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PULPO POLÍTICO

El secreto del decreto: Tapar la ‘Estafa Maestra’ de la 4T

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Al carajo la frase de AMLO: “Que la vida pública sea cada vez más pública” * Con su acuerdo el Presidente de la República cierra la puerta a la transparencia y rendición de cuentas y abre camino a la corrupción e impunidad

 

POR MARCO ANTONIO FLORES***

 

Les falto visión a los presidentes neoliberales. Si a Enrique Peña Nieto se le hubiera ocurrido antes un “decretazo”, como el que acaba de emitir el Presidente Andrés Manuel López Obrador, el término “Estafa maestra” no existiría y el propio AMLO no lo hubiera capitalizado como lo hizo en su última campaña política que lo llevó a la Presidencia de la República.

Quizá, parte de lo que detonó el “decretazo” fue el reportaje que en días pasados publicó el periodista Carlos Loret de Mola, en el que se detalla lo siguiente: “Entre los contratos adjudicados por el Gobierno de México para la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Angeles, se encontraron empresas fantasma, direcciones falsas, empresas con otros giros comerciales no dedicados a la construcción e incluso pequeños negocios beneficiados con contratos millonarios”.

El reportaje periodístico detalla la revisión de 966 contratos adjudicados, de los cuales el 70% fueron entregados por adjudicación directa y el resto (30%) se dio a través de la invitación a tres personas. Se encontró que en la mencionada obra participan empresas fantasma y sociedades investigadas por el desvío de recursos.

‘Eficaren’ es una de las empresas sin dirección, ni empleados, ni referencias visibles que el gobierno ha contratado para la construcción del aeropuerto. También se señala que dicha empresa antes de alquilar al Ejército tractocamiones por 5 mdp, rentó en marzo de 2018 juegos inflables al municipio de Atempan, Puebla.

 

 

ESTAFA MAESTRA, PRODUCTO DE INVESTIGACIÓN PERIODÍSTICA

La “Estafa maestra” de Peña Nieto fue producto de una investigación periodística que señalaba: “Dependencias gubernamentales entregaban dinero a universidades públicas que a su vez otorgaban contratos a empresas fantasma por cantidades millonarias.

“Se determinó falta de transparencia en contratos que sumaron casi 4 mil millones de pesos”.

Y haciendo un comparativo, lo de la Estafa Maestra no es nada respecto a las cantidades millonarias que se manejan en las obras faraónicas de la Cuarta Transformación.

Resulta que la potencial “Estafa maestra” de la 4T implicaría falta de transparencia en contratos por un monto de 200 mil millones de pesos, tan sólo para 2022 en las obras “insignia”: Para el  AIFA 80 mmdp, Tren Maya 62 mmdp y para Dos Bocas 45 mmdp… más todo lo que se invertirá en el programa nacional de infreestructura al menos otros 200 mmdp. Las obras relacionadas con el “decreto” están asociadas a infraestructura de los sectores comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades, puertos, aeropuertos… y todas las obras que “se consideren prioritarias o estratégicas para el desarrollo nacional”.

 

QUIERE SECRETO CON EL DECRETO

Si escuchamos al Presidente López Obrador sobre sus motivos para haber emitido el “decretazo”, habría que creerle y aceptar que se trata de agilizar las obras de su gobierno y no de faltar a la transparencia y rendición de cuentas. De evitar pérdida de tiempo con tanta burocracia, que muchas veces es complicada y retrasa la adquisición de bienes y servicios en la Administración Pública Federal. Sin embargo, la Ley es la Ley.

Ignorantia juris non excusat o ignorantia legis neminem excusat (del latín, ‘la ignorancia no exime del cumplimiento de la ley’) es un principio de Derecho que indica que el desconocimiento o ignorancia de la ley no sirve de excusa, porque rige la necesaria presunción o ficción legal de que, habiendo sido promulgada, no creemos que el Presidente de la República ignore la Ley, porque seguro tiene avezados asesores jurídicos que lo informan adecuadamente de cómo debe cumplir las leyes.

Entonces aquí surge la pregunta: ¿cómo y por qué el Poder Ejecutivo emitió un decreto que atenta contra nuestra Constitución Política, violenta el Estado de Derecho y la división de Poderes que viola leyes en materia de transparencia, rendición de cuentas, derechos de indígenas y campesinos en sus parcelas y propiedades, leyes ecológicas y de protección del medio ambiente, leyes de vías de comunicación y derechos humanos?

El Presidente López Obrador decretó como de interés público y de seguridad nacional, la realización de los proyectos y obras prioritarias a cargo del Gobierno de México.

Son muchos los especialistas y “adversarios” que han manifestado que con este decreto se cierra la transparencia y rendición de cuentas, ya que al reservarse la información no se podría tener nada de documentación de las obras 4T, hasta al menos diez años después, cuando prescriban los posibles delitos y omisiones infringidas.

Con esto se le da la vuelta al artículo 3 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública que establece: “Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal, es pública, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial”.

 

VIOLAN NORMAS CONSTITUCIONALES

También se violan normas constitucionales, de manera puntual, respecto a los procedimientos que ordena la Constitución en su artículo 134 que a la letra establece: “Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados”, así como la Ley reglamentaria de esta disposición, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Además, el Acuerdo ordena a dependencias a otorgar los permisos necesarios para iniciar los proyectos u obras que sean consideradas prioritarias para el gobierno.

“La autorización provisional será emitida en un plazo máximo de cinco días hábiles contados a partir de la presentación de la solicitud correspondiente. Transcurrido dicho plazo, sin que se emita una autorización provisional expresa, se considerará resuelta en sentido positivo”, explica el decreto, que alarga por un año los permisos provisionales para obras prioritarias, lo cual implicaría graves responsabilidades para los titulares de dependencias y servidores públicos que intervengan en tales autorizaciones.

El decreto empeorará “el peor cáncer de México” que según AMLO es la corrupción. En días pasados el diario británico Financial Times publicó: “El emblema del gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, es la lucha contra la corrupción, algo que no ha logrado pasar del discurso a la acción”.

El multicitado decreto podría tener repercusiones muy serias en el combate a la corrupción y la impunidad de este gobierno. Transparencia Internacional ubica a México en el lugar 124 de 180 países, no vaya a ser que brinquemos varios lugares más atrás.

“No tienen una política de enjuiciamiento penal (…), eligen casos por razones muy poco claras. Esa arbitrariedad es una mala señal en la Fiscalía”, comentó Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Internacional en México, en entrevista para el Financial Times.

“Seguimos con el mismo problema, no tenemos instituciones. El presidente no ha invertido nada de su capital político o recursos, no es parte de su proyecto el fortalecimiento de las instituciones”, aseguró Edna Jaime, directora del Think-Tank México Evalúa.

 

PRIORIDAD, FORTALECER EL SNA

La reforma de 2015 dio paso a la creación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), que representó un buen intento para contar con un andamiaje jurídico fuerte, sin embargo, se ha quedado pendiente su implementación y consolidación.

La prioridad debiera ser fortalecer y consolidar el SNA al tiempo que se vayan haciendo los ajustes que requiera. No se vale que se creen instituciones y después las saboteen.

Estamos frente al retroceso de las incipientes instituciones en materia de combate a la corrupción. Con el “decretazo” se está desechando el SNA, se subordinan las instituciones del Sistema Nacional Anticorrupción a intereses políticos y se ha minimizado, aislado y debilitado lo que queda del SNA.

No sabemos si el decreto dará por resultado una nueva versión corregida y aumentada de la “Estafa maestra”. Tampoco tenemos la certeza si será invalidado por la SCJN. O bien, permitirá que este gobierno concluya a tiempo sus obras, lo que podría ser motivo de mayor popularidad y por consecuencia de más adeptos y votos para la 4T.

Quizá nos acerquemos a la eficiencia y agilidad que tienen los regímenes autoritarios, como el de China o Corea del Norte, para realizar grandes obras “para el pueblo”.

Libertad, honestidad, respeto a la ley, democracia, libre competencia, transparencia, rendición de cuentas versus populismo autoritario, militarización, opacidad, corrupción y al diablo las instituciones. Ese es el dilema.

Pero mientras son peras o son manzanas, AMLO manda al carajo su frase: “Que la vida pública sea más pública”.

 

*** Consultor y Académico.

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La juventud, pieza vital en el destino de México

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Luis Donaldo Colosio Riojas y Zoé Robledo, con todas las cartas credenciales para el relevo generacional fueron borrados por sus propios partidos * Uno de los mayores incentivos que pueden tener los jóvenes para sufragar el 2 de junio es que tengan la certeza de que su voto tendrá impacto real en la sociedad

 

MARCO ANTONIO FLORES***

 

En México la poca participación de los jóvenes, en las últimas elecciones federales, ha confirmado que este sector es el más abstencionista de toda la población.

Por ello, la candidata que logre convencer a los muchachos entre 18 y 34 años -37 millones de potenciales votantes- a que salga a votar a su favor en la elección presidencial del 2 de junio de 2024, podría definir quién será la próxima presidenta de la República.

Los votantes “primerizos”, los de 18 años, son los que más votan. En 2021 el INE muestra que mientras el promedio de participación nacional ascendió a 52.7%, entre los mexicanos de 18 años fue de 56 por ciento.

Al año siguiente, cuando cumplen 19 años, su participación bajó al 48%; después, entre 20 y 24 años, bajó a 41.7% y en el grupo de 25 a 29 años solo votó el 39.6%.

Si consideramos que el rango entre votantes de 18 a 34 años suma casi el 38% del padrón electoral, es decir, 37 millones de potenciales votantes, 33 millones entre 20 y 34 años.

El promedio de abstencionismo en este rango, de 18 a 34 años, es del orden de 54.2%, lo que resulta en casi 20 millones de votos. Si se logra convencer a un 10%. de abstencionistas para que salgan a votar se agregarían 4 millones de votos en la votación efectiva.

La falta de participación de los jóvenes entre 20 y 29 años no es un fenómeno nuevo: los análisis del INE, desde los comicios del año 2000, muestran que se trata de una tendencia constante en el perfil del votante joven, sea elecciones presidenciales o intermedias.

Esto, a pesar de que los jóvenes están interesados -por moda- en derechos humanos, feminismo, medio ambiente. Además, dependiendo del nivel de educación y de su situación socio-económica y laboral, los jóvenes deben saber que, del gobierno que se elija, quieran o no, les guste o no, es de lo que dependerá la educación que recibirán, los servicios de salud, la seguridad de ellos y sus familias, el valor de la moneda que usarán, las libertades y el nivel de justicia que se tendrá en el país.

El abstencionismo a nivel mundial, especialmente entre los jóvenes, es el más alto. En Estados Unidos ronda el 55% de la generación millennial. Porcentajes similares hay en muchos países europeos y de América Latina.

En las últimas dos décadas se ha observado una tendencia del voto juvenil por la derecha. En Francia, en todas las elecciones realizadas desde 2002, el voto joven para el partido de la extrema derecha -Agrupación Nacional- ha aumentado: en 2022, alrededor del 50% de los jóvenes entre 25 y 34 años, y del 40% de aquellos entre 18 y 24 años, votaron en ese sentido y algo similar ocurre en países como Italia, Austria y Dinamarca.

En países como Suecia, Holanda y Corea del Sur, los jóvenes salen a votar en números que rondan el 80%. ¿Cómo podemos incrementar el voto joven en México? Entre otras medidas, haciendo campañas informativas en temas de interés para los jóvenes y como puede afectarles a ellos, a sus familias y a su país, votar por algún candidato o, peor aún, no votar. También es un tema cultural de años, promoviendo el registro en el padrón de electores e impulsando la educación cívica desde la niñez.

Uno de los mayores incentivos que pueden tener los jóvenes para votar es que tengan certeza de que su voto tendrá impacto real en la sociedad.

Existen otros factores por los que se da el desencanto juvenil por la participación política a quienes sí tienen deseos y capacidad para participar. La consigna general parece ser “El pueblo unido avanza sin partido”.

La falta de oportunidades para la participación política de los jóvenes se refleja en las listas de candidatos a puestos de elección popular. En todos los partidos la mayoría de los personajes designados como candidatos a legisladores federales y cargos estatales o municipales son los mismos de hace, al menos, dos décadas. Hartos de desempeñar cargos públicos y de haberlo hecho sin mayores méritos.

 

PADRÓN ELECTORAL

El padrón electoral, hasta el 22 de febrero pasado, es de 98’703,939 y la lista nominal es de 98’265,518.

 

DESGLOSE POR EDAD

El padrón electoral y la lista nominal tienen el siguiente desglose por edad.

 

DESGLOSE POR SEXO

Según el padrón electoral, el desglose por sexo es el siguiente.

DESGLOSE POR ENTIDAD

Según el padrón electoral y la lista nominal, el desglose por entidad es el siguiente.

 

RELEVO GENERACIONAL

Otro factor que podría jalar a los jóvenes sería una competencia para la Presidencia de la República que se tradujera en el “relevo generacional”, como ocurrió en Chile con Boric y en El Salvador con Bukele.

Quizá en México hubiera ocurrido con una competencia en la que figurara Luis Donaldo Colosio Riojas, quien alcanzaba el mayor porcentaje de preferencia entre todos los precandidatos de la oposición.

Por el lado de Morena, otro “joven” que hubiera representado un “cambio generacional”, de la generación de los millenials es Zoé Robledo, director general del IMSS. En 2010 fue electo presidente del H. Congreso del Estado de Chiapas, siendo en ese momento el político más joven en ocupar ese espacio. Sin embargo, Zoé Robledo como Luis Donaldo Colosio quedaron fuera de la jugada.

Por el lado del frente opositor (PAN-PRI-PRD), a manera de ejemplo, estarán Enrique Vargas o Aurelio Nuño, ambos también con gran preparación académica y experiencia política, a pesar de su juventud.

Como el factor “relevo generacional” no se dio en esta competencia presidencial de 2024, los jóvenes deberán ser atraídos y convencidos por el factor “género”, ya que por primera vez México elegirá una presidenta de la República.

Esto debe ser un punto interesante en el proceso de sucesión presidencial y en las campañas. Que las candidatas sean capaces de interesarlos y a muchos (de los 20 millones de abstencionistas) convencerlos de que voten por los programas y políticas públicas que proponen para llevar a México a mejores estados de prosperidad y justicia.

Quizá las candidatas, cuando den a conocer los gabinetes que proponen para acompañarlas, incluyan jóvenes, preparados y capaces, con méritos en la sociedad civil y no los mismos de siempre, políticos “quemados” de todos los partidos políticos.

Ante la crisis de representatividad de los partidos políticos, estos deberán enfrentar la coyuntura de representar a la nueva sociedad civil, siempre y cuando adapten sus lógicas de reproducción del poder y cedan espacios a las nuevas generaciones de militantes y líderes sociales.

Se conforma una forma diferente de vinculación entre los partidos políticos y la ciudadanía, cuyos límites e impacto habría que analizar con detalle.

En principio podría plantearse el vínculo a través de un gobierno de coalición, que daría pie a la ansiada y pendiente “transición”, a través de una “plataforma de políticas públicas” más cercana al pragmatismo de las convergencias, que a las divergencias ideológicas.

La fórmula para 2024 es factor “género”. Candidata que convenza a las nuevas generaciones, apoyada por la sociedad civil y por las organizaciones y partidos políticos.

Ningún partido político es capaz de liderar a la sociedad civil, ni de comprender sus códigos. Las circunstancias del México actual exigen que los partidos se adapten a las nuevas reglas del juego de la sociedad civil.

Adicionalmente los casi 40 millones de votos potenciales de los jóvenes se traducen, por el abstencionismo, en casi la mitad del padrón.

Urge una nueva oferta política para los jóvenes para que abandonen la consigna “El pueblo unido avanza sin partido”.

 

Académico y consultor***

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Habrá presidenta que hará historia: Mujer contra mujer

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Banderazo de salida a la carrera presidencial * ¿La ganadora de la elección del 2 de junio próximo será la de Morena o la del Frente Fuerza y Corazón por México? Al principio era mucha la diferencia, pero se acortan las distancias y se anticipa una competencia cerrada * Qué tal una versión -del color o partido que sea- de una moderna “Angela Merkel mexicana”, que sepa gobernar con firmeza a un México plural, democrático y de inclusión

 

MARCO ANTONIO FLORES***

 

A 90 días de la elección presidencial, todo indica que habrá un final de pronóstico reservado. “Hagan sus apuestas”.

El 1 de marzo de 2024, una de las encuestadoras más confiables, la de El Financiero, señala que Claudia Sheinbaum, de Morena, PT y PVEM, tiene 50% de intención de voto; Xóchitl Gálvez, de Frente Fuerza y Corazón por México, que agrupa a PAN, PRI y PRD, tiene 33%, y Jorge Álvarez Máynez, de Movimiento Ciudadano, tiene 8 por ciento.

De los encuestados 9% no declaró preferencia. Hace apenas dos meses varias encuestadoras apuntaban una diferencia de 30 puntos porcentuales. Lo anterior permite asegurar que la disputa por el primer cargo político del país se resolverá en el ámbito de género, “MUJER CONTRA MUJER”, tal como lo anticipó esta su revista política IMPACTO desde agosto de 2023.

Ello también anticipa que México tendrá su primera presidenta de la República, único país importante de América Latina que no ha tenido presidenta.

Han tenido presidenta Chile, Brasil, Argentina, Costa Rica, Honduras y Nicaragua.

 

ÁLVAREZ MÁYNEZ, BENDITO ENTRE LAS MUJERES

Jorge Álvarez Máynez será el único candidato del género masculino y aunque en política todo puede suceder, su 8% de preferencia a tres meses de la competencia, parece que lo ubicará en un lejano tercer lugar respecto de las dos mujeres que estarán en la gran final.

A Jorge Álvarez no le restamos méritos, tiene juventud -39 años-, preparación académica y experiencia política.

Es licenciado en relaciones internacionales por el ITESO y tres maestrías: una en Administración Pública y Políticas Públicas por el Tec de Monterrey (ITESM); otra en Estudios Internacionales por el mismo ITESM.

Asimismo, concluyó la maestría en derecho constitucional y derechos humanos en el Centro de Estudios Jurídicos Carbonell.

Su trayectoria política inició en 2003 en el PRD, diputado federal por el PRI en 2010. En MC inició en 2013, fue secretario de Organización del Comité Nacional y diputado federal, además de coordinador de la bancada de ese partido.

El 9 de enero de 2024 fue designado abanderado presidencial de MC, después de la fallida candidatura del gobernador de Nuevo León, Samuel García.

El viernes 1 de marzo de 2024 inició su campaña en Lagos de Moreno, Jalisco, bastión de posiciones políticas de su partido Movimiento Ciudadano.

 

CABALLO QUE ALCANZA… GANA

Xóchitl y Claudia, por su parte, rompen los cánones tradicionales de la política mexicana. Tienen una trayectoria similar en cuanto a sus formaciones académicas sólidas en las ciencias exactas, antes de incursionar en actividades políticas.

Xóchitl Gálvez es ingeniera en Computación por la UNAM. Tiene especialidad en Robótica, inteligencia artificial, edificios inteligentes, sustentabilidad y ahorro de energía.

En 1992 fundó la empresa High Tech Services, dedicada al desarrollo de proyectos de alta tecnología.

En 1999 obtuvo el reconocimiento por  el World Economic Forum de Davos, Suiza, como una de las “100 líderes globales del futuro del mundo”, siendo la primera mujer mexicana en lograrlo.

Claudia Sheinbaum es licenciada en Física por la UNAM, maestra en Ingeniería Energética y doctora en Ingeniería Ambiental por la misma Universidad.

Tuvo una estadía en California para obtener su doctorado en el Lawrence Berkeley Laboratory; durante 4 años becada por la UNAM. Además, estudio en el Colegio de México el Programa de Desarrollo Sustentable.

Fue investigadora titular del Instituto de Ingeniería de la UNAM. Asimismo, es miembro del SNI y de la Academia Mexicana de Ciencias.

Xóchitl Gálvez, la “ciudadana-panista” que irrumpió en el escenario político nacional apenas en julio de 2023, ya que tuvo la valentía de debatir frontalmente con el Presidente López Obrador, lo cual le valió subir como la espuma y ser la  candidata presidencial opositora.

En esas fechas le dijo a AMLO: “Señor Presidente… respéteme que usted será quien me entregue la banda presidencial”.

La en ese tiempo senadora lo calificó de machista, ya que “es incapaz de imaginar que una mujer obtenga una candidatura por méritos propios”.

En septiembre de 2023 fue designada formalmente candidata opositora por la coalición PAN-PRI-PRD con una popularidad que pareció derrumbarse a finales de año.

Sin embargo, al concluir las precampañas en los últimos días de enero de 2024, cambió su estrategia y volvió a ponérsele enfrente al Presidente de la República subrayando que él es su real opositor, ya que su “corcholata” pretende ser sólo una réplica de su jefe AMLO.

Esta estrategia le ha resultado y ha iniciado una tendencia de alza en las preferencias electorales, que de no frenarse podría llevarla a una cerrada votación final y eventualmente al triunfo el 2 de junio de 2024. Caballo que alcanza gana.

Una de las principales banderas que está enarbolando es la seguridad. Prueba de ello es que inició su campaña en Fresnillo, Zacatecas, la ciudad con mayor percepción de inseguridad del país, donde el 97% de la población se siente insegura y temerosa respecto de la delincuencia.

Ahí en Fresnillo, la candidata Gálvez dijo que la Guardia Nacional volverá a realizar las funciones que le corresponden, que capacitará y profesionalizará a las policías estatales para combatir el crimen, que utilizará la investigación e inteligencia contra la inseguridad.

Sentenció que se acabarán “los abrazos” para los delincuentes.

 

LA ALUMNA CONSENTIDA DE AMLO

Claudia Sheinbaum Pardo ha mostrado una probada agudeza y malicia política, no en balde es la alumna consentida de su mentor y maestro, el Primer Mandatario Andrés Manuel.

Se ha montado en la personalidad, el discurso y el proyecto político del Ejecutivo federal, que aún goza de una preferencia de 56%.

Se recuerda que Claudia, al inicio de su gestión y durante la pandemia, mostró cierta independencia y criterio propio respecto de su jefe, pero al ser lanzada como “corcholata” para la Presidencia, cambió radicalmente su discurso y actitud, mostrándose como una sumisa seguidora del Presidente, copiando y repitiendo su discurso.

Por ello se ganó ser la preferida y la indicada para la continuidad de la “transformación”, o más bien podría ser que iniciara una auténtica transformación o cambio, quizá de izquierda moderada.

El abierto apoyo de AMLO a la exjefa de Gobierno de la CDMX ha dado por resultado un gigantesco aparato electoral en su favor. Tiene el abierto apoyo de los 23 gobernadores morenistas.

En el proceso interno todos vimos kilómetros de bardas y espectaculares en favor de Sheinbaum en todo el país.

Al respecto, el excanciller Marcelo Ebrard denunció, el 16 de agosto, presuntos “delitos electorales”, al hacer público que se estaban gastando recursos públicos a través de los gobernadores y la Secretaría del Bienestar, poniendo a operar a cientos de “siervos de la nación” en todo México, con acarreos y uso de “programas sociales” en favor de Claudia.

El viernes 1 de marzo de 2024, Sheinbaum Pardo inició su campaña atascando el Zócalo capitalino de cientos de miles de personas, con los mismos apoyos de gobernadores, incluido el jefe de Gobierno de la CDMX y todas las alcaldías morenistas. No en balde la CDMX es el bastión por excelencia de Morena y de su ahora candidata presidencial. Al puro estilo de su mentor AMLO, Claudia Sheinbaum realizó un evento para mostrar su “músculo” político, su capacidad de convocatoria y movilización de gente, con las mismas prácticas que solía tener el PRI, en tiempos del partido único, acarreos y utilización velada de recursos públicos.

Su discurso es el de la continuidad de la “Transformación” y un programa de gobierno enunciativo, muy parecido a los 100 puntos de gobierno que prometió AMLO en su toma de posesión.

Con todos esos elementos en favor de Sheinbaum, los escándalos recientes del Presidente López Obrador podrían incidir en forma negativa en la opinión del electorado.

Los escándalos de corrupción de parientes y cercanos al Primer Mandatario podrían repercutir negativamente en la “popularidad” de Sheinbaum Pardo.

El top “Hashtag” de #NarcoPresidente y #NarcaCandidata, con casi 200 millones de toques, podría ser factor decisivo.

Los insultos y pleitos del Ejecutivo federal contra prestigiados periodistas y medios de comunicación serían otro factor.

Los dislates diplomáticos del Presidente y muchas de sus intervenciones en el proceso electoral, a través de las consabidas Mañaneras, podría tener un efecto bumerang, además de implicar delitos electorales en contra de su candidata.

Estamos a menos de 3 meses de tener a la primera Presidenta de México… ¿Será la de Morena o la del Frente Fuerza y Corazón por México? Al principio era mucha la diferencia, pero se acortan las distancias y se anticipa una competencia cerrada.

A México todavía le espera un verdadero cambio, una auténtica trasformación que dé por resultado un Estado de Derecho, una mejor impartición de justicia, el combate eficaz a la corrupción y la impunidad.

El país espera un nuevo gobierno, con un gran apoyo popular y con nuevas políticas públicas en salud, educación y seguridad, que lleven a México a mejores estados de bienestar y prosperidad.

A partir de junio de 2024, millones de mexicanos esperan que inicie una nueva etapa en la vida nacional que sustituya la unidad nacional por la división y el encono; la transparencia por la opacidad y la verdad por la mentira.

Qué tal una versión -del color o partido que sea- de una moderna “Angela Merkel mexicana”, que sepa gobernar con firmeza a un México plural, democrático y de inclusión.

En 2024 está sonando la hora de las mujeres, llegó el tiempo de que México tenga su primera Presidenta de la República.

Por el bien de México, primero la democracia.

 

Académico y consultor***

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Se le caen los juicios a la 4T

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Rosario Robles, Juan Collado, Emilio Lozoya, entre otros, ya están en libertad * El Presidente AMLO tuvo como bandera combatir la corrupción, bien usado de forma mediática y políticamente, pero muy mal sustentados los casos jurídicamente * ¿Será en el sexenio 2024-2030 cuando veamos el primer caso de un expresidente que sea juzgado y sentenciado?, ¿con argumentos jurídicos y no políticos?

 

MARCO ANTONIO FLORES***

 

El caso más emblemático del gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, que prometía ser la vanguardia y el ejemplo de combate a la corrupción y llevar a la cárcel a “peces gordos” del sexenio pasado, se desinfló y resultó ser un fiasco.

Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), salió este 20 de febrero de 2024 del Reclusorio Norte para enfrentar su proceso penal en libertad tras un cambio de medida cautelar.

Desde que fue traído de España, la Fiscalía General de la República (FGR) argumentó que no había peligro de que se fugara. Ahora el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal en la Ciudad de México utilizó el mismo argumento, que Lozoya Austin no representa un riesgo de fuga.

El juicio más emblemático de la 4T y de la FGR, el caso Emilio Lozoya Austin, operado en forma escandalosa y con clara “consigna política”.

Desde el principio, con su pretendido estatus de “testigo colaborador”, estuvo lleno de privilegios, contradicciones e intereses políticos.

Tuvo que darse una especie de indignación nacional al ver a Lozoya cenando pato pekinés, que todo indica fue la gota que derramó la paciencia de AMLO y provocó presionar a la FGR. Fue hasta el miércoles 3 de noviembre de 2021 que la FGR solicitó la prisión preventiva oficiosa contra Lozoya Austin, pero podría haberlo hecho desde que el sujeto fue extraditado de España en julio de 2020.

Los elementos ahí estaban: se había fugado de México, negó facilitar la extradición y tenía cuentas en el extranjero, además de múltiples domicilios.

En la audiencia inicial de 2021, el juez Artemio Zúñiga Mendoza se extrañó que la FGR no solicitara la prisión preventiva contra el exfuncionario, pues existían los elementos suficientes para argumentar riesgo de fuga.

“Y yo no puedo poner una medida más grave que la que me piden los fiscales”, dijo el juzgador en aquella ocasión.

 

PACTO POR MÉXICO

El grupo de posibles inculpados serían funcionarios públicos y legisladores que participaron en el Pacto por México y en la Reforma Energética.

El periódico Reforma informó en esos días que el extitular de Pemex tendría en su poder unos 12 videos con 16 horas de contenido audiovisual que inculparían a varios funcionarios públicos que supuestamente aceptaron sobornos a cambio de aprobar la Reforma Energética impulsada por Enrique Peña Nieto.

Los legisladores que participaron en el Senado fueron los panistas Salvador Vega Casillas, Jorge Luis Lavalle y Raúl Gracia Guzmán; también Francisco Domínguez, Francisco García Cabeza de Vaca y Miguel Barbosa.

En la Cámara de Diputados habrían participado los panistas Ricardo Anaya y Luis Alberto Villarreal. Por el PVEM participaron Arturo Escobar y Pablo Escudero.

También organizaciones, como Estrategia Contra la Impunidad y Transparencia Mexicana, pedían que Lozoya fuera transparente durante su proceso y que se respetara la publicidad de las audiencias.

En el gobierno de la 4T, los únicos casos que llevaron a la cárcel o, al menos, se les giró orden de aprehensión, al final se convirtieron en cacería política, más mediática que legal.

 

VENGANZAS POLÍTICAS

Los casos más célebres de “venganzas políticas” y uso faccioso de la justicia penal de esta administración morenista son: Emilio Lozoya, Rosario Robles, Francisco García Cabeza de Vaca, Ricardo Anaya y el del abogado Juan Collado, por mencionar los más relevantes.

Todos estos casos, que fueron bandera de combate a la corrupción del Presidente AMLO, fueron bien usados mediática y políticamente, pero muy mal sustentados jurídicamente, por lo que todos ya están en libertad.

Apenas en febrero de este año un juez federal ordenó la liberación inmediata del abogado Juan Collado tras determinar que no había un delito qué perseguir.

Al respecto AMLO dijo (como en todos los casos que resuelve el Poder Judicial): “Ya dejaron en libertad al abogado Collado, al abogado de Salinas de Gortari… está podrido el Poder Judicial o -para no decirlo tan fuerte- está secuestrado por la oligarquía. Está al servicio de una minoría, no ayudan en nada al pueblo, no representan al pueblo de México”.

Otro asunto muy polémico fue el de Rosario Robles, que se operó como una “venganza política”, ya que “la FGR, con la ayuda del juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, sobrino de Dolores Padierna y enemiga pública de Rosario Robles, judicializaron un expediente sin haber confirmado un delito”.

Estuvo en la cárcel privada de su libertad durante tres años, como medida cautelar, toda vez que se le aplicó por utilizar una licencia “falsa”, que en su momento sus abogados comprobaron le “fabricaron”… y por ello al final un juez le otorgó su libertad.

Otro proceso penal mediático, considerado faccioso y con sesgo político, es el del ex candidato presidencial Ricardo Anaya, vinculado con Emilio Lozoya Austin, quien acusó que altos funcionarios de Odebrecht sobornaron a legisladores de oposición -entre ellos Anaya- para que votaran en favor de la Reforma Energética que impulsó en su momento el entonces presidente Enrique Peña Nieto.

La FGR aseguró que “según consta en diligencias ministeriales”, el jefe de escoltas del propio Emilio Lozoya, Norberto Gallardo Vargas, le entregó a Anaya los 6.8 millones de pesos en las instalaciones de la Cámara de Diputados, en el año 2014.

En la actualidad existe, virtualmente, una orden de aprehensión contra Ricardo Anaya, por esta razón vive en el extranjero y ahora tendrá una curul en el Senado de la República.

El caso del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, también fue considerado por analistas y abogados como una burda “venganza política”.

El mandatario estatal fue acusado por la FGR de haber incurrido en el delito de defraudación fiscal por un monto de 6.5 millones de pesos, por lo cual el Ministerio Público solicitó su desafuero al Congreso de la Unión, en abril de 2020.

En diciembre de ese año, el Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno de Circuito rechazó el recurso de revisión que interpuso la FGR para apelar el fallo de un juez federal que amparó al mandatario tamaulipeco contra la orden de aprehensión en su contra por el delito de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, debido a que la presentó de manera extemporánea.

García Cabeza de Vaca obtuvo el amparo relacionado con el proceso mediante el cual el mandatario estatal ya había obtenido una suspensión provisional, y luego definitiva, que le impide que se ejecute en contra la orden de captura solicitada por la FGR; al final también se resolvió en su favor y quedó absuelto por el Poder Judicial.

El escándalo Lozoya se dio en forma paralela a la publicitada “Consulta para juzgar expresidentes”, todo ello generó una gran expectativa de que podría inculparse a más de un expresidente en casos de corrupción y que incluso podrían ir a prisión, pero en México todavía no se da un caso de tal dimensión.

 

LAVA JATO

Países como Brasil, Perú, Uruguay, Chile, Colombia y Argentina nos llevan ventaja en esta materia de combate a la corrupción. Algunos han llevado a prisión a expresidentes, como Perú, Brasil, Guatemala y Argentina.

En Brasil, la operación “Lava Jato” fue el escándalo que destapó una red de sobornos pagados por grandes constructoras a políticos de casi todos los partidos para obtener contratos con Petrobras, la petrolera estatal.

La operación “Lava Jato” ya antes había llevado al encarcelamiento a Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), que fue sentenciado a nueve años y seis meses de prisión por corrupción y lavado de dinero, por recibir un apartamento frente al mar de una constructora a cambio de favores.

Lula y Temer sólo son los casos más visibles de una operación que ha provocado la caída de ministros, congresistas y empresarios como Marcelo Odebrecht, CEO de la constructora Odebrecht, una compañía que tejió una red de sobornos en varios países de América Latina, entre ellos México.

Los seguidores de los últimos excarcelados, Lula y Roussef, del Partido de los Trabajadores, y de Temer, del Movimiento Democrático Brasileño, han criticado los casos, afirmando que la justicia se ha empleado con fines políticos.

Sin embargo, hay una diferencia con el uso político de la justicia que se ha hecho en México, donde se persigue a los corruptos de manera selectiva, señala un estudio publicado por el CIDE.

Agrega que “la política siempre será parte de estos procesos de alto impacto, y por ello es preferible tener un marco legal y de instancias con una fuerte capacidad técnica, para que toda acusación e investigación anticorrupción esté sustentada fuertemente en razones legales y normas explícitas. De otra manera, se convierte la lucha anticorrupción en una cacería política sesgada y parcial”.

 

UN SUEÑO GUAJIRO ACABAR CON LA CORRUPCIÓN

El gobierno de la 4T terminará en 208 días y la promesa de acabar con el peor cáncer de México, la corrupción, se quedó en reclamo e ilusión de millones de mexicanos que esperaban que algún día se iniciaran acciones reales y de fondo contra la impunidad.

Millones de mexicanos, alentados por el discurso del Presidente AMLO de juzgar a expresidentes, se quedarán con el deseo de ver sangre, por no decir que esperaban que AMLO metiera a la cárcel a Peña Nieto… que finalmente no ocurrirá. Una promesa incumplida de López Obrador.

En este sexenio ya no vimos que se aplicara la ley con sustento jurídico. No hubo un solo caso fundado y motivado, que llevara a la justicia a “peces gordos” o algún expresidente.

Será en el sexenio 2024-2030 cuando veamos el primer caso de un expresidente que sea juzgado y sentenciado… ¿con argumentos jurídicos y no políticos?

 

***Académico y consultor.

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