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HOJAS LIBRES

Layda Sansores, gobernante represora

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Sigue el ejemplo de Salomón Azar García * La mandataria de Campeche no tiene autoridad moral para acusar y enjuiciar * Olvida un principio fundamental en derecho: “El que afirma está obligado a probar”

 

ROBERTO DOMÍNGUEZ CORTÉS

 

La gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, repite la represión implantada por su antecesor Salomón Azar García, gobernador de Campeche entre 1991 y 1997. Por esos años, Azar García intimidó y acosó a Tribuna y Crónica de Campeche por exhibir y documentar los excesos de un gobierno sumido en la corrupción y la demagogia con apariencia de democracia.

Su propósito de venganza y persecución pretendía acallar los señalamientos de la crítica de los dos medios más importantes de Campeche con su filial Telemar.

Don Alberto Arceo Corcuera, propietario de Tribuna de Campeche, padeció el acoso y la persecución sexenal del vengativo gobernante. Delitos inventados de difamación y daño moral fueron sus señalamientos preferidos promovidos por hermanos, socios y prestanombres de Azar García.

Sólo que con todo el aparato de estado en su favor, el gobernante represor jamás pudo probar ilícito alguno. Al contrario, el improvisado gobernante quedó exhibido como mentiroso judicial con los sucesivos amparos que la justicia federal otorgó a los propietarios de Tribuna y Crónica de Campeche.

Como el poder tiene fecha de caducidad, finalmente Salomón Azar hubo de abandonar el estado de Campeche y la familia Arceo Azar refrendó el respeto a la libertad de expresión que siempre existió. La misma que hoy Layda Sansores pretende vulnerar.

Habría que recomendarle a la gobernadora revisar la historia de la libertad de expresión en el estado que mal gobierna. Los gobernantes son de paso, en tanto la prensa libre trasciende sexenio tras sexenio y se mantiene incólume en contra de los ataques desde la cúspide del poder.

Layda Sansores no ha aprendido de esta experiencia.  En sus ridículas presentaciones del “Martes del Jaguar”, agrede con nombre y apellido a Alexandro Arceo Azar, heredero de los triunfos de don Alberto Arceo Corcuera, en contra del remedo de dictador Salomón Azar García.

Según la “gobernadora”, Alexandro Arceo recibía cinco millones de pesos mensuales, pero sin presentar una sola prueba que acredite su débil y dudosa palabra. Hay un principio fundamental en derecho: “El que afirma está obligado a probar”. Y mientras Layda no acredite con documentos idóneos su afirmación, tiene el descrédito de inventar ilícitos sin algún sustento.

Si tiene elementos irrefutables, debería de proceder penalmente y tener la plena certeza de que se conduce conforme a derecho o quedar en ridículo por no tener alguna prueba de por medio.

Lo malo para Layda Sansores es que no tiene autoridad moral para hablar. Recientemente la diputada local por la Ciudad de México, Tania Larios, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra de la ex alcaldesa de Álvaro Obregón por los delitos de enriquecimiento ilícito, peculado, asociación delictuosa, entre otros tantos ilícitos, cuando Layda fungió como titular y se dieron contratos sin cumplir los requisitos de transparencia en las licitaciones a que obliga cualquier ley de obra pública.

Diría Tania Larios: “Se dieron contratos extraños”.

Lo cierto es que quien ha caído permanentemente en ilícitos sancionados por el artículo 177 del Código Penal Federal, y del Artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es precisamente Layda, heredera de los apellidos Sansores Pérez.

Se ufana de filtrar audios en los que supuestamente su antecesor, Alejandro Moreno Cárdenas, agrede a Alejandro Arceo, pero sin tener la certeza de que efectivamente se trate del presidente del Comité Ejecutivo Nacional de PRI.

A pesar de haber sido advertida Layda Sansores de su ilícito proceder, continúa en su intento frustrado de pretender desacreditar a su antecesor Alejandro Moreno. Presume de haber difundido media docena de audios en los que involucra a Alejandro Moreno en actos de corrupción.

Ello ha obligado al fiscal regional, de la Fiscalía General de la República, Germán Castillo, a iniciar una carpeta de investigación en contra de Layda Sansores por intercepción ilegal de comunicaciones.

En su débil defensa. Layda asegura que nadie ha presentado una denuncia en su contra. No hay necesidad. Los delitos en que ha incurrido son perseguibles de oficio. Así lo estipula el Artículo 16 Constitucional.  La única autoridad facultada para autorizar la intervención de llamadas telefónicas son los Jueces de Distrito a solicitud del Ministerio Público de la Federación o de los ministerios públicos de las entidades federativas, según corresponda, como por primera vez se dio a conocer en este espacio de la Revista IMPACTO.

Mientras más pretende Layda incriminar a su odiado enemigo Alejandro Moreno, más se incrimina al decir que tiene decenas de horas de grabación en contra de Alejandro Moreno. Hoy que es investigada por la Fiscalía General de la República deberá de justificar cómo y cuándo grabó decenas de horas y los aparatos de que dispuso, reservados únicamente al Estado Mexicano para combate a la delincuencia y preservación de la seguridad nacional.

Layda no tiene esas facultades ni permiso de nadie, por lo cual deberá de responder penalmente por su atrevimiento de usurpar funciones reservadas exclusivamente a los aparatos de inteligencia del Gobierno de la República.

En su afán persecutorio, Layda Sansores ha presentado denuncia formal en contra del presidente nacional del PRI ante la Fiscalía General de la República. Sólo que quien incurre en delito es Layda Sansores, al atentar contra la privacía de las comunicaciones privadas.

Además de que al haberse obtenido ilícitamente esas grabaciones, no tienen algún probatorio al carecer de la autorización del juez de distrito correspondiente y la solicitud de los Ministerios Públicos de la Federación y de los estados.

Para ocultar su ilícito proceder, Layda Sansores inventa que

los audios y fotos en USB fueron recibidos en forma anónima.  Es un burdo pretexto para ocultar su proceder clandestino. Aun cuando los haya recibido en forma anónima, la responsable de la filtración y sujeta a sanción penal es la gobernadora de Campeche sin discusión alguna.

Hoy, que en su “Martes de Jaguar” acusa a Alexandro Arceo y denuncia penalmente a Alejandro Moreno ante la Fiscalía General de la República, habría que justificar los gastos por más de 100 millones de pesos asignados a su unidad de comunicación social para difundir una imagen deteriorada en extremo.

Antes de acusar sin sustento habría que recordar dos pasajes de la historia política de Campeche: Los certeros señalamientos del ex gobernador de Yucatán, Carlos Loret de Mola, en su espléndido libro “Los Caciques”, en donde exhibe las tropelías del cacique negro, Carlos Sansores Pérez.

Así también, el reportaje de Elías Chávez publicado en la revista Proceso, durante el mes de septiembre de 1977: “La negra historia del negro Sansores”.

Sólo un fragmento de este reportaje: “Carlos Sansores Pérez caerá: dejará de ser líder del PRI”, afirma el exgobernador de Campeche José Ortiz Ávila, compadre y ex protector de Sansores Pérez. Lapidario afirma el general Ortiz Ávila: “Caerá porque provocó la caída del líder nacional del PRI, Carlos Alberto Madrazo, por órdenes de Luis Echeverría. Y se ha enriquecido cometiendo latrocinios y hasta es autor intelectual de un asesinato en enhiesto”.

No hay pues autoridad moral para enjuiciar y difamar. Sobre estos dos temas Ampliaremos…

 

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La historia de un fraude anunciado

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Una delincuente electoral llamada Delfina Gómez * La candidata morenista al Edomex tiene dos manchas: El ‘diezmo’ de Texcoco y la desaparición de las escuelas de tiempo completo * Estado de México define elección presidencial 2024

 

ROBERTO DOMÍNGUEZ CORTÉS

 

Finalmente Delfina Gómez “ganó” la elección interna de Morena para postularla como candidata a la gubernatura del Estado de México.

Según Morena y su espurio dirigente Mario Delgado, fue un proceso democrático ejemplar en el que la franquicia personal de López Obrador se inclinó por segunda vez en favor de la secretaria de Educación Pública.

La encuesta se resolvió en una sola voluntad: la del Presidente López. Es el mismo cochinero que prevaleció en las elecciones internas de Morena para designar a la nueva dirigencia partidaria en la que quedaron los adictos al lopezobradorismo, representados principalmente por Adán Augusto López Hernández, como el más notorio adalid de las trampas morenistas.

Para lavarse la cara de las enormes irregularidades en las elecciones internas de Morena, López Obrador simplemente manifestó que a pesar de las irregularidades, resultó nada comparado con lo que se hizo en el pasado, en abierta referencia a los casi 80 años de priísmo.

Tiene razón López con la imposición de Delfina Gómez como candidata al Gobierno del Estado de México. La burda secretaria jamás podrá compararse con personajes de la talla de Jaime Torres Bodet, secretario de Educación Pública del presidente Adolfo López Mateos. Mucho menos con el ilustre Agustín Yáñez, secretario de Educación del presidente Gustavo Díaz Ordaz. Y desde luego con el espléndido historiador, político, ideólogo y escritor Jesús Reyes Heroles, secretario de Educación Pública en el gobierno del presidente Miguel de la Madrid.

Con estas breves referencias, Delfina Gómez aparece como una desconocida y en un ínfimo lugar comparada con los tres personajes de la educación en México. Su nivel cultural quedó evidenciado cuando entrevistada por Denise Maerker cometió un grave dislate gramatical, al pronunciar “nadien” en lugar de nadie. Ninguno de los ex secretarios del priísmo habría tenido tan vergonzoso vocabulario.

Cierto que de los tres procesos electorales locales del 2017 para renovar tres gubernaturas, dos estuvieron manchados por el fraude electoral y el dispendio de recursos para favorecer a Alfredo del Mazo en el Estado de México y a Miguel Riquelme en Coahuila. De Alfredo del Mazo hubo demasiadas evidencias que lo hacían inelegible y la abierta posibilidad de anular la elección cargada de intromisiones del aparato de Estado encabezada por el peñanietismo, hoy en franca decadencia e investigado por la Fiscalía General de la República.

Para hacer ganar a Del Mazo, están documentadas las más de 100 visitas presidenciales y de secretarios de Estado durante el 2017 con el propósito de aparentar unidad y fortaleza, y previo a la elección de 2017, la presencia de más de 10 gobernadores priístas en la ciudad de Toluca, cuando que tanta parafernalia era síntoma de debilidad extrema.

Se sumaron al apoyo de Del Mazo, los programas sociales del gobierno de Eruviel Ávila para condicionar el voto del hambre. El Congreso del estado mexiquense con la amenaza de la cuenta pública a los presidentes municipales y obligar a operar en favor del candidato priísta. Y como corolario, la vergonzosa sumisión de los órganos electorales “autónomos” para inclinar la votación en favor del ilustre representante del grupo Atlacomulco.

Nada de tan dispendiosa intromisión política y de dinero fue suficiente para hacer ganar a Del Mazo, pero sí para imponerlo. Los resultados posteriores a la elección así lo evidencian. Con todo y el excesivo uso de recursos públicos, el aparato de Estado apenas logró que votara la mitad de los 11.5 millones de electores. Y de ese voto, Alfredo del Mazo apenas pudo obtener el 33 por ciento de la votación total.

Del Mazo, como candidato solo del PRI, perdió ante Delfina Gómez. Apenas obtuvo 2 millones 48 mil votos, lo que significa que tuvo 57 mil 308 votos menos que la candidata de Morena. Ello quiere decir que hubo necesidad de recurrir a votos complementarios procedentes de los partidos Verde Ecologista, Encuentro Social y Nueva Alianza. Esa suma apenas fue suficiente para recibir 226 mil 298 votos adicionales con los cuales “ganó”, pero que nadie creyó en su triunfo.

Ahí está la diferencia de votos en favor de Delfina Gómez. Si Del Mazo “ganó” por 160 mil 900 votos, sin esos 226 mil su derrota habría sido por más de 57 mil sufragios. Sólo que el costo para los partidos satélite fue haber perdido su registro por no haber alcanzado el porcentaje de votación requerida.

Las cifras eran tan irrefutables que ninguna de las casas encuestadoras se atrevió a publicar sus resultados, pues en todas se daba como ganadora a Delfina Gómez. Así de ese tamaño fue el fraude en el que se evidenció también la complicidad de los encuestadores con el gobierno mexiquense y federal. Y desde luego el poder del dinero clandestino.

Esas referencias serían suficientes para inferir que en la elección del 2023 Delfina Gómez no tendrá rival enfrente. Sólo que las diferencias con el 2017 son notables. Gómez llega manchada con dos graves acontecimientos que serán definitorios en la decisión del electorado para elegir gobernador en el Estado de México: el robo de los sueldos a los trabajadores del municipio de Texcoco, cuando fue presidenta municipal, y la desaparición de las escuelas de tiempo completo, bajo su administración como secretaria de Educación.

Para encubrir su atraco, Delfina Gómez hizo un intento fallido que nadien (sic) creyó, al asegurar cínica y vergonzosamente que más de 200 trabajadores solicitaron el descuento vía nómina y que todo está documentado y perfectamente legal.

Nadien (sic) podrá creer que con sueldos tan bajos, los empleados municipales estarían dispuestos a dedicar parte de su ingreso para financiar las actividades ilícitas de Morena en el Estado de México.

Delfina Gómez fue acusada también por Josefina Vázquez Mota, entonces candidata del PAN a la gubernatura del Edomex, a la que públicamente sindicó: “Aquí está tu firma, les robaste 72 quincenas para dárselas a tu jefe político Higinio Martínez. Esto representa de 2 a 9 años de cárcel”. No hubo respuesta. El ominoso silencio de Delfina dejó al descubierto el atraco patrimonial y los delitos electorales cometidos y sancionados por el Tribunal Electoral Federal.

La otra mancha que carga en su haber Delfina Gómez es la desaparición de las escuelas de tiempo completo, en un grave atentado a los Derechos Humanos y al bienestar de la niñez, tutelados por el Artículo Cuarto de la Constitución federal y reconocidos en diversos instrumentos internacionales de los que México es parte.

Con esa arbitraria decisión, Delfina Gómez dejó a casi cuatro millones de niños sin el beneficio de la educación y el desayuno escolar diario que recibían. Y en muchos casos como el único alimento caliente a que tenían acceso en todo el día esos cuatro millones de niños.

Las cifras del trágico proceder de Delfina Gómez son atentatorias a la dignidad humana. Se desaparecieron 24 mil 200 escuelas de tiempo completo, ubicadas en 405 municipios del país en donde, paradójicamente, opera la cruzada nacional contra el hambre en favor de las niñas y niños que gracias a Delfina Gómez se quedaron sin asistencia escolar. De ese tamaño es el daño a la niñez. Ampliaremos…

 

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AMLO tiene su nuevo Fobaproa

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El Presidente practica lo que tanto critica de los neoliberales y conservadores * Entre el Tren Falla, el Chaifa, la refinería Dos Bocas y el incumplimiento del T-MEC costará a los mexicanos 85 mil millones de dólares * Manipulación de la Seguridad Nacional

 

ROBERTO DOMÍNGUEZ CORTÉS

 

El juez primero de Distrito, Adrián Novelo Pérez, con sede en Yucatán, concedió la suspensión definitiva para detener las obras en el tramo 5 del ya fallido Tren Maya, caprichito del que se dice Presidente de México (no de los mexicanos), Andrés Manuel López Obrador.
Conceder la suspensión quiere decir que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran, hasta en tanto el juez determina, en sentencia, si concede o no el Amparo y Protección de la Justicia Federal. Es lo que en el lenguaje jurídico-constitucional se llama resolución de fondo.
Después de lo que el juez de distrito decida, sigue la instancia del Tribunal Colegiado de Circuito, quien determinará si revoca o confirma la sentencia del juez Novelo Pérez.
El amparo fue promovido por el buzo José “Pepe” Urbina, preocupado por la preservación del medio ambiente y la ecología del territorio por donde pasará el Tren Maya.


Se ha demostrado repetidamente que el impacto a la flora y a la fauna es de devastación, con la amenaza de desaparición del jaguar negro, el mono araña y la deforestación que lleva más de 70 mil hectáreas de árboles maderables con destino desconocido. Y desde luego la contaminación y desaparición de gran cantidad de cenotes.
Irreverente y grosero, López Obrador ha acusado a los defensores de la naturaleza como seudoambientalistas cuando lo correcto es que México está mal gobernado por un seudopresidente.
Los argumentos de López Obrador para continuar con las obras del trenecito del sur no tienen ningún sustento.


Dice Andrés Manuel que la justificación para ordenar a la corcholata Adán Augusto López la continuación de la obra, es que la suspensión eleva los costos, la justicia es lenta y el gobierno de Estados Unidos financia a un “grupo mafioso político opositor” que busca frenar la construcción del Tren.
López Obrador se vale de todos los artilugios para su inauguración, en el día que ya decidió para el 2023. Exactamente igual como lo hizo el 21 de marzo pasado, con el inacabado y fraudulento aeropuerto Felipe Ángeles que apenas recibe seis vuelos diarios y ninguno internacional. Además de degradarlo a categoría dos, con lo que ningún vuelo de Europa, Asia y Norteamérica se arriesga a aterrizar bajo esas condiciones de inseguridad.


Respecto de que la suspensión de la obra eleva los costos es el pretexto perfecto para encubrir la inepcia y el despilfarro para justificar un sobreprecio del 70 por ciento. Vea usted lector y mexicano responsable. Originalmente el presupuesto destinado al Tren Maya fue de 11 mil 800 millones de dólares que traducidos en pesos son 236 mil millones en moneda nacional.
En conferencia de prensa, el mismo Andrés Manuel aceptó que el nuevo precio para el Tren Maya será de entre 15 mil y 20 mil millones de dólares. En el escenario más optimista, a los mexicanos constará la veleidad lopezobradorista 300 mil millones de pesos, en tanto que en el más pesimista el costo alcanzará la estratosférica cantidad de 400 mil millones de pesos. Cifras cercanas a los 415 mil millones pagados por un aeropuerto que ofende la memoria del insigne general Felipe Ángeles.
López Obrador también blasfema que en México la justicia es lenta y por ello hay que continuar con la construcción del Tren Falla (sic). No se trata de que la justicia sea lenta o expedita. Hay términos procesales y constitucionales que cualquier órgano jurisdiccional local o federal debe de observar. Los tiempos los marca la ley y no el capricho de los hombres como quisiera López Obrador por muy Presidente que sea.
Respecto de que el gobierno estadounidense financia a un “grupo mafioso político opositor” es otra de las frecuentes banalidades con que López adorna sus soporíferas mañaneras. Es la imposición de la palabra presidencial, desde el púlpito del Palacio Nacional sin derecho a réplica. Sólo que su pronunciamiento no tiene algún sustento. Es una declaración dogmática. El señor López no ha probado ni podrá probar la intervención de Biden o de su gobierno, pero propicia más encono en contra de su gobierno fallido.


En un gran atentado al orden constitucional de la República, emitió un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 11 de noviembre de 2021, donde declara como obra de seguridad nacional el Tren Falla (sic).
Con ello, los ridículos asesores presidenciales pretendieron agradar al jefe que va en camino a la destrucción de la República. La intención era salvar el imperativo constitucional previsto en el artículo 129 de la Ley de Amparo. Este dispositivo establece que cuando se persigue perjuicio al interés social o se contravienen disposiciones de orden público la suspensión puede no cumplirse.
Entre las prevenciones se encuentran “la defensa de la integridad territorial, la independencia de la República, la soberanía y seguridad nacional”. Lo malo para las trampas de López Obrador es que el Tren Falla (sic) no encuadra en alguno de los supuestos del artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional.
Este numeral establece, puntualmente, en 13 fracciones, las hipótesis sobre las cuales se encuentra amenazada y en peligro la seguridad nacional definida como la estabilidad y calma que se supone beneficiosa para el desarrollo de un país.
Así queda de manifiesto que las amenazas para la seguridad nacional son actos de espionaje, sabotaje, genocidio, intervención extranjera, desarticulación del territorio nacional, destrucción de infraestructura estratégica y actos ilícitos en contra del fisco federal entre otras prevenciones.
En ninguna de estas causales encuadra como de seguridad nacional la construcción del Tren Maya. Por el contrario, se atenta en contra del artículo 262 de la Ley de Amparo: “Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión (…) destitución o inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos al servidor público que en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión, no obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra”.
La evidencia de los ilícitos lopezobradoristas están plenamente probados, al emitir un decreto violatorio de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley de Amparo, desde el momento en que la Ley de Seguridad Nacional no hace alguna referencia a que una obra ferroviaria sea considerada como de seguridad nacional.


Ello quiere decir que una vez López Obrador haya dejado el cargo, queda un lapso de seis años para ser sujeto de sanción penal, junto con quienes transgredieron la ley y la Constitución, al violar una suspensión provisional y una suspensión definitiva.
Sobre todo porque el juez federal no ha resuelto el amparo solicitado y el Tribunal Colegiado de Circuito todavía no ha tenido intervención, en cuanto a la confirmación o revocación de la sentencia emitida por el juez de distrito.
Entre el Tren Maya, el Aeropuerto de Santa Lucía, la refinería Dos Bocas y el incumplimiento del T-MEC costará a los mexicanos 85 mil millones de dólares. Es el nuevo Fobaproa que tanto critica López Obrador de los neoliberales y conservadores. Ampliaremos…

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Los Chimalapas, la traición de Rutilio Escandón

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Quitarle a Chiapas 160 mil hectáreas, el acuerdo entre AMLO y Murat * La decisión favorable de la Suprema Corte tuvo como cambio que Alejandro entregara Oaxaca a Morena

 

ROBERTO DOMÍNGUEZ CORTÉS

 

Desde el gobierno de don Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970), el problema de Los Chimalapas, originalmente agrario, derivó en un conflicto político y de límites entre Chiapas y Oaxaca.

A finales de los sesenta se tituló en favor de los comuneros de San Miguel Chimalapa, Oaxaca, una superficie de 134 mil hectáreas, entregadas simbólicamente en la ciudad de Oaxaca. Por falta del deslinde respectivo, los comuneros favorecidos invadieron tierras comprendidas hasta Rizo de Oro, comunidad del municipio de Cintalapa. Esta fue la primera invasión.

Como respuesta, durante el gobierno del doctor Manuel Velasco Suárez, se cometió el incalculable error, al crear en 1973 la Comisión Intergubernamental Agraria y de LÍMITES, en expreso y lamentable reconocimiento de que un problema de repartición de tierras había terminado en limítrofe, lo que afectaba innecesariamente y hasta la fecha el territorio del estado de Chiapas.

La segunda invasión se dio en el mes de agosto de 1976 por un grupo de campesinos del mismo San Miguel Chimalapa, Oaxaca, en tierras boscosas de la zona denominada Ciénega de León, del municipio de Cintalapa.

La faja de tierra invadida fue de 200 mil hectáreas y con una penetración en territorio chiapaneco de 18 kilómetros a partir de la línea divisoria entre ambas entidades federativas.

Así, lo que en sus orígenes fue un asunto de carácter agrario, se convirtió en un severo problema de límites.

Pero el verdadero problema se generó durante el gobierno de don Juan Sabines Gutiérrez, cuando en la Constitución del 1 de enero de 1982 se fijaron los límites entre Chiapas y Oaxaca, en los que el gobierno chiapaneco, a través del Congreso del Estado, reconocía a Oaxaca espacios territoriales que desde hacía 500 años habían pertenecido a Chiapas, cuando el 14 de septiembre de 1824 se incorporó al naciente Estado mexicano.

Por todos estos problemas agrarios, convertidos artificialmente en limítrofes, el gobierno del estado de Oaxaca interpuso la controversia constitucional 121/2012 en la que reclamaba una superficie de 160 mil hectáreas pertenecientes a Chiapas. Indebidamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que los espacios territoriales de los Chimalapas pertenecían al estado de Oaxaca, con graves irregularidades, para premeditadamente favorecer a la entidad oaxaqueña.

Dentro de los límites territoriales había un punto fundamental para conocer exactamente los límites entre Chiapas y Oaxaca. Se trataba del Cerro de los Mixes que el perito de la SCJN jamás localizó.  En tanto que el perito de Chiapas sí encontró el cerro de los Mixes.

Lo grave de este episodio fue que la Corte hizo caso omiso al dictamen del perito de Chiapas y únicamente tomó en cuenta el informe rendido por su propio perito aun cuando no haya localizado el cerro que definía exactamente los lindes entre Chiapas y Oaxaca.

Hubo otra grave anomalía al no llamar a juicio a las partes involucradas para manifestar su parecer. Ello era obligatorio puesto que en la parte de Chiapas identificada como oaxaqueña, todas las toponimias se refieren a nombres y lugares de Chiapas: Elsy Herrerías, Alberto Cal y Mayor y Rodulfo Figueroa, entre otros nombres pertenecientes a Chiapas.

Además, se trata de una zona zoque asentada en ese territorio desde antes de la llegada de los españoles. Los zoques son originarios de Chiapas y hablan ese idioma, en tanto que a mixtecos y zapotecos se les identifica con el estado de Oaxaca.

Pero también al no llamar a las partes involucradas en el conflicto territorial se violó flagrantemente el artículo 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el artículo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que ambos mandos manifestaran su parecer.

Cuando se dictó la sentencia por parte de la SCJN, Rutilio Escandón, gobernador de Chiapas, acató sumisamente y sin alguna oposición, una sentencia que amputaba 160 mil hectáreas a Chiapas. Sabía que en la trágica sentencia estaba presente la mano de Andrés Manuel López Obrador, a cambio de entregar a Morena el estado de Oaxaca en un trato ignominioso con Alejandro Murat, gobernador del estado.

Ahora a Rutilio Escandón se le conoce como el moderno Santa Anna Chiapaneco, al no combatir ni presentar recurso alguno en contra de la aberrante determinación del máximo órgano jurisdiccional del país. Así será juzgado por la historia.

En la sentencia de la Corte se estableció un término de 30 meses para que los Congresos de los estados de Chiapas y Oaxaca formaran sus respectivas comisiones para la ejecución de la sentencia. Ahí fue donde se descubrió el contubernio entre la Corte, Rutilio Escandón y Alejandro Murat.

La sentencia se emitió con fecha 16 de noviembre de 2021, y el estado de Oaxaca, desde el 15 de noviembre, ya había formado su comisión para ejecutar la sentencia ordenada por la Suprema Corte. Así de ese tamaño fue la traición a Chiapas. Ninguna sentencia, de ningún órgano jurisdiccional, puede conocerse hasta el día de su emisión e incluso hasta los días posteriores.

El débil argumento de Rutilio Escandón para aceptar la sentencia fue en el sentido de que se trataba de un asunto responsabilidad del gobierno de Manuel Velasco Coello y totalmente concluido. Lamentable y vergonzoso pronunciamiento. Olvida Rutilio Escandón que era el dócil presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado de Chiapas en ese gobierno que hoy fustiga. Habría de preguntársele qué hizo como titular del órgano jurisdiccional para combatir una sentencia totalmente tendenciosa.

Y ahora como gobernador del estado se negó, sin alguna justificación, interponer recurso alguno que fuera procedente para combatir la ilegal sentencia de la Corte Suprema. En diversas ocasiones, el licenciado Servando Cruz Solís, presidente de la Barra Chiapaneca de Abogados, buscó acercamiento para sugerir la posibilidad de recurrir en queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Las evasivas fueron notorias. A Rutilio Escandón le preocupaba más su posición frente a Andrés Manuel López Obrador para cumplir órdenes superiores que defender la soberanía y la integridad territorial de Chiapas.

Fue por ello que el prestigiado abogado Cruz Solís interpuso queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El argumento certero de esa denuncia ciudadana estriba en que al violarse derechos humanos contenidos en el Artículo Primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, era y es posible acudir ante organismos internacionales como ya se ha hecho.

Se trata de lograr la suspensión de la ejecución de la sentencia, hasta en tanto se determine si hay o no violación a los derechos humanos de los chiapanecos en la zona de los Chimalapas.

Ello es absolutamente cierto. De un día para otro los chiapanecos de ese territorio despertaron del lado de Oaxaca al cual jamás han pertenecido y ni siquiera estaban enterados.

Por esa decisión arbitraria de la Corte puede ocurrir un episodio de lamentables consecuencias, en lo que ya se advierte grupos armados de ambos bandos, pero lo más grave es que no solamente se afectó territorio de los Chimalapas, sino también del municipio de Arriaga, el cual no estaba comprendido en el diferendo inicial entre Chiapas y Oaxaca. Ello demuestra que la Corte en su sentencia ni siquiera tuvo el decoro de indagar que Arriaga jamás había estado en el litigio territorial.

Así, Rutilio Escandón es sujeto a doble juicio político. Por no defender el territorio de Chiapas y haberse nombrado, con su consentimiento, Concejos Municipales por tres años.  Ampliaremos…

 

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