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PULPO POLÍTICO

El secreto del decreto: Tapar la ‘Estafa Maestra’ de la 4T

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Al carajo la frase de AMLO: “Que la vida pública sea cada vez más pública” * Con su acuerdo el Presidente de la República cierra la puerta a la transparencia y rendición de cuentas y abre camino a la corrupción e impunidad

 

POR MARCO ANTONIO FLORES***

 

Les falto visión a los presidentes neoliberales. Si a Enrique Peña Nieto se le hubiera ocurrido antes un “decretazo”, como el que acaba de emitir el Presidente Andrés Manuel López Obrador, el término “Estafa maestra” no existiría y el propio AMLO no lo hubiera capitalizado como lo hizo en su última campaña política que lo llevó a la Presidencia de la República.

Quizá, parte de lo que detonó el “decretazo” fue el reportaje que en días pasados publicó el periodista Carlos Loret de Mola, en el que se detalla lo siguiente: “Entre los contratos adjudicados por el Gobierno de México para la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Angeles, se encontraron empresas fantasma, direcciones falsas, empresas con otros giros comerciales no dedicados a la construcción e incluso pequeños negocios beneficiados con contratos millonarios”.

El reportaje periodístico detalla la revisión de 966 contratos adjudicados, de los cuales el 70% fueron entregados por adjudicación directa y el resto (30%) se dio a través de la invitación a tres personas. Se encontró que en la mencionada obra participan empresas fantasma y sociedades investigadas por el desvío de recursos.

‘Eficaren’ es una de las empresas sin dirección, ni empleados, ni referencias visibles que el gobierno ha contratado para la construcción del aeropuerto. También se señala que dicha empresa antes de alquilar al Ejército tractocamiones por 5 mdp, rentó en marzo de 2018 juegos inflables al municipio de Atempan, Puebla.

 

 

ESTAFA MAESTRA, PRODUCTO DE INVESTIGACIÓN PERIODÍSTICA

La “Estafa maestra” de Peña Nieto fue producto de una investigación periodística que señalaba: “Dependencias gubernamentales entregaban dinero a universidades públicas que a su vez otorgaban contratos a empresas fantasma por cantidades millonarias.

“Se determinó falta de transparencia en contratos que sumaron casi 4 mil millones de pesos”.

Y haciendo un comparativo, lo de la Estafa Maestra no es nada respecto a las cantidades millonarias que se manejan en las obras faraónicas de la Cuarta Transformación.

Resulta que la potencial “Estafa maestra” de la 4T implicaría falta de transparencia en contratos por un monto de 200 mil millones de pesos, tan sólo para 2022 en las obras “insignia”: Para el  AIFA 80 mmdp, Tren Maya 62 mmdp y para Dos Bocas 45 mmdp… más todo lo que se invertirá en el programa nacional de infreestructura al menos otros 200 mmdp. Las obras relacionadas con el “decreto” están asociadas a infraestructura de los sectores comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades, puertos, aeropuertos… y todas las obras que “se consideren prioritarias o estratégicas para el desarrollo nacional”.

 

QUIERE SECRETO CON EL DECRETO

Si escuchamos al Presidente López Obrador sobre sus motivos para haber emitido el “decretazo”, habría que creerle y aceptar que se trata de agilizar las obras de su gobierno y no de faltar a la transparencia y rendición de cuentas. De evitar pérdida de tiempo con tanta burocracia, que muchas veces es complicada y retrasa la adquisición de bienes y servicios en la Administración Pública Federal. Sin embargo, la Ley es la Ley.

Ignorantia juris non excusat o ignorantia legis neminem excusat (del latín, ‘la ignorancia no exime del cumplimiento de la ley’) es un principio de Derecho que indica que el desconocimiento o ignorancia de la ley no sirve de excusa, porque rige la necesaria presunción o ficción legal de que, habiendo sido promulgada, no creemos que el Presidente de la República ignore la Ley, porque seguro tiene avezados asesores jurídicos que lo informan adecuadamente de cómo debe cumplir las leyes.

Entonces aquí surge la pregunta: ¿cómo y por qué el Poder Ejecutivo emitió un decreto que atenta contra nuestra Constitución Política, violenta el Estado de Derecho y la división de Poderes que viola leyes en materia de transparencia, rendición de cuentas, derechos de indígenas y campesinos en sus parcelas y propiedades, leyes ecológicas y de protección del medio ambiente, leyes de vías de comunicación y derechos humanos?

El Presidente López Obrador decretó como de interés público y de seguridad nacional, la realización de los proyectos y obras prioritarias a cargo del Gobierno de México.

Son muchos los especialistas y “adversarios” que han manifestado que con este decreto se cierra la transparencia y rendición de cuentas, ya que al reservarse la información no se podría tener nada de documentación de las obras 4T, hasta al menos diez años después, cuando prescriban los posibles delitos y omisiones infringidas.

Con esto se le da la vuelta al artículo 3 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública que establece: “Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal, es pública, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial”.

 

VIOLAN NORMAS CONSTITUCIONALES

También se violan normas constitucionales, de manera puntual, respecto a los procedimientos que ordena la Constitución en su artículo 134 que a la letra establece: “Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados”, así como la Ley reglamentaria de esta disposición, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Además, el Acuerdo ordena a dependencias a otorgar los permisos necesarios para iniciar los proyectos u obras que sean consideradas prioritarias para el gobierno.

“La autorización provisional será emitida en un plazo máximo de cinco días hábiles contados a partir de la presentación de la solicitud correspondiente. Transcurrido dicho plazo, sin que se emita una autorización provisional expresa, se considerará resuelta en sentido positivo”, explica el decreto, que alarga por un año los permisos provisionales para obras prioritarias, lo cual implicaría graves responsabilidades para los titulares de dependencias y servidores públicos que intervengan en tales autorizaciones.

El decreto empeorará “el peor cáncer de México” que según AMLO es la corrupción. En días pasados el diario británico Financial Times publicó: “El emblema del gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, es la lucha contra la corrupción, algo que no ha logrado pasar del discurso a la acción”.

El multicitado decreto podría tener repercusiones muy serias en el combate a la corrupción y la impunidad de este gobierno. Transparencia Internacional ubica a México en el lugar 124 de 180 países, no vaya a ser que brinquemos varios lugares más atrás.

“No tienen una política de enjuiciamiento penal (…), eligen casos por razones muy poco claras. Esa arbitrariedad es una mala señal en la Fiscalía”, comentó Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Internacional en México, en entrevista para el Financial Times.

“Seguimos con el mismo problema, no tenemos instituciones. El presidente no ha invertido nada de su capital político o recursos, no es parte de su proyecto el fortalecimiento de las instituciones”, aseguró Edna Jaime, directora del Think-Tank México Evalúa.

 

PRIORIDAD, FORTALECER EL SNA

La reforma de 2015 dio paso a la creación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), que representó un buen intento para contar con un andamiaje jurídico fuerte, sin embargo, se ha quedado pendiente su implementación y consolidación.

La prioridad debiera ser fortalecer y consolidar el SNA al tiempo que se vayan haciendo los ajustes que requiera. No se vale que se creen instituciones y después las saboteen.

Estamos frente al retroceso de las incipientes instituciones en materia de combate a la corrupción. Con el “decretazo” se está desechando el SNA, se subordinan las instituciones del Sistema Nacional Anticorrupción a intereses políticos y se ha minimizado, aislado y debilitado lo que queda del SNA.

No sabemos si el decreto dará por resultado una nueva versión corregida y aumentada de la “Estafa maestra”. Tampoco tenemos la certeza si será invalidado por la SCJN. O bien, permitirá que este gobierno concluya a tiempo sus obras, lo que podría ser motivo de mayor popularidad y por consecuencia de más adeptos y votos para la 4T.

Quizá nos acerquemos a la eficiencia y agilidad que tienen los regímenes autoritarios, como el de China o Corea del Norte, para realizar grandes obras “para el pueblo”.

Libertad, honestidad, respeto a la ley, democracia, libre competencia, transparencia, rendición de cuentas versus populismo autoritario, militarización, opacidad, corrupción y al diablo las instituciones. Ese es el dilema.

Pero mientras son peras o son manzanas, AMLO manda al carajo su frase: “Que la vida pública sea más pública”.

 

*** Consultor y Académico.

LA REVISTA

‘México, un país de cínicos’

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Se cumple el vaticinio del exmandatario José López Portillo * Para muchos especialistas en la materia, la mal llamada Austeridad Republicana se convierte en una actitud cínica y demagógica con la promoción de una “Revocación de mandato” inútil y costosa -cuatro mil millones de pesos, sólo para restregarle a los adversarios el gran apoyo “popular” del que goza el Presidente y su partido

 

POR FRAY LALITO

 

Será que en nuestro querido México ya se cumplió la profecía del ex mandatario José López Portillo y Pacheco, cuando desde hace más de cuatro décadas advirtió: “Lo peor que puede ocurrirle a México es convertirse en un país de cínicos”.

En ese caso, cada uno de los mexicanos estaríamos haciendo válida la definición de “cínico”: “Actitud de la persona que miente con descaro y defiende o practica de forma descarada, impúdica y deshonesta algo que merece general desaprobación”.

En relación con este concepto, el filósofo francés Bédard propuso algunas “Dimensiones filosóficas del cinismo” que lo caracterizan especialmente en los “dirigentes”, dígase los políticos: Las prácticas que son el humor, la hostilidad, el sarcasmo, el irrespeto, la risa, la broma, la burla, la provocación, los criterios de validez, que son: la no coherencia entre pensamiento, palabra y acción; las fundamentales, la resistencia, la impasibilidad, la maldad, la mentira; y las de raíz, que son el dominio de sí mismo, la ironía, el escándalo, la exageración y el dogmatismo artificial.

Quizá muchos de los 130 millones de mexicanos han practicado el cinismo en nuestra cotidianidad de manera inconsciente. Sin embargo, la gran mayoría no lo ha hecho. Entonces ¿por qué podríamos ser considerados un país de cínicos..?

 

CINISMO EN INSEGURIDAD

Somos cínicos en la medida que lo son nuestros dirigentes. Somos cínicos cuando aceptamos el cinismo de nuestros políticos, los que toman las decisiones que a diario afectan nuestra salud, nuestra educación, nuestra seguridad y nuestro bolsillo.

Es el Presidente Andrés Manuel López Obrador cínico cuando defiende a Delfina Gómez, secretaria de Educación Pública, después de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) comprobó -con pruebas legales- que, cuando fue presidenta municipal de Texcoco, le retuvo a decenas de trabajadores, durante tres años, el 10 por ciento de su sueldo contra su voluntad, para reunir un fondo para Morena, lo cual implicó haber violado la ley electoral, además de la comisión de otros delitos que estarían por denunciarse por parte de los afectados, como son abuso de autoridad, fraude y desviación de recursos.

La pregunta que surge es ¿este es el ejemplo para los millones de alumnos del sistema educativo nacional: la impunidad y la violación de la ley?

Es cínico el Presidente de la República cuando dice que la maestra Delfina “es una mujer ejemplar” y que lo que hay en este escándalo es una campaña en contra de su imagen política y sus aspiraciones para ser gobernadora del Estado de México.

Se actualiza en este caso, en la persona de López Obrador, la definición del cinismo como una “persona que miente con descaro y defiende o practica de forma descarada, impúdica y deshonesta algo que merece general desaprobación”.

Es cinismo presidencial defender y nombrar embajador en Panamá a Pedro Salmerón, acusado públicamente por varias mujeres de acoso sexual, como ocurrió también con Félix Salgado, cuando lo hizo candidato a la gubernatura de Guerrero.

Son cínicos el Presidente de México y sus arlequines: Sergio Gutiérrez, líder de los diputados; Mario Delgado, dirigente de su partido, y Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la CDMX, cuando replican del ‘Preciso’ y arremeten y fustigan al INE por sus elevados sueldos y gastos excesivos como pago de alimentos de sus “mascotas” (perros de protección y seguridad del Instituto).

¿Acaso no es cinismo “ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio”?

 

DE AUSTERIDAD REPUBLICANA A REVOCACIÓN DE MANDATO

Para muchos especialistas en la materia, la mal llamada Austeridad Republicana se convierte en una actitud cínica y demagógica con la promoción de una “Revocación de mandato” inútil y costosa -cuatro mil millones de pesos, sólo para restregarle a los adversarios, el gran apoyo “popular”, del que goza el Presidente y su partido.

Es cinismo y demagogia la pretendida venta del avión presidencial, cuyos gastos de mantenimiento y “pensión” seguimos pagando; el despilfarro por la cancelación del aeropuerto de Texcoco.

¿Es ejemplo de Austeridad Republicana irse a vivir con su familia, en medio del lujo, la ostentación y la opulencia, a un auténtico Palacio que es un “Museo Nacional”, que pertenece al pueblo?

En México los presidentes habían vivido desde 1934 en la residencia oficial de Los Pinos. AMLO hizo lo contrario, emulando a su admirado presidente Lázaro Cárdenas, quien declinó vivir en el Castillo de Chapultepec, por considerarlo ostentoso, para irse a vivir a un rancho que terminó por convertirse en Los Pinos.

Otra gran incongruencia que raya en el “cinismo”, que es pública y enturbia el discurso de austeridad y anticorrupción, del Presidente es la forma de vivir de sus tres hijos mayores. Del mayor, José Ramón López, se sabe que, con su esposa brasileña, se da vida de príncipe. Una lujosa vida, con residencia en Houston, Texas, que no ha tenido recato en mostrar en sus redes sociales, como cuando se hicieron virales fotografías publicadas con su pareja disfrutando de unas vacaciones en Aspen, Colorado, un destino de superlujo.

Los hijos del Presidente, José Ramón, Andrés Manuel y Gonzalo Alfonso López Beltrán, se convirtieron públicamente en el ejemplo de la opulencia, el oprobio y los excesos.

Andrés Manuel López Beltrán, el más político de los hermanos, quien podría ser el orgullo del “nepotismo presidencial”, ya cuenta en el gobierno de la 4T con una superestructura de funcionarios jóvenes que reportan primero en su escritorio, y después en el del titular del Poder Ejecutivo.

El más pequeño de los López Beltrán, Gonzalo Alfonso, se fue a “trabajar” en la estructura del equipo de Los Gigantes de San Francisco.

A mediados de 2019 se hizo pública una fotografía en la que el hijo del Presidente compartía el palco de honor del estadio regiomontano de los Sultanes, con los empresarios Alfonso Romo, Carlos Bremer y Carlos Slim.

 

EN INSEGURIDAD HAY CINISMO, SARCASMO Y RISA PRESIDENCIAL

Es cinismo el sarcasmo y la risa presidencial, cuando un periódico nacional publica que hubo una “masacre” más en el país y se rompe récord de muertes por delincuencia organizada.

Es cinismo decir cada mañana que “vamos requetebien”, pero sin resultados ni datos duros, sobre todo en seguridad, educación y salud.

Qué resultados se pueden esperar con colaboradores 90% de honestidad y 10% de capacidad. Improvisados, sin capacidad, sin experiencia y sin perfil, pero eso sí, todos honestos y de “izquierda”. Una periodista al frente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para resolver el problema más grave: la “inseguridad”, en defensa de “Abrazos no balazos”; una operadora electoral y recaudadora de fondos para campañas, al frente del proyecto más importante del país, la SEP; un agrónomo al frente de Pemex, cuyo mérito es haber sido el oficial mayor de AMLO en la CDMX, y quien toda su vida le ha administrado sus ingresos.

 

EL FRAUDE ELECTORAL MÁS GRANDE DE LA HISTORIA

Por colaboradores como este, el Presidente no usa tarjeta de crédito, nunca ha presentado una declaración de impuestos y ha tenido suficiente dinero para tres campañas presidenciales; el habilidoso -ahora de “izquierda”- autor del fraude electoral más grande de la historia reciente (1988) al frente de la CFE y promotor de la polémica “reforma eléctrica”; el más nefasto y culpable de nuestro récord mundial en muertes por Covid, López-Gatell, con los peores resultados del mundo en manejo de la pandemia… así que ¿cuál transformación? ¿Cuáles resultados? ¿Qué régimen quieren cambiar y por cuál otro?

Que digan qué clase de país quieren. Será tipo Noruega, Dinamarca, o será tipo Venezuela, Nicaragua, Cuba, Bolivia. Qué han resuelto en favor de los pobres, sino aumentar su número y convertir en dádivas, a “título personal”, los apoyos de “programas sociales”.

¿Acaso no es cinismo insistir en que “ya se acabó la corrupción” y que las escaleras de la corrupción “se barren de arriba para abajo”?

En los hechos, colaboradores y “cercanos” a AMLO han actuado en sentido contrario. Sólo basta revisar algunos escándalos y casos que se han hecho públicos en el gobierno de la Cuarta Transformación.

Las acusaciones de corrupción en Sener, Pemex, IMSS, CNDH, Conagua, INDEP, Conade y Segalmex. Está el caso de la renuncia del ex director del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, Jaime Cárdenas, quien denunció ante la FGR corrupción de los actuales cuadros del Instituto en las subastas y robo de artículos y joyas.

Están los escándalos de los hermanos Pío y Martín López Obrador, los contratos de la prima del Presidente en Pemex e IMSS.

También hay casos mediáticos de los más cercanos colaboradores que han rayado en el cinismo: Manuel Bartlett (casas y contratos de su hijo); Rocío Nahle (parientes); Octavio Romero (parientes); Irma Eréndira Sandoval y John Ackerman (casas); Yeidckol Polevnsky (inmuebles fantasma).

Es cinismo presidencial decir que ahora la FGR es “autónoma” y que la venganza política no es lo suyo, cuando vemos cómo utiliza esa institución, encargada de la procuración de justicia, contra sus enemigos políticos. Rosario Robles, Francisco Cabeza de Vaca, Ricardo Anaya y hasta científicos del Conacyt.

El caso Veracruz, en el que defiende y alaba las cualidades del gobernador Cuitláhuac García, tras la cuestionada detención de José Manuel del Río Virgen, quien es secretario técnico de la Jucopo y amigo de Monreal. “Te detengo José Manuel, para que entiendas Ricardo” quién manda y quién pone las reglas de la sucesión.

Si el Presidente de la República es cínico, ¿debemos considerar a México un país de cínicos?

Son millones de mexicanos cómplices del cinismo cuando creen que está en marcha una “Cuarta Transformación”; cuando creen que ya se acabaron la corrupción, el nepotismo y las prácticas del “neoliberalismo”; y cuando aún hay la esperanza de que el líder del país tiene la capacidad de sacar al país de la crisis y reencausarlo por la via del bienestar y la justicia social.

Quizá sin darnos cuenta, y sin pretenderlo, ya nos convertimos en un país de cínicos.

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PULPO POLÍTICO

¡Más claro ni el agua! Primo de ‘El Carrete’ trabaja en el gobierno de Blanco

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Con la denuncia el gobernador de Morelos desvía la atención, pero debería explicar la foto tomada con criminales… Cuauhtémoc ya no siente lo duro sino lo tupido

POR FRAY LALITO

Siguen saliendo más evidencias de la conexión de Los Rojos con Cuauhtémoc Blanco, gobernador de Morelos.
Ante los hechos, lo menos que debería hacer el ex delantero de la selección mexicana sería explicar la foto que se tomó con grupos criminales en una iglesia de la entidad.
Está claro que la denuncia es para desviar la atención de lo que es el centro de la polémica y el punto central de este escándalo.
Ahora hay que ver qué explicación da sobre que un primo hermano de ‘El Carrete’, quien está en prisión, labora en su gobierno desde que tomó posesión como mandatario morelense.
Resulta que Antonio Mazarí Benítez, primo de Santiago Mazarí Hernández “El Carrete” y líder de “Los Rojos”, ocupa desde 2018 la dirección general de la Defensoría Pública de Morelos, lo cual es otra evidencia de los pactos que tiene el gobernador de Morelos con la delincuencia organizada.


Quien revela la información es Alberto Capella, quien fuera secretario de Seguridad en el gobierno de Graco Ramírez (2012-2018), luego de que Blanco acudió a la Fiscalía General de la República (FGR) para presentar denuncias en contra de ambos ex funcionarios de Morelos, entre otros, por supuestamente haber pactado con ese grupo delincuencial.
Capella califica los dichos de Cuauhtémoc como despreciables, mientras que a él, como funcionario, de infame y corrupto.
El ex secretario de Seguridad afirma de manera categórica que al delincuente que se combatió con eficiencia en Morelos fue al Carrete y se logró disminuir su capacidad delincuencial en un 95 por ciento.
Enfatiza que se detuvo a personas cercanas a Mazarí Hernández, como Diana Lucía Apodaca “La Randal”, en 2016; Marco Antonio Ávila, “El Maseca”, en 2017; Alfonso Miranda Gallegos, su tío, ex diputado y ex alcalde de Amacuzac, en 2018.
Capella asegura, ante los hechos en su mandato, que Blanco se ha dedicado a mentir e intentar desesperadamente de cambiar la realidad, pues sus vínculos con el crimen han quedado particularmente evidenciados en las últimas semanas.


Es innegable que Cuauhtémoc habla de todo, pero nada dice de la publicación de fotografías en las que aparece junto a líderes criminales, las cuales hasta ahora no ha aclarado, al contrario, intenta hacer creer que las desconoce.
Ahora la pregunta que surge es cómo explicará Blanco que entre sus funcionarios está Antonio Mazarí Benítez, quien fue considerado como uno de los operadores financieros de “El Carrete”.
Sería bueno que la FGR, encabezada por Alejandro Gertz Manero, investigue a Blanco, pues Morelos vive una total ausencia de gobierno y que el fenómeno de inseguridad que enfrenta es producto del desdén, frivolidad y corrupción de quien lo gobierna.

 

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PULPO POLÍTICO

La sombra de Hugo Chávez en la revocación de mandato

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México no es, ni será, una Venezuela * Por donde se le vea, el ejercicio democrático sólo servirá a López Obrador y a Morena. De ganar la Revocación, habría un presidente que no surgiría de la decisión del pueblo

 

POR MARCO ANTONIO FLORES***

En política nada es casual. Cualquier semejanza entre el Presidente Andrés Manuel López Obrador y el ex presidente de Venezuela Hugo Chávez es mera coincidencia.

Al inicio de su primer periodo de gobierno, el mandatario venezolano dijo: “Si por ejemplo yo a los dos años resulta que soy un fiasco, un fracaso o cometo un delito o un hecho de corrupción o algo que justifique mi salida del poder antes de los 5 años, estaría dispuesto a hacerlo”.

En mayo de 2018, AMLO mencionó una frase semejante a la del venezolano: “Me voy a someter a la revocación de mandato. Cada dos años va a haber una consulta para que los ciudadanos decidan si quieren o no que continúe el presidente”.

En 2009, Chávez proclamó: “Yo no me pertenezco, yo le pertenezco al pueblo de Venezuela. Mi vida es de ustedes”. Misma frase repitió López Obrador el 1 de diciembre de 2018, tras tomar protesta como Presidente de México: “Yo ya no me pertenezco. Yo soy de ustedes. Soy del pueblo de México”.

México, ni de lejos podría convertirse en una Venezuela por una sola razón: Washington no lo permitiría. Muchos seguidores de la 4T se enojan cuando se compara al demócrata Andrés Manuel López Obrador con el dictador Hugo Chávez. Sin embargo, podría haber semejanzas. Usted juzgue.

Chávez, un populista que se negó a respetar las instituciones y el Estado de Derecho e hizo de Venezuela un Estado fallido gobernado de acuerdo a sus caprichos. Utilizó un referéndum revocatorio como medio para el continuismo autoritario; prometió todo a todos y traicionó una a una sus promesas e instituyó el culto a la personalidad. Dio prioridad a los intereses de los militares, atacó a la prensa, descalificó, provocó y destruyó a sus opositores.

Hugo Chávez prometió acabar con la corrupción sin lograrlo y se presentó como abanderado de los pobres y sólo lucró políticamente con su sufrimiento y los enfrentó a los ricos; culpó al neoliberalismo como el causante del desastre; fundó su poder en la movilización popular; violó la ley cuando ésta lo limitaba.

Pero repito: Cualquier coincidencia con el Presidente López Obrador es mera similitud. México no es, ni será, una Venezuela y tampoco López Obrador sería un Hugo Chávez, son sólo inventos de los neoliberales que no lo dejan gobernar.

La revocación de mandato a nivel presidencial, si bien es un mecanismo inédito para México, se encuentra presente en tres países de América Latina: Bolivia, Ecuador y Venezuela.

Los dos presidentes que han recurrido a la revocación de mandato son Hugo Chávez en Venezuela en 2004, y Evo Morales en Bolivia en 2008.

El referéndum revocatorio lo llevó a cabo el entonces presidente Hugo Chávez, quien incorporó en la Constitución de Venezuela por primera vez este mecanismo. Fue el El 15 de agosto de 2004, durante su segundo periodo presidencial (2001-2007), para que la población decidiera respecto de su permanencia en la jefatura del Estado. La opción de la mayoría, que resultó vencedora, fue la de no revocarlo.

Este proceso se realizó en medio de un clima de polarización social que venía de tiempo atrás. Muchos empresarios ya no querían a Chávez en el poder, lo que provocó graves consecuencias económicas, políticas y sociales para el país y la población. Por ello el país estaba divido en dos polos respecto a la figura de la “Revocación”: la oposición lo llamaría “referéndum revocatorio” mientras que el oficialismo lo denominaría “referéndum ratificatorio”.

El 8 de agosto de 2004, a unos días de la votación, se realizó la “Marcha de la Victoria”, una gran concentración -como las que organiza AMLO- en la que Chávez se dirigió a la multitud resaltando, una vez más, que el referendo implicaba una lucha entre dos concepciones de la vida y de la humanidad, los “buenos” que estaban con él y los “malos” los que no.

El presidente Chávez resultó ratificado en el cargo y salió fortalecido. Chávez agradeció el apoyo de los militares y el pueblo -sus principales recursos de poder- e invitó a la oposición a formar parte del nuevo proyecto de país y a sumarse a la segunda etapa de transformación y consolidación del nuevo modelo económico, y a cesar con las “prácticas antidemocráticas”.

Chávez utilizó la figura de la “Revocación” a la mitad de su segundo mandato con un resultado de la votación de 59% en favor de su “Ratificación” contra un 40 % en favor de la revocación. Por cierto, lo hizo con una autoridad electoral a modo.

Cuatro años y medio después reformó la Constitución para ampliar la reelección de manera indefinida.

Evo Morales hizo algo similar en Bolivia. Con su mayoría en el Congreso, en 2006 introdujo la reelección presidencial por un periodo más y la revocación del mandato. Dos años después se llevó a cabo la consulta de revocación, misma que ganó con 67% de los votos en favor de su permanencia y 33% por la revocación.

A iniciativa del Primer Mandatario, México adoptó en 2019 la “Revocación de mandato”. Se presume como un mecanismo de “democracia participativa” para empoderar a los ciudadanos, pero pretende ser capturada por el partido en el poder. Cada día vemos al Presidente de la República promoviéndola e intimidando al INE por retrasar ese proceso. Lo acusa de querer boicotear la Revocación, toda vez que el INE no cuenta con los recursos que requiere para cumplir con ese proceso, como lo establece la Constitución. Además, la propia Constitución establece, en el inciso 7o. de la fracción X relativa al Proceso de Revocación de mandato: “Queda prohibido el uso de recursos públicos para la recolección de firmas, así como con fines de promoción y propaganda relacionados con los procesos de revocación de mandato”.

Pero hoy en día la revocación se está convirtiendo en una pasarela política, en la cual el único que desfilará es el propio Presidente de la República y su partido. Es un buen pretexto para retar y azuzar a los neoliberales a que lo enfrenten para sembrar la discordia entre el pueblo y los conservadores, para olvidarse de gobernar y de los “resultados”, para estacionarse en campaña permanente, con miras a las elecciones de gobernadores de 2022, para reagrupar a su partido y movilizarlo de cara a las elecciones de 2024.

Ya se ha escrito mucho sobre el desperdicio de recursos que traerá consigo realizar el ejercicio de la “Revocación de Mandato” del Poder Ejecutivo en México. Casi 4 mil millones de pesos que en términos de costo-beneficio tendrá un único beneficiario -electoralmente-, el Presidente de la República y su partido.

No se requiere ser adivino o experto analista político para anticipar que los votantes no llegarán al 40% del padrón, necesario para hacer vinculatorio el resultado. Y más les vale, aún a los que no quieren que AMLO continúe en el cargo, que esta vez voten en favor de la “Ratificación”.

No vaya a ser que se diera la “Revocación” con efecto vinculatorio y podríamos estar ante el siguiente escenario: El presidente del Congreso asumiría el cargo y en los 30 días siguientes los legisladores tendrían que nombrar a un nuevo presidente para concluir el mandato de López Obrador el 30 de septiembre de 2024.

Qué tal si el mensaje de la mayoría de Morena en el Congreso es: “Tengan para que aprendan” y se les ocurre nombrar Presidente de la República a Gerardo Fernández Noroña.

Aquí lo que es importante resaltar es que este nuevo presidente no surgiría de la elección directa de los ciudadanos, la decisión estaría en manos de los diputados de Morena y senadores en caso de que hubiese quorum completo del Congreso de la Unión.

La revocación, un ejercicio de supuesta participación directa, dejaría la decisión de quién gobernará los siguientes dos años y medio a la elección indirecta. Lo más alejado posible de la democracia directa, en donde el votante decide quién lo gobierna.

Por donde se le vea, la “Revocación de mandato”, al menos en este sexenio, sólo servirá a AMLO y a Morena. Nadie, ni seguidores de la 4T, ni siquiera sus opositores, han pedido que el Presidente López Obrador deje el cargo. Treinta millones de mexicanos lo eligieron por seis años y -todavía- tienen la esperanza de que la ansiada “Transformación” llegue para alcanzar mejores niveles de vida en salud, en educación, en seguridad, en prosperidad y justicia.

No permitamos que la reminiscencia y la sombra del dictador Hugo Chávez opaquen el espíritu democrático del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

 

Académico***

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