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HOJAS LIBRES

La peligrosidad del desorden mental

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Un buen estado de salud garantiza la toma de las mejores decisiones * Lamentable la forma en que el Presidente Andrés Manuel López Obrador despide a Miguel Barbosa Huerta, al exhibirlo como el artífice de la antidemocracia

 

ROBERTO DOMÍNGUEZ CORTÉS

 

El pasado 13 de diciembre murió en la Ciudad de México el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta. Desde que tomó posesión de la gubernatura, su deteriorado estado de salud anunciaba un trágico final antes de concluir el sexenio, como efectivamente ocurrió en fecha reciente.

Su gobierno se caracterizó por la contradicción entre el decir y hacer en sus maratónicas locuciones, al manifestar que su pretensión era “un gobierno cercano, humano, austero, tolerante, incluyente y que aguante la crítica”.

De palabra se propuso, según él, hacer un intento de gobierno diferente, en el cual jamás se observó la tolerancia pregonada por el hoy difunto. Así lo demuestran sus continuas alusiones directas al PAN y a sus acérrimos enemigos Rafael Moreno Valle y la gobernadora Martha Erika Alonso. Manifestó también “que nunca más en Puebla se usará el poder con fines de venganza, espionaje, infamia, persecución o como modelo de negocio y enriquecimiento”.

Sus actos de gobierno exhiben lo contrario a lo que fueron sus demagógicos pronunciamientos.

Y por si fuera poco, Andrés Manuel López Obrador se encargó de despedirlo y ratificarlo como el enemigo de la democracia que siempre fue Miguel Barbosa. A decir de López Obrador, Miguel Barbosa fue quien le propuso la marcha de la venganza y de la ignominia del 27 de noviembre de 2022, un acto que en nada enaltece la figura de Barbosa.

Como se recordará, la convocatoria de la marcha del 13 de noviembre de 2022 fue ciudadana en defensa del Instituto Nacional Electoral por los intentos golpistas de López Obrador de desaparecer el órgano electoral autónomo y en su lugar crear un adefesio constitucional para apropiarse del control electoral en 2024: la Presidencia de la República, las 128 senadurías, las 500 diputaciones federales y las gubernaturas en disputa. Ese fue el proyecto de Miguel Barbosa.

En nada beneficia pues a Barbosa que López Obrador lo ponga como responsable de la idea de hacer la marcha de la venganza del 27 de noviembre para contrarrestar el clamor ciudadano de que el INE no se toca.

Lamentable forma de López Obrador al despedir a Miguel Barbosa. Lo exhibe como el artífice de la antidemocracia a la cual todos los días aspira la frustrada Cuarta Transformación.

Cuando Miguel Barbosa hablaba de que se acabó la intolerancia y el uso del poder para venganzas personales, el entonces novato gobernador no midió que el tiempo no le alcanzaría para hacer todo lo que anunció, pero que jamás se propuso hacer.

En este mismo espacio vaticinamos en el 2020 que no le alcanzarían los cinco años por su incapacidad física, moral y psicológica como efectivamente ocurrió el 13 de diciembre pasado.

El tiempo y las circunstancias demostraron que un buen gobernante debe de estar en condiciones óptimas para tomar las mejores decisiones. Un buen estado de salud física acompaña a un buen estado de salud mental. Evita decir y hacer cosas que son irreversibles y con el tiempo se convierten en un lastre para el resto del gobierno y que perduran más allá de la conclusión del período sexenal.

Miguel Barbosa no era un portento de salud como se evidenció en más de una de sus intervenciones públicas.

En la marcha de la ignominia del 27 de noviembre, concurrió en silla de ruedas al Zócalo de la Ciudad de México para manifestarle al destructor de las instituciones nacionales que a pesar de sus limitaciones físicas, estaba ahí presente para apoyar el acarreo que López Obrador provocó para contrarrestar el repudio al intento de su frustrada reforma electoral. Ni la cercanía con la muerte le impidieron atentar en contra de las instituciones republicanas.

Moralmente Barbosa tampoco tuvo cómo acreditar un discurso mediano de honestidad y transparencia, base de todas las demás virtudes que deben acompañar a todo buen gobernante. Se definió como un hombre de izquierda, austero, republicano y pobre.

Mintió ante la opinión pública al asegurar que la casa del expresidente Miguel de la Madrid la adquirió en 10 millones de pesos, cuando que uno de sus antiguos correligionarios (Guadalupe Acosta Naranjo) le salió al paso para corregirle el discurso y espetarle en la cara que la propiedad está valuada en más de 45 millones de pesos. La respuesta fue el silencio.

También incurrió en mentiras ante la comunidad académica y profesional. Repetidas veces firmó como profesionista e incurrió en el delito de usurpación de profesión, previsto y sancionado por el artículo 258, fracción II, del Código Penal del Estado de Puebla. La cédula profesional 11653251 es de apenas noviembre de 2019, adquirida de emergencia ya como gobernador en funciones. Y ahora resulta que en los homenajes se asegura que al concluir su carrera formó una firma prestigiada de abogados, cuando que ni siquiera había terminado sus estudios profesionales a mediados de los años ochenta.

Miguel Barbosa también violó la autonomía municipal. Como primer acto de gobierno emitió un decreto para que la seguridad pública en la capital poblana quedara a cargo del gobierno del estado. El apócrifo argumento de Barbosa Huerta fue que en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, los mandos medios tienen vínculos con la delincuencia organizada.  Con su reforma logró entonces que la delincuencia quedara a cargo de los altos mandos estatales en sustitución de los mandos medios municipales.

Con ese acto arbitrario, Miguel Barbosa violó la autonomía del municipio libre como lo previene la fracción VII, del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: “La policía preventiva estará al mando del presidente municipal (…) Aquélla acatará las órdenes que el gobernador del estado le transmita en los casos de fuerza mayor o alteración grave del orden público”.

En concordancia con este dispositivo de la Carta Magna, la Constitución de Puebla previene en su artículo 79, fracción X, como facultad del gobernador: “Asumir el mando de la policía preventiva municipal en aquellos casos que este juzgue como de fuerza mayor o alteración grave del orden público”. No hubo pues argumento jurídico ni constitucional para una aberración del tamaño ideada por Miguel Barbosa, en su frustrado intento por controlar a la entonces presidenta municipal Claudia Rivera Vivanco.

Las desafortunadas declaraciones de Miguel Barbosa como gobernador de Puebla siempre evidenciaron signos de desorden mental. Hay una que en su momento fue gravemente preocupante y evidenció su deformada personalidad, cuando no pudo ocultar su satisfacción por la muerte de la gobernadora Martha Erika Alonso y su esposo, el senador Rafael Moreno Valle.

No puede entenderse su pronunciamiento fuera de lugar, lejos de la urbanidad política y el humanismo pregonado por López Obrador, y por el mismo Barbosa, cuando sentenció: “Dios castiga a quienes me robaron la elección”. “Pero la justicia divina me dio la razón al ganar la elección”. Esa sola percepción de su propia realidad, porque además se la creía, lo inhabilitaban desde ese momento para continuar como gobernador.

Lo malo es que el tiempo y el destino alcanzaron a Miguel Barbosa para recordarle que con la vida no se juega y de cómo no debió de burlarse de sus antecesores. Como una broma macabra falleció también en un mes de diciembre, exactamente a cuatro años de distancia del fatal accidente del 24 de diciembre de 2018, en donde murieron a los que sucedió en el trono: Rafael Moreno Valle y Martha Erika Alonso.

Barbosa no es pues de lo que hoy se dice con motivo de su muerte.

Ampliaremos…

 

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HOJAS LIBRES

El exceso del populismo demagógico

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También recurre al chantaje y la mentira para apropiarse de las instituciones republicanas * López Obrador sabe que sus barbaridades no van a prosperar, pero son parte de su estrategia electoral para denostar a la oposición y agredir a la Suprema Corte de aquí hasta las elecciones de junio

 

ROBERTO DOMÍNGUEZ CORTÉS

 

En su enésimo intento por apropiarse de las instituciones republicanas, Andrés Manuel López Obrador nuevamente recurre al chantaje, la mentira y la demagogia.

Asegura que las 18 iniciativas de reformas constitucionales y las dos legales son para beneficio del pueblo de México al propiciar importantes ahorros en el tesoro público nacional. Falso. Si alguien ha depredado el presupuesto público es precisamente el gobierno de la cuarta regresión.

El Tren Falla (sic) significa 500 mil millones de pesos sin ninguna utilidad, destinados al precipicio y con una incuantificable deforestación por los lugares donde supuestamente pasará.

El capricho de la refinería Dos Bocas ya impactó al erario federal en 400 mil millones de pesos. Inaugurada el 21 de marzo de 2022, después de dos años no ha refinado un solo barril de petróleo, así como tampoco ha producido un solo litro de gasolina.

Y en cuanto al aeropuerto Felipe Ángeles, el despilfarro alcanza la estratosférica cantidad de 415 mil millones de pesos. Un aeropuerto al que no llegan aviones, a pesar de obligar a transferir pasaje y carga desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Irremediablemente está condenado al fracaso.

Se trata entonces de un gasto inútil e innecesario de casi un billón y medio de pesos sin alguna utilidad hasta el día de hoy.

La mentira de López Obrador es evidente. La dilapidación presupuestal atenta en contra de la salud, la educación y sobre todo la seguridad de los mexicanos, a lo que tanto invoca en su perorata del 5 de febrero.

En su breve recorrido histórico con la exaltación de los próceres de la Independencia, la Reforma y la Revolución se presenta como lo que es: un consumado demagogo.

Retoma principios y postulados que no practica. Cuando habla de Morelos y sus Sentimientos de la Nación, reafirma que somos “una República con división de Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. El gobierno liberal debe sustituir al tiránico”.

El cinismo de López Obrador es patético y de antología. Si alguien ha intentado someter a los tres Poderes, al Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal y al Instituto Nacional Electoral es precisamente el tiránico déspota con anhelos de dictador: “Al diablo con las instituciones. Y no me vengan con el cuento de la que la ley es la ley”.

Pues sí López. Las instituciones republicanas son el soporte de la Nación y las leyes el medio para preservar la paz, la tranquilidad y el Estado de Derecho que jamás se ha respetado durante la Cuarta Regresión.

Su trágica perorata no mide las consecuencias de sus palabras cuando cita al Benemérito de las Américas: “No se puede gobernar a base de impulsos de una voluntad caprichosa sino con sujeción a las leyes”.

Si alguien vulnera permanentemente el orden legal y constitucional es Andrés Manuel López Obrador. Cuando presentó por primera vez su inconstitucional plan A para apropiarse del INE, ni el “fast track” más elaborado habría probado en el Congreso de la Unión un paquete de reformas inconstitucionales con celeridad inusitada.

En tres horas aprobaron lo que, por el número de hojas, ni siquiera hubieran podido contar una por una. El fraude legislativo fue tan evidente que la propuesta pasó sin cambiarle un solo punto y ni una coma. Hasta con errores gramaticales y de ortografía lo ratificaron sus lacayos de la Cuarta Regresión.

El que convoca sujetarse a las leyes como Juárez, gobierna en la improvisación, la mentira y la diatriba en contra de sus críticos y opositores.

Su objetivo son los dos pilares de la democracia mexicana y el sometimiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la que no ha podido doblegar. Siempre ha querido apropiarse del control electoral a cargo del Instituto Nacional Electoral y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para manipular la elección presidencial e imponer a su desangelada candidata Claudia Sheinbaum.

Hoy lo ha logrado a medias con el ascenso de Guadalupe Tadei Zavala, representante del morenismo en el Instituto Nacional Electoral, pero sin que Tadei ni López puedan definir el rumbo del instituto por el contrapeso de los otros consejeros, aunque haya otros adictos a los caprichos del tirano.

En un exceso en contra del orden republicano y constitucional, López Obrador se ha atrevido a proponer que los ministros, magistrados y jueces sean electos por el voto popular, con el cuento de que así estaba previsto en la Constitución liberal de 1857. En entrega posterior demostraremos su falacia.

El mismo injustificado argumento plantea también para la elección de jueces y magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia de las entidades federativas.

El derecho es tan complicado que sería aberrante caer en la improvisación, la corrupción y la inepcia de los “garantes” de la administración de justicia, sin carrera judicial, sin conocimiento de la ley y sin responsabilidad para sentenciar con imparcialidad y apegados al marco constitucional.

Nada más imagínese al acusado de violación Félix Salgado Macedonio, al lépero de Cuitláhuac García, a la impresentable Layda Sansores, al “inteligentísimo” Cuauhtémoc Blanco, a Rutilio Escandón y varios etcéteras más de la fauna lopezobradorista, en busca del voto popular para presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los poderes judiciales de los estados.

López Obrador sabe que estas barbaridades no van a prosperar. Sólo que son parte de su estrategia electoral para denostar a la oposición y agredir a la Suprema Corte, con el desgastado argumento de que los neoliberales y conservadores se oponen a la democracia, al progreso y al bienestar del pueblo.

Ese pueblo que tanto ha ofendido con el despilfarro del patrimonio nacional. Con los cuatro millones de niños que ha dejado en el desamparo, sin alimentación y sin educación al desaparecer 27 mil escuelas de tiempo completo.

Los atentados a la salud ante la imposibilidad de surtir 45 millones de recetas. La falta de mastografías a un millón 300 mil mujeres. Las 7 mil 300 operaciones quirúrgicas dejadas de practicar. Y los más de un millón y medio de muertos por la irresponsabilidad y ligereza con el que se trató el Covid-19 y la enorme corrupción con los dineros sanitarios.

Esa sí es una canallada y un atentado a la Soberanía Nacional y al pueblo de México.

En el exceso de su populismo demagógico se atreve a proponer una jubilación de 100 por ciento que sólo puede concebirse en una personalidad deformada. En su inmensa ignorancia, como escolapio de primaria propone crear un fondo semilla de 64 mil millones de pesos a partir del 1 de mayo de 2024 para garantizar el ciento por ciento de jubilación a los trabajadores retirados.

Es de carcajada su propuesta. Para cubrir el ciento por ciento de jubilación al salario de los trabajadores se requeriría el doble, entre 130 mil y 140 mil millones de pesos sólo para el 2024. Habría que preguntarle al “prócer” de la patria de dónde van a salir esos 130 mil millones de pesos anuales sin una reforma fiscal para conseguir los recursos necesarios.

En medio de esa comedia laboral, la ignorancia de Claudia Sheinbaum le permite afirmar que ya revisó las cuentas y que esos 64 mil millones de pesos resuelven el problema de jubilación hasta el año 2030, cuando que el fondo semilla inicial apenas alcanzará para la mitad del año que corre.

Y desde luego como sus intereses personales son mayores que los del pueblo de México no se atreve a hacer una reforma fiscal. Sería el tiro de gracia a su desangelada candidata Claudia Sheinbaum con aumentos a los impuestos o la creación de nuevas cargas tributarias.

Tampoco habrá cómo financiar los 5 billones de deuda contratada en este trágico quinquenio, aunque López juró jamás endeudar al país, cuando que sólo en este año se ha contratado deuda por un billón de pesos.

Con ello se documenta su mentira número 100,001 desde las Mañaneras. Ampliaremos…

 

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PD.- En próxima entrega cuánto se necesita para los gastos de jubilación, de Jóvenes Construyendo el Futuro, adultos mayores y discapacitados.

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HOJAS LIBRES

Lenia Batres, la impostora ministra

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Ciento por ciento de lealtad y cero por ciento de capacidad * En su fatídica perorata no tuvo límites al afirmar sin algún sustento que la Suprema Corte de Justicia de la Nación invade la esfera del Poder Legislativo * En concreto: Un porro obradorista en el máximo tribunal del país

 

ROBERTO DOMÍNGUEZ CORTÉS

 

La semana pasada Andrés Manuel López Obrador designó a Lenia Batres Guadarrama como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por primera vez, en 200 años de República, un ministro no tiene el aval del Senado del Congreso de la Unión.

Como todos los nombramientos expedidos por López Obrador, de nuevo cayó en el desacato a las instituciones nacionales y a la soberanía popular, al nombrar a una supina ignorante de la función jurisdiccional. Pero además lépera, grotesca y revestida de un lenguaje que envidiaría cualquier estibador de los muelles de Veracruz y los carretoneros dedicados al transporte público.

Circula un video de la vecindad en la cual pernocta Lenia Batres Guadarrama. La exhibe en toda su dimensión como persona y como parte de la sociedad en decadencia. Se la oye decir: “Deja ya a esta hija de su putísima madre. Y ya deja de estar chingando”.

Ese es el porro que llega a la Suprema Corte de Justicia de la Nación no para impartir justicia, sino para desestabilizar el único poder que se ha opuesto a las ocurrencias y veleidades del desadaptado de Palacio Nacional.

Sólo que ante esa descomposición verbal López Obrador lo celebra y ha dicho que le da gusto el lenguaje de Lenia Batres Guadarrama porque viene del pueblo y lo conoce.

Tiene razón. Son de la misma ralea y vienen de lo más deplorable de la clase social más baja.

Lenia Batres se pone al mismo nivel y comparte méritos con Julia Klug, la activista guatemalteca de Morena enviada por López Obrador a la Suprema Corte, para ofender a la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández y al Poder Judicial federal con aquella cantaleta que López aplaudió: Norma Piña, Norma Piña ¿dónde estás, dónde estás? Ching… a tu madre y te vas. Y te vas.

Con todo y que Julia Klug se parece más a trabajadora de burdel, López Obrador aceptó complacientemente el homenaje que la Klug le rindió. En cualquier país serio, con instituciones serias y honorables, Julia Klug habría sido expulsada inmediatamente por graves violaciones constitucionales al inmiscuirse en asuntos políticos reservados exclusivamente a los mexicanos, imperativo constitucional contenido en el Artículo 33 de la Carta Magna.

Pero como Julia Klug se declaró abiertamente admiradora de Morena y de López Obrador, en vez de deportarla, inmediatamente fue exorcizada y se le permitió continuar en México para ofender cuanto quisiera a la Nación. Y de ello es cómplice López Obrador.

Queda demostrado pues que a López no le interesa el nivel político, social y cultural de la República. Sin ningún recato ha dicho que para su gobierno se necesita el 90 por ciento de lealtad y un ínfimo 10 por ciento de capacidad. Así sucedió con la improvisada secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, y la demás fauna lopezobradorista.

Sólo que con la impostora ministra Batres Guadarrama, el señor López cambió la ecuación. Ciento por ciento de lealtad y cero por ciento de capacidad que traducido significa el 100 por ciento de ignorancia jurídico-constitucional.

Para defender al porro Batres Guadarrama, López Obrador ha dicho que el pueblo la ha calificado como ministra del pueblo. Es otro de los inventos de la cuarta regresión. López jamás ha defendido al pueblo y sólo lo exalta para engañar a la nación mexicana como protector de los sectores más necesitados.

Lo cierto es que Lenia Batres Guadarrama llegó como ministra representante de lo más retrógrado del obradorato y en contra del pueblo. Las reformas constitucionales anunciadas por López Obrador son un atentado a la democracia, a las instituciones electorales, a la ciudadanía y al electorado para suplantar en las urnas la voluntad popular.

Sin ningún ápice de conocimiento, Lenia Batres Guadarrama se atrevió a decir que la Constitución Política está subordinada a los ministros y no los ministros a la Carta Magna. En su apresurada verborrea lo dicho fue sin sentido.

Cualquier juez, para hacer una afirmación de ese tamaño, debe recurrir a lo que en derecho se llama fundamentación y motivación. Debió de explicar Lenia en qué Acción de Inconstitucionalidad, Controversia Constitucional o Amparo la Suprema Corte ha vulnerado el Estado de Derecho.

Jamás Lenia Batres Guadarrama podría sustentarlo por ignorante y mentirosa. En su fatídica perorata no tuvo límites al afirmar (otra vez sin algún sustento) que la Suprema Corte de Justicia de la Nación invade la esfera del Poder Legislativo.

Según el porro Lenia Batres Guadarrama asegura que los litigantes dicen: “¿Y qué dice la Constitución al respecto? Lo que indique la Suprema Corte”. Esto y nada es lo mismo. Son manifestaciones dogmáticas sin sentido alguno y sin valor. Igual que las más de 100 mil mentiras (estas sí documentadas) que López Obrador ha dirigido al pueblo de México desde sus soporíferas Mañaneras.

El escaso conocimiento de Lenia Batres Guadarrama fue todavía mayor cuando afirmó que la Corte ha legislado en sustitución del Congreso de la Unión. Habría que decirle que invalidar las estupideces constitucionales de López Obrador no sólo es una obligación social, política, moral sino también constitucional.

Recuérdese a los diputados y senadores morenistas que no cambiaron un punto ni una coma a las aberraciones constitucionales promovidas por Andrés Manuel. Y así procedieron estos delincuentes legislativos. Con ello AMLO gobierna bajo el signo del autoritarismo a partir de sus improvisaciones, ocurrencias y desatinos.

Pero el mayor homenaje de Lenia Batres Guadarrama a la corrupción de López y su familia, lo dio al referirse al sueldo que percibe Andrés López por destruir a México. O sea, se le paga para acabar con el país.

Otra vez asomó la ignorancia y sumisión de la Batres: “La Corte ha incumplido una disposición vigente desde 2010. El Artículo 127 Constitucional previene que nadie puede ganar más que el Presidente de la República”.

Habría que regresar a esta diletante de la administración de justicia a sus clases de cuarto semestre de derecho constitucional para obligarla a entender el sentido y alcance de lo que legislador propuso en este dispositivo de la Carta Magna.

Lo que sigue está en la Constitución y no son las tonterías con las que se presenta Lenia Batres Guadarrama, de la cual los ministros se han mofado por improvisada e ignorante: “Los servidores públicos de la Federación, de los estados y de los municipios (…) recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su empleo, cargo o comisión (…).

“Se considera remuneración o retribución toda percepción en efectivo o en especie (…)”. López dice ganar 108 mil pesos mensuales, en tanto los ministros entre 206 mil y 350 mil pesos. Sólo que la percepción en efectivo y en especie del señor López supera los 6 millones de pesos mensuales como se ha documentado fehacientemente.

En especie son todos los servicios y beneficios que recibe por vivir como rey en el Palacio Nacional. Dispone de una nómina de 5.7 millones de pesos para pagar a 147 trabajadores y mantener los parásitos que pululan alrededor de él. A lo anterior deben sumarse 250 mil pesos mensuales de luz y 350 mil pesos bimestrales de agua.

Eso quiere decir que el gran corruptor (Elena Chávez González dixit) gana 17 veces más que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. López Obrador percibe 72 millones de pesos al año, en tanto que los once ministros 46 millones 200 mil pesos, es decir, 25 millones 800 mil pesos menos.

Pero además habría que recordarle a esta improvisada ministra que el Artículo 94 de la Constitución otorga protección salarial a los señores ministros y ministras: “La remuneración que perciben por sus servicios los ministros de la Suprema Corte (…) no podrá ser disminuida durante su encargo”.

Así, el discurso inaugural del porro Lenia Batres es el discurso del resentimiento y la impotencia de López Obrador al que le han invalidado todas las inconstitucionales intentadas. Ampliaremos…

 

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HOJAS LIBRES

La connivencia entre Samuel García, Javier Navarro y Gabriel Domínguez Barrios

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Una investigación periodística de esta Casa Editorial sobre el caso Nuevo León * En el Amparo promovido por Navarro Velasco, se trató de dar vigencia al atentado que el gobernador neoleonés cometió en contra de la constitucionalidad del Estado Mexicano

 

ROBERTO DOMÍNGUEZ CORTÉS

 

En colaboración anterior se hizo un análisis detallado del delito en que incurrió Samuel Alejandro García Sepúlveda para nombrar a Javier Luis Navarro Velasco gobernador interino del estado de Nuevo León. Violó el artículo 208 del Código Penal que contiene una sanción de uno a siete años de prisión.

Intervino, como cómplice paralelo, el juez tercero de distrito en materia de Trabajo en la Ciudad de México, Gabriel Domínguez Barrios.

Asumió facultades y competencia que no le corresponden, previstas y sancionadas por el artículo 225, fracción I, del Código Penal Federal: “Son delitos contra la administración de justicia cometidos por servidores públicos, conocer de negocios para los cuales tengan impedimento legal”, y “con una sanción de tres a ocho años de prisión y de quinientos a mil quinientos días de multa”.

La usurpación de funciones y facultades conferidas, legal y constitucionalmente, a otras autoridades diferentes a un juez de distrito, le viene a Gabriel Domínguez Barrios del Amparo 3656/2023-VI, promovido por Javier Luis Navarro Velasco, secretario de Gobierno de Samuel García.

En un atentado a las instituciones republicanas, Samuel García se atrevió a nombrar a su secretario de Gobierno como el gobernador interino que habría de sustituirlo por seis meses. El aserto tiene sustento cuando que samuelito pidió licencia por seis meses, del 2 de diciembre de 2023 al 2 de junio de 2024, mientras asumía la función de obediente de López Obrador y regresaba vencido a reasumir la gubernatura.

En el Amparo promovido por Navarro Velasco, se trató de dar vigencia al atentado que Samuel García cometió en contra de la constitucionalidad del Estado Mexicano.

Como base de su acción, Navarro Velasco solicitó y obtuvo que el juez Gabriel Domínguez Barrios pretendiera detener el nombramiento del gobernador interino que el Congreso del Estado de Nuevo León hizo en la persona de Luis Enrique Orozco Suárez.

Javier Luis Navarro Velasco en su demanda de Amparo solicitó y obtuvo la suspensión de los actos que presentó como agravios a su persona:

1.- Evitar la eliminación o suspensión de las prestaciones y remuneraciones laborales con motivo de su empleo como secretario de Gobierno.

2.- Evitar la realización cierta e inminente de la designación por parte del Congreso del Estado del gobernador sustituto o interino de Nuevo León.

3.- No permitir la persecución política de la que es víctima por parte de la totalidad de las autoridades responsables, por su activismo social en favor de la transparencia gubernamental y de la democracia.

4.- No permitir la detención extrajudicial y privación de su libertad como acto prohibido por el Artículo 22 de la Constitución ordenado a 68 autoridades que señaló como responsables.

5.- Impedir la destitución, remoción y/o separación que las autoridades responsables ordenen respecto de Javier Luis Navarro como encargado del despacho de la gubernatura de Nuevo León.

6.- Ordenar a las autoridades responsables la determinación de no restringir, limitar, obstaculizar y/o en general cualquier otra que afecte mi responsabilidad como gobernador encargado del despacho del estado de Nuevo León que me ha sido conferida mediante oficio del 23 de octubre de 2023.

7.- Se evite que cualquier autoridad ordene la toma de oficinas del Poder Ejecutivo de Nuevo León.

El atraco constitucional de Javier Luis Navarro Velasco es evidente.

Señaló siete actos para encubrir el verdadero propósito de samuelito García y el de él mismo: El asalto electoral.

Jamás hubo intención de eliminarle sus prestaciones y remuneraciones laborales. Tampoco fue ni ha sido sujeto de persecución política. No hay una sola evidencia de intento de detención judicial y menos extrajudicial. Era improcedente su destitución, remoción o separación del cargo de gobernador o encargado del despacho, porque nunca asumió legalmente ni una ni otra responsabilidad. El nombramiento de Samuel García fue totalmente ilegal y al margen de la Constitución.

Ha quedado debidamente documentado que el oficio por el cual Samuel García nombra gobernador de Nuevo León a Javier Navarro, el 23 de octubre de 2023, es un delito cuando que el único facultado para esa potestad es el Congreso del Estado de Nuevo León.

Y desde luego ninguna autoridad ordenó la toma de oficinas públicas del Poder Ejecutivo de Nuevo León.

Sólo que toda esta comedia sirvió para que la connivencia entre Samuel García, Javier Navarro y Gabriel Domínguez Barrios pudiera prosperar.

Lo que realmente interesaba a Samuel García y a Javier Navarro era lo estipulado en el punto seis mencionado, para que el juez de distrito ordenara que Javier Navarro no podía ser destituido ni relevado del cargo aun cuando no contaba con el aval del Congreso de la Unión sino con un nombramiento expedido por el gobernador Samuel García.

A pesar que el juez de distrito tuvo conocimiento de esta circunstancia, se excedió en sus funciones al ordenar que mientras el Congreso de Nuevo León designara un gobernador interino o sustituto, debería quedar encargado del despacho el secretario de Gobierno Javier Luis Navarro Velasco.

Sólo que las contradicciones en que incurre Gabriel Domínguez Barrios son evidentes. Dispone que el Congreso de Nuevo León realice la designación de gobernador interino, en cumplimiento a lo estipulado en los artículos 65, 118, 121 y 122 de la Constitución Estatal.

Fue exactamente lo que hizo el Congreso de Nuevo León. Sólo que Gabriel Domínguez Barrios, con esa instrucción quiso aparentar que se apegaba al orden constitucional de Nuevo León al citar artículos que en nada alteran la designación del gobernador interino y da la razón al Congreso de Nuevo León.

El artículo 65 define únicamente a los partidos políticos como entidades de interés público, lo que nada afecta el nombramiento de Luis Enrique Orozco Suárez como gobernador interino.

El artículo 118 establece los requisitos para ser gobernador, lo cual cumplió a cabalidad Orozco Suárez cuando fue elegido por el Congreso del Estado.

En lo que sí Gabriel Domínguez Barrios comete una aberración constitucional fue cuando invocó el artículo 121. Este numeral establece que cuando la licencia del gobernador es por 30 días o menos, quedará encargado del despacho el secretario que designe el gobernador y a falta de disposición expresa se hará cargo el secretario de Gobierno.

Como consta fehacientemente, Samuel García pidió licencia por seis meses, del 2 de diciembre de 2023 al 2 de junio de 2024. Por tanto sólo era aplicable el artículo 122 de la Constitución de Nuevo León, el cual confiere al Congreso del Estado nombrar al gobernador interino o sustituto, y no dejar a un encargado del despacho.

Pero el juez Gabriel Domínguez Barrios todavía fue más allá de su función. Transgredió el orden constitucional al atribuirse facultades metaconstitucionales que no se encuentran ni en la Carta Magna ni en la Constitución de Nuevo León.

Este juzgador se atrevió a ordenar al Congreso de Nuevo León “cumplir con la obligación constitucional de respetar el sistema democrático, eligiendo a una persona del partido político Movimiento Ciudadano para que continúe el programa de gobierno que representa el titular del Ejecutivo del Estado”.

En ningún sistema jurídico se había visto la intromisión tan severa de un juzgador en la soberanía popular que representa el Poder Legislativo de Nuevo León.

Pero también dice Gabriel Domínguez Barrios que además de respetar el contenido de los artículos 65, 118, 121 y 122 de la Constitución de Nuevo León, deberá observarse la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a fin de salvaguardar los equilibrios y consensos. Sólo que esconde en qué consiste esa sentencia, porque lo exhibiría como un transgresor de la administración de justicia.

La sentencia emitida por el TEPJF, nada tiene que ver con el nombramiento de Luis Enrique Orozco Suárez.

A propuesta de la magistrada Janine Otálora Malassis se revocó el nombramiento de José Arturo Salinas Garza, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León, como gobernador interino “por considerar que su nombramiento vulneraba la división de Poderes”. Y hubo el reconocimiento expreso de la facultad del Congreso del Estado de hacer la designación conforme a los artículos 118 y 122 de la Constitución local y no todos los invocados por Domínguez Barrios.

El proyecto de la magistrada Otálora reconoció que el asunto era una cuestión de índole electoral y se llegó a la conclusión de que ningún partido político podía hacer sugerencia alguna sobre la designación del gobernador interino, so pena de considerarse una intromisión en la autonomía del Poder Legislativo, y no como sin ningún recato y falto de moral dispuso Gabriel Domínguez Barrios.

La sentencia de la magistrada Otálora evidencia que el nombramiento de Luis Enrique Orozco Suárez es una elección popular indirecta.

Con ello los legisladores, en un acto soberano, representaron a los electores para nombrar al gobernador interino, al margen de cualquier representación política y no como ilegalmente expone Gabriel Domínguez Barrios.

Pero la tragedia final constitucional le vino a Domínguez Barrios con la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: “En virtud de que es un hecho notorio que el Congreso de Nuevo León ya designó a Luis Enrique Orozco Suárez como gobernador interino, lo procedente es que el Poder Ejecutivo local permita la toma de posesión y se garantice la gobernabilidad y seguridad del funcionario nombrado”.

La Corte fue todavía más contundente: “Que cualquier autoridad se abstenga de realizar nueva designación (léase Samuel García) o nombramiento sobre la titularidad del Poder Ejecutivo sin importar su denominación”. (Encargado del despacho, interino o sustituto).

Con ello quedó exhibido Gabriel Domínguez Barrios. Violó flagrantemente el Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: “La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá en los términos que señale la ley reglamentaria de los asuntos siguientes: De las controversias constitucionales con excepción de las que se refieren a la materia electoral.

Así, de acuerdo al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el máximo órgano jurisdiccional del país, Gabriel Domínguez Barrios se inmiscuyó en asuntos electorales y por tanto debe ser destituido, sujeto a proceso penal y encarcelado. Ampliaremos…

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