Imposible realizar auditorías especiales sobre ejercicios fiscales abiertos, afirma Evelyn Osornio * La diputada morenista Julieta Ramírez sigue en su lucha frontal contra la corrupción
JESÚS VIRA
Evelyn Osornio Jiménez, presidenta de la Comisión Legislativa de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM), informó que es imposible realizar auditorías especiales sobre ejercicios fiscales abiertos, como lo solicitaron -mediante un escrito- los diputados de Morena, Azucena Cisneros Coss, Daniel Sibaja González y Faustino de la Cruz Pérez.
Durante la reunión de trabajo que sostuvieron las y los legisladores integrantes de la referida comisión, a la que no asistieron de forma presencial Cisneros Coss ni Sibaja González, la titular del OSFEM, Miroslava Carrillo Martínez, presentó los resultados de los informes trimestrales y el estatus de las solicitudes de auditorías especiales a diversas entidades fiscalizables remitidas por la Auditoría Superior de Fiscalización del OSFEM (enero a mayo 2023).
En el salón Protocolo del Poder Legislativo, la diputada Evelyn Osornio informó que la solicitud ingresada por los diputados de Morena no se integró al informe presentado, ya que debe realizarse una revisión para verificar que cumpla con lo establecido en el artículo 31 bis de la Ley de Fiscalización del Estado de México, sin importar si fue ingresada por algún integrante de la actual Legislatura.
Osornio Jiménez reiteró que las solicitudes de auditorías especiales deben cumplir con los cinco requisitos establecidos en la Ley de Fiscalización y no deben estar consideradas en el Programa Anual de Auditorías que emite el OSFEM, única autoridad facultada para emitirlo.
Ante esto, resulta muy extraño que los diputados Azucena Cisneros, Daniel Sibaja y Faustino de la Cruz presenten una petición en este sentido, ya que, en su papel de representantes populares e integrantes de la Comisión de Vigilancia del OSFEM, a excepción de Faustino de la Cruz, deberían estar enterados de cuáles son los procedimientos legislativos que deben observarse para realizar solicitudes de auditorías especiales, sin importar si lo realizan en su calidad de diputados locales, pues en el Poder Legislativo no hay tratos especiales para alguno de sus integrantes, pero sí debe existir un compromiso irrestricto de todos los grupos parlamentarios con las y los ciudadanos mexiquenses representados en la LXI Legislatura para velar en todo momento por sus intereses sin sesgos partidistas ni electorales.
Ante esto, lo real es que públicamente Azucena, Daniel y Faustino muestran una ignorancia total en los procedimientos legislativos.
NO HAY PLAZO PARA AUDITORÍAS ESPECIALES
La priísta informó que no existe un plazo para solicitar auditorías especiales, pues en cualquier momento del año se puede realizar la petición y luego de revisarla y verificar que cumpla con todos los requisitos, se le dará el trámite correspondiente, sin embargo, no pueden corresponder al ejercicio fiscal que se encuentre siendo auditado.
“No hay un plazo como tal, esta es la diferencia entre una auditoría que está en el programa anual y una auditoría especial, no corre la misma suerte porque finalmente en cualquier momento del año el ciudadano puede cumplir con los requisitos y nosotros tener que darle trámite”, concluyó.
LOS CONTRATADOS DEBEN ESTAR LIMPIOS EN ACTOS DE CORRUPCIÓN, INICIATIVA DE JULIETA RAMÍREZ
Otra legisladora que trabaja día tras día y en pie de lucha en su combate frontal contra la corrupción es la morenista Julieta Ramírez.
Resulta que la diputada federal impulsa políticas para fortalecer el combate a la corrupción y para muestra un botón: Presentó ante la Cámara Baja una propuesta de reforma para que las empresas exijan a los participantes, en el proceso de contratación, una declaración escrita de que no han sido sancionados por corruptos.
Por citar datos duros, la legisladora expuso que Transparencia Internacional coloca a México en el lugar 124 de 180 países por su alto índice de percepción de corrupción; y el INEGI indica que, por cada 100 habitantes, 16 son víctimas de actos de corrupción.
“No hay que perder de vista que la corrupción no únicamente encuentra su origen al interior del gobierno con un funcionario que aliente malas prácticas, la misma se da también a nivel empresarial a través de un acto ilegal de un directivo o empleado de la empresa, a fin de obtener un beneficio deshonesto”, advirtió la diputada de Morena.
Ante esta problemática, propuso el decreto que reforma el artículo 26 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, añadiendo un párrafo que especifica que los participantes de los procedimientos de contratación deberán presentar una declaración escrita, bajo protesta de decir verdad, en la que manifiesten que su persona, socios o asociados no han sido castigados por actos de corrupción.
Es así como la iniciativa de Julieta Ramírez va en sintonía con los principios de transformación del país, a través del fomento de la transparencia, la justicia social, partiendo de que la corrupción se ha extendido en todos los niveles y se ha convertido en una práctica administrativa regular que es necesario erradicar.
Destacan Ramírez de la O en Hacienda y Pablo Gómez en la UIF * El presidente de la Jucopo de la Cámara de Diputados informa que también se ratificará a Antonio Martínez Dagnino al frente del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y nueve funcionarios más
ERIC GARCÍA
Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, informó que la próxima semana se discutirá la ratificación de Rogelio Ramírez de la O como secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Pablo Gómez Álvarez como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y Antonio Martínez Dagnino al frente del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y nueve funcionarios más.
“Recibimos en la @Mx_Diputados la ratificación de 12 nombramientos hechos por la presidenta @Claudiashein, entre ellos @R_Ramirez_O, @BerthaAlcalde, Antonio Martínez y @PabloGomez1968. La otra semana realizaremos el trámite pertinente. Consulta la Gaceta”, expresa Monreal.
Otras ratificaciones que también se discutirán son las de Edgar Abraham Amador como subsecretario de Hacienda y Crédito Público.
Bertha María Gómez Castro como subsecretaria de Egresos; Grisel Galeano García como procuradora fiscal.
Otras ratificaciones serán las de Gari Gevijoar Flores Hernández González como administrador general de Recaudación; Amelia Guadalupe de León Ortega como administradora general de Auditoría Fiscal Federal y Ricardo Carrasco Varona como administrador general Jurídico.
Así como también los nombramientos de Armando Ramírez Sánchez como administrador general de Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria; de María del Carmen Bonilla Rodríguez como titular de la Unidad de Crédito Público y Asuntos Internacionales de Hacienda; y Fernando Renoir Baca Rivera como titular de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas.
Es de resaltar que los nombramientos se dan en el marco de la recepción en la Cámara de Diputados del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2025 que tendrá lugar el viernes 15 de noviembre.
Se aprecia una clara parcialidad hacia Morena y su agenda * Este proceso está diseñado para mantener el control político y no para seleccionar a los mejores jueces, advierte el vicecoordinador de los senadores panistas
EL TOPO
En el marco de la próxima elección de jueces, magistrados y ministros en México, el senador Enrique Vargas del Villar, miembro del PAN, hizo una fuerte crítica a los vínculos políticos de los integrantes del Comité de Evaluación del Poder Judicial.
Durante una conferencia de prensa, los senadores panistas expusieron a los operadores y “padrinos” de las personas que integrarán las listas de candidatos que aparecerán en las boletas de 2025, señalando una clara parcialidad hacia Morena y su agenda.
Vargas del Villar destacó que el Comité de Evaluación, que se encarga de seleccionar a los futuros integrantes del Poder Judicial, tiene una orientación política definida, lo que compromete su imparcialidad y autonomía.
“Es el ejemplo más claro de desfachatez y engaño al pueblo. Este proceso está diseñado para mantener el control político y no para seleccionar a los mejores jueces”, enfatizó Vargas.
PROCESO AMAÑADO
Guadalupe Murguía, coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, denunció que la reciente toma de protesta del comité no se realizó ante el pleno y que el PAN no fue invitado a la reunión de la Mesa Directiva, en la que solo estuvieron presentes senadores de Morena y otros actores políticos afines.
“Es un proceso amañado que engaña al pueblo de México”, afirmó Murguía, y añadió que este comité, lejos de ser independiente, está vinculado a figuras clave de la administración y de la Cuarta Transformación.
El PAN también señaló casos específicos de integrantes del comité con nexos al oficialismo, incluyendo a Ana Patricia Briseño Torres, vinculada con Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados; y Maday Merino Damián, cercana a Adán Augusto López Hernández, coordinador de los senadores de Morena.
Vargas del Villar subrayó que la imparcialidad de estos funcionarios es vital para asegurar un Poder Judicial independiente, y reiteró su llamado a la sociedad civil para manifestarse en contra de un proceso que considera parcial. “Es fundamental que los ciudadanos alcen la voz para evitar que este proceso se convierta en una simulación que mina nuestra democracia”, asevera Vargas del Villar.
Legisladores priístas estarán en alerta a las decisiones de la Corte el próximo martes * Diputados del partido tricolor advierten de la gravedad de la crisis constitucional que vive el país, todo por una venganza que solo daña la división de Poderes
ARMANDO GARCÍA
Los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados no asistieron a la sesión del jueves pasado, en la que el oficialismo declaró constitucional la prohibición de mecanismos de defensa contra cambios a la Constitución que violen derechos humanos y libertades.
Advirtieron que los legisladores priístas, junto con la dirigencia de Alejandro Moreno y Carolina Viggiano, han mantenido una postura firme de rotundo rechazo a esta reforma que es regresiva y violatoria de la Carta Magna.
El coordinador Rubén Moreira sostuvo que esta reforma es una farsa que tendrá graves consecuencias para las libertades y para el Estado de Derecho.
“Los Congresos de los estados no leyeron ni discutieron debidamente lo que les enviaron. Tenían la orden de votar y no pensaron en lo que se debilitan sus entidades federativas y su función de legisladores locales”, subrayó.
PASO HACIA LA DICTADURA
Los diputados del tricolor alertaron que esta declaratoria es un paso hacia la dictadura, que bajo ningún termino pueden avalar ni ser testigos de algo que merma a las libertades de los mexicanos.
Señalaron que estarán muy atentos a las decisiones que tome la Suprema Corte de Justicia de la Nación el próximo martes, pues hay posibilidad de que el futuro de las nuevas generaciones no se vea afectado por un régimen autoritarista, que mantenga el control de los tres Poderes de la Unión.
El PRI, aseguraron, seguirá levantando la voz por todas y todos los mexicanos, continuará siendo el defensor de la democracia, las instituciones y la independencia entre Poderes.