Es muy evidente la elección de Estado que busca implementar el gobierno de AMLO * El “Plan C” de AMLO busca garantizar, a como dé lugar, la continuidad de la 4T * Se rumora que Maribel Aguilera Cháirez advirtió que el Presidente López Obrador desea centralizar todo el proceso electoral, violando así la Constitución y el propio pacto federal

JESÚS VIRA

El año 2024 quedará marcado en la historia como el momento en que los políticos decidieron sepultar la democracia en México.

Los eventos se han desencadenado durante los primeros días del año, destacando la grave decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que aprobó modificar el acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) en relación al mecanismo extraordinario para las designaciones de los altos funcionarios del organismo.

Esta modificación otorgará a Guadalupe Taddei, presidenta del INE, la capacidad de nombrar a personas de su elección en puestos clave, como el área técnica del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP). En este sector, funcionarios que durante 30 años construyeron un mecanismo preciso y creíble para contar de manera rápida y fidedigna el voto ciudadano se verán afectados.

Este cambio representa un retroceso total a los años 90, cuando Fernando Gutiérrez Barrios, secretario de Gobernación, controlaba el incipiente órgano electoral, facilitando elecciones de Estado para favorecer a sus correligionarios.

La incógnita radica en si la presidenta del INE actuará de manera independiente o consultará con el gran elector para asegurar el triunfo que la 4T necesita.

Este hecho evidencia la elección de Estado que busca implementar el gobierno de AMLO, que, a pesar de utilizar la palabra “neoliberal”, se ha vuelto más conservador y ha engañado a la mayoría de los mexicanos.

Incluso, funcionarios -como la directora de Talleres Gráficos de México- han hecho declaraciones públicas, invitando a los presidentes de los institutos electorales estatales a conocer sus instalaciones.

Se rumora que, durante el recorrido, la señora Maribel Aguilera Cháirez advirtió que el Presidente López Obrador desea centralizar todo el proceso electoral, violando así la Constitución y el propio pacto federal.

Aguilera ha viajado constantemente por todo el país desde agosto, asegurando en reuniones que, a cualquier costo, los institutos deben alinearse con la instrucción del Presidente y centralizar la elección. Esto constituye otra violación a la autonomía de los órganos electorales.

Lamentablemente son tres mujeres las que protagonizan estas arbitrariedades, amparándose en un supuesto afán democrático que, en realidad, conducirá al país a enterrar la democracia.

MATATENA.- Los únicos que parecen tener el poder de desmantelar esta aberración electoral y política son los consejeros del INE y los representantes de los partidos. Esperamos que permanezcan alerta por el bien del país. Por cierto, sin eufemismos, esto se llama elección de Estado.

¿ESTAMOS ANTE UNA NUEVA ESTAFA MAESTRA?

Nunca como ahora, la Dirección General de Talleres Gráficos de México (TGM), a cargo de Aguilera Cháirez, se está involucrando en forma ilegal para presionar a los Organismos Públicos Locales (OPLES) a que contraten a ciertas empresas en particular para la elaboración de toda la documentación y materiales electorales que se utilizarán en la elección de 2024.

Esto constituye un abierto conflicto de interés y un acto abierto de corrupción para favorecer sus intereses particulares, además de que se pone en riesgo la elaboración de las boletas electorales, ya que las quejas de los distintos Oples por el retraso en la entrega de materiales está a la orden del día.

Pero abundemos en este “modus operandi” de la directora de TGM y sus aliados, incluidas algunas empresas y autoridades electorales, que se están prestando a este juego corrupto y perverso que sigue el mismo “modus operandi” de la famosa Estafa Maestra.

En días recientes, la directora de TGM, Maribel Aguilera, dio una entrevista a la revista Contralínea (25 de noviembre 2023), para justificar algunas acciones que ella está orquestando desde su puesto para favorecer a empresas ligadas a sus intereses personales, aduciendo que TGM se hará cargo de la elaboración de todos los materiales electorales para las elecciones de 2024, tanto a nivel federal como local.

En esa entrevista, la funcionaria asegura que TGM cuenta con las capacidades técnicas y operativas para elaborar más de 300 millones de boletas para las elecciones federales de 2024, esto a partir de un convenio marco que el Instituto Nacional Electoral (INE) firmó con los institutos estatales electorales. Asegura también tener previsto todo para poder elaborar 180 millones más de boletas de ser necesario, como parte de un Plan B.

Al respecto, hay muchas cuestiones que la actual directora de TGM no menciona y que deben ser exhibidas e investigadas, ya que está incurriendo en un claro conflicto de interés, que podría poner en riesgo la elaboración de los materiales electorales que serán utilizados en las elecciones de 2024, las más grandes y complejas en la historia de México.

Es un hecho que TGM no cuenta con la plantilla, la capacidad, el equipamiento o las instalaciones para la producción de los 320 millones de boletas para la elección de Presidente, senadores y diputados federales que serán requeridas para el proceso electoral de 2024, mucho menos para elaborar los materiales que serán utilizados en las elecciones locales.

Tradicionalmente, en el caso de los procesos electorales estatales, las boletas para los comicios locales se imprimían con proveedores locales seleccionados por los Oples del país. Pero en esta ocasión, la directora general de TGM está presionando a los funcionarios electorales estatales para que entreguen la producción de las boletas electorales a ese organismo público, aduciendo que cuenta con toda la capacidad técnica, operativa y de infraestructura para hacerlo.

Desde TGM se fragua una nueva “Estafa Maestra”, ya que, a partir de las presiones de distintas oficinas de la Secretaría de Gobernación, los gobiernos tanto federales como estatales están privilegiando la contratación de los servicios de diferentes instancias gubernamentales sin la necesidad de llevar a cabo licitaciones públicas.

Así fue el caso de la Estafa Maestra que tanto indignó a los mexicanos durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Recordemos que, en ese entonces, los contratos se transferían a universidades y entes públicos estatales porque la Ley de Adquisiciones lo permitía, era una triangulación de contratos que al final recaían en empresas privadas, que sin mayor complicación recibían los contratos y repartían sumas económicas importantes entre las universidades y las instancias contratantes.

Lo que resulta increíble es que a estas alturas del gobierno de la 4T, la Ley de Adquisiciones sigue estando exactamente igual que en 1996 cuando gobernaba Ernesto Zedillo Ponce de León.

Dicha Ley, en su artículo primero, permite que se continúe haciendo el mismo procedimiento que a todas luces, como ha dicho el propio Presidente Andrés Manuel López Obrador, es inmoral y nada transparente.

Este es el caso de TGM, que, sin más, firma convenios de colaboración con los diferentes institutos electorales del país, sin tener la capacidad para satisfacer los requerimientos de impresión de boletas electorales, listas nominales y actas.

Sin embargo, los famosos Oples están siendo presionados a firmar convenios de colaboración en la materia con esta entidad de Gobernación, incluso aun cuando hay evidencias de que han incumplido.

Basta revisar el “Estudio de mercado para identificar empresas que cuenten con la infraestructura técnica y humana suficientes y con ello mejorar las condiciones de adquisición de la documentación y materiales electorales”, que sobre los proveedores de la elección de 2021 elaboró el propio INE, donde Talleres Gráficos de México y la empresa Gráficas Corona JE fueron las peores evaluadas por diversos retrasos e incumplimientos.

Más aún, los conocedores del tema saben que TGM no cuenta con infraestructura suficiente y que prefiere subrogar el servicio a otras empresas para sacar avante el trabajo.

Lo increíble radica en que dichos trabajos se le otorgan precisamente a la empresa Gráficos Corona, cuyo director general es Juan Estrada Hernández, de quien se dice es sobrino político de Maribel Aguilera Cháirez.

Pero hay más, ya que la mencionada empresa Gráficos Corona subcontrata y triangula sus contratos con la empresa Formas Finas de José Antonio Carranza, que también ha incumplido como proveedor de algunos Oples, como es el caso del Estado de México en la elección pasada, pero también pertenecen a la familia Estrada las siguientes razones sociales: One to One Solutions; Iddeo 4.0 y Grupo Fograd, S. A. de C. V., que han sido utilizadas para este mismo fin. Con ello, resulta evidente el conflicto de intereses entre TGM y la empresa Gráficas Corona.

Y todo esto es posible gracias a los vacíos que continúa habiendo en la Ley de Adquisiciones, la cual es manipulada por expriístas que hoy militan supuestamente en Morena.

Sólo hay que ver el currículum de la señora Cháirez, quien está casada con Miguel Antonio Meza Estada, extitular en dos ocasiones de la Conaliteg (Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos) y de quien se dice es tío de Juan Estrada Hernández, director general de la empresa Gráficas Corona.

Vale la pena recordar que Miguel Antonio Meza Estada fue secretario particular del expresidente Ernesto Zedillo y ocupó de 1994 a 1999 la Dirección General de la Conaliteg. En ese entonces fue acusado por el Órgano Interno de Control de dicha dependencia, por haber ocasionado un daño patrimonial de 367 millones de pesos en el otorgamiento de 23 contratos por la adquisición o maquila de libros de texto gratuitos en los años 1999 y 2000.

EL VERDADERO “PLAN C”

Pues con la novedad que algunos nos tardamos en ver cuál era el verdadero “Plan C” en la reforma electoral truncada por la oposición el año pasado.

Todos reconocemos que el Presidente Andrés Manuel López Obrados es muy hábil en el manejo del lenguaje y que, con eufemismos, disfraza la verdad; no es que no hubiera pre-pre-precandidatos de Morena a la primera magistratura del país, pero la verdad lo que tuvimos fueron aspirantes para abanderar y coordinar los trabajos para que la 4T continúe en el poder.

En pocas palabras, tuvimos pre-pre-precandidatos disfrazados de coordinadores de la Cuarta Transformación.

El año pasado, López Obrador dijo que, de no ser aprobadas las reformas electorales, se tenía un “Plan C”, para lo cual requería que sus simpatizantes salgan a votar por todos los candidatos de Morena y sus aliados, con el fin de tener el control del Poder Legislativo federal y la mayoría de los Congresos locales para poder modificar cómodamente la Constitución Política de México.

Lo que no dijo es que podía echar a andar una elección de Estado para garantizar la continuidad de la 4T.

De nuevo los eufemismos, el Primer Mandatario acumula más de 20 sanciones de la Comisión de Quejas del INE por llamar al voto en favor de sus candidatos; él disfraza las faltas con la supuesta libertad de expresión a la que -sin lugar a duda- tiene derecho, pero que debe de mesurar en tiempo de elecciones.

Pero los llamados de atención se han convertido en llamados a misa, a los que nadie les hace caso, tampoco el Presidente, que tiene la espada desenvainada para dar la batalla públicamente.

Pero como siempre, la habilidad presidencial, desplegada en sus Mañaneras, hace que los ciudadanos estemos ocupados en miles de asuntos y no en el más importante acontecimiento político del año, las elecciones más grandes y complejas de la historia del país.

Los hilos para asegurar el Congreso federal y los locales se han echado andar desde áreas poco visibles, como es Talleres Gráficos de México (TGM), bajo el mando de la expriísta Aguilera, quien se dice convenció al Presidente de su compromiso con el cambio y de su lealtad en la trinchera en donde la pusieran, aunque esto supuestamente implicará bajarla de rango.

Con esa actitud, aparentemente servil, Aguilera Cháirez llegó a la Dirección General de TGM, donde ha hecho de todo para descalificar a los institutos electorales locales, los Oples, y prácticamente anularlos como se pretendía en la fallida reforma electoral.

Ahora resulta que los Oples que no se alinean al control que quiere ejercer la Secretaría de Gobernación, a través de TGM, son tachados de rebeldes, traidores e incluso corruptos. Se les quiere etiquetar como “enemigos a la centralización de TGM”.

Ante esto, surgen diversas preguntas: ¿Acaso los Oples no son autónomos?, ¿la ley señala que Gobernación debería de tener las manos fuera del proceso electoral?, ¿se está usando a TGM para controlar la emisión de boletas electorales?

Si las respuestas son afirmativas estaríamos viviendo el peor de los retrocesos en materia electoral, lo que sin duda pondrá en jaque a nuestra incipiente democracia.

¿Será que TGM es parte del famoso “Plan C”? En este caso, y por el bien de la democracia, lo conveniente sería que esta entidad, dependiente de Gobernación, saque las manos de los procesos electorales como lo mandata nuestra Constitución Política, esas manos que huelen a injerencia directa del Poder Ejecutivo.

AUMENTA LA PRESIÓN DE SEGOB SOBRE LOS OPLES

Conforme avanzan los plazos para las competidas elecciones de este año 2024, crece la presión para que los Organismos Públicos Locales (Oples) decidan a quién le confían la elaboración de los materiales y documentación electoral que será utilizada el día de los comicios.

Y esa presión viene directamente de la Secretaría de Gobernación, cuya titular Luisa María Alcalde usa a TGM para descalificar a los integrantes de los Oples que no quieren firmar un convenio con la directora de Talleres, Maribel Aguilera Cháirez.

Ahora resulta que los Oples que no se ciñen a los dictados de Gobernación son traidores, corruptos y rebeldes, cuando lo que hacen es solo defender la autonomía que les otorga la Constitución Política para tomar las mejores decisiones para los procesos electorales en sus respectivos estados.

Es muy grave que -con presiones- TGM siga violando la autonomía de los Oples, lo cual constituye un flagrante delito electoral que el INE debería tomar en cuenta.

A ello se suma una gran mezquindad porque, desde Bucareli, quieren anular la voluntad de los consejeros electorales locales y hacer prevalecer la voluntad de la titular de Gobernación a través de Maribel Aguilera Cháirez, quien, al parecer, también está alineada con la propia Guadalupe Taddei, presidenta consejera del INE.

Hay quienes aseguran que, con todo esto, cobra forma el Plan C del Presidente López Obrador para controlar todo lo relacionado con las elecciones de junio próximo.

Y lo más preocupante es que cualquiera puede comprobar que Talleres Gráficos de México no cuenta con la capacidad ni la infraestructura para poder cumplir con la elaboración de los materiales electorales necesarios sin el apoyo de terceros.

Para muestra un botón: El señor Sergio Rosas Estrada, gerente de Impresión y Acabados de TGM, comenta que, en años pasados, han impreso hasta 171 millones de boletas electorales en 24 días y que para este año deben imprimir 312 millones solo para la elección federal.

Pero, para lograrlo, necesitan más máquinas para sacar la impresión en tiempo y forma, ya que tendrán que imprimir poco más de 12 millones de boletas por día, con una sola máquina porque no tienen otra para llegar al número que requiere el proceso federal.

Resulta inevitable, entonces, que TGM tendrá que recurrir a sus empresas “de confianza” para poder cumplir. Y por ello presionan, como nunca, a los Oples a firmar un contrato que le permita a Talleres optar por un tercer proveedor sin mayor requisito que una carta donde digan que lo pueden hacer. Con ello se abre la puerta a la discrecionalidad y a la corrupción.

Esto genera mucha preocupación entre los consejeros electorales de diversas partes del país, porque saben que TGM ha incumplido en procesos anteriores con la entrega de los materiales necesarios para que los ciudadanos podamos votar.

A Tamaulipas, por ejemplo, no le han cumplido, con el convenio que firmaron en septiembre pasado. Incluso hay evidencia de que TGM les pidió una prórroga porque no están en posibilidades de cumplir. A Tabasco, TGM no le cumplió en 2021, a Michoacán tampoco, pero cuando los Oples quieren optar por una opción distinta, se incrementan las presiones y hasta las amenazas de parte de varias instancias del gobierno federal.

Por ello, ante esta ilegal intromisión y amenazas, diversos consejeros electorales de los estados tienen miedo y no quieren alzar la voz para no verse afectados.

En el fondo de estas presiones, está la intención de Gobernación de meter las manos en el proceso electoral 2024, el más complejo y grande de nuestra historia.

Se trata de un retroceso que pone en riesgo la certidumbre de estas elecciones y el derecho de los mexicanos a contar, en tiempo y forma, con los materiales y la documentación electoral necesaria para plasmar nuestra voluntad popular para elegir a nuestros gobernantes.

CONCLUSIONES

*** Talleres Gráficos de México desde hace muchos años se ha encargado de la impresión de las   boletas electorales federales, es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación.

*** En el pasado proceso electoral llegó a imprimir hasta 80 millones de boletas (sólo para la elección federal).

*** Para este proceso electoral 2024 tendrán que imprimir 312 millones de boletas (sólo para la elección federal), una cantidad que nunca ha impreso.

*** Con la firma del convenio-marco entre el  INE y TGM, se está presionando a los Oples, violando su autonomía, para que  éstos tengan convenios de colaboración con TGM y lleven la impresión de sus boletas y material electoral a TGM.

*** La pregunta es ¿cómo hará TGM para imprimir las 312 millones de boletas federales y luego imprimir las 248 millones de boletas  de los Oples?, ¿por qué quieren centralizar toda la documentación y material electoral en un órgano de la Secretaría de Gobernación?

*** Lo anterior pone en riesgo el proceso electoral, por la incapacidad de TGM de cumplir en tiempo y forma con la impresión de todas las boletas, aunado a que también quiere conseguir que le den la elaboración de todos los materiales electorales para la instalación de las 175 mil casillas de todo el país.

*** Dicho incumplimiento por parte de TGM, pone en riesgo la instalación de casillas electorales y la distribución de boletas, lo que puede llevar a que no se instalen debidamente el 10% del total de las mismas, lo que contribuiría a un posible escenario  de anulación de la elección.

*** Un elemento más a considerar para un elección de Estado, es dejar todo en manos de TGM, quien podría manipular, sin problema alguno, el material y la documentación electoral.

*** Más aún, el INE publica en junio de 2022, su estudio de mercado donde evalúa a sus proveedores responsables de la producción de la documentación electoral federal en el proceso concurrente 2020-2021 y menciona los 38 contratos que se firmaron con  10 empresas y en donde se destaca que 13 se firmaron con la empresa Gráficas Coronaje, S. A. de C. V. (Oples) y 10 con Talleres Gráficos de México (federal), mencionando que ambas empresas fueron las que incurrieron en el mayor número de retrasos importantes e incumplimientos.

*** TGM no cuenta con la capacidad técnica y humana para llevar a cabo este trabajo de gran envergadura y que supondría la impresión de 560 millones de boletas y los materiales electorales para las 175 mi casillas.. La capacidad máxima demostrada ha sido con la impresión de 80 millones de boletas y ¿ahora quieren hacer 7 veces más?, lo cual no tiene sentido y no se ve posible. La pregunta que surge es ¿qué hay detrás de todo esto?

*** Varios Oples se han manifestado en contra y en algunos casos han demandado a TGM por retraso o incumplimiento en sus entregas, como son Tabasco, Michoacán, Coahuila y Tamaulipas, entre otros.

*** Más allá de la gravedad que supondría el incumplimiento en el suministro de boletas y casillas electorales, se encuentra otro tema no menor y que tiene que ver con un esquema  de corrupción similar al de la Estafa Maestra.

*** Ejemplo: TGM firma convenios de colaboración con Oples, mediante el artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, para evitar las licitaciones públicas y otorgando de manera directa los contratos de impresión y materiales a TGM.

*** TGM al no tener la capacidad técnica y humana, recurre a 4 empresas (vecinas); por cierto de su “supuesta” planta en Iztapalapa para maquilar gran parte de la producción de boletas y materiales electorales de los Oples, subrogando hasta el 100% de dichos contratos, por ciento violando la Ley de Adquisiciones y sus pobalines, ya que sólo se les permiten subrogar contratos hasta el 49%).

*** Las 4 empresas vecinas y favoritas son: Gráficas Coronaje, One to One Solutions, Ideeo 4.o y Grupo Fogra, todas ellas de Juan  Sebastián Estrada y su familia.

*** Este grupo impresor ha sido favorecido también por Antonio Meza Estrada, cuando dicho funcionario estuvo al frente de la Conaliteg en dos ocasiones: Con Ernesto Zedillo y con AMLO. En ambas gestiones fue acusado de manejos fraudulentos quedando impune este personaje, que es el actual esposo de la directora de Talleres Gráficos de México, Maribel Aguilera Cháirez, y se presume que es tío de Juan Sebastián Estrada, director y dueño del grupo impresor arriba citado y quien ha sido beneficiado con contratos multimillonarios a través de adjudicaciones directas.

*** También llama la atención que las instalaciones de TGM en Iztapalapa, en donde se invita a los consejeros de Oples para hacerles recorridos, no cuenta con la maquinaria para producir el material electoral, además dicha instalación no aparece reportada en el inventario de bienes inmuebles de TGM, ni en su proyecto de adquisiciones 2023, además de la sospechosa vecindad con el grupo impresor favorito.

*** En dichas instalaciones de Iztapalapa, aparece un letrero de contratación de personal, y los trabajadores contratados ahí reciben su sueldo en efectivo, y quien les paga es Gráficas Coronaje. Por cierto, en esta investigación se detectó también a trabajadores menores de edad.

*** Por último, el periódico El Economista publica -el lunes 17 de julio de 2023- el estudio realizado por el Instituto Mexicano de Competitividad (Imco) sobre el riesgo de corrupción en las compras públicas, en donde TGM aparece con la puntuación más alta de riesgo (100%), que ninguna otra institución.

INFORME ANUAL DE GESTIÓN 2019 DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Auditoría Financiera número DAOC/08/FI/2018 “Ejercicio del presupuesto erogado por la DEOE”.

Se generaron 8 observaciones, 10 acciones correctivas y 8 preventivas, de las cuales:

• Se solventaron 5 acciones correctivas, ya que el área auditada proporcionó: la documental faltante en el proceso de licitación; así como de los entregables relativos al servicio de telefonía de voz y datos; ejecutó y cobró las penas convencionales correspondientes; y presentó las justificaciones para la prórroga en la entrega de material electoral.
• De las 5 correctivas no solventadas, el área auditada no proporcionó la información y documentación que permitiera solventar las observaciones relativas a la adquisición de documentación y material electoral para el Proceso Electoral Federal 2017-2018; confirmándose que existió:

✓ Sobrecostos pagados por el INE a Talleres Gráficos de México (TGM) en los contratos INE/090/2017 e INE/022/2018, para la adquisición de material electoral, ya que TGM subcontrató el 100% y 93.93%, respectivamente, a otras empresas para la elaboración del material electoral solicitado; de conformidad con lo siguiente:

*** Cifras en millones de pesos.

*** No está considerado el costo del material del 6.07% (10.0 mdp) que no subcontrató TGM

✓ Estos sobrecostos tuvieron su origen en una indebida adjudicación directa a TGM, dado que existían las condiciones para llevar a cabo una Licitación Pública y en el contrato INE/090/2017 existieron circunstancias anómalas en la etapa de investigación de mercado, tales como recabar la cotización de TGM en una segunda investigación de mercado, una vez que ya se conocían las cotizaciones solicitadas a otras empresas consideradas en la primera investigación de mercado y en la que TGM cotizó ligeramente por debajo del resto de las empresas.

Adicionalmente, respecto al contrato INE/022/2018; la empresa a la que TGM subcontrató el 93.3% de los bienes, coincidentemente se abstuvo de presentar la cotización solicitada por el INE para la investigación de mercado; sin embargo, dicha empresa pactó un precio con TGM inferior en un 71% al que el INE contrató con TGM, representando un sobrecosto para INE de 110.1 mdp, es decir, 246.86% más de lo pagado por TGM a la subcontratada.

✓ Omisión en el cobro de penas convencionales por un importe de 6.2 mdp, toda vez que la entrega de materiales electorales presentó un desfase de 1 a 61 días.

✓ Posible pago indebido de anticipo a TGM, en el convenio de colaboración técnica para la elaboración de material electoral, sin que se contara con la autorización del drector ejecutivo de Administración, rebasando el porcentaje máximo del 50% que permite la norma, financiando de esta forma a dicho proveedor.

✓ Falta de formalización de un convenio modificatorio al Convenio de Colaboración Técnica; toda vez que se incrementaron las cantidades originalmente solicitadas que consistió en documentación electoral, materiales didácticos y prendas de identificación.

En este caso, se remitirá el IPHI a la Unidad de Asuntos Jurídicos para que, en su caso, realice las investigaciones adicionales que correspondan y determine lo procedente.

• Las 8 preventivas se atendieron, ya que el área auditada instruyó a los servidores públicos involucrados para que en los casos subsecuentes: los expedientes de los procedimientos de contratación estén debidamente integrados; las investigaciones de mercado se realicen exhaustivamente conforme a la norma; se aplique el cobro de penas convencionales; los pagos y aportaciones anticipadas a proveedores adjudicados, se realicen en cumplimiento a la normativa; se dé cumplimiento a las cláusulas de los documentos jurídicos formalizados; y no se autoricen pagos sin que los servicios contratados se hayan devengado.