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PULPO POLÍTICO

AMLO y la 4T no son sinónimo de la democracia

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El último reducto democrático y de contrapeso que tenemos los mexicanos es el INE, producto de la lucha de la oposición para evitar fraudes electorales… ¿por qué ahora que están en el poder la quieren eliminar? * Gracias al Instituto electoral se acabó al PRI-turador en los comicios y llegó la alternancia a la Presidencia… Que Morena cuente los votos y controle las elecciones es volver al pasado, a ese pasado priísta que TODOS despreciamos, ¿realmente eso queremos? ¿Que un partido político, del color que sea, se mantenga en el poder y no respete la voluntad ciudadana?.. Y no me digan, por favor, que “la ley es la ley”

 

MARCO ANTONIO FLORES***

 

“No me vengan con que la ley es la ley”. En la división de Poderes y el sistema de contrapesos que incluye los organismos autónomos constitucionales, solo nos está dejando la 4T a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y al Instituto Nacional Electoral (INE).

En el caso de la SCJN, es parcial su papel, mientras algunos jueces cumplen con independencia, el ministro presidente ha mostrado sumisión al Poder Ejecutivo.

Entonces el último reducto democrático y de contrapeso que tenemos los mexicanos es el INE. México entero apoya a todos los partidos políticos para no caer en la trampa y no hacer el juego a Morena para destruir al Instituto electoral.

Si los partidos de la Alianza Va por México, integrada por los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y De la Revolución Democrática (PRD), unidos en bloque sostienen su rechazo a la reforma electoral, como lo hicieron con la reforma eléctrica, entonces resurgirá la fuerza de la “Alianza”, que se haría valer en el ya inminente proceso electoral del Estado de México y con miras al 2024.

México no necesita una reforma electoral… y menos en el momento actual. Si bien nuestro sistema democrático es perfectible, los ajustes que requeriría deben dejarse para mejores tiempos y no para este momento en que las amenazas que se ciernen sobre nuestra democracia son poderosas y evidentes.

Las reglas electorales para la elección presidencial de 2024 debieran ser las mismas que rigieron en 2018.

Ni el Presidente López Obrador ni el gobierno de la Cuarta Transformación son sinónimo de democracia. La ignorancia de la Ley no excusa de su cumplimiento, así como el que desconoce la historia está condenado a repetirla. El Presidente López Obrador se presume conocedor de nuestra historia y debe tener claro que el INE es producto de la vocación democrática y de muchas luchas que protagonizó el pueblo de México, pasando por la Independencia, la Reforma y la Revolución.

En materia electoral hemos avanzado y madurado como Nación. Gracias a ello fueron posibles tres alternancias del Poder Ejecutivo federal, incluida la de julio de 2018. Es evidente que ya erradicamos el fraude electoral y que los principios democráticos ya son cimiento inamovible de nuestra cultura cívica.

 

TESTAFERROS DE AMLO

Morena y Mario Delgado dicen que el INE debe tener más participación ciudadana. Seguro no están enterados que en las elecciones de los últimos 20 años, han participado en ellas millones de ciudadanos anónimos que con su trabajo honesto y transparente dan aval y soporte a nuestros procesos electorales, en la integración de funcionarios de casillas, en el recuento de votos, en las representaciones partidistas, así como con su voto libre y secreto.

 

‘TENGAN PARA QUE APRENDAN’

La lección de la historia para los jilgueros de Morena, que ahora pretenden descubrir el “hilo negro”, es digna de repasarse.

Durante todo el siglo XIX México se debatió entre las tesis político-electorales de los liberales contra los conservadores. Las de los conservadores eran las tesis centralistas versus las de los liberales que defendían el federalismo. La Constitución de 1824 estableció la República representativa y federal, en tanto la Ley Electoral de 1836 (Santa Anna) estableció el “supremo poder conservador” que autocalificaba las elecciones.

Con la Reforma en la Constitución del 5 de febrero de 1857,  se restituyó la tesis liberal.

 

‘EL QUE NO CONOCE LA HISTORIA ESTÁ CONDENADO A REPETIRLA’

En la legislación electoral del porfiriato, en la Reforma Constitucional del 20 de diciembre de 1890, se estableció la reelección indefinida. Esta reforma le permitió a Porfirio Díaz gobernar otros 31 años y la antítesis -la de los Hermanos Serdán y Madero-, el “antirreeleccionismo”, se convirtió en una de las principales banderas de la Revolución.

Con la Revolución, la Ley para la Elección de los Poderes  Federales del 2 de junio de 1918 se decretó un año después de haberse aprobado la Constitución General de la República de 1917, se reglamentó el sistema de elección de los Poderes Legislativo y Ejecutivo contenido en su Artículo 40 que dispone el principio mantenido hasta la fecha: “Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República, representativa, democrática y federal”.

 

AÑO 1988 NO FUE PARTEAGUAS PARA ABRIR LOS CANALES DEMOCRÁTICOS Y AMPLIAR LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA

Desde la reforma de 1977 de Jesús Reyes Heroles, se impulsó el pluralismo político favoreciendo la representación y participación legal de las minorías en los partidos políticos ya existentes. Así, el Artículo 41 Constitucional definió a los partidos como “entidades de interés público”.

En resumen, México realizó 11 reformas electorales entre 1977 y 2014. Ocho fueron de amplio alcance e implicaron cambios constitucionales y legales: 1977, 1986, 1990, 1993, 1994, 1996, 2007 y 2014, mientras que tres fueron focalizadas a aspectos puntuales y requirieron sólo modificaciones a leyes reglamentarias.
En 1996, y como consecuencia de la evolución histórica de nuestra legislación electoral, el INE (entonces IFE) logró la independencia de sus consejeros y el reconocimiento constitucional como organismo autónomo.

El TEPJF también se consolidó con el fin de garantizar la legalidad de los procesos electorales. La creación del sistema de justicia electoral tuvo sus primeros cimientos en 1986, con la creación del Tribunal de lo Contencioso Electoral, luego el Tribunal Federal Electoral en 1990 y finalmente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en 1996 con un sistema de medios de impugnación que le ha dado la última palabra para dirimir controversias entre partidos, entre partidos y autoridades, y entre militantes y los órganos de dirección partidarios.

 

INE, EL ÚNICO GARANTE DE LA DECISIÓN CIUDADANA

Definitivamente es el único que nos garantiza que los mexicanos tengamos elecciones limpias y confiables.

Se trata de una institución reconocida mundialmente en materia de procesos electorales. Prueba de ello es la alerta que lanzó el Parlamento Europeo, a través de la Comisión de Venecia -un órgano consultivo del Consejo de Europa, formado por expertos independientes en el campo del derecho constitucional-, el 24 de octubre de 2022, en respuesta a una demanda del INE, en la que cuestionaba la reforma que pretende impulsar Morena y el Presidente López Obrador.

El Consejo de Europa es la principal organización de dicho continente, dedicada a la defensa de los derechos humanos. Tiene 46 Estados miembros, 27 de los cuales son miembros de la Unión Europea.

La Comisión señaló: “Modificar un sistema que funciona bien en general y que goza de la confianza de las diferentes partes después de varios ciclos electorales y de años de evolución democrática hace correr de forma inevitable el riesgo de que esa confianza se tambalee”.

Agregó que la iniciativa de AMLO “no aporta suficientes garantías sobre la independencia y la imparcialidad” del “presunto” Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), que sustituiría al actual INE, ni de los jueces del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

 

EN VEZ DE ACABAR CON EL INE, MEJOR TERMINAR CON LA POBREZA, CORRUPCIÓN., SALUD, EDUCACIÓN E INSEGURIDAD

Definitivamente no hay que meterse con el INE, pues dos terceras partes de los mexicanos lo apoyan debido a que es reconocido en todo el mundo.

Guardando las comparaciones, y a tono con Qatar 2022, para mucho el INE es el campeón mundial de las elecciones.

Si Morena, AMLO y la 4T quieren ganar la Presidencia en 2024 con un ‘juego limpio’, como lo impulsa la FIFA, sería saludable para el país que dejen de buscar triquiñuelas y trampas torciendo la ley.

Mejor que muestren algunos resultados y buenas cuentas en materia de pobreza, combate a la corrupción, salud, educación, seguridad y Estado de Derecho.

Todavía le quedan 22 meses a Andrés Manuel López Obrador para actuar como digno Presidente y “Jefe de Estado”, que deje de pensar solo en el poder y en las próximas elecciones, que ya se olvide de estar en campaña en sus Mañaneras.

Mejor que piense en las nuevas generaciones y en la inevitable grandeza que tendrá México en las próximas décadas.

 

*Académico y Consultor

 

 

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Sheinbaum, al rescate de la ciencia y tecnología

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De gran importancia y trascendental el anuncio de su secretaría * Contrariamente a lo que hizo el gobierno del Primer Mandatario López Obrador, con esta propuesta la virtual presidenta electa está poniendo en primer lugar la investigación científica y el desarrollo tecnológico, al tiempo que reivindica a la comunidad científica, que había sido perseguida, satanizada y acusada de delitos inverosímiles recientemente * Rosaura Ruiz Gutiérrez, a cumplir con la encomienda de Claudia

 

MARCO ANTONIO FLORES***

 

La virtual presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum Pardo, al presentar a su gabinete, anunció la creación de la Secretaría de Ciencia, Humanidades y Tecnología, que elevará al actual Conacyt a ese rango.

La titular será Rosaura Ruiz Gutiérrez, quien fue presidenta de la Academia Mexicana de Ciencias y conoce a la comunidad científica, incluidas las “vacas sagradas” de la ciencia en México.

Este anuncio resulta trascendental y de la mayor importancia, ya que, contrariamente a lo que hizo el gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, con esta propuesta la doctora Sheinbaum Pardo está rescatando y poniendo en primer lugar la investigación científica y el desarrollo tecnológico, al tiempo que reivindica a la comunidad científica, que había sido perseguida, satanizada y acusada de delitos inverosímiles recientemente.

La política científica en los últimos seis años sufrió el peor de los retrocesos en treinta y cinco años. Se promulgó una nueva Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (LGHCTI), que transformó el antiguo Conacyt e introdujo nuevas reglas para la labor científica y que terminó en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) enfrentando un proceso de impugnación.

La aprobación de esa ley generó preocupación en la comunidad científica y tecnológica del país, ya que introdujo cambios con rasgos ideológicos muy cuestionables en el sistema nacional de ciencia y tecnología, y alejado de los estándares y mejores prácticas internacionales.

En el gobierno de la 4T se mantuvieron las cifras más bajas en inversión en ciencia y tecnología como porcentaje del PIB, que ha tenido México desde hace dos décadas, que es del orden del 0.4% del PIB de 2019 a 2023, situación que nos coloca muy por debajo del promedio de países que integran la OCDE, con un porcentaje estimado de 3%, con países como Alemania y Estados Unidos, con promedios cercanos al 4 por ciento.

En materia de desarrollo tecnológico, representó un retroceso el hecho de que en este sexenio desapareció, en 2019, el Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem), en la Secretaría de Economía, dejando de atender a miles de micro, pequeñas y medianas empresas mexicanas, que impulsaba aceleradoras de empresas e incubadoras que ofrecían apoyo y maquilas a empresas de diversos servicios tecnológicos y de telecomunicaciones.

El IMPI (Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial) tiene el menor número de patentes industriales registrado en su historia. Mientras Estados Unidos tiene un promedio anual de patentes de 350, México apenas alcanza 5.

Nuestro país tendrá su Ministerio de Ciencia y Tecnología en 2024. Varios países latinoamericanos ya se nos adelantaron: Chile en 2016, Argentina en 2007, Brasil en 1985, Costa Rica en 1990, Colombia en 2019 y Venezuela en 1999.

La demanda de convertir al Conacyt en Secretaría fue planteada públicamente desde 1992 por la comunidad científica, a través del entonces director de ese organismo, el doctor Fausto Alzati Araiza, cuyos logros, reconocidos por la propia comunidad, fueron los más significativos en los últimos treinta años.


Algunos perduran hasta la fecha, como la creación del Sistema Nacional de Centros de Investigación, integrado por 26 instituciones; desde entonces hasta ahora, el rediseño del Sistema Nacional de Investigadores con sus tres niveles actuales; la creación de fideicomisos para la investigación científica y el desarrollo tecnológico (desaparecidos en este gobierno); el fideicomiso para repatriación de cerebros (desaparecido); lo mismo que el fondo de cátedras de excelencia y el mayor número de becas al extranjero y nacionales otorgadas en su historia mediante la creación del padrón de universidades de excelencia, con comités de admisión integrados por los científicos más reconocidos en las áreas de ciencias exactas y sociales, así como la publicación del primer plan nacional de investigación científica y desarrollo tecnológico.

También se lograron importantes acuerdos en la materia con países como Corea del Sur, Cuba, Estados Unidos, Japón, Singapur y países de la comunidad europea.

La importancia de la investigación científica, la innovación y tecnología es un factor clave para que las empresas puedan ser más competitivas y mejorar su posición en los mercados. Invertir en innovación y tecnología se ha convertido en una inversión necesaria para lograr que las empresas crezcan y ofrezcan mejores bienes y servicios que contribuyen de forma comprobada al crecimiento económico de un país.

Para ilustrar cómo la ciencia y la tecnología contribuye a elevar el PIB de un país, tenemos que Corea del Sur creó el Ministerio de Ciencia y Tecnología desde 1967 y ha sido destacado como ejemplo a nivel mundial.

Al inicio de la década de los sesenta, el PIB per cápita de ese país era de 82 dólares y el de México era de 1,098 dólares, de acuerdo con los indicadores del Banco Mundial.

Para el año 2020, el PIB por habitante en México alcanzó los 9,480 dólares y en Corea del Sur logró rebasar los 33,300. Gran parte de ese crecimiento del PIB per cápita en Corea del Sur, se sustenta en políticas públicas orientadas a promover e invertir en cultura de innovación, tecnología y educación.

Sin duda que México tenga una Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación pondrá en lugar preponderante la gestión en la materia, clave para coadyuvar al crecimiento económico y para conformar una sociedad de la información. La investigación científica y el desarrollo tecnológico apoyan el incremento de la productividad de las empresas y facilitan el desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), transforman la vida y las relaciones entre individuos, gobiernos, empresas y organizaciones en la sociedad. Así, se facilita la creación, distribución y manipulación de datos esenciales para las actividades sociales, culturales y económicas.

Hoy los organismos internacionales que miden el desarrollo de cada país exigen que se establezcan planes, políticas públicas, estrategias y acuerdos en investigación científica y desarrollo tecnológico. Así se favorece el crecimiento de las empresas, se facilita el acceso a la información y se conforma un gobierno digital.

En la administración pública federal ya resulta indispensable que todas las dependencias y organismos descentralizados deban trabajar en forma coordinada, interrelacionada y sincronizada.

Cada entidad relacionada a la ciencia, tecnología e innovación no debe trabajar en forma separada, sino que debe existir una institución responsable de coordinar las políticas públicas, leyes y otras disposiciones para el desarrollo de la ciencia y la tecnología de una manera planificada, integrada para el desarrollo del país hacia una sociedad de la información y del conocimiento.

En el siglo XXI, China y Estados Unidos se disputan la supremacía mundial, el posicionamiento internacional, la prosperidad económica y la seguridad militar, con base en el liderazgo tecnológico mundial.


Estados Unidos observa el “ascenso” en la jerarquía internacional de China con preocupación, ya que se está posicionando como uno de los principales países exportadores del mundo en la provisión de diversos bienes de alta y media tecnología, y ha comenzado a generar un desplazamiento de los tradicionales centros de acumulación de capital y desarrollo tecnológico de EU y la Unión Europea.

Esta transición hegemónica se produce en el contexto de un nuevo ciclo de innovación tecnológica basado en la reorganización de la producción a partir de las plataformas digitales, la automatización y la inteligencia artificial, en lo que China es uno de los países líderes.

Para los autores neoschumpeterianos o evolucionistas (economista austriaco que definió el emprendimiento como la innovación que determina la prosperidad y el cambio a partir de la destrucción creativa), el sistema internacional atraviesa una etapa de transición hacia un nuevo paradigma tecnoeconómico (PTE) impulsado por la última revolución tecnológica global.

El PTE puede ser entendido como el conjunto de principios tecnológicos y organizacionales difundidos y generalizados que se expresan como sentido común “para la organización de cualquier actividad y la reestructuración de cualquier institución”, y que representan la “forma más efectiva de aplicar la revolución tecnológica y de usarla para modernizar y rejuvenecer el resto de la economía”.

En efecto, estamos atravesando una nueva revolución científica y tecnológica de grandes dimensiones que caracterizará a la nueva etapa del desarrollo global, donde el acceso inmediato a la información y a recursos intangibles permitirá innovaciones más complejas y flexibles.

Algunos de los sectores impulsores más importantes del nuevo paradigma son: la inteligencia artificial, los nuevos materiales inteligentes basados en nanotecnología, la geoingeniería y la sustentabilidad, las impresiones 3D en distintas escalas, la potenciación y expansión de las TICs, los nuevos accesos a la realidad virtual, la biotecnología dominada por la ingeniería genética, el aumento de la capacidad de energías renovables y su almacenamiento, las nuevas tecnologías blockchain para el desarrollo financiero y de seguridad de la información.

Gran acierto de la doctora Claudia Sheinbaum es dotar a México de las mejores herramientas para la ciencia, tecnología e innovación con la creación de la Secretaría en la materia. Con ello, se tiene una nueva perspectiva de modernizar al país y llevarlo por mejores caminos para lograr un crecimiento económico sostenido, así como la anhelada prosperidad “compartida”, lo que representaría contar con mayores recursos para contar con mejores servicios en salud, alimentación, educación, vivienda, agua, energías limpias, seguridad e incluso mejor justicia.
También para insertar a México como una de las economías más importantes del mundo. ¡Enhorabuena para el futuro de México y los mexicanos!

 

***Académico y consultor.

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Inteligencia, la apuesta de Claudia

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Omar García Harfuch,  por un México seguro * Su nombramiento como titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana tiene como fin acabar con la inseguridad que vive el país * El reto es titánico ante el sexenio más violento de toda la historia que deja el “primer piso” de la Cuarta Transformación * Fortalecer la Guardia Nacional, la primera encomienda de la presidenta electa Sheinbaum

 

MARCO ANTONIO FLORES***

 

La designación de Omar García Harfuch como titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en el gabinete de la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo es un gran acierto.

Nadie mejor que él luego de que la inseguridad se ha convertido en el tema que más preocupa a decenas de millones de mexicanos.

Es el gran reto y la oportunidad para que el gobierno del “segundo piso” de la Cuarta Transformación rescate el desastre que deja el “primer piso” del gobierno de la 4T durante la administración de Andrés Manuel López Obrador.

La consigna del slogan “abrazos y no balazos” fue un rotundo fracaso, con todo y que Claudia Sheinbaum Pardo le corrigió la plana al Presidente durante su campaña, ya que aclaraba que se trataba de dar “abrazos” a los jóvenes y “balazos” a la delincuencia.

Con excepción de la Ciudad de México, en todo el país los resultados están a la vista. Hay una cifra récord de casi 200 mil homicidios, expansión de los grandes cárteles de la droga y pulverización de los grupos de la delincuencia organizada, con incrementos en delitos que afectan a la población de muchos sectores sociales y económicos: giros agrícolas, como el aguacate, limón y diversos cultivos de frutas y verduras; empresas medianas, lo mismo que cobro de piso a pequeños comercios, incluidas tortillerías y vendedoras de aguas frescas.

Todo esto en medio de un creciente número de desapariciones, levantamientos de jóvenes y niños para alistarlos como sicarios, extorsiones, secuestros, cobros de piso y asaltos a transportes de mercancías.

La política de “abrazos y no balazos” fue aprovechada por la delincuencia organizada para, al amparo de una especie de concesión de inmunidad, incrementar su presencia en Guerrero, Chiapas, Zacatecas, Nayarit, Colima, Guanajuato, Tabasco, Tamaulipas, Sinaloa, Morelos… y en vías de ampliar la lista de estados.

Se evidenció la apropiación criminal de los ayuntamientos; la manipulación en favor de la delincuencia de las elecciones locales; crecieron las capacidades militares de los grupos criminales; bandas de la delincuencia metidas en licitaciones públicas para resolverlas a su favor en muchos municipios chicos y medianos; así como 36 candidatos a cargos de elección popular, asesinados en el pasado proceso electoral. En el listado dado a conocer por el organismo internacional especializado en medir la inseguridad de los países, el territorio mexicano se ubica en la última posición de la lista en protección a locales, turistas y negocios, antecedido por Mali, Nigeria, Colombia, Camerún, Venezuela y Sudáfrica, que ocupan de los lugares 118 al 113 del ranking.

Sin duda, la asignatura pendiente de la 4T es la inseguridad. Aunque la CDMX fue una excepción, el resto del territorio nacional requiere una cirugía completa y de fondo.

 

CDMX, EJEMPLO POLICIAL DE SEGURIDAD CIUDADANA

Omar García Harfuch demostró en la capital del país tener el “modelo” de seguridad y de policía que debería extenderse a todas y cada una de las entidades del país.

La SSC de la CDMX logró lo que ninguna entidad en todo el país. De acuerdo con cifras del INEGI, se tiene el nivel más bajo de percepción de inseguridad desde 2014.

García Harfuch es uno de los activos más valiosos con que contará Sheinbaum Pardo, su relación es de gran confianza y entendimiento.

Recuérdese que Claudia Sheinbaum tuvo la intención de dejarlo como su sucesor en la CDMX, ya que ella sabía que era un funcionario bien evaluado por la ciudadanía, debido a su eficiencia y logros: disminución de los principales delitos que azotan a la ciudad, como los homicidios, el robo a personas, casas, vehículos y transporte. Asimismo, cobros de derechos de piso, el secuestro, la extorsión, principalmente el narcotráfico.

 

BATMAN, AL RESCATE DE NACIÓN GÓTICA

Por ello algunos allegados de la corporación policiaca lo bautizaron como “Batman”, en analogía a la conocida “historieta”, ya que, al igual que él, es el vigilante y protector de la ciudadanía en “Ciudad Gótica”.

Omar García lo fue en la CDMX. No es exagerado, ni ilusorio afirmar que el nuevo secretario de Seguridad y Protección Ciudadana irá al rescate de “Nación Gótica”.

Sus logros en la materia no son fantasiosos ni milagros, son producto de un minucioso trabajo profesional. Algunas acciones que tomó en la CDMX ya las ha explicado: “Cambiamos la forma de operar de la policía, ya que siempre había sido preventiva y solo era posible capturar delincuentes en ‘flagrancia’. Lo que se hizo fue enviar una iniciativa al Congreso para que la SSC tuviera la facultad de investigar, con ello se logró dar seguimiento, desde que ocurre el delito, hasta la detención”.

Con franqueza y honestidad, propias de su personalidad, García Harfuch reconoció que existen células del narcotráfico en la Ciudad de México, situación que sus predecesores habían negado.

Y lo más importante: Logró, con sólidas investigaciones, con elementos y pruebas, vincular a proceso a importantes jefes de esos grupos delictivos. Tan solo en los primeros años de su gestión, dio a conocer la detención de mil 400 presuntos generadores de violencia, como líderes de organizaciones criminales, jefes de plaza, operadores financieros, extorsionadores o distribuidores de droga.

Resaltó que esas detenciones ayudaron a la disminución de delitos como homicidios o robos de vehículo.

Es innegable que desde que asumió el cargo en la CDMX combatió a los cárteles más visibles de la ciudad y contuvo el ingreso de otros más poderosos del interior del país, como el Cártel de Jalisco Nueva Generación, al cual se atribuye haber sido el autor del atentado contra su vida, realizado el 26 de junio de 2020, en el que recibió 414 impactos de bala y de armas de alta potencia.

Aunque estuvo en un hilo su vida, gracias al blindaje de su vehículo solo resultó herido por tres impactos de bala, de los que se recuperó.

Un ejemplo de su eficiente capacidad de investigación y captura de delincuentes fue el atentado contra la vida del prestigiado periodista Ciro Gómez Leyva, ocurrido en diciembre de 2022. Logró, en menos de dos meses, meter a la cárcel a todos los autores materiales, con videos y pruebas fehacientes públicas y sin fabricar culpables.

Aunque a los duros y radicales de Morena les pese, García Harfuch trae en las venas la sangre y la convicción del servicio público en materia de seguridad y protección a la sociedad civil.

Es una herencia de su padre Javier García Paniagua y de su abuelo Marcelino García Barragán, quienes dejaron huella en su tiempo como funcionarios probos, valientes, honestos y eficientes en gobiernos priístas, que eran los únicos que existían.

El también llamado “superpolicía” es producto de la cultura del esfuerzo, pues se ha preparado y escalado todos los niveles en materia de seguridad.

Es licenciado en Seguridad Pública y licenciado en Derecho. Tiene constancias y estudios de especialización en seguridad en el FBI, la DEA y en Harvard.

En 2008 Ingresó a la Policía Federal como jefe de Departamento de la Coordinación de Inteligencia para la Prevención del Delito; en 2012 fue condecorado por la Policía Federal al Mérito Policial.

En 2015 asumió el cargo de titular de la División de Investigación de la Policía Federal.

En noviembre de 2016 fue nombrado comisionado de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la entonces Procuraduría General de la República (PGR).

En 2018 estuvo en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en la Jefatura de la Policía de Investigación.

En 2019, Claudia lo nombra secretario de Seguridad Ciudadana; en 2023 renunció para ser candidato a jefe de Gobierno de la CDMX y cuando iba a la cabeza en las tres encuestas de Morena, fue bajado por razones de “género” para que Clara Brugada fuera la candidata.

Luego se convirtió en candidato a senador, cargo que logró en los pasados comicios del 2 de junio de 2024 y hoy en día es senador electo por la Ciudad de México.

La ruta de García Harfuch será tomar protesta en la Cámara Alta para posteriormente pedir licencia a su cargo… y el ganón será Francisco Chíguil, quien hoy en día es su senador suplente.

 

RETO TITÁNICO

El reto es enorme. La herencia de los rezagos y el desastroso estado de inseguridad que sufre el país, de al menos quince años de ir “en crecendo”, quizá no se resuelva en cinco años. Sin embargo, con Omar García se pueden sentar los cimientos de una política nacional que devuelva la paz y la seguridad a 130 millones de mexicanos.

Urge para México una nueva, inteligente y creativa política en seguridad, con las reformas legales necesarias para incluir, en sus investigaciones y capturas una estrecha coordinación con la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional, Ejército y Armada, así como con la procuración de justicia y el ya no tan nuevo Sistema Penal Acusatorio.

 

FORTALECER LA GUARDIA NACIONAL, LA PRIMERA ENCOMIENDA DE CLAUDIA

En los últimos nombramientos de integrantes del gabinete de la virtual presidenta electa, dados a conocer el pasado 4 de julio, destaca el de Omar García Harfuch como titular de la SSPC.

“Trabajaremos en equipo y en coordinación absoluta con la Secretaría de la Defensa Nacional y la de Marina. La instrucción de nuestra presidenta electa es clara: el fortalecimiento de la Guardia Nacional, que creó el Presidente Andrés Manuel López Obrador, dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional”, comentó García Harfuch tras hacerse pública su designación.

Omar García prometió “trabajar incansablemente por la seguridad del país, pero también con las 32 entidades federativas, ya que la seguridad del país es una responsabilidad compartida”.

Asimismo, ofreció fortalecer la capacidad de investigación del Gobierno en el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), que está a cargo de la SSPC.

“Tenemos una misión crucial, que es acompañar a nuestra futura presidenta y trabajar incansablemente para construir juntas y juntos un México más fuerte, más seguro y más próspero para todos”, manifestó.

 

CON OMAR, ESPERANZA Y CERTEZA

La política de “abrazos y no balazos” ató de manos a la todavía secretaria de Seguridad y recién nombrada secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, al Ejército, Marina y Guardia Nacional, que debieron soportar humillaciones de delincuentes, con tal de abrazarlos y no atacarlos, ni aún en el caso justificado del uso legítimo de la violencia, como potestad exclusiva del Estado.

México reclama liderazgos y voluntad política como los de Claudia Sheinbaum y García Harfuch, así como de mandos civiles superiores (gobernadores).

Se abre la esperanza y la certeza de que en México vendrán mejores tiempos de seguridad y paz, combate eficaz a la impunidad, una mejor impartición de justicia penal y el fortalecimiento del ansiado Estado de Derecho.

Sin seguridad no hay transformación, ni mayores inversiones para el crecimiento económico. Sin seguridad se cancela el futuro y la viabilidad de México como nación.

Con seguridad, el país reencontrará la ruta de la prosperidad, la paz y la justicia. Eso lo sabe Sheinbaum y por eso nombra a Omar García, un especialista para dar tranquilidad y seguridad a los ciudadanos, un secretario que dará una lucha frontal a la delincuencia organizada y que seguramente le entregará buenas cuentas a la futura presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

 

***Académico y consultor.

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PULPO POLÍTICO

El voto popular no acaba con la corrupción

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Para muestra varios botones: impera en la Presidencia de la República, en el gobierno federal, en legisladores, en gobernadores, funcionarios que son electos por el pueblo * La División de Poderes evita el autoritarismo y el control del país en manos de un solo hombre * La reforma al Poder Judicial es para que todos estemos indefensos ante los abusos del poder, de ahí el peligro de que se vayan las inversiones a otro país * ¿Por qué no se pone a votación popular a los integrantes del gabinete?, pues ahí también prolifera el cáncer de la corrupción

 

MARCO ANTONIO FLORES***

 

La “Reforma del Poder Judicial” será el parteaguas de este inicio de sexenio 2024-2030. El voto popular para elegir jueces, magistrados y ministros no es garantía para acabar con la corrupción. Sí, así es, como lo leyó bien, y para muestra un ejemplo claro: El voto popular llevó a la Presidencia de la República a célebres personajes que tuvieron escándalos de corrupción.

Quién no se acuerda de Vicente Fox con los hijos de Marta Sahagún; Felipe Calderón con la Estela de Luz; Enrique Peña Nieto con la “Casa Blanca” y el actual Presidente con Segalmex y el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado.

Tampoco la decisión del pueblo en la elección de gobernadores ha contribuido a abatir la corrupción. Aquí unos casos sobresalientes: Javier Duarte en Veracruz, Tomás Yarrington en Tamaulipa, Roberto Borge en Quintana Roo, Eugenio Hernández Flores en Tamaulipas. y César Duarte en Chihuahua.

En la actualidad también hay escándalos de corrupción: Cuitláhuac García en Veracruz, Cuauhtémoc Blanco en Morelos, Layda Sansores en Campeche, Alfredo del Mazo en el Estado de México y Marcelo Ebrard en la CDMX (Mario Delgado duplicó costo de la Línea 12).

Las anteriores menciones son un claro ejemplo de que el voto popular no garantiza acabar con la corrupción, el argumento principal para implementar la reforma judicial.

En el caso de lograr elegir a los miembros del Poder Judicial, solo se desvirtúa su estatus de independencia y capacidad técnica. A todas luces la “Reforma Judicial” es un despropósito presidencial que raya entre la venganza política y el rencor a quienes en el Poder Judicial no se arrodillaron a sus designios.

Está claro que será un acto de sumisión de legisladores y de sus líderes de las Cámaras de Diputados y Senadores secundar esta reforma que pretende ignorar el espíritu y principio fundamental de los creadores de la teoría de la División de Poderes, John Locke y Charles Louis de Secondat (Montesquieu), cuya esencia parte de la necesidad de que las decisiones no deben concentrarse, por lo que los órganos del poder han de autocontrolarse a través de un sistema de contrapesos y equilibrios.

Este principio fundamental, en un régimen democrático, evita la concentración del poder y se consolida como uno de los pilares de nuestra Constitución Política.

La campaña presidencial, que culminó con la victoria arrolladora de Claudia Sheinbaum Pardo, el pasado 2 de junio de 2024, fue la “Crónica de un triunfo anunciado”. Desde junio de 2021 el Presidente Andrés Manuel López Obrador nos lo había anticipado, cuando destapó a sus corcholatas, dando por descontado que la favorecida sería Claudia Sheinbaum Pardo.

Lo que nadie adivinaba ni se imaginaba es que el partido oficial obtuviera la anhelada mayoría calificada, muy deseada y no lograda por el Presidente.

Desde el 6 de septiembre de 2006, el Presidente Andrés Manuel López Obrador lo había sentenciado: “¡Al diablo con sus instituciones!”.

El 2 de junio de 2024, 35 millones de mexicanos apoyaron el Segundo Piso de la Cuarta Transformación, sin darse cuenta de las consecuencias para ellos, sobre todo para sus hijos. Un deseo general es que la nueva presidenta rectifique el rumbo por el bien del país.

 

LOS MÁS POBRES APOYAN A LA 4T

En la Mañanera del 2 de febrero de 2022, el Presidente López Obrador explicó por qué cuenta con el apoyo popular al afirmar: “Con los pobres, de cada 10 podemos tener el apoyo de 9”. (Según el INEGI, la pobreza y extrema pobreza alcanza el 55% de la población, significan 70 millones de pobres).

Agregó: “Con la clase media, media alta y alta, puede ser que de cada 10 tengamos el apoyo de uno”. Añadió que “por niveles de escolaridad sucede algo similar y que entre mayor sea el grado, menos simpatía tiene su movimiento”.

La confesión del Presidente Andrés Manuel lo consolida como un experto ingeniero electoral, sus cálculos fueron precisos y confirma que la prioridad en su gobierno fue mantener la clientela electoral.

Lo anterior explica el innegable apoyo popular de que goza y presume el Presidente de la República por parte de los más pobres, pero eso no le da derecho para atentar contra las instituciones a su antojo. Existe la esperanza de que la virtual presidenta electa no siga esa ruta.

El verdadero dilema se encuentra entre la defensa de la “Transformación” (simulación) o la “Reconstrucción nacional” de las instituciones democráticas, de impartición de justicia, de la transparencia, del respeto a la División de Poderes, del combate a la corrupción y la impunidad. Por un México unido y reconciliado para encontrarse con el futuro de grandeza que le aguarda.

Será que en el subconsciente nacional, expresado el pasado 2 de junio, subyace una especie de fijación por la adoración al Tlatoani de nuestras culturas prehispánicas… ¿Será que el colectivo nacional ya extraña al partidazo y sus poderosos presidentes (tlatoanis)?

Surge el “deja-Vu” de un nuevo “estilo personal de gobernar” del Presidente -en palabras de Cossío Villegas-. O podríamos estar frente a una “presidencia” hereditaria o la “dictadura perfecta”, como la definió Vargas Llosa. Para algunos, razón de estabilidad política y de paz social. Para otros, motivo de preocupación.

Si se continúa con la “Transformación” con el sello obradorista, estaremos en la antesala del presidencialismo de los mejores años del PRI en los 70s y 80s, con los Poderes Legislativo y Judicial acotados a modo y a su “servicio”, cuando no existían los organismos autónomos.

De esta forma Morena se consolidaría como el nuevo PRI, o más bien Morena es el viejo PRI, empezando por su Presidente, Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal, por mencionar sólo algunos.

Morena revive la aplanadora, el gusto por el carro completo, la simulación de escuchar a los otros, la cerrazón y la obediencia ciega al Presidente; da lo mismo el PRI de los 80 que el Morena de 2024. Para muchos expertos en la política, AMLO tiene el ADN priísta, pues quiere que volvamos al PRI de antes.

La Reforma Judicial sí es necesaria, pero que se enfoque a rediseñar al Consejo de la Judicatura, con facultades de vigilancia y sanción a jueces corruptos o ineptos y el adelgazamiento de su gruesa estructura administrativa. Se debería descartar la obsesiva propuesta de elección de jueces, magistrados y ministros.

Quienes defienden esta reforma presidencial ponen como ejemplo que en Estados Unidos se eligen jueces locales. Sin embargo, hay que considerar que el “federalismo” americano, que por cierto copiamos, tiene una historia singular y es auténtico y real desde sus orígenes. Por ello el sistema judicial estadounidense es también singular como fruto de su historia irrepetible.

Ningún Estado del mundo presenta una pluralidad de métodos de selección de los miembros del Poder Judicial similar a la de Estados Unidos, empezando por el modelo de selección de los jueces federales y continuando por el de cada uno de sus cincuenta estados.

Hablar del sistema judicial estadounidense es hablar de 51 sistemas judiciales (50 estatales y uno federal), es abordar un sistema federal judicial creado siguiendo la senda del propio federalismo del país, que es similar al mexicano en la designación de jueces, magistrados y ministros federales.

Los requisitos, en todos los casos, para lograr ser candidatos a jueces son muy amplios y estrictos.

Como regla general, antes de servir como juez deberán acumular años de experiencia en el campo legal. Muchos jueces comienzan su trayectoria como abogados defensores o fiscales.

Entre los requisitos están: Obtener una licenciatura, realizar el examen de admisión a la Facultad de Derecho, asistir a la Facultad de Derecho y obtener un doctorado en jurisprudencia; aprobar el examen de la barra, ejercer la abogacía y ganar el puesto de juez o jueza.

También contar con los estudios de Derecho (3 años) en una School of Law, acreditada por la Asociación Americana de Abogados (ABA).

Entre los exámenes que realizan están un ensayo con secciones sobre razonamiento lógico, juegos de lógica, comprensión lectora y una sección práctica.

Tras la realización y finalización de los estudios en la School of Law como Juris Doctor, para poder ejercer como abogado hay que superar el examen de la Bar Association, un logro que exige meses de preparación y estudio.

Cada estado tiene un examen distinto, ya que hay que demostrar el conocimiento en la aplicación del Derecho del estado en el que el candidato pretende ejercer la abogacía y en la aplicación de las leyes federales.

Para ser seleccionado como juez el aspirante debió ejercer el Derecho como mínimo dos años. Muchos candidatos acceden a la condición de juez después de décadas de experiencia profesional. Lo esencial es ganarse una reputación profesional respetable y entrar a formar parte de las listas de posibles candidatos a juez.

Imagínese en México, destruir un sistema judicial que lleva casi dos siglos para saltar al abismo a experimentar uno nuevo, que huele, más que nada, a un “afán controlador”. Podría repetirse la historia reciente: la destrucción del Seguro Popular para sustituirlo por el inexistente y fracasado Insabi.

O lo que ocurrió cuando se demolió el aeropuerto de “Texcoco”, que cumplía con los requisitos de calidad mundial para sustituirlo por el inoperante y limitado AIFA, con los costos y dispendio de recursos públicos que ocasionaron las decisiones y caprichos personales escudados en el poder presidencial.

¿Acaso continuaremos sometidos al poderoso monarca indefinidamente o solo hasta el 30 de septiembre de 2024 al rey que sostiene “Le Etat je suis”?

 

***Académico y consultor.

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