HOJAS LIBRES
Uber, el talón de Aquiles de Espinosa García
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2 años agoon
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Redacción
Fin a su jugoso negocio con los taxis tolerados * Ante su desesperación, al secretario de Movilidad y Transporte no le queda de otra más que amenazar con cárcel y muerte a quien trabaje para Uber
POR ROBERTO DOMÍNGUEZ CORTÉS
En colaboración anterior se hizo una detallada descripción de la grave descomposición y corrupción que priva en la secretaría de Movilidad y Transporte del gobierno del estado de Chiapas, bajo el mando del secretario Aquiles Espinosa García.
El pirataje se ha convertido en un negocio productivo con las cuotas que cada unidad pirata debe de pagar. Los operativos para detener unidades sin concesión han resultado una vil mascarada. A diario se ven patrullas con la leyenda Secretaría de Transporte, pero a nadie se detiene, a sabiendas de la complicidad existente entre autoridades y piratas tolerados para trabajar sin molestias.
Los 14 mil mototaxis sin concesión que se mueven en todo el territorio del estado de Chiapas son otra generosa fuente de ingresos para quienes controlan el transporte irregular.
El secretario Espinosa García no pudo disimular su enojo y contrariedad ante la posible introducción de Uber como prestador del servicio de taxi en su modalidad de privado, sin necesidad de recurrir al trámite de una concesión ante la Secretaría de Movilidad y Transporte, en donde le espera el exceso de burocratismo, el chantaje y la extorsión para tener acceso a un permiso.
Muy graves las severas expresiones de amenaza que Aquiles Espinosa enderezó en contra de quienes pretendan autoemplearse en el sistema Uber: cárcel y muerte para los que operen sin concesión expedida por la Secretaría de Transporte a su cargo.
Sin la mínima urbanidad política y el decoro profesional que en todo servidor (conste servidor, no provocador) público debe de prevalecer, Aquiles Espinosa declaró que “se sancionaría con hasta siete años de cárcel para quienes operen el servicio de transporte con la plataforma Uber y que no cuenten con una concesión”. Y en su perorata sin sustento se fue de largo al afirmar: “Si una persona que no sea concesionaria opera con Uber, estaría violando una disposición del Código Penal”.
Lo malo para Aquiles y lo bueno para el Uber es que el secretario de Transporte no fundamenta ni motiva su deleznable amenaza: No dice por ejemplo en qué artículo del Código Penal está prevista esa sanción de siete años, cuando se trata de una infracción de carácter administrativo que consiste sólo en la detención del vehículo y la correspondiente multa para su recuperación.
Hasta hoy no se ha legislado en términos de lo que Aquiles Espinosa amenaza a los Uber, aunque diga que no se trata de una amenaza sino que “así es la situación”. Mientras no esté previsto como delito a nadie puede encarcelarse, a menos que se cometa una arbitrariedad.
Si operar Uber sin concesión no es delito, cuando menos que Espinosa García explique a qué delito se equipara y en qué parte del Código Penal se sanciona.
Por adelantado, Aquiles Espinosa ya clasificó como delito lo que es una sanción administrativa, cuando asegura que puede procederse al decomiso de las unidades Uber. La confiscación y el decomiso son figuras penales castigadas con la pérdida total o parcial de los instrumentos objetos del delito. ¿De dónde saca Espinosa García los decomisos sobre bienes que no constituyen delito?
Es entendible la posición de Aquiles Espinosa por dos razones: La primera, porque en un leguleyo que no pudo concluir la carrera de licenciado en derecho y se asume como tal, al ostentarse como abogado sin tener registro profesional; y la segunda, porque la llegada de Uber le acaba el negocito de las cuotas que cada taxi pirata debe de entregar a través de sus dos interlocutores privilegiados: Vicente Manuel Patatuchi Ayala, delegado zona I metropolitana, y Alfredo García López, su chofer-sobrino en funciones de recaudador.
Aquiles debería de percibir que la llegada de Uber a Tuxtla Gutiérrez le solucionaría en gran parte el problema del pirataje. Si son mil 500 taxis piratas sólo en la capital, cuando menos 750 o todos, buscarían la manera de acomodarse en la plataforma Uber. Pero no hay interés. Aquiles Espinosa sufriría un daño patrimonial irreversible. Dejaría de percibir los 2 mil pesos mensuales de moche (vocablo vulgar de López Obrador) que cada pirata aporta “voluntariamente” sólo en Tuxtla Gutiérrez.
La otra parte de su amenazante perorata es todavía más peligrosa. Sin ningún recato espetó: “Yo se los digo a los de Uber. Si sucede algo a alguna persona porque hayan reaccionado los transportistas, serán ellos los responsables. Ya se los dije que Chiapas es un estado bronco y tienen que tener cuidado y respetar las leyes”.
Grave, muy grave la amenaza de muerte a quienes se atreven a interferir en el negocio de Aquiles Espinosa y seguramente de Rutilio.
Habría que recordarle a este funcionario que durante el gobierno de Manuel Velasco y Fabián Estrada de Coss (otro profesionista cachirul) como secretario de Transporte, se registró un ataque mortal en contra del líder transportista Bersaín Miranda Borraz por oponerse a las triquiñuelas de Velasco y su pandilla.
Como no pudieron matarlo lo encarcelaron con delitos inventados. En un acto de excesivo abuso de poder y de venganza, por órdenes de la Cuija lo detuvieron en el sanatorio de donde apenas había salido de la segunda cirugía, sin importar su convalecencia y su estado de salud.
Por eso Aquiles Espinosa debería de controlar sus impulsos. Desde el momento de su trágica declaración, a él se le responsabiliza de cualquier ataque a algún Uber, incluida su muerte si ésta llegara a ocurrir.
No será el estado bronco el responsable, es el secretario de Movilidad y Transporte el que ha anticipado la agresión a cualquier Uber.
Lo malo es que Aquiles Espinosa reaccionó como concesionario al cual le afectaba sus intereses, en vez de conducirse con la probidad y la propiedad que su alto rango burocrático le demanda.
Sólo que Aquiles no es probo e incita a la vulgaridad que caracteriza a los voceros de la 4T.
En otra parte de su lamentable intervención fustiga lo que él mismo practica: “Debemos de vigilar que estas personas (el Uber) no sean pulpos, que sea una familia que pueda tener un ingreso. Vamos a buscar que se distribuya en muchas familias”. ¿Qué acaso el pulpo más acaparador es la Secretaría de Transporte?
Sólo en Tuxtla Gutiérrez controla mil 500 taxis pirata, 14 mil mototaxis en todo el estado, y se descubrió que en la propia Secretaría de Transporte se pretende regularizar concesiones de 1986, con la falsificación de la firma del entonces gobernador Absalón Castellanos Domínguez.
Pero también Aquiles esconde convenientemente que los trabajadores de Uber tendrían acceso al Seguro Social con las cinco prestaciones obligatorias y apenas una aportación de cuarenta pesos diarios: enfermedades y maternidad; riesgos de trabajo, invalidez y vida; ahorro para el retiro; cesantía en edad avanzada y vejez; guarderías y prestaciones sociales. Nada de trampas como las que acostumbra Espinosa García. Lo anterior avalado y explicado por el propio Zoé Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social.
También se oculta que con Uber, los conductores podrían tener un ingreso semanal de 10 mil pesos, en vez de los 7 mil 500 mensuales que hoy reciben los asalariados, en extenuantes horarios de trabajo de 12 horas y más al día. Se acabaría el negocito del pulpo “institucional”. Ampliaremos…


El movimiento morenista busca perpetuarse por encima de la voluntad ciudadana * Arturo Zaldívar, el esquirol del lopezobradorismo
ROBERTO DOMÍNGUEZ CORTÉS
Andrés Manuel López Obrador ha entrado en una etapa de desesperación por ganar, bajo cualquier circunstancia y riesgo para el país, la elección presidencial del 2024 y las nueve gubernaturas en disputa.
Sus trampas comenzaron con el plan A para apropiarse del control del Instituto Nacional Electoral y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. No le resultó. La Suprema Corte de Justicia de la Nación le canceló sus afanes futuristas al decretar que su intento de reforma era absolutamente inconstitucional.
A través de su plan B, pretendió el control de la elección con reformas a las leyes secundarias, y de nuevo la Corte Suprema le dio un severo revés al declarar inoperantes sus intentos dictatoriales de dominar el proceso electoral del 2024.
Cínico ante la Nación amenazó con un plan C. Sin algún recato, y mucho menos con ética política, lanzó su manifiesto antidemocrático ante la ciudadanía y el electorado. “Si creen que con echar abajo el plan A y el plan B hemos perdido… se han equivocado. Tenemos todavía un plan C”.
Era el mensaje más funesto a la Nación para perpetuarse y continuar con la destrucción del país desde la cuarta regresión. Ese plan C tiene dos vertientes amenazantes. Ha dicho que la oposición jamás volverá a ganar, que el segundo lugar de las corcholatas será el presidente del Senado de la República, el tercer lugar lo tiene reservado para el liderazgo de la Cámara de Diputados y el cuarto lugar para la Secretaría de Gobernación.
Es la premonición fatal cuando desde ahora anuncia un monumental fraude electoral para perpetuar a su movimiento morenista por encima de la voluntad ciudadana.
Ningún presidente durante los 71 años del largo ciclo priísta ni durante los 12 años del panismo se atrevió a tanto: designar por anticipado a su sucesora, la tal Claudia Sheinbaum, y la conformación a su gusto de la estructura política de la República.
Parte de sus intentos golpistas, López Obrador los ha centrado en el sumiso lacayo Arturo Fernando Zaldívar Lelo de Larrea. No basta ser jurista para ser presidente del Tribunal Constitucional de la Nación. Se requiere dignidad, decoro, vergüenza profesional y lealtad a las instituciones republicanas.
Arturo Zaldívar no reúne esos requisitos cuanto que utilizó la toga para postrarse de hinojos ante un dictadorzuelo con afanes transexenales que ya desde ahora se advierten fallidos.
La primera muestra de subordinación la dio Zaldívar cuando con absoluta falta de respeto al poder que representaba se atrevió a infamar: “Hay que escuchar el mandato de las urnas”. Ello en referencia a que López Obrador había obtenido 30 millones de votos en la elección presidencial del 2018 y había que rendirle tributo. Arturo Zaldívar ejercía así una justicia militante.
Como ministro presidente de la Suprema Corte no tenía derecho a hacer un pronunciamiento en nombre de ministros, magistrados y jueces a los que no pidió permiso para decirle al señor López que él era el mandamás del Poder Judicial Federal. Este abyecto jurisconsulto habló en nombre propio y no de los 55 mil trabajadores del Poder Judicial Federal.
El segundo momento de vasallaje lo dio Arturo Zaldívar cuando López Obrador propuso prolongar el mandato de presidente de la Corte de cuatro a seis años. Era un atentado gravísimo al Artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: “Cada cuatro años, el Pleno elegirá de entre sus miembros al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.
Acostumbrado López Obrador a “no me vengan con el cuento de que la ley es la ley” y su frase preferida “al diablo con las instituciones” pretendió pisotear la Carta Magna con un artículo segundo transitorio muy por debajo de un dispositivo constitucional que regula exactamente el tiempo de permanencia del presidente de la Corte.
Otra vez Arturo Zaldívar atentó en contra de la toga y el birrete que le fue otorgado por el Poder Ejecutivo, la representación nacional y la supremacía constitucional. Sabía Zaldívar la imposibilidad de prolongar su mandato por dos años más y jamás hizo pronunciamiento alguno al respecto.
Sometido por López Obrador apenas alcanzó a balbucear: “Esperaré a que resuelvan los señores ministros sobre la extensión de mandato”.
No Zaldívar. En un acto de dignidad jurisdiccional y republicana, lo procedente era informar a la Nación: “No puedo ser presidente por seis años, porque fui elegido por cuatro y mi Constitución Suprema lo prohíbe”. Se comportó como un vulgar esquirol de López Obrador y no como titular de otro poder sujeto a mandatos constitucionales.
Pero el acto más vergonzoso le llegó a Arturo Zaldívar cuando decidió con anticipo de un año renunciar como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Su renuncia era absolutamente improcedente.
El Artículo 98 de la Ley Fundamental considera como renuncia sólo una causa grave y Arturo Zaldívar se exhibió como el empleado de la cuarta regresión sin existir una causa grave y mucho menos manifestar cuál era esa causa.
Cierto que la Constitución es abstracta cuando sólo esgrime causa grave, en tanto que el artículo 8 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación amplía esa causa grave: “Los ministros durarán en su encargo 15 años, salvo que sobrevenga incapacidad física o mental”. Esa causal también es muy limitada y circunscrita a sólo dos hipótesis.
Habría entonces que remitirse a los requisitos para ser ministro de la Suprema Corte contenidos en el Artículo 95 de la Carta Magna:
1.- Ser ciudadano mexicano por nacimiento. La causa grave sería que se encontrara que el ministro es extranjero.
2.- Tener 30 años cumplidos el día de la designación. La causa grave sería que tuviera menos de esa edad.
3.- Tener título profesional con diez años de antigüedad. La causa grave sería un título profesional con menos de diez años de antigüedad. Es el caso de la plagiaria delincuente Yasmín Esquivel Mossa que inconstitucionalmente ocupa el cargo de ministra al servicio de López Obrador.
4.- Gozar de buena reputación y gozar de buena fama en el concepto público. Ahí estaría la causal de la renuncia de Arturo Zaldívar cuando que no goza ni de buena reputación y menos de buena fama en el concepto público. Así lo acredita su carta de renuncia y sus actos como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Su renuncia no puede ser más indignante y pusilánime que con los argumentos esgrimidos para abdicar de un cargo conferido hasta el 30 de noviembre de 2024 y que tenía obligación de respetar: “Me retiro porque voy a apoyar un proyecto”.
“No voy por un cargo”, aunque ya se definió por la Sheinbaum y espera retribución administrativa. “Xóchitl está nerviosa porque las encuestas no le favorecen. No puedo juzgar con imparcialidad al demostrar simpatía por una causa”.
La miseria humana de Arturo Zaldívar Lelo de Larrea llegó a su máxima expresión cuando se comprometió con el proyecto destructor de Nación de López Obrador manifestado en su carta de renuncia.
Lo grave es que esos pronunciamientos los hizo en funciones de ministro. Aun cuando haya presentado su renuncia, el Senado todavía no daba su aprobación y adherirse pública y anticipadamente a un proyecto político e ideológico al que siempre perteneció desde la clandestinidad.
Cuando Arturo Zaldívar protestó el cargo juró cumplir y hacer cumplir la Constitución por encima de cualquier interés personal o de grupo. Sabía que su compromiso era por 15 años de lealtad constitucional. Con su actitud quedará por siempre la certeza de la complicidad con López Obrador para dejarle un ministro hasta el 2038.
Queda así de manifiesto lo que siempre fue: un traidor a la administración de justicia y a las instituciones republicanas. Ampliaremos…
HOJAS LIBRES
El huracán López Obrador, más dañino que el Otis
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3 semanas agoon
noviembre 10, 2023By
Redacción
Lecciones de la historia en Guerrero: caída de gobernadores y enfrentamiento con el gobierno federal * No hay dinero suficiente para la reconstrucción de Acapulco, pero sí lo hay para el dispendio y la frivolidad para publicitarse y anunciar mentiras * Con la tragedia de Acapulco, AMLO ha perdido 15 puntos e indudablemente ese rechazo tendrá repercusiones nacionales imposibles de predecir al día de hoy
ROBERTO DOMÍNGUEZ CORTÉS
La tragedia de Acapulco exhibió a Andrés Manuel López Obrador de cuerpo entero. La indolencia y la irresponsabilidad son los mayores referentes de un gobierno que encubre la realidad y se esconde en la demagogia con apariencia de democracia.
La indolencia de López Obrador se hizo presente cuando después de nueve días publicó la declaratoria de emergencia.
El huracán Otis, categoría cinco, pegó en las costas de Acapulco el día 25 de octubre y fue hasta el 3 de noviembre cuando se dio cuenta que ese centro turístico necesitaba, más que actos de solidaridad y mensajes de conformidad, ayuda inmediata y efectiva.
López Obrador se tardó para acudir en defensa de la seguridad y la vida de 800 mil damnificados. Así, de ese tamaño, fue su irresponsabilidad.
La tragedia de Otis agarró a López con los dedos atrás de la puerta.
Su frivolidad para hacer un aeropuerto a donde no llegan aviones ha tenido un sobreprecio de 265 mil millones de pesos con relación al de Texcoco.
Una refinería que no refina pasó de 8 mil millones a 20 mil millones de dólares, con un incremento injustificado de 210 mil millones de pesos.
En tanto el Tren Falla (sic), rumbo al precipicio, pasó de 143 mil millones a 280 mil millones de pesos con un costo superior de 137 mil millones de pesos.
El asalto al erario nacional suma entonces 612 mil millones de pesos, sólo por exceso en los gastos presupuestados, en tanto la dilapidación total rebasa el billón de pesos.
Hasta ahora aparece la realidad cuando se gastan los dineros públicos sin alguna consideración, como si la disposición presupuestaria fuera ilimitada y se presume que siempre hay dinero disponible cuando que la realidad indica otra cosa.
Se ha calculado la reconstrucción de Acapulco entre 15 mil y 18 mil millones de dólares, algo así como 263 mil a 315 mil millones de pesos. Si se atiene a esas cifras, los 612 mil millones de pesos en sobreprecio de las tres fraudulentas obras, habría sido suficiente para reconstruir dos veces Acapulco.
Pero no, se prefirió la parafernalia y aparentar que con esas tres megaobras estaba asegurado el porvenir de los mexicanos y el desarrollo de México, cuando en realidad esos tres esperpentos representan el mayor fracaso de la obra lopezobradorista.
Los malos resultados de la política económica están a la vista. Como a López Obrador ya se le acabó el dinero y trata de aparentar salud económica, para el año 2024 se ha previsto una deuda pública de un billón 900 mil millones de pesos.
Ese endeudamiento es indicador irrefutable que la sequía a las finanzas públicas ha sido alcanzada por los pésimos manejos presupuestarios y el exceso de gastos que no tienen ni tendrán correspondencia con el ingreso y menos con el bienestar nacional.
Para mantener su clientela electoral, entre jóvenes construyendo el futuro, adultos mayores y discapacitados, López Obrador destina cada año 300 mil millones de pesos, una cantidad similar a la necesaria para la reconstrucción de Acapulco. Y con la amenaza que en 2024 esa ayuda tendrá un incremento del 20 por ciento por estar en disputa la Presidencia de la República, nueve gubernaturas y 20 mil cargos de elección popular. Se trata pues de compra descarada de votos.
De ese tamaño es la deshonestidad de López Obrador, célebre por su ridícula y desgastada perorata de no mentir, no robar y no traicionar. Se acabó esa demagogia.
Los gobiernos morenistas empezando por el nacional, son más mentirosos, más ladrones y más traidores que todos sus predecesores priístas y panistas.
Ahora, en un acto desesperado y abusivo, López Obrador trata de apropiarse ilegalmente de dineros que legítimamente le pertenecen a otras instituciones. Quiere rapiñar los 15 mil millones de pesos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y dejar a la deriva 55 mil trabajadores que han ahorrado durante 10, 20 y 30 años para tener un retiro que les dé certeza de una vida tranquila y sin sobresaltos.
También quiere apropiarse ilegalmente de los 26 mil millones que le pertenecen a los órganos autónomos, para compensar la desaparición (robo) de los 18 mil millones de pesos del Fonden, sin que se haya conocido su destino, aun cuando puede inferirse se encuentran en el AIFA, el Tren Falla (sic), la refinería Dos Bocas y los bolsillos de más de uno de sus colaboradores como ocurrió con Segalmex.
Su planecito de emergencia de 61 mil millones de pesos para la reconstrucción del puerto es vergonzosa y una ofensa para el pueblo de Acapulco. Con una población de 800 mil habitantes, tocaría a cada uno apenas 75 mil pesos, cuando la realidad demuestra que han perdido todo y no alcanzará ni para repellar una casa.
Acapulco representa, o representaba, el 80 por ciento de la economía de Guerrero, y en esa proporción hay que dimensionar la ayuda humanitaria y no con paliativos que en poco o nada mejorarán la condición infrahumana en que hoy se debaten los damnificados.
Esos 61 mil millones de pesos apenas representan el nueve por ciento de los 612 mil millones de pesos del exceso en el gasto de sus obras que se dirigen hacia ninguna parte.
Al día de hoy Dos Bocas se encuentra totalmente inundada, señal inequívoca de que es un fracaso anunciado.
El huracán López Obrador ha resultado más dañino que el Otis. No hay dinero suficiente para la reconstrucción, pero sí lo hay para el dispendio y la frivolidad para publicitarse y anunciar mentiras.
López Obrador, que se ufana de ser historiador, no debe olvidar las lecciones del estado de Guerrero a la nación. Esta entidad siempre ha sido un pueblo guerrero que le viene de estirpe del libertador Vicente Guerrero al cual debe su nombre. Varios acontecimientos así lo confirman.
En octubre de 1960 los estudiantes de la Universidad de Guerrero demandaban al general Raúl Caballero Aburto, gobernador del estado, la autonomía de la institución.
La huelga culminó con el asesinato de varios estudiantes en la plaza principal de Chilpancingo, lo que llevaría al mandatario a renunciar en enero de 1961.
No hay que olvidar tampoco que la Guerra Sucia de los años 70 dio severos reveses a los gobiernos de Luis Echeverría y José López Portillo.
Lucio Cabañas, Genaro Vázquez y Carmelo Cortés encabezaron una lucha interminable desde el partido de los pobres en contra del Gobierno de la República.
Ante esos acontecimientos el gobernador Israel Nogueda Otero fue destinatario de la desaparición de poderes por enfrentamiento con ejidatarios de Alta Icacos, precisamente en Acapulco, por fraude en la venta de terrenos inexistentes.
La matanza de Aguas Blancas, en junio de 1995, fue otro evento que culminó con la caída del gobernador Rubén Figueroa Alcocer, heredero de las trapacerías de su padre, Rubén Figueroa Figueroa, el legendario Tigre de Huitzuco.
Tocó el turno a Ángel Aguirre Rivero, al renunciar en octubre de 2014 por los trágicos acontecimientos de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.
Paradójicamente, Aguirre Rivero sustituyó a Rubén Figueroa y después hubo de renunciar por la matanza de Aguas Blancas.
Todo esto confirma las peleas legendarias de los bravos guerrerenses contra gobiernos autoritarios, represores, irresponsables y asesinos.
López Obrador no debe olvidar que a raíz de la matanza de Aguas Blancas, apareció el Ejército Popular Revolucionario y que Lucio Cabañas egresó de la Normal Rural de Ayotzinapa, líder icónico en los tiempos de la Guerra Sucia.
Por lo pronto, con la tragedia de Acapulco, López Obrador ha perdido 15 puntos e indudablemente ese rechazo tendrá repercusiones nacionales imposibles de predecir al día de hoy.
Bajo esas circunstancias Guerrero, sobre todo Acapulco, tendrá enorme peso electoral en el país para 2024 y de lo cual ya ha sido advertido el señor López por los abandonados damnificados. Ampliaremos…

La irresponsabilidad de un gobierno más preocupado por defender los fracasos de la 4T que la vida en juego de cientos, de miles de mexicanos * El Presidente prefirió el circo y el histrionismo para aparentar el tan pregonado humanismo social que jamás ha practicado y tampoco siente
ROBERTO DOMÍNGUEZ CORTÉS
La catástrofe de Acapulco, el tradicional centro turístico mexicano, dejó la lamentable experiencia de ausencia de Estado, la indolencia, la corrupción, la inepcia de los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y de ese monumento a la frivolidad y la incompetencia llamada Evelyn Salgado Pineda.
La noches del martes 24 para el miércoles 25 de octubre anterior, el huracán Otis, categoría cinco, azotó las costas de Acapulco y destruyó la infraestructura aeroportuaria, carretera, restaurantera y hotelera.
Después de cinco días la ayuda humanitaria no llegaba. La indolencia del gobierno de López Obrador y de Evelyn Salgado fue tan evidente que los residentes de varias colonias de Acapulco los llevaron a exhibir la miseria humana del que se dice Presidente de México y gobernadora del estado.
Con infinito coraje y desesperación clamaban: “Que venga el hijo de la chingada a ver estos destrozos”, “que se baje del helicóptero con su guayabera este cabrón para que se enfrente a la realidad”. Otra mujer amenazaba: “Estamos en época de elecciones y se la vamos a cobrar. Estoy emputadísima por la falta de ayuda. Vean estos destrozos. No tenemos agua, comida, ni ley”.
Rememoraron que cuando “el huracán Paulina azotó las costas de Oaxaca y Acapulco, inmediatamente aquí estuvo el Presidente de la República”, a diferencia del ausente López Obrador.
Los habitantes guerrerenses se referían al 7 de octubre de 1997 cuando Ernesto Zedillo era el presidente de México. El mismo que ordenó entregar a López Obrador su constancia de mayoría para que pudiera ser jefe del Departamento del Distrito Federal. Las trampas y argucias de siempre del Peje para finalmente asaltar la Presidencia de la República.
Ni el plan DN-III funcionó como tradicionalmente ocurrió en los gobiernos priístas y panistas. La presencia del Ejército era inmediata y de resultados.
Hoy la lentitud con que se actuó demuestra la irresponsabilidad de un gobierno más preocupado por defender los fracasos de la Cuarta Transformación que la vida en juego de cientos, de miles de mexicanos.
En un escenario inventado para aparentar preocupación y arrojo, López Obrador recurrió al cuento de que el jeep en que viajaba se atascó. Y para completar la farsa se bajó y caminó ridículamente entre los lodazales.
La farsa está a la vista. Aun cuando ya no existe el Estado Mayor Presidencial, el sustituto tiene todos los instrumentos a su alcance para preservar la seguridad presidencial. Por dónde va a pasar y hacia dónde se dirige. Las condiciones climáticas y geográficas del terreno. Los peligros y obstáculos que puede haber en el trayecto. Todo eso se sabía y aun así se continuó con la comedia.
Lo bueno es que quedó como el payasito de la tele, pues tenía la opción de transportarse por aire para mayor seguridad y más rapidez, en coordinar y ordenar la agenda humanitaria inmediata. Pero no. Prefirió el circo y el histrionismo para aparentar el tan pregonado humanismo social que jamás ha practicado y tampoco siente.
Lo cierto es que no se sabe si llegó o no a Acapulco y todo fue un montaje como los acostumbrados siempre del lopezobradorismo.
La ausencia del Ejército y desde luego del Estado, contrasta con los 32 mil efectivos destinados a la persecución permanente de los migrantes que llegan al territorio nacional para cumplir el compromiso con Estados Unidos de no dejarlos llegar a la Unión Americana.
Contrasta también con los 20 mil soldados enviados a Tulum, Quintana Roo, para la construcción de un hotel al lado de un aeropuerto que no existe. ¿Qué hace el Ejército dedicado a construir aeropuertos, trenecitos de fantasía, controlar aduanas, repartir libros y vacunas? en vez de ayudar a un pueblo en ruinas. Es la corrupción a la milicia para asegurar la docilidad de las Fuerzas Armadas.
Mientras eso ocurre, Acapulco se desangraba y los muertos aparecían, mientras los desaparecidos no aparecen por ningún lado, en un territorio donde por primera vez el plan DNIII resultó un fracaso. Ello puso en evidencia la incapacidad del Ejército para enfrentar y controlar los actos de rapiña perpetrados por la población y la delincuencia organizada.
Las imágenes son patéticas. Más allá de los alimentos y artículos de primera necesidad para satisfacer lo elemental del ser humano, “el pueblo” se dedicó a robar en todas las tiendas de conveniencia. El saqueo de aparatos eléctricos, televisores, estufas, refrigeradores, aceites para motor, y todo cuanto encontraron en el camino, evidenciaron que el Ejército y la Guardia Nacional no tuvieron el mínimo control sobre una población desbordada y dedicada a rapiñar.
Mitómano y sin sentido del honor, López asumió su propia defensa desde sus catilinarias mal estructuradas de las Mañaneras. Con pésima sintaxis, sin la prosodia que caracteriza el tono superior de los discursos y con faltas de ortografía oral, fustigó a los medios conservadores, chayoteros y viles por difundir mentiras sobre la trágica y evidente verdad de Acapulco.
Vileza es ocultar la verdad y tratar de imponer una verdad única e inexistente. Ahí están las imágenes del desastre. Carente de ética política y de dignidad humana asegura que 26 muertos (los del principio) no son muchos.
Se excede cuando en una comparación poco afortunada, destacó que el huracán Katrina de Nuevo Orleans dejó 2 mil muertos y no se hizo tanto escándalo. Y para ocultar su responsabilidad, en la Mañanera profirió un insulto mayúsculo a los mártires de Acapulco: “¿43 muertos? No nos fue tan mal”. Lamentable expresión de un comediante con farsas humanistas.
Tiene razón el senador Javier Lozano Alarcón, cuando califica de miserable al señor López. En vez de preocuparse por los damnificados de Acapulco, en una de sus viles Mañaneras, se regodea al presumir su popularidad en el mundo como el segundo presidentito mejor calificado. Ningún Presidente ha llegado a tanto para proferir una expresión tan imbécil y en momento tan inoportuno.
Ventajoso y aprovechado de la tragedia humana urge a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que entregue los 15 mil millones de pesos de sus fideicomisos para ayuda de los damnificados.
La ministra presidenta Norma Lucía Piña aceptó el reto más que petición respetuosa. Propuso reglas claras para el reparto de esos 15 mil millones de pesos ante los evidentes hechos de que los bandidos de la Cuarta Transformación podrían robarse los dineros que pertenecen al trabajo diario de los 55 mil trabajadores del Poder Judicial de la Federación.
Mejor debería rescatar parte del casi un billón de pesos que han costado sus tres obras fantasmas destinadas al fracaso y al precipicio. Así como también obligar a devolver los 15 mil millones de pesos del fraude de Sedalmex con cargo al delincuente Ignacio Valle Fernández.
Bastaría con que se devuelvan los 485 mil millones de pesos del Insabi para proporcionar una ayuda certera y de gran magnitud a los damnificados de Acapulco, en vez de continuar con su perorata de tratar de desprestigiar a la Suprema Corte, cuando que el desprestigiado se llama Andrés Manuel López Obrador.
Evelyn Salgado Pineda es otro de los retratos de la corruptela de la cuarta regresión. Jamás apareció durante la conflagración, y cuando lo hizo se dedicó a exaltar virtudes de López Obrador que no tiene. Lo llamó humanista, gran gobernante y preocupado por el bienestar de la gente. Los hechos demuestran lo contrario.
Ausente de sus responsabilidades como desgobernadora del estado de Guerrero, es una vergüenza y un insulto para los guerrerenses. Su talante ridículo le viene de estirpe. Es hija del delincuente acusado de violación Félix Salgado Macedonio. Ampliaremos…
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