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‘Los otros datos’ duros: Nada que presumir en las obras chaifas de AMLO

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Los grandes fracasos del Señor Presidente * A Dos Bocas se le suman el aeropuerto de Santa Lucía y el Tren Maya… más el pésimo programa de Abrazos no Balazos que ya cobró la vida de al menos 125 mil muertos

 

ROBERTO DOMÍNGUEZ CORTÉS

 

En contra de lo que indica la lógica, la razón y la responsabilidad, Andrés Manuel López Obrador inauguró el pasado 2 de julio la refinería de Dos Bocas, para conmemorar el cuarto aniversario de su triunfo electoral que lo llevó a la Presidencia de México.

Las fallas desde el inicio de una obra que pretende hacer autosuficiente a México en la refinación de Petróleo son evidentes.

Con un presupuesto inicial de 8 mil millones de dólares (160 mil millones de pesos), a la fecha se llevan gastados 14 mil millones de dólares (280 mil millones de pesos), es decir, un 75 por ciento más de lo presupuestado.

Aunque cálculos serios como los de Enrique de la Madrid Cordero, auguran un costo final de 18 mil millones de dólares (trescientos sesenta mil millones de pesos) que representa un 125 por ciento más de lo previsto originalmente. Esa grave deficiencia pone al descubierto la improvisación y la corrupción que ha privado en la construcción del proyecto fallido de Dos Bocas.

En las cuentas alegres de López Obrador, la refinería de Dos Bocas está concebida para producir 345 mil barriles de petróleo diarios. Lo malo es que fue una inauguración fantasma y de ficción, cuando que se ha aceptado que Dos Bocas comenzará a producir hasta el 2024. Dos años de retraso significa que el primer barril de petróleo refinado, costará 927 mil 536 pesos (46 mil 360 dólares), bajo el fundado argumento de que al retrasarse la producción por ese tiempo dejarán de refinarse 252 millones de barriles de petróleo. En la actualidad refinar un barril de petróleo cuesta 7 dólares, algo así como 140 pesos en moneda nacional.

El fracaso se evidenció desde el inicio de la obra. Dos Bocas se construyó sobre zona de humedales y hubo de rellenarse el terreno que afectó severamente al medio ambiente y con graves inundaciones cada vez que la precipitación pluvial va más allá del promedio con que llueve en esa zona.

La irracionalidad de López Obrador se hizo manifiesta cuando convocó a cuatro prestigiadas compañías internacionales para someter a su consideración el proyecto de Dos Bocas. Puso dos condiciones: que costara 8 mil millones de dólares y se comprometieran a terminarla en 3 años. La respuesta fue el rechazo. Compañías serias no podían exponer su prestigio a las veleidades de un gobernante fuera de la realidad. Sólo que para cumplir su capricho decidió fuera su propia administración quien construyera una obra sin destino cierto.

Como es sabido el gobierno mexicano compró la refinería Deer Park en 1,600 millones de dólares, con una capacidad de refinación igual a la de Dos Bocas.  Ello quiere decir que con el costo de la refinería Olmeca de Paraíso, Tabasco, pudieren haberse comprado 10 refinerías capaces de refinar 3 millones 450 mil barriles de petróleo diarios.

Se agrega a la pérdida patrimonial de Dos Bocas los deplorables estados financieros publicados por Pemex Transformación Industrial, subsidiaria del mismo Petróleos Mexicanos. Durante el año 2020 se reportaron pérdidas por 153 mil millones de pesos, en tanto que en 2021 por 125 mil millones, cuya acumulación llegó a los 278 mil millones de pesos, con todo y que Pemex es un monopolio del Estado mexicano.

El derroche de Dos Bocas es patético si se compara con la inversión y los resultados del fabricante y comercializador internacional Valero Energy Corporation con sede en San Antonio Texas. Esta petrolera opera 15 refinerías de petróleo con una capacidad de refinación de aproximadamente 2.1 millones de barriles diarios y 7 mil estaciones de servicio en todo el mundo. Con todos estos activos, Valero Energy cuesta apenas 15 mil millones de dólares, cifra menor a la dilapidada en la refinería de Dos Bocas.

La sola comparación de los costos entre Deer Park y Valero Energy Corporation, contra Dos Bocas evidencian el grave despilfarro de recursos para cumplir con un caprichito más de López Obrador.

Lo mismo ocurrió con la sustitución del aeropuerto de Texcoco por el fallido aeropuerto Felipe Ángeles en la base militar de Santa Lucía. Se entiende que ese cambio fue para evitar que Peña Nieto fuera recordado siempre por la magna obra que daría solución al problema del tráfico aéreo en la Ciudad de México. Y por la otra darle gusto a los militares para entregarles el control de un aeropuerto negado para ser internacional. El general Gustavo Vallejo fue el responsable de la fracasada obra, exactamente igual con su participación en la construcción del también fallido Tren Maya.

Lamentablemente para México y los mexicanos, López Obrador no puede presumir de un solo acierto en su fracasada administración. El aeropuerto Felipe Ángeles costó 425 mil millones de pesos y sólo tiene 8 vuelos diarios nacionales y ninguno internacional. Por el contrario, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México tiene mil 200 vuelos diarios, con el riesgo que ello significa de una conflagración aérea de incalculables proporciones como ya ha ocurrido en más de una ocasión.

El único vuelo internacional operado en el aeropuerto Felipe Ángeles, el día de su inauguración, el 21 de marzo de 2022, para conmemorar el natalicio del prócer Benito Juárez, fue el de la aerolínea venezolana Conviasa de la que ningún pasajero bajó, únicamente se estacionó en la pista durante 45 minutos y posteriormente regresó a Venezuela.

Un acto vergonzoso de López Obrador al permitir que en la conmemoración del natalicio de Benito Juárez, se permitiera la llegada de un avión fletado por instrucciones de Nicolás Maduro, el dictador venezolano y clasificado como narcotraficante por el gobierno de Estados Unidos.

El Tren Maya también apunta ya hacia el fracaso. Su costo pasó de 75 mil a 145 mil millones de pesos con la desaprobación y la rebelión de ambientalistas que han prevenido a López Obrador del desastre que significa para la flora y la fauna, la desaparición del jaguar negro, la de decenas de especies animales y la afectación de los cenotes por donde pasará el Tren.

Se suma a esta tragedia ecológica la enorme deforestación, cuyo destino de los recursos maderables se desconoce y desde luego apuntan hacia graves actos de corrupción para quien dice no mentir, no robar y no traicionar. Con actos tan graves atentatorios al tesoro nacional, se miente, se roba y se traiciona al pueblo de México.

Habría que preguntarle al “Señor Presidente” un solo logro del que pueda presumir durante su administración, con resultados inversos de lo pregonado en cada una de las soporíferas mañaneras. El instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) dejó a 18 millones de mexicanos sin acceso a la salud. El supuesto combate a la corrupción de la industria farmacéutica generó escasez de medicinas y miles de niños con cáncer sin protección a su salud. Las escuelas de tiempo completo iniciadas con 441 en 2008 y 27 mil en 2018 terminaron para desaparecer y dejó a un millón y medio de niños sin el único alimento que consumían durante todo el día.

Sembrando Vida ha propiciado la deforestación de 50 mil hectáreas cuyo mayor deterioro se dio en Ocosingo, Chiapas, con el 50 por ciento de la deforestación nacional. Creó el Banco del Bienestar y apenas en año y medio ya no tenía fondos. Hoy hay 10 millones de pobres más de los que recibió en el 2018.

Y desde luego la enorme inseguridad y los 125 mil muertos que a dos tercios del sexenio, ha superado a los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Ampliaremos…

 

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La historia de un fraude anunciado

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Una delincuente electoral llamada Delfina Gómez * La candidata morenista al Edomex tiene dos manchas: El ‘diezmo’ de Texcoco y la desaparición de las escuelas de tiempo completo * Estado de México define elección presidencial 2024

 

ROBERTO DOMÍNGUEZ CORTÉS

 

Finalmente Delfina Gómez “ganó” la elección interna de Morena para postularla como candidata a la gubernatura del Estado de México.

Según Morena y su espurio dirigente Mario Delgado, fue un proceso democrático ejemplar en el que la franquicia personal de López Obrador se inclinó por segunda vez en favor de la secretaria de Educación Pública.

La encuesta se resolvió en una sola voluntad: la del Presidente López. Es el mismo cochinero que prevaleció en las elecciones internas de Morena para designar a la nueva dirigencia partidaria en la que quedaron los adictos al lopezobradorismo, representados principalmente por Adán Augusto López Hernández, como el más notorio adalid de las trampas morenistas.

Para lavarse la cara de las enormes irregularidades en las elecciones internas de Morena, López Obrador simplemente manifestó que a pesar de las irregularidades, resultó nada comparado con lo que se hizo en el pasado, en abierta referencia a los casi 80 años de priísmo.

Tiene razón López con la imposición de Delfina Gómez como candidata al Gobierno del Estado de México. La burda secretaria jamás podrá compararse con personajes de la talla de Jaime Torres Bodet, secretario de Educación Pública del presidente Adolfo López Mateos. Mucho menos con el ilustre Agustín Yáñez, secretario de Educación del presidente Gustavo Díaz Ordaz. Y desde luego con el espléndido historiador, político, ideólogo y escritor Jesús Reyes Heroles, secretario de Educación Pública en el gobierno del presidente Miguel de la Madrid.

Con estas breves referencias, Delfina Gómez aparece como una desconocida y en un ínfimo lugar comparada con los tres personajes de la educación en México. Su nivel cultural quedó evidenciado cuando entrevistada por Denise Maerker cometió un grave dislate gramatical, al pronunciar “nadien” en lugar de nadie. Ninguno de los ex secretarios del priísmo habría tenido tan vergonzoso vocabulario.

Cierto que de los tres procesos electorales locales del 2017 para renovar tres gubernaturas, dos estuvieron manchados por el fraude electoral y el dispendio de recursos para favorecer a Alfredo del Mazo en el Estado de México y a Miguel Riquelme en Coahuila. De Alfredo del Mazo hubo demasiadas evidencias que lo hacían inelegible y la abierta posibilidad de anular la elección cargada de intromisiones del aparato de Estado encabezada por el peñanietismo, hoy en franca decadencia e investigado por la Fiscalía General de la República.

Para hacer ganar a Del Mazo, están documentadas las más de 100 visitas presidenciales y de secretarios de Estado durante el 2017 con el propósito de aparentar unidad y fortaleza, y previo a la elección de 2017, la presencia de más de 10 gobernadores priístas en la ciudad de Toluca, cuando que tanta parafernalia era síntoma de debilidad extrema.

Se sumaron al apoyo de Del Mazo, los programas sociales del gobierno de Eruviel Ávila para condicionar el voto del hambre. El Congreso del estado mexiquense con la amenaza de la cuenta pública a los presidentes municipales y obligar a operar en favor del candidato priísta. Y como corolario, la vergonzosa sumisión de los órganos electorales “autónomos” para inclinar la votación en favor del ilustre representante del grupo Atlacomulco.

Nada de tan dispendiosa intromisión política y de dinero fue suficiente para hacer ganar a Del Mazo, pero sí para imponerlo. Los resultados posteriores a la elección así lo evidencian. Con todo y el excesivo uso de recursos públicos, el aparato de Estado apenas logró que votara la mitad de los 11.5 millones de electores. Y de ese voto, Alfredo del Mazo apenas pudo obtener el 33 por ciento de la votación total.

Del Mazo, como candidato solo del PRI, perdió ante Delfina Gómez. Apenas obtuvo 2 millones 48 mil votos, lo que significa que tuvo 57 mil 308 votos menos que la candidata de Morena. Ello quiere decir que hubo necesidad de recurrir a votos complementarios procedentes de los partidos Verde Ecologista, Encuentro Social y Nueva Alianza. Esa suma apenas fue suficiente para recibir 226 mil 298 votos adicionales con los cuales “ganó”, pero que nadie creyó en su triunfo.

Ahí está la diferencia de votos en favor de Delfina Gómez. Si Del Mazo “ganó” por 160 mil 900 votos, sin esos 226 mil su derrota habría sido por más de 57 mil sufragios. Sólo que el costo para los partidos satélite fue haber perdido su registro por no haber alcanzado el porcentaje de votación requerida.

Las cifras eran tan irrefutables que ninguna de las casas encuestadoras se atrevió a publicar sus resultados, pues en todas se daba como ganadora a Delfina Gómez. Así de ese tamaño fue el fraude en el que se evidenció también la complicidad de los encuestadores con el gobierno mexiquense y federal. Y desde luego el poder del dinero clandestino.

Esas referencias serían suficientes para inferir que en la elección del 2023 Delfina Gómez no tendrá rival enfrente. Sólo que las diferencias con el 2017 son notables. Gómez llega manchada con dos graves acontecimientos que serán definitorios en la decisión del electorado para elegir gobernador en el Estado de México: el robo de los sueldos a los trabajadores del municipio de Texcoco, cuando fue presidenta municipal, y la desaparición de las escuelas de tiempo completo, bajo su administración como secretaria de Educación.

Para encubrir su atraco, Delfina Gómez hizo un intento fallido que nadien (sic) creyó, al asegurar cínica y vergonzosamente que más de 200 trabajadores solicitaron el descuento vía nómina y que todo está documentado y perfectamente legal.

Nadien (sic) podrá creer que con sueldos tan bajos, los empleados municipales estarían dispuestos a dedicar parte de su ingreso para financiar las actividades ilícitas de Morena en el Estado de México.

Delfina Gómez fue acusada también por Josefina Vázquez Mota, entonces candidata del PAN a la gubernatura del Edomex, a la que públicamente sindicó: “Aquí está tu firma, les robaste 72 quincenas para dárselas a tu jefe político Higinio Martínez. Esto representa de 2 a 9 años de cárcel”. No hubo respuesta. El ominoso silencio de Delfina dejó al descubierto el atraco patrimonial y los delitos electorales cometidos y sancionados por el Tribunal Electoral Federal.

La otra mancha que carga en su haber Delfina Gómez es la desaparición de las escuelas de tiempo completo, en un grave atentado a los Derechos Humanos y al bienestar de la niñez, tutelados por el Artículo Cuarto de la Constitución federal y reconocidos en diversos instrumentos internacionales de los que México es parte.

Con esa arbitraria decisión, Delfina Gómez dejó a casi cuatro millones de niños sin el beneficio de la educación y el desayuno escolar diario que recibían. Y en muchos casos como el único alimento caliente a que tenían acceso en todo el día esos cuatro millones de niños.

Las cifras del trágico proceder de Delfina Gómez son atentatorias a la dignidad humana. Se desaparecieron 24 mil 200 escuelas de tiempo completo, ubicadas en 405 municipios del país en donde, paradójicamente, opera la cruzada nacional contra el hambre en favor de las niñas y niños que gracias a Delfina Gómez se quedaron sin asistencia escolar. De ese tamaño es el daño a la niñez. Ampliaremos…

 

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AMLO tiene su nuevo Fobaproa

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El Presidente practica lo que tanto critica de los neoliberales y conservadores * Entre el Tren Falla, el Chaifa, la refinería Dos Bocas y el incumplimiento del T-MEC costará a los mexicanos 85 mil millones de dólares * Manipulación de la Seguridad Nacional

 

ROBERTO DOMÍNGUEZ CORTÉS

 

El juez primero de Distrito, Adrián Novelo Pérez, con sede en Yucatán, concedió la suspensión definitiva para detener las obras en el tramo 5 del ya fallido Tren Maya, caprichito del que se dice Presidente de México (no de los mexicanos), Andrés Manuel López Obrador.
Conceder la suspensión quiere decir que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran, hasta en tanto el juez determina, en sentencia, si concede o no el Amparo y Protección de la Justicia Federal. Es lo que en el lenguaje jurídico-constitucional se llama resolución de fondo.
Después de lo que el juez de distrito decida, sigue la instancia del Tribunal Colegiado de Circuito, quien determinará si revoca o confirma la sentencia del juez Novelo Pérez.
El amparo fue promovido por el buzo José “Pepe” Urbina, preocupado por la preservación del medio ambiente y la ecología del territorio por donde pasará el Tren Maya.


Se ha demostrado repetidamente que el impacto a la flora y a la fauna es de devastación, con la amenaza de desaparición del jaguar negro, el mono araña y la deforestación que lleva más de 70 mil hectáreas de árboles maderables con destino desconocido. Y desde luego la contaminación y desaparición de gran cantidad de cenotes.
Irreverente y grosero, López Obrador ha acusado a los defensores de la naturaleza como seudoambientalistas cuando lo correcto es que México está mal gobernado por un seudopresidente.
Los argumentos de López Obrador para continuar con las obras del trenecito del sur no tienen ningún sustento.


Dice Andrés Manuel que la justificación para ordenar a la corcholata Adán Augusto López la continuación de la obra, es que la suspensión eleva los costos, la justicia es lenta y el gobierno de Estados Unidos financia a un “grupo mafioso político opositor” que busca frenar la construcción del Tren.
López Obrador se vale de todos los artilugios para su inauguración, en el día que ya decidió para el 2023. Exactamente igual como lo hizo el 21 de marzo pasado, con el inacabado y fraudulento aeropuerto Felipe Ángeles que apenas recibe seis vuelos diarios y ninguno internacional. Además de degradarlo a categoría dos, con lo que ningún vuelo de Europa, Asia y Norteamérica se arriesga a aterrizar bajo esas condiciones de inseguridad.


Respecto de que la suspensión de la obra eleva los costos es el pretexto perfecto para encubrir la inepcia y el despilfarro para justificar un sobreprecio del 70 por ciento. Vea usted lector y mexicano responsable. Originalmente el presupuesto destinado al Tren Maya fue de 11 mil 800 millones de dólares que traducidos en pesos son 236 mil millones en moneda nacional.
En conferencia de prensa, el mismo Andrés Manuel aceptó que el nuevo precio para el Tren Maya será de entre 15 mil y 20 mil millones de dólares. En el escenario más optimista, a los mexicanos constará la veleidad lopezobradorista 300 mil millones de pesos, en tanto que en el más pesimista el costo alcanzará la estratosférica cantidad de 400 mil millones de pesos. Cifras cercanas a los 415 mil millones pagados por un aeropuerto que ofende la memoria del insigne general Felipe Ángeles.
López Obrador también blasfema que en México la justicia es lenta y por ello hay que continuar con la construcción del Tren Falla (sic). No se trata de que la justicia sea lenta o expedita. Hay términos procesales y constitucionales que cualquier órgano jurisdiccional local o federal debe de observar. Los tiempos los marca la ley y no el capricho de los hombres como quisiera López Obrador por muy Presidente que sea.
Respecto de que el gobierno estadounidense financia a un “grupo mafioso político opositor” es otra de las frecuentes banalidades con que López adorna sus soporíferas mañaneras. Es la imposición de la palabra presidencial, desde el púlpito del Palacio Nacional sin derecho a réplica. Sólo que su pronunciamiento no tiene algún sustento. Es una declaración dogmática. El señor López no ha probado ni podrá probar la intervención de Biden o de su gobierno, pero propicia más encono en contra de su gobierno fallido.


En un gran atentado al orden constitucional de la República, emitió un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 11 de noviembre de 2021, donde declara como obra de seguridad nacional el Tren Falla (sic).
Con ello, los ridículos asesores presidenciales pretendieron agradar al jefe que va en camino a la destrucción de la República. La intención era salvar el imperativo constitucional previsto en el artículo 129 de la Ley de Amparo. Este dispositivo establece que cuando se persigue perjuicio al interés social o se contravienen disposiciones de orden público la suspensión puede no cumplirse.
Entre las prevenciones se encuentran “la defensa de la integridad territorial, la independencia de la República, la soberanía y seguridad nacional”. Lo malo para las trampas de López Obrador es que el Tren Falla (sic) no encuadra en alguno de los supuestos del artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional.
Este numeral establece, puntualmente, en 13 fracciones, las hipótesis sobre las cuales se encuentra amenazada y en peligro la seguridad nacional definida como la estabilidad y calma que se supone beneficiosa para el desarrollo de un país.
Así queda de manifiesto que las amenazas para la seguridad nacional son actos de espionaje, sabotaje, genocidio, intervención extranjera, desarticulación del territorio nacional, destrucción de infraestructura estratégica y actos ilícitos en contra del fisco federal entre otras prevenciones.
En ninguna de estas causales encuadra como de seguridad nacional la construcción del Tren Maya. Por el contrario, se atenta en contra del artículo 262 de la Ley de Amparo: “Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión (…) destitución o inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos al servidor público que en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión, no obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra”.
La evidencia de los ilícitos lopezobradoristas están plenamente probados, al emitir un decreto violatorio de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley de Amparo, desde el momento en que la Ley de Seguridad Nacional no hace alguna referencia a que una obra ferroviaria sea considerada como de seguridad nacional.


Ello quiere decir que una vez López Obrador haya dejado el cargo, queda un lapso de seis años para ser sujeto de sanción penal, junto con quienes transgredieron la ley y la Constitución, al violar una suspensión provisional y una suspensión definitiva.
Sobre todo porque el juez federal no ha resuelto el amparo solicitado y el Tribunal Colegiado de Circuito todavía no ha tenido intervención, en cuanto a la confirmación o revocación de la sentencia emitida por el juez de distrito.
Entre el Tren Maya, el Aeropuerto de Santa Lucía, la refinería Dos Bocas y el incumplimiento del T-MEC costará a los mexicanos 85 mil millones de dólares. Es el nuevo Fobaproa que tanto critica López Obrador de los neoliberales y conservadores. Ampliaremos…

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Los Chimalapas, la traición de Rutilio Escandón

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Quitarle a Chiapas 160 mil hectáreas, el acuerdo entre AMLO y Murat * La decisión favorable de la Suprema Corte tuvo como cambio que Alejandro entregara Oaxaca a Morena

 

ROBERTO DOMÍNGUEZ CORTÉS

 

Desde el gobierno de don Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970), el problema de Los Chimalapas, originalmente agrario, derivó en un conflicto político y de límites entre Chiapas y Oaxaca.

A finales de los sesenta se tituló en favor de los comuneros de San Miguel Chimalapa, Oaxaca, una superficie de 134 mil hectáreas, entregadas simbólicamente en la ciudad de Oaxaca. Por falta del deslinde respectivo, los comuneros favorecidos invadieron tierras comprendidas hasta Rizo de Oro, comunidad del municipio de Cintalapa. Esta fue la primera invasión.

Como respuesta, durante el gobierno del doctor Manuel Velasco Suárez, se cometió el incalculable error, al crear en 1973 la Comisión Intergubernamental Agraria y de LÍMITES, en expreso y lamentable reconocimiento de que un problema de repartición de tierras había terminado en limítrofe, lo que afectaba innecesariamente y hasta la fecha el territorio del estado de Chiapas.

La segunda invasión se dio en el mes de agosto de 1976 por un grupo de campesinos del mismo San Miguel Chimalapa, Oaxaca, en tierras boscosas de la zona denominada Ciénega de León, del municipio de Cintalapa.

La faja de tierra invadida fue de 200 mil hectáreas y con una penetración en territorio chiapaneco de 18 kilómetros a partir de la línea divisoria entre ambas entidades federativas.

Así, lo que en sus orígenes fue un asunto de carácter agrario, se convirtió en un severo problema de límites.

Pero el verdadero problema se generó durante el gobierno de don Juan Sabines Gutiérrez, cuando en la Constitución del 1 de enero de 1982 se fijaron los límites entre Chiapas y Oaxaca, en los que el gobierno chiapaneco, a través del Congreso del Estado, reconocía a Oaxaca espacios territoriales que desde hacía 500 años habían pertenecido a Chiapas, cuando el 14 de septiembre de 1824 se incorporó al naciente Estado mexicano.

Por todos estos problemas agrarios, convertidos artificialmente en limítrofes, el gobierno del estado de Oaxaca interpuso la controversia constitucional 121/2012 en la que reclamaba una superficie de 160 mil hectáreas pertenecientes a Chiapas. Indebidamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que los espacios territoriales de los Chimalapas pertenecían al estado de Oaxaca, con graves irregularidades, para premeditadamente favorecer a la entidad oaxaqueña.

Dentro de los límites territoriales había un punto fundamental para conocer exactamente los límites entre Chiapas y Oaxaca. Se trataba del Cerro de los Mixes que el perito de la SCJN jamás localizó.  En tanto que el perito de Chiapas sí encontró el cerro de los Mixes.

Lo grave de este episodio fue que la Corte hizo caso omiso al dictamen del perito de Chiapas y únicamente tomó en cuenta el informe rendido por su propio perito aun cuando no haya localizado el cerro que definía exactamente los lindes entre Chiapas y Oaxaca.

Hubo otra grave anomalía al no llamar a juicio a las partes involucradas para manifestar su parecer. Ello era obligatorio puesto que en la parte de Chiapas identificada como oaxaqueña, todas las toponimias se refieren a nombres y lugares de Chiapas: Elsy Herrerías, Alberto Cal y Mayor y Rodulfo Figueroa, entre otros nombres pertenecientes a Chiapas.

Además, se trata de una zona zoque asentada en ese territorio desde antes de la llegada de los españoles. Los zoques son originarios de Chiapas y hablan ese idioma, en tanto que a mixtecos y zapotecos se les identifica con el estado de Oaxaca.

Pero también al no llamar a las partes involucradas en el conflicto territorial se violó flagrantemente el artículo 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el artículo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que ambos mandos manifestaran su parecer.

Cuando se dictó la sentencia por parte de la SCJN, Rutilio Escandón, gobernador de Chiapas, acató sumisamente y sin alguna oposición, una sentencia que amputaba 160 mil hectáreas a Chiapas. Sabía que en la trágica sentencia estaba presente la mano de Andrés Manuel López Obrador, a cambio de entregar a Morena el estado de Oaxaca en un trato ignominioso con Alejandro Murat, gobernador del estado.

Ahora a Rutilio Escandón se le conoce como el moderno Santa Anna Chiapaneco, al no combatir ni presentar recurso alguno en contra de la aberrante determinación del máximo órgano jurisdiccional del país. Así será juzgado por la historia.

En la sentencia de la Corte se estableció un término de 30 meses para que los Congresos de los estados de Chiapas y Oaxaca formaran sus respectivas comisiones para la ejecución de la sentencia. Ahí fue donde se descubrió el contubernio entre la Corte, Rutilio Escandón y Alejandro Murat.

La sentencia se emitió con fecha 16 de noviembre de 2021, y el estado de Oaxaca, desde el 15 de noviembre, ya había formado su comisión para ejecutar la sentencia ordenada por la Suprema Corte. Así de ese tamaño fue la traición a Chiapas. Ninguna sentencia, de ningún órgano jurisdiccional, puede conocerse hasta el día de su emisión e incluso hasta los días posteriores.

El débil argumento de Rutilio Escandón para aceptar la sentencia fue en el sentido de que se trataba de un asunto responsabilidad del gobierno de Manuel Velasco Coello y totalmente concluido. Lamentable y vergonzoso pronunciamiento. Olvida Rutilio Escandón que era el dócil presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado de Chiapas en ese gobierno que hoy fustiga. Habría de preguntársele qué hizo como titular del órgano jurisdiccional para combatir una sentencia totalmente tendenciosa.

Y ahora como gobernador del estado se negó, sin alguna justificación, interponer recurso alguno que fuera procedente para combatir la ilegal sentencia de la Corte Suprema. En diversas ocasiones, el licenciado Servando Cruz Solís, presidente de la Barra Chiapaneca de Abogados, buscó acercamiento para sugerir la posibilidad de recurrir en queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Las evasivas fueron notorias. A Rutilio Escandón le preocupaba más su posición frente a Andrés Manuel López Obrador para cumplir órdenes superiores que defender la soberanía y la integridad territorial de Chiapas.

Fue por ello que el prestigiado abogado Cruz Solís interpuso queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El argumento certero de esa denuncia ciudadana estriba en que al violarse derechos humanos contenidos en el Artículo Primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, era y es posible acudir ante organismos internacionales como ya se ha hecho.

Se trata de lograr la suspensión de la ejecución de la sentencia, hasta en tanto se determine si hay o no violación a los derechos humanos de los chiapanecos en la zona de los Chimalapas.

Ello es absolutamente cierto. De un día para otro los chiapanecos de ese territorio despertaron del lado de Oaxaca al cual jamás han pertenecido y ni siquiera estaban enterados.

Por esa decisión arbitraria de la Corte puede ocurrir un episodio de lamentables consecuencias, en lo que ya se advierte grupos armados de ambos bandos, pero lo más grave es que no solamente se afectó territorio de los Chimalapas, sino también del municipio de Arriaga, el cual no estaba comprendido en el diferendo inicial entre Chiapas y Oaxaca. Ello demuestra que la Corte en su sentencia ni siquiera tuvo el decoro de indagar que Arriaga jamás había estado en el litigio territorial.

Así, Rutilio Escandón es sujeto a doble juicio político. Por no defender el territorio de Chiapas y haberse nombrado, con su consentimiento, Concejos Municipales por tres años.  Ampliaremos…

 

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