, podría estar rompiendo esa regla con las acusaciones a mandos militares que, en el uso de la exclusiva potestad que tiene el Estado y el Ejército del uso de la violencia, dan su vida en el cumplimiento del deber para preservar la paz y combatir la delincuencia.

En 1980 el novelista Juan Rulfo causó gran escándalo e incluso el enojo presidencial cuando declaro que “para terminar con el militarismo que domina los destinos de América del Sur es tomar al pie de la letra la experiencia que vivió México en su momento, al término de la revolución, y que fue la de eliminar o corromper a los caudillos militares. Esta sería la solución en aquellos países para lograr acceder a la democracia que actualmente vive México”.

Irónicamente en 2022 estaríamos en un doble juego que carece de toda lógica política. Por un lado se le otorgan al Ejército gigantescos recursos y se le asignan tareas civiles y por otro lado se quiere llevar a la cárcel a sus altos mandos por haber cumplido con su deber.

Luego de darse a conocer el Informe de la Comisión de la Verdad sobre Ayotzinapa por el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, muchos analistas y abogados penalistas han señalado que existen muchas coincidencias y semejanzas con “la verdad histórica” de Murillo Karam.

La única gran diferencia es la imputación directa de diferentes mandos del Ejército con lo que -se dijo- se comprueba que fue un “Crimen de estado” y no solo una feroz disputa entre los grupos de narcos, los “Rojos” contra los “Guerreros Unidos”.

El gobierno de Enrique Peña inició su declive por dos acontecimientos fundamentales: el escándalo de la Casa Blanca y la desaparición de 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, ocurrida el 26 de septiembre de 2014.

Los dos sucesos fueron tomados como banderas ideológicas y políticas en contra de EPN y los promotores de la ofensiva fueron precisamente los grupos que ahora gobiernan, encabezados por el Presidente López Obrador.

Durante su campaña AMLO se comprometió con los familiares de los estudiantes a encontrar la justicia y la verdad en este caso. Incluso dar a conocer el paradero de los estudiantes.

Ello obligó a Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, a armar y presentar el informe de la “Nueva verdad” sobre Ayotzinapa, mismo que se dio a conocer en la conferencia matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Llamó la atención un señalamiento de Encinas: “Se presume que seis de los estudiantes se mantuvieron con vida hasta cuatro días después de los hechos y que fueron ultimados y desparecidos por órdenes del coronel, presuntamente el entonces coronel José Rodríguez Pérez”.

Las cosas podrían complicarse e incluso revertirse en contra del comisionado presidencial para el esclarecimiento de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, ya que el general José Rodríguez, exjefe del 27° Batallón de Infantería de Iguala, ha demandado a Encinas en respuesta a las acusaciones por el homicidio de seis de los estudiantes de Ayotzinapa, planteadas por el Informe Encinas.

Sus abogados han señalado que el subsecretario podría haber cometido un delito al asumirse como Ministerio Público y acusar sin facultades y sin fundamentos, al general con 40 años de servicio en el Ejército Mexicano, toda vez que el Artículo 21 Constitucional establece que “la investigación de delitos corresponde, única y exclusivamente, al Ministerio Público y a las policías”.

José Rodríguez, general en retiro, exjefe del 27o. Batallón de Infantería, con sede en Iguala, se entregó ante sus superiores en el Campo Militar Número para enfrentar la acusación.

Sus abogados ya presentaron un amparo directo y apelación ante un juez en la Ciudad de México, “donde subraya que no intervino en los hechos delictivos de que lo imputan”.

Van contra Alejandro Encinas por la acusación hecha al  militar, quien afirma: “A partir de estos momentos y como consecuencia directa de los señalamientos incriminatorios realizados por una autoridad de alta investidura, la opinión de la sociedad se vio influenciada y prejuiciada en mi contra, y comencé a ser públicamente señalado como responsable de hechos delictivos en los que no tuve intervención”.


“Todo ello -dice el general- me priva de un debido proceso y me estigmatizan públicamente como un culpable, pues se me brinda un trato irregular en forma contraria a mi derecho humano de presunción de inocencia”.

Al parecer la única “prueba” que hay es la testimonial, que hizo uno de los inculpados, que pertenece a uno de los grupos criminales que participaron… Tiene más credibilidad un criminal que un general.

Desde su presentación, el informe del comisionado presidencial ha sido objeto de diferentes cuestionamientos, comenzando por los de los padres de los normalistas desaparecidos y del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), quienes exigieron acceso directo a todas las pruebas, peritajes y capturas de pantalla incluidos en el informe.

Encinas niega que haya un uso político del informe que presentó la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, que concluyó que la desaparición de los 43 estudiantes fue un “crimen de Estado” del sexenio anterior.

Encinas defendió la parte del informe, que da por muertos a los 43 estudiantes que desaparecieron en septiembre de 2014 y que derivó en el arresto de Jesús Murillo Karam, entonces procurador general de la República, por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia.

Al tiempo que se da a conocer el referido informe, jueces de Tamaulipas han absuelto a 97 imputados relacionados con las investigaciones de la “Verdad histórica de Murillo”.

El ministro presidente de la SCJN explicó que los jueces han actuado con fundamento en la sentencia de un Tribunal colegiado, que concluyó que todas esas personas fueron torturadas y no se respeto su “debido proceso”.

Por otra parte, existen diversas conversaciones en las comunicaciones captadas por la Administración para el Control de Drogas del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) durante el 26 y 27 de septiembre en Iguala, Cocula, Mezcala, Carrizalillo, Huitzuco y Tepecoacuilco, zonas de dominio y disputa entre los dos cárteles, mismas que fueron proporcionadas al gobierno mexicano para la indagatoria por la desaparición forzada de los normalistas de Murillo.

Entre las comunicaciones analizadas hay más elementos que permiten creer que sicarios de Guerreros Unidos creían que con los normalistas viajaban integrantes del grupo contrario. Entre otras grabaciones se incluye esta: Karen N, esposa de un miembro de Guerreros Unidos, El Pollo, mandó un texto que muestra la idea que se gestaba al interior de este cártel “…según dicen que ya ves que en los camiones estos guardan droga, que según un primo del cuchiloco (Cochiloco) y otros venían en los autobuses y que ai trian droga, y que ellos pensaron que se las iban a robar”… lo que coincide con una declaración, que obra en autos, de Gildardo N, ‘El Gil’, que era jefe de plaza en Iguala, quien dijo que Víctor N, ‘El Tilo’, fue quien le dijo a El Indio que “eran contras, venían armados y estaban peleando la plaza”.

 

QUE ALGUIEN NOS EXPLIQUE

Como dijera el comediante Eugenio Derbez: “QUE ALGUIEN ME EXPLIQUE”. La “Verdad histórica” ahora es mentira; los sicarios y delincuentes procesados ahora son absueltos; mandos militares son llevados a la cárcel por acusaciones de los delincuentes; los familiares de los 43 están inconformes con el nuevo informe, asaltan el cuartel militar de Iguala y pintarrajean la embajada de Israel con ofensas a ese país amigo, reclamando la extradición de Tomás Zerón, ¿acaso con ello se lograría justicia y verdad..?

Todo esto se da cuando el Presidente insiste en que el Ejército y la Guardia Nacional (militar) sean los responsables constitucionales de lograr la ansiada paz y el combate a la delincuencia organizada y desorganizada. Militarización con la consigna de “Abrazos y no balazos”.

Se pone a las Fuerzas Armadas a luchar contra la delincuencia, pero con las manos atadas, sin capacitación para la investigación vía Ministerio Público y sin poder hacer uso legítimo de la violencia. No vaya a ser que más mandos militares terminen en la cárcel en un futuro no lejano.

 

***Académico y consultor

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El PRI no es vand(Alito)

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Se vendió más rápido que el avión presidencial * Consumó la traición en San Lázaro, pero no pasará la iniciativa de la Guardia Nacional en el Senado * Los priístas de la Cámara Alta mantendrán la unidad con el PAN y con el PRD * Si tiene dignidad y por bien de México, Alejandro Moreno debe dar un paso al costado * Alito y la “alianza” son ‘peccata minuta’ frente a la creciente inseguridad

 

MARCO ANTONIO FLORES***

 

En analogía a la ley de Lavoisier: “El PRI ni se crea ni se destruye, solamente se transforma”.

Fundado por Plutarco Elías Calles el 4 de marzo de 1929 como Partido Nacional Revolucionario (PNR), renombrado por Lázaro Cárdenas como Partido de la Revolución Mexicana (PRM), convertido por Manuel Ávila Camacho a Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Escindido por Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo, primero como Corriente Democrática y después como PRD, que desembocó en Morena. La presidencia que logró tiene ADN priísta. En 2022 parece consolidarse el Primor.

Aunque las siglas del PRI seguirán en el escenario político-electoral, son muchos los que afirman que ya está aniquilado, o al menos, a punto de desaparecer, con motivo del papelazo que su actual dirigente nacional, Alejandro Moreno, está protagonizando en la “Alianza” PRI-PAN-PRD.

Ni la “Alianza” ni el PRI se acaban porque así lo dramatice Marko Cortés. El PRI seguirá vivo y valiendo, al menos la quinta parte del voto nacional. Como lo acaba de afirmar Vicente Fox: “El PRI es más grande que su actual dirigente”.

El 18% de voto duro que posee es casi indestructible. El arraigo añejo que tiene en sectores obreros, campesinos y populares es real y lo continuará siendo. Por ello, la alianza político-electoral podría renacer con diferentes dirigentes de los partidos, en diferentes momentos y circunstancias.

La “Alianza Va por México” no sobrevivirá porque sus dirigentes actuales lo deseen, lo hará por la convergencia que logre un candidato en el Edomex en 2023.

Para las elecciones presidenciales de 2024, la “Alianza” se dará eventualmente, en cualquier momento, incluso ya iniciado el proceso electoral, por una sola razón: porque surja un candidato carismático y excepcional que convenza no solo a los militantes de partidos, sino a la sociedad en general. Ocurrió con Fox Quesada en el 2000. Con AMLO en 2018, mucho del voto duro del PRI votó por Morena, al menos un 7%, ya que el candidato priísta apenas alcanzó el 13% de su partido.

En la mesa política nacional hay tres temas: Primero, la viabilidad de la Alianza “Va por México”; segundo, el pase de la Guardia Nacional a mando directo de la Sedena con reformas a cuatro leyes secundarias, y tercero, la reforma constitucional para prolongar la presencia del Ejército en tareas de seguridad pública hasta 2028.

En la agenda parlamentaria se resolvieron dos temas. Lo relativo a la ruptura de la “alianza” se resolverá en 2023 o hasta 2024. Los tres temas van juntos, pero no revueltos, y habrá que analizarlos por cuerda separada.

El pase de la Guardia Nacional a mando directo de la Sedena con reformas a leyes secundarias, “consumatum-est”. Los legisladores de Morena y sus aliados aprobaron la polémica reforma que transfiere el control de la Guardia Nacional a la Sedena. Morena consiguió que la reforma fuera aprobada en ambas Cámaras, con sus mayorías simples. Se reformaron cuatro leyes, solo falta su publicación y entrada en vigor. Sin embargo, defensores de derechos humanos y partidos de oposición han criticado esta iniciativa, ya que es contraria a lo que establece el Artículo 21 Constitucional. Por ello se anticipa que legisladores opositores presenten una controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Lo que más preocupa a los adversarios de la 4T es la posibilidad de la ruptura de la “Alianza” (PRI-PAN-PRD), dado que el presidente del PRI violó y “traicionó” el acuerdo de “Moratoria de reforma constitucional”, al dar a conocer una iniciativa del PRI para reformar la Constitución y prolongar la presencia del Ejército en las calles para tareas de seguridad pública hasta 2028.Todos se preguntan qué le pudo haber dicho al oído el secretario de Gobernación a Alejandro Moreno, cuando el pasado 1 de septiembre acudió al Congreso a entregar el Informe de Gobierno.

“Haiga sido como haiga sido”, el mensaje y la estrategia de Adán Augusto parece haber sido muy eficaz y resulta ser una jugada maestra de uno de los tres presidenciables de AMLO, que le sumaría puntos a favor. Habría que preguntarse qué se le ofreció a Alito a cambio de impulsar esa iniciativa. Debemos recordar que el 31 de mayo de 2022, el presidente del CEN del PRI exhibió el audio de la llamada telefónica con Manuel Velasco, la cual, según se escucha en la llamada, fue para trasladarle una amenaza del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y del Presidente López Obrador. “Que si no jalabas se iban a ir con todo”, se escucha a decir al senador.

¿Cómo fue que Alito cambió su postura de un radical opositor a un “aliado” del Presidente de la República en el polémico tema de la “militarización”? El PRI no es “Alito”. ¿Habrá quién le crea al presidente del PRI cuando dice que NO le está haciendo el trabajo a Morena o al Gobierno, y que el PRI solo está trabajando por México..?

En relación a la propuesta priísta de prolongar la presencia de las Fuerzas Armadas hasta 2028 tiene un fondo serio que debatir, que al final de cuentas se le dio un año más, hasta el 2029, ya aprobada en San Lázaro.

No se trata solo de “Alito” y la “Alianza”, se trata de resolver el grave problema nacional de la inseguridad. Se trata de una reforma constitucional que requiere mayorías calificadas de ambas Cámaras. Ya se aprobó en la Cámara de Diputados, pero no pasará en el Senado.

En el hipotético caso de que se avale en la Cámara Alta, faltaría ver que gobernadores y Congresos estatales panistas o priístas la aprueben.

La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, afirmó: “…si hay miedo en el país, y por supuesto que sí lo hay, por supuesto que debe haber Guardia Nacional”.

Por su parte el gobernador de Guanajuato, también panista, ha solicitado mayor presencia de la Guardia Nacional y el Ejército para atacar los graves problemas de inseguridad que se viven en ese estado.
La necesidad de la presencia del Ejército en las calles para combatir la inseguridad ha estado presente al menos 20 años. En el gobierno de Vicente Fox, el secretario de Seguridad, Alejandro Gertz, y los gobernadores se apoyaron en el Ejército.

Con Calderón y Peña, a pesar del intento de fortalecer las policías federal y estatales, la participación de las Fuerzas Armadas fue grande y manifiesta, con la diferencia de que carecían de un marco legal y constitucional para desempeñar tareas de seguridad pública.

El fondo del asunto no es el debate sobre si se debe prolongar la intervención del Ejército en la seguridad pública. El debate útil debiera ser cuál es la estrategia seria para combatir la creciente y obvia inseguridad que priva en todo el país. Con un Ejército y Guardia Nacional cruzados de brazos porque la consigna es “Abrazos y no balazos”, nada se avanzará en materia de seguridad.

En el mediano plazo no habrá avances mientras no se planee y lleve a cabo la conformación de una Policía o Guardia Nacional capacitada para actuar coordinada y conjuntamente con las autoridades civiles, con el Ministerio Público y  con una policía investigadora capaz de respetar los derechos humanos, al tiempo que integre expedientes inteligentes y sustentados legalmente para la eficaz captura y encarcelamiento de los delincuentes.
El problema podría agravarse si ahora bajo el mando militar, desaparecen aproximadamente el 30% de policías que todavía conforman a la Guardia Nacional, muchos de los cuales habrían tenido una intensa capacitación de años.

El Presidente López Obrador ha insistido en que los gobiernos anteriores habían echado a perder a la policía y poco se podría hacer por ella, salvo desaparecerla. Especialistas en materia de seguridad advierten que de origen la Guardia Nacional tiene problemas importantes de cultura interna. “Los expolicías federales generalmente continúan identificándose a sí mismos como ‘policías’, en tensión con miembros de las Fuerzas Armadas, que solo se ven como militares”.

El militarismo no es propio de las democracias. Habría que adentrarse en las mejores prácticas internacionales de Guardias, Gendarmerías o Policías Nacionales, que son eficaces en el mundo, como la francesa, la española o la canadiense, para diseñar un plan a mediano y largo plazo, para que México combata con eficacia la inseguridad.

Las decisiones verticales, impositivas y sin sustento técnico y profesional corren el riesgo de caer en el autoritarismo, la improvisación y el fracaso. Ojalá ya no sea más el caso de nuestro país para que cesen o se aminoren la violencia, las masacres, los homicidios, los incendios, los colgados, los descuartizados, los ataques a las vías públicas, los cobros de derechos de piso, los secuestros, las extorsiones, los robos a particulares y a transportes de carga en carretera, entre otros.

México no se merece el creciente problema de inseguridad que vive a diario. Alito, la “Alianza” y la politiquería son “peccata minuta” al lado de uno de los grandes pendientes nacionales, la inseguridad.

 

***Académico y consultor

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