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HOJAS LIBRES

Los Chimalapas, la traición de Rutilio Escandón

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Quitarle a Chiapas 160 mil hectáreas, el acuerdo entre AMLO y Murat * La decisión favorable de la Suprema Corte tuvo como cambio que Alejandro entregara Oaxaca a Morena

 

ROBERTO DOMÍNGUEZ CORTÉS

 

Desde el gobierno de don Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970), el problema de Los Chimalapas, originalmente agrario, derivó en un conflicto político y de límites entre Chiapas y Oaxaca.

A finales de los sesenta se tituló en favor de los comuneros de San Miguel Chimalapa, Oaxaca, una superficie de 134 mil hectáreas, entregadas simbólicamente en la ciudad de Oaxaca. Por falta del deslinde respectivo, los comuneros favorecidos invadieron tierras comprendidas hasta Rizo de Oro, comunidad del municipio de Cintalapa. Esta fue la primera invasión.

Como respuesta, durante el gobierno del doctor Manuel Velasco Suárez, se cometió el incalculable error, al crear en 1973 la Comisión Intergubernamental Agraria y de LÍMITES, en expreso y lamentable reconocimiento de que un problema de repartición de tierras había terminado en limítrofe, lo que afectaba innecesariamente y hasta la fecha el territorio del estado de Chiapas.

La segunda invasión se dio en el mes de agosto de 1976 por un grupo de campesinos del mismo San Miguel Chimalapa, Oaxaca, en tierras boscosas de la zona denominada Ciénega de León, del municipio de Cintalapa.

La faja de tierra invadida fue de 200 mil hectáreas y con una penetración en territorio chiapaneco de 18 kilómetros a partir de la línea divisoria entre ambas entidades federativas.

Así, lo que en sus orígenes fue un asunto de carácter agrario, se convirtió en un severo problema de límites.

Pero el verdadero problema se generó durante el gobierno de don Juan Sabines Gutiérrez, cuando en la Constitución del 1 de enero de 1982 se fijaron los límites entre Chiapas y Oaxaca, en los que el gobierno chiapaneco, a través del Congreso del Estado, reconocía a Oaxaca espacios territoriales que desde hacía 500 años habían pertenecido a Chiapas, cuando el 14 de septiembre de 1824 se incorporó al naciente Estado mexicano.

Por todos estos problemas agrarios, convertidos artificialmente en limítrofes, el gobierno del estado de Oaxaca interpuso la controversia constitucional 121/2012 en la que reclamaba una superficie de 160 mil hectáreas pertenecientes a Chiapas. Indebidamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que los espacios territoriales de los Chimalapas pertenecían al estado de Oaxaca, con graves irregularidades, para premeditadamente favorecer a la entidad oaxaqueña.

Dentro de los límites territoriales había un punto fundamental para conocer exactamente los límites entre Chiapas y Oaxaca. Se trataba del Cerro de los Mixes que el perito de la SCJN jamás localizó.  En tanto que el perito de Chiapas sí encontró el cerro de los Mixes.

Lo grave de este episodio fue que la Corte hizo caso omiso al dictamen del perito de Chiapas y únicamente tomó en cuenta el informe rendido por su propio perito aun cuando no haya localizado el cerro que definía exactamente los lindes entre Chiapas y Oaxaca.

Hubo otra grave anomalía al no llamar a juicio a las partes involucradas para manifestar su parecer. Ello era obligatorio puesto que en la parte de Chiapas identificada como oaxaqueña, todas las toponimias se refieren a nombres y lugares de Chiapas: Elsy Herrerías, Alberto Cal y Mayor y Rodulfo Figueroa, entre otros nombres pertenecientes a Chiapas.

Además, se trata de una zona zoque asentada en ese territorio desde antes de la llegada de los españoles. Los zoques son originarios de Chiapas y hablan ese idioma, en tanto que a mixtecos y zapotecos se les identifica con el estado de Oaxaca.

Pero también al no llamar a las partes involucradas en el conflicto territorial se violó flagrantemente el artículo 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el artículo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que ambos mandos manifestaran su parecer.

Cuando se dictó la sentencia por parte de la SCJN, Rutilio Escandón, gobernador de Chiapas, acató sumisamente y sin alguna oposición, una sentencia que amputaba 160 mil hectáreas a Chiapas. Sabía que en la trágica sentencia estaba presente la mano de Andrés Manuel López Obrador, a cambio de entregar a Morena el estado de Oaxaca en un trato ignominioso con Alejandro Murat, gobernador del estado.

Ahora a Rutilio Escandón se le conoce como el moderno Santa Anna Chiapaneco, al no combatir ni presentar recurso alguno en contra de la aberrante determinación del máximo órgano jurisdiccional del país. Así será juzgado por la historia.

En la sentencia de la Corte se estableció un término de 30 meses para que los Congresos de los estados de Chiapas y Oaxaca formaran sus respectivas comisiones para la ejecución de la sentencia. Ahí fue donde se descubrió el contubernio entre la Corte, Rutilio Escandón y Alejandro Murat.

La sentencia se emitió con fecha 16 de noviembre de 2021, y el estado de Oaxaca, desde el 15 de noviembre, ya había formado su comisión para ejecutar la sentencia ordenada por la Suprema Corte. Así de ese tamaño fue la traición a Chiapas. Ninguna sentencia, de ningún órgano jurisdiccional, puede conocerse hasta el día de su emisión e incluso hasta los días posteriores.

El débil argumento de Rutilio Escandón para aceptar la sentencia fue en el sentido de que se trataba de un asunto responsabilidad del gobierno de Manuel Velasco Coello y totalmente concluido. Lamentable y vergonzoso pronunciamiento. Olvida Rutilio Escandón que era el dócil presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado de Chiapas en ese gobierno que hoy fustiga. Habría de preguntársele qué hizo como titular del órgano jurisdiccional para combatir una sentencia totalmente tendenciosa.

Y ahora como gobernador del estado se negó, sin alguna justificación, interponer recurso alguno que fuera procedente para combatir la ilegal sentencia de la Corte Suprema. En diversas ocasiones, el licenciado Servando Cruz Solís, presidente de la Barra Chiapaneca de Abogados, buscó acercamiento para sugerir la posibilidad de recurrir en queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Las evasivas fueron notorias. A Rutilio Escandón le preocupaba más su posición frente a Andrés Manuel López Obrador para cumplir órdenes superiores que defender la soberanía y la integridad territorial de Chiapas.

Fue por ello que el prestigiado abogado Cruz Solís interpuso queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El argumento certero de esa denuncia ciudadana estriba en que al violarse derechos humanos contenidos en el Artículo Primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, era y es posible acudir ante organismos internacionales como ya se ha hecho.

Se trata de lograr la suspensión de la ejecución de la sentencia, hasta en tanto se determine si hay o no violación a los derechos humanos de los chiapanecos en la zona de los Chimalapas.

Ello es absolutamente cierto. De un día para otro los chiapanecos de ese territorio despertaron del lado de Oaxaca al cual jamás han pertenecido y ni siquiera estaban enterados.

Por esa decisión arbitraria de la Corte puede ocurrir un episodio de lamentables consecuencias, en lo que ya se advierte grupos armados de ambos bandos, pero lo más grave es que no solamente se afectó territorio de los Chimalapas, sino también del municipio de Arriaga, el cual no estaba comprendido en el diferendo inicial entre Chiapas y Oaxaca. Ello demuestra que la Corte en su sentencia ni siquiera tuvo el decoro de indagar que Arriaga jamás había estado en el litigio territorial.

Así, Rutilio Escandón es sujeto a doble juicio político. Por no defender el territorio de Chiapas y haberse nombrado, con su consentimiento, Concejos Municipales por tres años.  Ampliaremos…

 

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La historia de un fraude anunciado

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Una delincuente electoral llamada Delfina Gómez * La candidata morenista al Edomex tiene dos manchas: El ‘diezmo’ de Texcoco y la desaparición de las escuelas de tiempo completo * Estado de México define elección presidencial 2024

 

ROBERTO DOMÍNGUEZ CORTÉS

 

Finalmente Delfina Gómez “ganó” la elección interna de Morena para postularla como candidata a la gubernatura del Estado de México.

Según Morena y su espurio dirigente Mario Delgado, fue un proceso democrático ejemplar en el que la franquicia personal de López Obrador se inclinó por segunda vez en favor de la secretaria de Educación Pública.

La encuesta se resolvió en una sola voluntad: la del Presidente López. Es el mismo cochinero que prevaleció en las elecciones internas de Morena para designar a la nueva dirigencia partidaria en la que quedaron los adictos al lopezobradorismo, representados principalmente por Adán Augusto López Hernández, como el más notorio adalid de las trampas morenistas.

Para lavarse la cara de las enormes irregularidades en las elecciones internas de Morena, López Obrador simplemente manifestó que a pesar de las irregularidades, resultó nada comparado con lo que se hizo en el pasado, en abierta referencia a los casi 80 años de priísmo.

Tiene razón López con la imposición de Delfina Gómez como candidata al Gobierno del Estado de México. La burda secretaria jamás podrá compararse con personajes de la talla de Jaime Torres Bodet, secretario de Educación Pública del presidente Adolfo López Mateos. Mucho menos con el ilustre Agustín Yáñez, secretario de Educación del presidente Gustavo Díaz Ordaz. Y desde luego con el espléndido historiador, político, ideólogo y escritor Jesús Reyes Heroles, secretario de Educación Pública en el gobierno del presidente Miguel de la Madrid.

Con estas breves referencias, Delfina Gómez aparece como una desconocida y en un ínfimo lugar comparada con los tres personajes de la educación en México. Su nivel cultural quedó evidenciado cuando entrevistada por Denise Maerker cometió un grave dislate gramatical, al pronunciar “nadien” en lugar de nadie. Ninguno de los ex secretarios del priísmo habría tenido tan vergonzoso vocabulario.

Cierto que de los tres procesos electorales locales del 2017 para renovar tres gubernaturas, dos estuvieron manchados por el fraude electoral y el dispendio de recursos para favorecer a Alfredo del Mazo en el Estado de México y a Miguel Riquelme en Coahuila. De Alfredo del Mazo hubo demasiadas evidencias que lo hacían inelegible y la abierta posibilidad de anular la elección cargada de intromisiones del aparato de Estado encabezada por el peñanietismo, hoy en franca decadencia e investigado por la Fiscalía General de la República.

Para hacer ganar a Del Mazo, están documentadas las más de 100 visitas presidenciales y de secretarios de Estado durante el 2017 con el propósito de aparentar unidad y fortaleza, y previo a la elección de 2017, la presencia de más de 10 gobernadores priístas en la ciudad de Toluca, cuando que tanta parafernalia era síntoma de debilidad extrema.

Se sumaron al apoyo de Del Mazo, los programas sociales del gobierno de Eruviel Ávila para condicionar el voto del hambre. El Congreso del estado mexiquense con la amenaza de la cuenta pública a los presidentes municipales y obligar a operar en favor del candidato priísta. Y como corolario, la vergonzosa sumisión de los órganos electorales “autónomos” para inclinar la votación en favor del ilustre representante del grupo Atlacomulco.

Nada de tan dispendiosa intromisión política y de dinero fue suficiente para hacer ganar a Del Mazo, pero sí para imponerlo. Los resultados posteriores a la elección así lo evidencian. Con todo y el excesivo uso de recursos públicos, el aparato de Estado apenas logró que votara la mitad de los 11.5 millones de electores. Y de ese voto, Alfredo del Mazo apenas pudo obtener el 33 por ciento de la votación total.

Del Mazo, como candidato solo del PRI, perdió ante Delfina Gómez. Apenas obtuvo 2 millones 48 mil votos, lo que significa que tuvo 57 mil 308 votos menos que la candidata de Morena. Ello quiere decir que hubo necesidad de recurrir a votos complementarios procedentes de los partidos Verde Ecologista, Encuentro Social y Nueva Alianza. Esa suma apenas fue suficiente para recibir 226 mil 298 votos adicionales con los cuales “ganó”, pero que nadie creyó en su triunfo.

Ahí está la diferencia de votos en favor de Delfina Gómez. Si Del Mazo “ganó” por 160 mil 900 votos, sin esos 226 mil su derrota habría sido por más de 57 mil sufragios. Sólo que el costo para los partidos satélite fue haber perdido su registro por no haber alcanzado el porcentaje de votación requerida.

Las cifras eran tan irrefutables que ninguna de las casas encuestadoras se atrevió a publicar sus resultados, pues en todas se daba como ganadora a Delfina Gómez. Así de ese tamaño fue el fraude en el que se evidenció también la complicidad de los encuestadores con el gobierno mexiquense y federal. Y desde luego el poder del dinero clandestino.

Esas referencias serían suficientes para inferir que en la elección del 2023 Delfina Gómez no tendrá rival enfrente. Sólo que las diferencias con el 2017 son notables. Gómez llega manchada con dos graves acontecimientos que serán definitorios en la decisión del electorado para elegir gobernador en el Estado de México: el robo de los sueldos a los trabajadores del municipio de Texcoco, cuando fue presidenta municipal, y la desaparición de las escuelas de tiempo completo, bajo su administración como secretaria de Educación.

Para encubrir su atraco, Delfina Gómez hizo un intento fallido que nadien (sic) creyó, al asegurar cínica y vergonzosamente que más de 200 trabajadores solicitaron el descuento vía nómina y que todo está documentado y perfectamente legal.

Nadien (sic) podrá creer que con sueldos tan bajos, los empleados municipales estarían dispuestos a dedicar parte de su ingreso para financiar las actividades ilícitas de Morena en el Estado de México.

Delfina Gómez fue acusada también por Josefina Vázquez Mota, entonces candidata del PAN a la gubernatura del Edomex, a la que públicamente sindicó: “Aquí está tu firma, les robaste 72 quincenas para dárselas a tu jefe político Higinio Martínez. Esto representa de 2 a 9 años de cárcel”. No hubo respuesta. El ominoso silencio de Delfina dejó al descubierto el atraco patrimonial y los delitos electorales cometidos y sancionados por el Tribunal Electoral Federal.

La otra mancha que carga en su haber Delfina Gómez es la desaparición de las escuelas de tiempo completo, en un grave atentado a los Derechos Humanos y al bienestar de la niñez, tutelados por el Artículo Cuarto de la Constitución federal y reconocidos en diversos instrumentos internacionales de los que México es parte.

Con esa arbitraria decisión, Delfina Gómez dejó a casi cuatro millones de niños sin el beneficio de la educación y el desayuno escolar diario que recibían. Y en muchos casos como el único alimento caliente a que tenían acceso en todo el día esos cuatro millones de niños.

Las cifras del trágico proceder de Delfina Gómez son atentatorias a la dignidad humana. Se desaparecieron 24 mil 200 escuelas de tiempo completo, ubicadas en 405 municipios del país en donde, paradójicamente, opera la cruzada nacional contra el hambre en favor de las niñas y niños que gracias a Delfina Gómez se quedaron sin asistencia escolar. De ese tamaño es el daño a la niñez. Ampliaremos…

 

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AMLO tiene su nuevo Fobaproa

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El Presidente practica lo que tanto critica de los neoliberales y conservadores * Entre el Tren Falla, el Chaifa, la refinería Dos Bocas y el incumplimiento del T-MEC costará a los mexicanos 85 mil millones de dólares * Manipulación de la Seguridad Nacional

 

ROBERTO DOMÍNGUEZ CORTÉS

 

El juez primero de Distrito, Adrián Novelo Pérez, con sede en Yucatán, concedió la suspensión definitiva para detener las obras en el tramo 5 del ya fallido Tren Maya, caprichito del que se dice Presidente de México (no de los mexicanos), Andrés Manuel López Obrador.
Conceder la suspensión quiere decir que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran, hasta en tanto el juez determina, en sentencia, si concede o no el Amparo y Protección de la Justicia Federal. Es lo que en el lenguaje jurídico-constitucional se llama resolución de fondo.
Después de lo que el juez de distrito decida, sigue la instancia del Tribunal Colegiado de Circuito, quien determinará si revoca o confirma la sentencia del juez Novelo Pérez.
El amparo fue promovido por el buzo José “Pepe” Urbina, preocupado por la preservación del medio ambiente y la ecología del territorio por donde pasará el Tren Maya.


Se ha demostrado repetidamente que el impacto a la flora y a la fauna es de devastación, con la amenaza de desaparición del jaguar negro, el mono araña y la deforestación que lleva más de 70 mil hectáreas de árboles maderables con destino desconocido. Y desde luego la contaminación y desaparición de gran cantidad de cenotes.
Irreverente y grosero, López Obrador ha acusado a los defensores de la naturaleza como seudoambientalistas cuando lo correcto es que México está mal gobernado por un seudopresidente.
Los argumentos de López Obrador para continuar con las obras del trenecito del sur no tienen ningún sustento.


Dice Andrés Manuel que la justificación para ordenar a la corcholata Adán Augusto López la continuación de la obra, es que la suspensión eleva los costos, la justicia es lenta y el gobierno de Estados Unidos financia a un “grupo mafioso político opositor” que busca frenar la construcción del Tren.
López Obrador se vale de todos los artilugios para su inauguración, en el día que ya decidió para el 2023. Exactamente igual como lo hizo el 21 de marzo pasado, con el inacabado y fraudulento aeropuerto Felipe Ángeles que apenas recibe seis vuelos diarios y ninguno internacional. Además de degradarlo a categoría dos, con lo que ningún vuelo de Europa, Asia y Norteamérica se arriesga a aterrizar bajo esas condiciones de inseguridad.


Respecto de que la suspensión de la obra eleva los costos es el pretexto perfecto para encubrir la inepcia y el despilfarro para justificar un sobreprecio del 70 por ciento. Vea usted lector y mexicano responsable. Originalmente el presupuesto destinado al Tren Maya fue de 11 mil 800 millones de dólares que traducidos en pesos son 236 mil millones en moneda nacional.
En conferencia de prensa, el mismo Andrés Manuel aceptó que el nuevo precio para el Tren Maya será de entre 15 mil y 20 mil millones de dólares. En el escenario más optimista, a los mexicanos constará la veleidad lopezobradorista 300 mil millones de pesos, en tanto que en el más pesimista el costo alcanzará la estratosférica cantidad de 400 mil millones de pesos. Cifras cercanas a los 415 mil millones pagados por un aeropuerto que ofende la memoria del insigne general Felipe Ángeles.
López Obrador también blasfema que en México la justicia es lenta y por ello hay que continuar con la construcción del Tren Falla (sic). No se trata de que la justicia sea lenta o expedita. Hay términos procesales y constitucionales que cualquier órgano jurisdiccional local o federal debe de observar. Los tiempos los marca la ley y no el capricho de los hombres como quisiera López Obrador por muy Presidente que sea.
Respecto de que el gobierno estadounidense financia a un “grupo mafioso político opositor” es otra de las frecuentes banalidades con que López adorna sus soporíferas mañaneras. Es la imposición de la palabra presidencial, desde el púlpito del Palacio Nacional sin derecho a réplica. Sólo que su pronunciamiento no tiene algún sustento. Es una declaración dogmática. El señor López no ha probado ni podrá probar la intervención de Biden o de su gobierno, pero propicia más encono en contra de su gobierno fallido.


En un gran atentado al orden constitucional de la República, emitió un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 11 de noviembre de 2021, donde declara como obra de seguridad nacional el Tren Falla (sic).
Con ello, los ridículos asesores presidenciales pretendieron agradar al jefe que va en camino a la destrucción de la República. La intención era salvar el imperativo constitucional previsto en el artículo 129 de la Ley de Amparo. Este dispositivo establece que cuando se persigue perjuicio al interés social o se contravienen disposiciones de orden público la suspensión puede no cumplirse.
Entre las prevenciones se encuentran “la defensa de la integridad territorial, la independencia de la República, la soberanía y seguridad nacional”. Lo malo para las trampas de López Obrador es que el Tren Falla (sic) no encuadra en alguno de los supuestos del artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional.
Este numeral establece, puntualmente, en 13 fracciones, las hipótesis sobre las cuales se encuentra amenazada y en peligro la seguridad nacional definida como la estabilidad y calma que se supone beneficiosa para el desarrollo de un país.
Así queda de manifiesto que las amenazas para la seguridad nacional son actos de espionaje, sabotaje, genocidio, intervención extranjera, desarticulación del territorio nacional, destrucción de infraestructura estratégica y actos ilícitos en contra del fisco federal entre otras prevenciones.
En ninguna de estas causales encuadra como de seguridad nacional la construcción del Tren Maya. Por el contrario, se atenta en contra del artículo 262 de la Ley de Amparo: “Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión (…) destitución o inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos al servidor público que en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión, no obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra”.
La evidencia de los ilícitos lopezobradoristas están plenamente probados, al emitir un decreto violatorio de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley de Amparo, desde el momento en que la Ley de Seguridad Nacional no hace alguna referencia a que una obra ferroviaria sea considerada como de seguridad nacional.


Ello quiere decir que una vez López Obrador haya dejado el cargo, queda un lapso de seis años para ser sujeto de sanción penal, junto con quienes transgredieron la ley y la Constitución, al violar una suspensión provisional y una suspensión definitiva.
Sobre todo porque el juez federal no ha resuelto el amparo solicitado y el Tribunal Colegiado de Circuito todavía no ha tenido intervención, en cuanto a la confirmación o revocación de la sentencia emitida por el juez de distrito.
Entre el Tren Maya, el Aeropuerto de Santa Lucía, la refinería Dos Bocas y el incumplimiento del T-MEC costará a los mexicanos 85 mil millones de dólares. Es el nuevo Fobaproa que tanto critica López Obrador de los neoliberales y conservadores. Ampliaremos…

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La ‘abundancia’ de Layda no tiene vigencia

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La gobernadora de Campeche, entre asesinos y ladrones * La mandataria estatal Sansores debería estar en la cárcel

ROBERTO DOMÍNGUEZ CORTÉS

Ahora que la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, presume de inmaculada honestidad, debería de regresar al pasado y revisar sus antecedentes de familia, adonde se encuentran homicidios políticos, saqueo a las arcas estatales y amenazas para hacerse ilícitamente de propiedades.

Su tío Gregorio Sansores Pérez mató al presidente municipal de Campeche, Arturo Vázquez Marina, por el solo hecho de querer ser gobernador del Estado, en oposición al candidato que el asesino Gregorio pretendía llegara a la silla principal del Palacio de Gobierno campechano.

Su padre, Carlos, el Cacique Negro, Sansores Pérez, como lo llamaba don Carlos Loret de Mola, ordenó el asesinato del señor Javier Herrera, presidente del PRI municipal de Dzitbalché, por el control de las candidaturas municipales, de las cuales Sansores Pérez se benefició con la venta de más de más de uno de los once ayuntamientos. Señalado por los autores materiales cuando fueron aprehendidos, el Negro hubo de huir ante la inminencia de su detención.

Ese grave proceder de Carlos Sansores Pérez estuvo a punto de costarle la senaduría, y desde luego la gubernatura del estado de haberse procedido conforme a derecho, al juzgar, condenar y encarcelar a Carlos Sansores Pérez como artífice de un homicidio premeditado.

Hubo de intervenir el general José Ortiz Ávila ante el gobernador Alberto Trueba Urbina para que el ministerio público se desistiera de la acción penal y el Negro pudiera regresar de su escondite a donde se encontraba prófugo de la justicia.

Es poco pues lo que Layda Sansores puede presumir de una honestidad que no tiene ni personal ni familiarmente. Ahora que acusa a Alejandro Moreno de enriquecimiento ilícito, debería de responder al periodista Carlos Martínez de los graves señalamientos de corrupción en su contra. En su prestigiado espacio “Esquema” habla de “Las propiedades ocultas de Layda Sansores”:

1.- Layda adquirió terrenos en 2 pesos el metro cuadrado.

2.- Layda reportó 34 propiedades sin definir el uso y el origen.

3.- Layda oculta 26 de sus 34 propiedades.

4.- Layda en un solo día compró 6 terrenos por 18 centavos el metro cuadrado.

5.- En sus terrenos pueden construirse hasta 39 mil casas del Infonavit.

¿Entonces de qué presume la ridícula octogenaria aspirante a quinceañera frustrada si la corrupción le viene de estirpe familiar?

Fiel a su estirpe ha actuado conforme a la herencia que le legó el apellido Sansores Pérez. Su antecesor, el general Ortiz Ávila, permanentemente publicaba los estados financieros del erario estatal para que los ciudadanos supieran en qué se gastaban los dineros del pueblo. Llegado el Negro Sansores a la gubernatura, lo primero que hizo fue suprimir la publicidad de los recursos económicos disponibles para ejercerlos indiscriminadamente con sentido patrimonialista.

Paralelo a ese primer acto de corrupción, se dedicó a apropiarse ilegalmente de negocios construidos con base en el esfuerzo y el riesgo que implica toda inversión. Sólo un ejemplo del autoritarismo e intimidación de Carlos Sansores durante su funesta gubernatura. A la fuerza mandó a traer de Escárcega al señor Ricardo Rosado, quien se negaba a presentarse ante el cacique en funciones de gobernador.  Sabía lo que le esperaba.

Cuando estuvo frente al remedo de dictador, éste le dijo irrespetuosa y despectivamente: “Mocho (porque le faltaba un brazo), te voy a comprar y dar 300 mil pesos por tu gasolinera”.

“No Negro. No la vendo”. Desde el abuso de poder el Negro Sansores lo amenazó: “No te estoy preguntando. Ve a la Tesorería para que te den el dinero y firmes los documentos”.

Así quedó concluido la amenaza y el abuso, al pagar una ridícula cantidad por un negocio que valía 2 millones de pesos en ese 1968.

La tradición familiar de los Sansores Pérez en Campeche continúa vigente. Layda Sansores ha sido acusada penalmente por la diputada local de la Ciudad de México Tania Larios Pérez, quien asegura que como alcaldesa Layda otorgó contratos sin licitación hasta por 34 millones de pesos a su actual vocero, Walter Patrón Bacab, quien en contubernio con su sobrino Gerardo Sánchez Sansores, depredaron el presupuesto de la alcaldía Álvaro Obregón.

El resultado de la pésima administración de Layda Sansores se manifestó cuando los electores votaron en su contra y decidieron elegir a la panista Lía Limón García, quien trituró en las urnas a la hoy nefasta gobernadora de Campeche.

Para documentar en mayor medida los actos de corrupción en su paso por la alcaldía Álvaro Obregón, le aplicaron la misma receta con que pretendió desacreditar a Alejandro Moreno Cárdenas. En un audio que ha circulado profusamente, se escucha al bandido de su sobrino, Gerardo Sánchez Sansores, hacer tratos ilícitos en donde pide un “moche” (de los que tanto condena el señor López) de 80 millones de pesos para la autorización de obras, con la amenaza de que si el constructor no se cae con ese veintiesmo, el permiso para construir podría demorar hasta tres años.

Layda Sansores, es vez de ser gobernadora de Campeche, irremediablemente debería de estar en la cárcel. Hay dos graves circunstancias que así lo acreditan. Su cínica confesión de haber aceptado públicamente ser la autora de los audios filtrados en contra de Alejandro Moreno Cárdenas. Ello lleva una grave consecuencia para su libertad personal previsto y sancionado por las leyes penales.

El artículo 177 del Código Penal Federal establece: “A quien intervenga comunicaciones privadas sin mandato de autoridad judicial competente, se le aplicarán sanciones de 6 a 12 años de prisión”. Lo elevado de la sanción evidencia la gravedad del ilícito proceder de la descendiente de Carlos Sansores Pérez. La misma prohibición se encuentra en el Artículo 16 Constitucional, el cual Layda Sansores ha violado flagrantemente.

Sujeta a proceso penal deberá comprobar cómo obtuvo esas grabaciones, si hubo autoridad del juez federal para intervenir los teléfonos de Moreno Cárdenas y, sobre todo, explicar de qué tecnología dispuso, pues eso sólo es reservada exclusivamente a los aparatos de inteligencia y seguridad nacional del Estado Mexicano.

Así de grave y comprometida es la autoacusación que se hace Layda Sansores, al asegurar que ella es la autora de las filtraciones a los diferentes medios de comunicación, y ufanarse de no ser las únicas de las que dispone. Incluso, sin ningún rubor asegura tener más de una docena de esos actos ilícitos que vulneran la esfera jurídica y violan los derechos humanos de cualquier ciudadano mexicano.

La segunda cuestión por la que debería de estar en la cárcel es por otorgar contratos sin licitación a gente cercana de sus preferencias, en abierta violación a la Ley de Obra Pública, pero muy acorde a la política lopezobradorista, de otorgar directamente el 80 por ciento de los contratos del gobierno federal. La corrupción es la misma, la del PRI, la del PAN y ahora la del “honesto” Andrés Manuel López Obrador.

Así, en la gramática política de la corrupción sansorista, convergen el pasado de los Sansores Pérez, el presente de los Sansores San Román y el futuro que se avizora con mayor corrupción en grave perjuicio del pueblo de Campeche.

 

LAYDA SANSORES Y SU HACIENDA SAN LORENZO

Layda Sansores tiene un palacete en Jardines del Pedregal, en la Ciudad de México; una finca cafetalera en Chiapas, casas en Las Delicias de Cuernavaca, Morelos; en el Centro Histórico y en San Román, en la ciudad de Campeche.

Pero la joya más estimada de su cuantioso patrimonio inmobiliario -al que se suma una gran cantidad de inversiones en negocios- es la Hacienda San Lorenzo, una reserva tropical de alrededor de 100 hectáreas de superficie arbolada por especímenes de maderas preciosas, con dos kilómetros de playa privada.

Excolaboradores de Layda relataron a EMEEQUIS lo siguiente: “En la propiedad donde se ubica la hacienda bien podría caber un municipio. Son varios kilómetros cuadrados. De la mansión a la playa hay que trasladarse en vehículos. Hay un gran stand de tiro. Hay también salida al mar, una playa privada donde hay un muelle. También, más allá, hay un embarcadero. Antes tenía una casa de huéspedes, frente al mar. Esta casa tenía varias decenas de unidades de aire acondicionado. No treinta ni cincuenta. Varias más. Y no es la mansión principal. En la misma propiedad hay uno de los hoteles de su cadena”.

Sobre la vigilancia privada, describen: “Para entrar hay caseta y gente armada. No se están exhibiendo. pero tienen armas. Adentro hay personal que también va armado, también sin ostentación”. Ampliaremos…

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