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HOJAS LIBRES

Layda Sansores, gobernante represora

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Sigue el ejemplo de Salomón Azar García * La mandataria de Campeche no tiene autoridad moral para acusar y enjuiciar * Olvida un principio fundamental en derecho: “El que afirma está obligado a probar”

 

ROBERTO DOMÍNGUEZ CORTÉS

 

La gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, repite la represión implantada por su antecesor Salomón Azar García, gobernador de Campeche entre 1991 y 1997. Por esos años, Azar García intimidó y acosó a Tribuna y Crónica de Campeche por exhibir y documentar los excesos de un gobierno sumido en la corrupción y la demagogia con apariencia de democracia.

Su propósito de venganza y persecución pretendía acallar los señalamientos de la crítica de los dos medios más importantes de Campeche con su filial Telemar.

Don Alberto Arceo Corcuera, propietario de Tribuna de Campeche, padeció el acoso y la persecución sexenal del vengativo gobernante. Delitos inventados de difamación y daño moral fueron sus señalamientos preferidos promovidos por hermanos, socios y prestanombres de Azar García.

Sólo que con todo el aparato de estado en su favor, el gobernante represor jamás pudo probar ilícito alguno. Al contrario, el improvisado gobernante quedó exhibido como mentiroso judicial con los sucesivos amparos que la justicia federal otorgó a los propietarios de Tribuna y Crónica de Campeche.

Como el poder tiene fecha de caducidad, finalmente Salomón Azar hubo de abandonar el estado de Campeche y la familia Arceo Azar refrendó el respeto a la libertad de expresión que siempre existió. La misma que hoy Layda Sansores pretende vulnerar.

Habría que recomendarle a la gobernadora revisar la historia de la libertad de expresión en el estado que mal gobierna. Los gobernantes son de paso, en tanto la prensa libre trasciende sexenio tras sexenio y se mantiene incólume en contra de los ataques desde la cúspide del poder.

Layda Sansores no ha aprendido de esta experiencia.  En sus ridículas presentaciones del “Martes del Jaguar”, agrede con nombre y apellido a Alexandro Arceo Azar, heredero de los triunfos de don Alberto Arceo Corcuera, en contra del remedo de dictador Salomón Azar García.

Según la “gobernadora”, Alexandro Arceo recibía cinco millones de pesos mensuales, pero sin presentar una sola prueba que acredite su débil y dudosa palabra. Hay un principio fundamental en derecho: “El que afirma está obligado a probar”. Y mientras Layda no acredite con documentos idóneos su afirmación, tiene el descrédito de inventar ilícitos sin algún sustento.

Si tiene elementos irrefutables, debería de proceder penalmente y tener la plena certeza de que se conduce conforme a derecho o quedar en ridículo por no tener alguna prueba de por medio.

Lo malo para Layda Sansores es que no tiene autoridad moral para hablar. Recientemente la diputada local por la Ciudad de México, Tania Larios, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra de la ex alcaldesa de Álvaro Obregón por los delitos de enriquecimiento ilícito, peculado, asociación delictuosa, entre otros tantos ilícitos, cuando Layda fungió como titular y se dieron contratos sin cumplir los requisitos de transparencia en las licitaciones a que obliga cualquier ley de obra pública.

Diría Tania Larios: “Se dieron contratos extraños”.

Lo cierto es que quien ha caído permanentemente en ilícitos sancionados por el artículo 177 del Código Penal Federal, y del Artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es precisamente Layda, heredera de los apellidos Sansores Pérez.

Se ufana de filtrar audios en los que supuestamente su antecesor, Alejandro Moreno Cárdenas, agrede a Alejandro Arceo, pero sin tener la certeza de que efectivamente se trate del presidente del Comité Ejecutivo Nacional de PRI.

A pesar de haber sido advertida Layda Sansores de su ilícito proceder, continúa en su intento frustrado de pretender desacreditar a su antecesor Alejandro Moreno. Presume de haber difundido media docena de audios en los que involucra a Alejandro Moreno en actos de corrupción.

Ello ha obligado al fiscal regional, de la Fiscalía General de la República, Germán Castillo, a iniciar una carpeta de investigación en contra de Layda Sansores por intercepción ilegal de comunicaciones.

En su débil defensa. Layda asegura que nadie ha presentado una denuncia en su contra. No hay necesidad. Los delitos en que ha incurrido son perseguibles de oficio. Así lo estipula el Artículo 16 Constitucional.  La única autoridad facultada para autorizar la intervención de llamadas telefónicas son los Jueces de Distrito a solicitud del Ministerio Público de la Federación o de los ministerios públicos de las entidades federativas, según corresponda, como por primera vez se dio a conocer en este espacio de la Revista IMPACTO.

Mientras más pretende Layda incriminar a su odiado enemigo Alejandro Moreno, más se incrimina al decir que tiene decenas de horas de grabación en contra de Alejandro Moreno. Hoy que es investigada por la Fiscalía General de la República deberá de justificar cómo y cuándo grabó decenas de horas y los aparatos de que dispuso, reservados únicamente al Estado Mexicano para combate a la delincuencia y preservación de la seguridad nacional.

Layda no tiene esas facultades ni permiso de nadie, por lo cual deberá de responder penalmente por su atrevimiento de usurpar funciones reservadas exclusivamente a los aparatos de inteligencia del Gobierno de la República.

En su afán persecutorio, Layda Sansores ha presentado denuncia formal en contra del presidente nacional del PRI ante la Fiscalía General de la República. Sólo que quien incurre en delito es Layda Sansores, al atentar contra la privacía de las comunicaciones privadas.

Además de que al haberse obtenido ilícitamente esas grabaciones, no tienen algún probatorio al carecer de la autorización del juez de distrito correspondiente y la solicitud de los Ministerios Públicos de la Federación y de los estados.

Para ocultar su ilícito proceder, Layda Sansores inventa que

los audios y fotos en USB fueron recibidos en forma anónima.  Es un burdo pretexto para ocultar su proceder clandestino. Aun cuando los haya recibido en forma anónima, la responsable de la filtración y sujeta a sanción penal es la gobernadora de Campeche sin discusión alguna.

Hoy, que en su “Martes de Jaguar” acusa a Alexandro Arceo y denuncia penalmente a Alejandro Moreno ante la Fiscalía General de la República, habría que justificar los gastos por más de 100 millones de pesos asignados a su unidad de comunicación social para difundir una imagen deteriorada en extremo.

Antes de acusar sin sustento habría que recordar dos pasajes de la historia política de Campeche: Los certeros señalamientos del ex gobernador de Yucatán, Carlos Loret de Mola, en su espléndido libro “Los Caciques”, en donde exhibe las tropelías del cacique negro, Carlos Sansores Pérez.

Así también, el reportaje de Elías Chávez publicado en la revista Proceso, durante el mes de septiembre de 1977: “La negra historia del negro Sansores”.

Sólo un fragmento de este reportaje: “Carlos Sansores Pérez caerá: dejará de ser líder del PRI”, afirma el exgobernador de Campeche José Ortiz Ávila, compadre y ex protector de Sansores Pérez. Lapidario afirma el general Ortiz Ávila: “Caerá porque provocó la caída del líder nacional del PRI, Carlos Alberto Madrazo, por órdenes de Luis Echeverría. Y se ha enriquecido cometiendo latrocinios y hasta es autor intelectual de un asesinato en enhiesto”.

No hay pues autoridad moral para enjuiciar y difamar. Sobre estos dos temas Ampliaremos…

 

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Yasmín Esquivel y AMLO, cínicos y cómplices

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Quien carece de vergüenza jamás podrá avergonzarse de nada * El cese de su directora de tesis es la expresión más clara y la aceptación de que el plagio sí se consumó, aunque hoy la ministra permanezca en la impunidad.

 

ROBERTO DOMÍNGUEZ CORTÉS

 

Con inusitado cinismo Yasmín Esquivel Mossa ha enfrentado a los medios y asegurando: “No voy a renunciar porque no tengo nada de qué avergonzarme”. Tiene razón la plagiaria.  Quien carece de vergüenza jamás podrá avergonzarse de nada, a pesar de tener todas las evidencias en contra al fusilarse una tesis profesional para convertirse en delincuente universitaria.

El rector Enrique Graue Wiechers, la voz más autorizada de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) dio su veredicto. La tesis de la todavía alumna Yasmín Esquivel Mossa guarda una similitud del 90 por ciento, con la del pasante de derecho Edgar Ulises Báez Gutiérrez.

Fue una acusación a medias porque no se atrevió a retirarle el reconocimiento profesional, bajo el inusitado argumento de que la UNAM no tiene facultades para el retiro de títulos profesionales. Sin embargo, fue severo en su apreciación respecto a Yasmín Esquivel cuando sentenció que “el plagio de una tesis no es asunto menor, es una conducta reprobable, una usurpación de ideas y talentos que ofende a la Universidad Nacional Autónoma de México”.

La afirmación de que no puede retirarse el título no tiene sustento. El derecho es un conjunto de leyes y cuando no existe ninguna aplicable a un caso particular procede la interpretación hermenéutica de la ley. Bajo esta denominación se previene que las disposiciones legales no se producen aisladamente, sí que se aplican en su conjunto, puesto que, al lado de cada mandato legal, todas las leyes se relacionan entre sí.

Bajo esta interpretación procede la aplicación supletoria de una o de diversas leyes, dentro del contexto de todo el ordenamiento jurídico constitucional y buscar la norma afín aplicable al caso específico de Yasmín Esquivel y proceder legalmente en contra de ella.

Lo malo es que el brazo ejecutor de la ley no mide a todos con el mismo rigor. La maestra Martha Rodríguez Ortiz ya fue retirada como catedrática de la Facultad de Estudios Superiores Aragón. La sanción alcanza a Yasmín Esquivel. El cese de su directora de tesis es la expresión más clara y la aceptación de que el plagio sí se consumó, aunque hoy la ministra permanezca en la impunidad.

Pero el verdadero culpable de esas graves violaciones a la ley y a la constitucionalidad del Estado Mexicano es Andrés Manuel López Obrador.

Desde sus Mañaneras se ha encargado de amenazar a quienes atentan contra su protegida Esquivel Mossa, esposa de su amigo de transas José María Riobóo, beneficiario de obras sin licitar en el Departamento del Distrito Federal y ahora en el gobierno de López Obrador.

Del rector Enrique Graue, López Obrador ha dicho que no escurra el bulto y presente una denuncia ante la Fiscalía General de la República. Una propuesta poco afortunada.  Recuérdese que Alejandro Gertz Manero es un empleado de López Obrador y ha sido también pillado en el plagio de un libro sobre la biografía de Guillermo Prieto. Denunciado por catedráticos del Conacyt, no procedió la denuncia bajo el inadmisible argumento de que Guillermo Prieto había muerto hace más de 150 años, cuando que el tema no es legal sino ético y moral.

Ahora para distraer la atención y proteger a la ministra, el señor López vuelve a difamar y a ofender a quienes sí tienen méritos académicos y profesionales sin cuestionamientos.  Asegura que desde la llegada de la ministra Norma Lucía Piña Hernández a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, han aumentado los casos de corrupción entre jueces y magistrados. Y aquí lo vamos a documentar, diría el peleador callejero en funciones de Presidente de México.

De nuevo López Obrador usurpa funciones. Si algún juez o magistrado incurre en desacato judicial o dicta sentencias al margen de la ley, es el Consejo de la Judicatura Federal la instancia facultada para proceder a aplicar la sanción correspondiente. Sólo que López, como en el virreinato, ejerce funciones legislativas, ejecutivas y judiciales. Una democracia no a la mexicana sino a la lopezobradorista.

En un país de instituciones sólidas y de respeto a la ley, Yasmín Esquivel ya habría sido separada del cargo, sujeta a proceso penal y sentenciada con cárcel. En tanto el Congreso de la Unión habría intervenido para censurar al Presidente por los ataques a la ministra Piña Hernández, en un abierto atentado y a la soberanía de los Poderes de la Unión.

Los casos de plagio relevantes en el mundo han sido castigados severamente. En 1987 el actual presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, aspiraba a la denominación demócrata. Era un candidato carismático, de apenas 47 años, y con todas las posibilidades de ganar. Sólo que su intento se vio frustrado cuando se descubrió había plagiado parte de los discursos de Neil Kinnock, líder del partido Laborista Inglés, así como de Robert Kennedy, y Hubert Humphrey, vicepresidente de Estados Unidos durante el gobierno de Lyndon Johnson.

Así funciona un país demócrata al que tanto ha ofendido López Obrador con el desprecio de “al diablo con las instituciones y no me vengan con el cuento de que la ley es la ley”. Ese es el honesto demócrata que prometió acabar con la corrupción porque no somos iguales a los anteriores. Tiene razón. Son peores y más corruptos.

Para defender lo indefendible, los morenistas han invocado el plagio de la tesis de Enrique Peña Nieto y de Vicente Fox. Se les olvida que con la trampossa Mossa hay diferencias fundamentales. Peña Nieto plagió el 29 por ciento de su tesis profesional y no el 90 por ciento sin que esto sea justificable.  Además, para ser presidente de México no es necesario alguna calidad profesional, en cambio para ser ministro se exige el título de licenciado en derecho.

De Vicente Fox su desacato académico fue haberse titulado después de 35 años de haber egresado de la licenciatura en administración de empresas. Ello no conlleva delito alguno, como el que a diario comete Yasmín Esquivel cada vez que participa en un Pleno y firma acuerdos, decretos o sentencias con lo que mantiene vigentes el delito o delitos cometidos.

Vuelven a tener razón los morenistas con su comportamiento.  Son peores que cualquier pasado. El diputado de Morena, Alejandro Robles, ha propuesto una modificación a la ley para que quien haya cometido plagio y usurpación de profesión como Yasmín Esquivel, el delito prescriba en cinco años, tiempo en que podrá retirarse al delincuente el título y la cédula profesional.

Es otro grave atentado a la constitucionalidad del Estado mexicano. El Artículo 13 de la Constitución Política establece: “Nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales”. El intento del diputado Robles lleva dedicatoria personalizada para la todavía ministra Yasmín Esquivel. Se trataría de una ley privativa para beneficiar a la plagiaria si llegara a aprobarse antes de sancionarla. La retroactividad propuesta por el diputado le favorecería y quedaría impune su delictivo proceder que actualiza todos los días mientras funge como ministra.

Una ley no puede ni debe estar dirigida a nadie en especial.  Todo ordenamiento jurídico es general y abstracto, porque quien comete una transgresión a la ley y se pone en la hipótesis que ésta previene, se aplica sin tener destinatario previo como pretende el diputado para beneficiar a quien sí delinquió como alumna, pasante y profesionista.

Y en el exceso de la arrogancia López Obrador vuelve a ofender a México y a sus instituciones: “Prefiero equivocarme con Yasmín Esquivel que darle la razón a Sheridan”.

Ampliaremos…

 

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Yasmín y Claudia, símbolos de corrupción en la 4T

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A la ministra el plagio la convirtió en ‘trampossa’ * Las tragedias del Metro es la losa pesada que carga la Jefa de Gobierno… no es la culpable, pero sí la responsable y como tal debe afrontar las consecuencias

 

ROBERTO DOMÍNGUEZ CORTÉS

 

Cada vez que Yasmín Esquivel Mossa y Claudia Sheinbaum Pardo tratan de defenderse de las graves acusaciones que pesan en su contra, más aflora la enorme corrupción que las ha acompañado durante todo el tiempo de haber tenido el privilegio de pertenecer al pestilente establo de Andrés Manuel López Obrador.

Cuando el 2 de enero de 2023 se eligió ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Esquivel Mossa no tuvo el menor decoro al presentarse a la sesión como aspirante a presidir al máximo órgano jurisdiccional de la Nación.

Días antes el célebre periodista e investigador Guillermo Sheridan la había exhibido como plagiaria de la tesis profesional del pasante de derecho Edgar Ulises Báez Gutiérrez. Con inusitado cinismo asumió su propia defensa al asegurar que poderes fácticos se habían confabulado para desprestigiarla como plagiaria, pero sin señalar esos poderes fácticos.

No ministra en retiro y todavía alumna no egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Ya el rector Enrique Graue emitió sentencia definitiva en contra de la condición académica de la pasante de derecho Yasmín Esquivel. Aseguró el dirigente de la Máxima Casa de Estudios que el 90 por ciento de la tesis de Esquivel Mossa es coincidente en contenido, sintaxis, redacción y hasta puntuación a la presentada con un año de anterioridad.

En defensa de la usurpadora de profesión sancionado por el artículo 250 del Código Penal Federal, y de plagio castigado por el artículo 427 del mismo Código, salió la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México con el cuento de que el delito había prescrito. Era de esperarse. Es parte de la corrupción lopezobradorista.

Seguramente hacia sus adentros Yasmín ha de haber exclamado: “Ernestina, no me defiendas, por favor”. Una aseveración de ese tamaño lleva implícita una sentencia fatal para la todavía ministra: el delito sí se cometió, aun cuando ya no pueda castigarse.

Pero la pifia de la procuración de justicia de la Ciudad de México constituye una suma injuria para el derecho. Hay dos formas de comenzar a computar la prescripción. Una, cuando se comete el delito y éste queda a la vista. Un homicidio o un asalto bancario, por ejemplo.

La otra cuando el delito se comete, pero nadie está enterado hasta que se descubre el delito y al autor del mismo. El plagio y la usurpación de profesión de Yasmín Esquivel apenas salió a la luz pública con la espléndida investigación de Guillermo Sheridan. Ese día precisamente comenzó a correr el tiempo de la prescripción.

Pero aún más. Yasmín Esquivel se encargó de hacer imprescriptible el delito de usurpación de profesión. Aparece en su agenda del servicio público que toda la vida se ha dedicado a actividades relacionadas con el derecho. Cada vez que realice una actividad penal o civil judicial en ese momento se actualiza el delito, y la prescripción comienza a correr cuando cesa en esa función. Pero si vuelve a ejercer otra vez funciones jurisdiccionales de nuevo se actualiza el delito y así hasta el infinito. Tendría que dejar pasar tres años y medio y jamás volver a realizar una actividad jurisdiccional para obtener los beneficios de la prescripción definitiva en la usurpación de profesión.

Pero Esquivel Mossa es también candidata a juicio político como lo previene el Artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: “Por faltas u omisiones que cometan los servidores públicos y que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y de su buen despacho”. Y Yasmín Esquivel ha ofendido a la UNAM, al pueblo de México y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La otra damnificada de López Obrador es la chica casadera sexagenaria Claudia Sheinbaum. Las cuatro fatales caídas del Metro le han deteriorado y aplastado la ansiada candidatura presidencial por Morena. Carga en su cuenta de ineptitud e irresponsabilidad los 31 muertos de los accidentes ocurridos en el Sistema de Transporte Colectivo de la Ciudad de México. Todo lo que pase en el Metro durante su trágica administración es su responsabilidad.

En su afán por capturar las preferencias del demagogo de Palacio, ha dejado de gobernar la capital de la República y se ha dedicado a viajar por el resto del país. El día del accidente donde perdió la vida una niña, tardó tres horas en llegar porque se encontraba de gira por el estado de Michoacán con una disertación que podría ser sacada de un cuento macabro: “Políticas públicas exitosas en la Ciudad de México”.

Han resultado tan exitosas sus políticas que ese día hubo una muerta y 106 heridos por su inepcia, su irresponsabilidad y su indolencia. Las tres íes que caracterizan un gobierno de caducidad anticipada y una ya advertida candidatura frustrada, con perjuicio incluso para Delfina Gómez en la elección del Estado de México. Han sido tan exitosas sus políticas que en la elección intermedia de 2021 perdió la mitad de las alcaldías en la Ciudad de México.

Cuando candidata al gobierno de la capital de la República Claudia Sheinbaum hacía gala de la demagogia copiada a su mentor López Obrador al sostener: “El problema del Metro es de opacidad, frivolidad y corrupción. Vamos a invertir millones de pesos para convertirlo en el mejor Metro”.  Hoy Claudia Sheinbaum está salpicada de frivolidad, opacidad, excesiva corrupción y homicidios por acción y omisión.

Ahora para restituirle una candidatura casi perdida se anuncia que 6,060 efectivos de la Guardia Nacional estarán presentes en el Metro para darle seguridad a los usuarios. No se sabe exactamente cuál será el papel de la Guardia Nacional, ya que el problema no es de vigilancia sino de mantenimiento, lo que la Sheinbaum prometió en campaña y hasta hoy no ha cumplido con los saldos de dolor, muertes y hogares enlutados.

Como el lopezobradorismo se distingue por el chantaje y la manipulación, Andrés Manuel dice que los problemas del Metro son sabotajes, puesto que el transporte ha sufrido en los últimos días al menos tres incidentes anormales.

No son anormales cuando se le ha dejado de dar mantenimiento durante el fracaso de la izquierda de la Ciudad de México que gobierna desde el año de 1997.  Y si como dice el mitómano de las Mañaneras hay sabotaje y mala fe para perjudicar las aspiraciones presidenciales de Claudia Sheinbaum, lo procedente es presentar a los saboteadores  para procesarlos y encarcelarlos.

No puede haber sabotaje cuando se ha dejado de dar mantenimiento a trenes que lo requieren cada 500 mil kilómetros. Los mismos trabajadores han denunciado equipos que rebasan los un millón 900 mil kilómetros sin mantenimiento. Ello significa falta de cuatro mantenimientos a trenes que muestran severos síntomas de fatiga. Y de eso es responsable Claudia Sheinbaum que desvía recursos del Metro hacia su campaña adelantada.

En las encuestas a los usuarios se hace con trampa.  Presumen que el 70 por ciento de ellos está de acuerdo con la presencia de la Guardia Nacional en el Metro. El sesgo de la pregunta es evidente. Debió de haber sido: ¿Los accidentes del Metro son problemas de mantenimiento o de seguridad? El resultado para Claudia Sheinbaum sería lapidario. Todo mundo sabe que el problema es de mantenimiento y no de sabotaje.

En un país serio y con instituciones de verdad, Yasmín Esquivel y Claudia Sheinbaum ya estarían, cuando menos, separadas del cargo y sujetas a proceso penal.

Lo cierto es que se trata de proteger la candidatura de la Sheinbaum y continuar con la militarización del país.  Ampliaremos…

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Las derrotas marcan a AMLO rumbo al 2024

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Yasmín Esquivel, Claudia Sheinbaum, Ovidio Guzmán, inseguridad… y los que faltan * El inicio del Año Nuevo no le pinta nada bien al Presidente de la República, que como máxima autoridad del país debería rescatar al Metro de la Ciudad de México, más importante que el Tren Maya

 

ROBERTO DOMÍNGUEZ CORTÉS

 

Mal comenzó el año 2023 para Andrés Manuel López Obrador. Su favorita para presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel Mossa, terminó en un desastre jurisdiccional al descubrirse que toda su carrera en el servicio público estuvo presidida por usurpación de profesión y plagio de tesis de licenciatura en la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón.

Esquivel Mossa no tiene defensa. Así lo evidencian los hechos en la presentación de la tesis profesional del pasante de derecho Edgar Ulises Báez Gutiérrez, en 1986, y la misma tesis de Yasmín Esquivel un año después en 1987.

Con cinismo inusitado López Obrador se atreve a defender lo indefendible. En una de sus peroratas mañaneras asegura que a Yasmín Esquivel la atacan porque está comprometida con la Cuarta Transformación. Si Esquivel Mossa representa la 4T en el máximo órgano jurisdiccional del país, entonces la administración de justicia se degrada en perjuicio de quienes acuden a solicitar el reconocimiento de un derecho.

Como siempre López Obrador mandó al diablo a las instituciones nacionales, y por enésima vez se colocó como único adalid de la verdad y la razón. Solo su palabra es ley y dogma que debe de acatarse sin discusión, a pesar de las más de 90 mil mentiras documentadas en las Mañaneras y en sus apariciones públicas.

Un Presidente que miente se engaña a sí mismo porque no puede engañar a 130 millones de mexicanos. López, que tanto admira a Abraham Lincoln, habría que recomendarle la lectura de una de sus espléndidas disertaciones a propósito de las mentiras lopezobradoristas: “Un individuo puede engañar a otro individuo varias veces. Un individuo puede engañar a varios individuos una sola vez. Pero un individuo no puede engañar a todos los individuos todas las veces”.

De eso no se ha dado cuenta López Obrador que se encuentra en el descrédito total ante la ciudadanía y el electorado. Incluidos los 23 millones de jóvenes Construyendo el Futuro, discapacitados y adultos mayores, como ignominiosa reserva de votos con cargo al erario federal.

Por su parte Yasmín Esquivel Mossa, alentada por el falso discurso de López Obrador, se atrevió en el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a participar como aspirante a presidir la Corte. Sin algún recato asumió su propia defensa con el cuento de que ella había sido la plagiada con un trabajo comenzado desde 1985 y presentado hasta 1987 por otro estudiante.

De este dato ni una sola prueba más que su falsa palabra, pero sin demostrar con fecha cierta que efectivamente su “tesis profesional” es anterior a todas las demás presentadas con exacta similitud. Ya la Universidad Nacional Autónoma de México se ha pronunciado en el sentido de que la tesis de Esquivel Mossa tiene un 90 por ciento de concordancia con la de Edgar Ulises Báez Gutiérrez.

López Obrador perdió un alfil incondicional en la SCJN para sacar adelante sus tramposas e inconstitucionales reformas electorales en perjuicio de la incipiente democracia mexicana.  Pero la verdadera derrota del señor López vendrá cuando Esquivel Mossa por decoro personal, por ética profesional y por pronunciamiento de la UNAM abdique al cargo de ministra que inmerecidamente ostenta.

La segunda derrota de López Obrador le viene con el desastre que ha resultado como jefa de Gobierno una de sus corcholatas favoritas: Claudia Sheinbaum Pardo.  Su administración ha sido lamentable en materia de seguridad y de preservación de la vida de quienes tienen la desagradable fortuna de abordar todos los días el Metro de la Ciudad de México.

Claudia Sheinbaum siempre trató de culpar a Marcelo Ebrard por la premura con que inauguró la Línea 12 del Metro.  Falso.  Si ella llegó a gobernar la Ciudad de México es la responsable de corregir errores de administraciones anteriores y los accidentes que se den dentro de su administración. El desastre del Metro durante la administración Sheinbaum es total.

Entre 2019 y 2022 se han registrado 431 accidentes. Y hasta hoy no hay responsables. No bastó con la renuncia de Florencia Serranía. Además de haber sido destituida, debió de haber sido enjuiciada.

Los accidentes en el Metro son el recuento de nunca acabar.  El más grave con cargo a la administración Sheinbaum es el del 3 de mayo del año 2021, en donde se registraron 26 muertos y un sinnúmero de lesionados, en la Línea 12, y sin que hasta la fecha se les haya dado la atención adecuada.  Como siempre otra vez no hay responsables, cuando que la principal es Claudia Sheinbaum.

El 9 de enero de 2021 hubo un incendio en la subestación del Centro Histórico donde perdió la vida una mujer policía.  El 11 de marzo de 2020 se registró otro accidente en la Línea 1 con saldo de muertos y lesionados, y otra vez sin castigo para los responsables.

Y para coronar su pésima atención al buen funcionamiento del Metro, apenas este 7 de enero anterior se registró un choque en la Línea 3, con saldo de un muerto y más de 100 lesionados.

El descaro de la Sheinbaum no tiene justificación.  En el momento que ocurrió el accidente iba a Michoacán a impartir una conferencia sobre las “Políticas exitosas de la Ciudad de México”. Si esas políticas exitosas se relacionan con accidentes, muertos, familias enlutadas y lesionados, Claudia Sheinbaum debe ser destituida, sujeta a proceso penal y encarcelada por acción y omisión de su pésima gestión gubernamental, más preocupada por su campaña que por un buen gobierno, con el uso de recursos del erario de la Ciudad de México.

En un pretendido desagravio a los que ha ofendido con su indolencia, recorre hospitales y se entrevista con deudos de los heridos y fallecidos únicamente con el propósito de tomarse la foto. La Sheinbaum dice que se va a hacer justicia.  La justicia sería que renunciara y quedara alguien más apto para gobernar la Ciudad de México.
Se presenta a una conferencia de prensa y en un acto inusitado de desprecio por la libertad de expresión da por terminada su alocución y se niega a contestar preguntas que los reporteros tenían derecho a hacerle para saber cuál fue el motivo del accidente del 7 de enero anterior. Es la mejor prueba de su culpabilidad.  Textual afirmó: “No vamos a contestar preguntas”.

La otra gran derrota de López Obrador es la detención de Ovidio Guzmán. Se entiende que por presión del gobierno de los Estados Unidos, cuyos servicios de inteligencia han detectado que el Cártel de Sinaloa financia las actividades del partido oficial en el poder: Morena. Este rompimiento del acuerdo pone ahora sí en riesgo a López Obrador.

Curiosamente la detención del Chapito, detenido en 2019, se da exactamente en el momento que el presidente Joe Biden llega a suelo mexicano, como preludio de que el gobierno de López Obrador debe de combatir al narcotráfico y no ser consecuente con las actividades ilícitas de la delincuencia organizada.

Y para terminar con las derrotas de López Obrador, la inseguridad inicia el año como en ningún otro. En los tres primeros días se contabilizaron 297 muertos. Ampliaremos…

 

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