HOJAS LIBRES
En las Mañaneras se incita a masacrar a periodistas
Published
1 año agoon
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Redacción
Por los peligrosos pronunciamientos de AMLO contra la libertad de expresión * Esa actitud del Presidente de la República de solicitar y dar a conocer información reservada, viola flagrantemente el artículo primero de la Carta Magna
ROBERTO DOMÍNGUEZ CORTÉS
Reza la sentencia bíblica del apóstol San Mateo: “El que no está conmigo está contra mí”. Es la misma que Andrés Manuel ha enderezado en contra de la prensa libre por haber destapado la enorme corrupción dentro del círculo más cercano de la farsa llamada Cuarta Transformación.
A sus críticos y opositores ha llamado conservadores, neoliberales, neoporfiristas, y en el exceso de su megalomanía, traidores a la patria a los que no comparten sus posiciones ideológicas y políticas.
El punto más álgido de la confrontación entre la prensa libre y el señor López se dio cuando Carlos Loret de Mola divulgó los datos de la casa en la que vivía José Ramón López Beltrán y su consuerte (sic) Carolyne Adams, en Houston, Texas, propiedad de la empresa Baker Hughes, proveedor de servicios en Petróleos Mexicanos, cuyos montos alcanzan cantidades mayores a los 150 millones de dólares.
Cuando López Obrador juró el 1 de diciembre de 2018, cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se comprometió, ante el pueblo de México, a responder únicamente por su hijo menor de edad. No así por los adultos que estaban en aptitud de defenderse por sí mismos.
De nuevo la palabra presidencial fue vulnerada por el tono belicoso con que López Obrador salió en defensa del primogénito José Ramón. Calificó a Loret de Mola como un mentiroso y mercenario del periodismo al que había necesidad de investigar sus percepciones económicas en los diferentes medios con los cuales colabora.
Sin algún recato y sólo con su dudosa palabra (se le han documentado 60 mil mentiras en las Mañaneras), aseguró que Loret de Mola percibía 35 millones de pesos anuales. Verdad o mentira lopezobradorista, es una grave acusación, un atentado a la vida privada y violatoria de la libertad de expresión que toda autoridad está obligada a respetar por mandato constitucional.
El argumento de López Obrador para dar a conocer información clasificada fue que se la hicieron llegar en forma anónima al Palacio Nacional. La mentira es evidente, manipulada y carente de toda credibilidad. Con esa actitud, Andrés López trata a los mexicanos como si fueran retrasados mentales.
Si le hicieron llegar una información no verificada, lo procedente, como jefe de Estado y jefe de Gobierno, era guardar las formas de no difundir algo de lo que no tenía la certeza. Pero en caso de ser cierta esa información, también tenía la obligación de respetar su confidencialidad, pues por su investidura presidencial resulta evidente que había ordenado a Raquel Buenrostro, titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), a sacar de los archivos fiscales todo lo relacionado con Carlos Loret de Mola.
Después, con absoluta ignorancia y movido más por su deseo de revancha, López Obrador solicitó a la titular del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Blanca Lilia Ibarra Cadena, información relacionada con las actividades profesionales del señor Carlos Loret de Mola.
Con la sola mención del encabezado dirigido a la comisionada presidenta del organismo autónomo (INAI), debió de haber percibido que en la última parte se hace referencia “a la protección de datos personales”. Por supuesto que bajo ese principio, la comisionada presidenta contestó a López Obrador que el INAI no tiene facultades constitucionales para hacer ese tipo de investigaciones y menos para dar a conocer información que protege la vida privada de los mexicanos. Eso es asunto que compete a la Fiscalía General de la República y a la Unidad de Inteligencia Financiera.
Esa actitud de López Obrador de solicitar y dar a conocer información reservada, viola flagrantemente el artículo primero de la Carta Magna, cuando que el mismo establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos y las garantías reconocidas en la Constitución.
Viola también el artículo sexto del mismo ordenamiento, bajo el principio de que únicamente son sujetos de escrutinio los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, así como cualquier persona física o moral que ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal o municipal.
Carlos Loret de Mola no encuadra en alguno de esos supuestos. No es poder, no ejerce actos de autoridad, ni tampoco tiene a su disposición recursos públicos que lo hagan sujeto de investigación. Vaya ridículo presidencial con todo y el poder del Estado.
López Obrador también atenta en contra del artículo 16 de la Constitución: “Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición para que estos no sean divulgados”. Esas prevenciones en la Ley Fundamental colocan a López Obrador al margen de la ley, de la Constitución y de toda ética política.
Ello lo convierte en destinatario de la sanción prevista y sancionada en el artículo 210 del Código Penal Federal que impide la revelación de secretos: “Al que sin justa causa, con perjuicio de alguien y sin consentimiento del que pueda resultar perjudicado, revele algún secreto o comunicación reservada que conoce o ha recibido con motivo de su empleo, cargo o puesto”.
Ahora Carlos Loret de Mola tiene la potestad de proceder penalmente y en juicio político en contra de López Obrador, desde este momento, y a partir del 1 de octubre de 2024, cuando deje el cargo, ya que por disposición del Artículo 114 de la Constitución federal, mientras se detente el cargo de Presidente, la prescripción se interrumpe como garantía de los gobernados para proceder en contra de cualquier funcionario con fuero, cuando éste pierda la representación popular.
López Obrador también fustiga el trabajo periodístico serio y objetivo de Carmen Aristegui, a la que endilga reportajes calumniosos, y utiliza como parte de la acusación de que el presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, fue comentarista de Aristegui. Otro atentado a la libertad de trabajo y a la libertad de expresión protegidos y tutelados por la Constitución General de la República.
Es trágico que para salir en defensa de su familia y de la Cuarta Transformación, López Obrador no aporta un solo dato para combatir las acusaciones que sobre su vástago pesan como graves actos de corrupción. Su palabra tan deteriorada no tiene alguna credibilidad.
Lo malo es que López Obrador con sus agresiones diarias a la prensa libre, convoca a la delincuencia organizada en contra de la vida de los comunicadores. Así queda de manifiesto cuando que en sólo tres años de gobierno han asesinado a cincuenta periodistas, lo que ubica a México como el tercer país más peligroso para el gremio en el mundo, sólo por debajo de Irak y Siria que desde hace años se encuentran en estado de guerra permanente.
Sólo en este 2022 han sido ejecutados cinco periodistas. En un acto de insolencia y falta de respeto al trabajo de los comunicadores, López Obrador vocifera que las manifestaciones de inconformidad por la muerte de Lourdes Maldonado son simples politiquerías. Politiquerías son, entonces, la muerte de Margarito Martínez en Tijuana. Politiquerías son el atentado mortal en contra de José Luis Gamboa en Veracruz. Politiquerías son la ejecución de Roberto Toledo en Michoacán. Y politiquerías son el asesinato de Heber López en Oaxaca.
Mientras todo esto ocurre, desde las Mañaneras todos los días se incita a seguir la masacre en contra del periodismo libre e independiente. Ampliaremos…

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HOJAS LIBRES
AMLO, enemigo de la democracia, división de Poderes y de la libertad de expresión
Published
4 días agoon
mayo 24, 2023By
Redacción
Partidario del autoritarismo al atentar en contra de todo lo que se oponga a sus excesos * Su decretazo de considerar todas sus obras como asunto de seguridad nacional también terminó con sus planes frustrados para apropiarse ilegalmente de recursos públicos, con el 80 por ciento de las obras sin licitar y con dedicatoria especial para sus tres fallidas obras insignias: El AIFA (para muchos Chaifa), el Tren Maya y la Refinería de Dos Bocas, condenadas al fracaso, pero muy redituables en términos de apropiación ilegal de dineros públicos propiedad de la nación.
ROBERTO DOMÍNGUEZ CORTÉS
Andrés Manuel López Obrador, quien se dice presidente de México, atenta permanentemente en contra de la democracia, de la división de poderes, de la libertad de expresión y se dice adalid de la anticorrupción. Falso. Nada de lo que pregona es cierto.
Por el contrario, se ha exhibido como partidario del autoritarismo al atentar en contra de todo lo que se oponga a sus excesos. Al Instituto Nacional Electoral (INE) pretendió someterlo y quitarle su condición de organismo autónomo, sujeto a sus caprichos y veleidades. Lo malo es que no le resultó.
Por eso sus permanentes y continuos ataques en contra de su expresidente, Lorenzo Córdova, y del exconsejero Ciro Murayama, dos de los más respetables consejeros electorales, artífices de la cancelación de la nefasta pretendida gubernatura a Guerrero del porro Félix Salgado Macedonio, trágicamente sustituido por su hija Evelyn Salgado, hoy cómplice de la delincuencia organizada y sin control en esa entidad federativa.
De sus corifeos más encendidos, el despreciable Mario Delgado se atrevió a proferir una amenaza en contra de la institución que frustró todos los planes electorales de López Obrador: “Hay que destruir al INE”, diría el remedo de líder partidario. Ese espíritu antidemocrático afloró cuando Mario Delgado accedió a la dirigencia de Morena por vía del fraude, perpetrado en contra de Porfirio Muñoz Ledo, verdadero vencedor del ahora espurio dirigente.
Hasta el pretendido opositor, Ricardo Monreal, utilizó la tribuna del Senado de la República para amenazar con reformar al INE y someterlo a los caprichos de su jefe Andrés Manuel López Obrador.
Ese, Monreal, “el disidente morenista” hoy postrado en genuflexión que después de dos años de ignorarlo fue perdonado por López Obrador.
Por eso el INE, al cambiar de dirigencia, López Obrador no pudo ocultar su satisfacción con la designación de Guadalupe Taddei Zavala como consejera presidenta a la que sin algún recato aplaudió públicamente como a una de sus colaboradoras.
Adán López y Claudia Sheinbaum han tapizado al país con sus grotescas figuras sin que la sumisa Taddei Zavala se atreva a cuestionar y menos multar los actos de campaña anticipados, con el uso indiscriminado de recursos clandestinos para favorecer a una de las dos nefastas corcholatas y continuar con la destrucción del país.
En todos sus actos de terrorismo de Estado, constitucionalmente López Obrador ha sido derrotado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación únicamente con la fuerza de la razón y el derecho. Su plan A de acabar con el INE terminó en la basura de sus intentos golpistas en contra de la democracia.
La incorporación de la Guardia Nacional a la milicia acabó con los malvados propósitos de militarizar al país y cederle más poder a las Fuerzas Armadas. Ocho de los once ministros aprobaron la desmilitarización de la Guardia Nacional. El argumento de la Corte fue impecable. La Guardia Nacional está prevista en cuatro artículos de la Carta Magna como un organismo civil encargado de la seguridad pública y adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública con todo y la impericia de Rosa Icela Rodríguez.
Su decretazo de considerar todas sus obras como asunto de seguridad nacional también terminó con sus planes frustrados para apropiarse ilegalmente de recursos públicos, con el 80 por ciento de las obras sin licitar, y con dedicatoria especial para sus tres fallidas obras insignias: El AIFA (para muchos Chaifa), el Tren Maya y la Refinería de Dos Bocas, condenadas al fracaso, pero muy redituables en términos de apropiación ilegal de dineros públicos propiedad de la nación.
Por su oposición y agresión sin límite al INAI para su integración, López Obrador trata de evitar que ese organismo público autónomo interfiera con sus probados actos de corrupción familiar (léase Juan Ramón y Andy López Beltrán, Pío López Obrador), la Segalmex de Ignacio Ovalle, con su desfalco por más de 15 mil millones de pesos y el exceso en los gastos en un aeropuerto donde escasean los vuelos, un trenecito que se dirige al precipicio y una refinería que a pesar de haber sido inaugurada no refina ni un solo barril de petróleo. Eso se llama corrupción sin límites.
Ante la invalidez de su decreto de seguridad nacional, López Obrador recurrió a lo ya, el tren interoceánico, los aeropuertos de Quintana Roo, Palenque y Tulum, aunque de paso destroce la floraque mejor sabe hacer: el chanchullo y la trampa para mantener en la opacidad todos los gastos excesivos con cargo al hambre y el ayuno de los más pobres. De nuevo publica un decreto, pero ahora sí con dedicatoria especial al Tren Ma y la fauna de una porción más del territorio nacional.
Tramposo como siempre ha sido, sabe que la Suprema Corte de nuevo va a invalidar su ilegal decreto, pero logra su propósito de que las obras avancen mientras actúa la Corte. La nueva declaratoria de invalidez de su procaz decreto dará a López el pretexto ideal para arremeter otra vez en contra de la Corte y decirle al pueblo (aunque jamás haya definido quién es pueblo) que los conservadores se oponen al avance de la 4T.
Contrario a su defensa a ultranza de la doble plagiaria Yasmín Esquivel Mossa, se burla de la ministra Norma Lucía Piña, con el desgastado argumento de que el premio de Derechos Humanos, otorgado por 10 mil 400 juezas de 143 países, se consigue en Santo Domingo. Grave ofensa a la ministra presidenta Piña Hernández, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a la Asociación Internacional de Mujeres Juezas.
Es la deformada personalidad con que se identifica López Obrador. Aunque sea Presidente no puede ocultar su origen. De dónde proviene y cómo está educado.
Como todo le ha salido mal, y ante el sometimiento actual del INE, ahora intenta amedrentar al único poder que puede interferir en su intromisión durante el 2024. Sabe que aunque gane el Estado de México no tiene asegurada la elección presidencial con el grotesco Adán López y la desangelada Claudia Sheinbaum. Así lo evidencian los continuos ataques a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En el colmo de la ignominia, el lamentable gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, puso féretros con dedicatoria a los ministros frente a la Suprema Corte.
Es el mensaje funesto de López Obrador: quiere ver muertos a los que se oponen a sus veleidades, imposiciones y ocurrencias.
El episodio es de enorme preocupación. Algunos de los fanáticos lopezobradoristas pueden actuar en consecuencia como ha ocurrido con el asesinato de más de 50 periodistas y defensores del medio ambiente agredidos desde el púlpito de las Mañaneras.
La amenaza al Poder Judicial de la Federación tiene sentido por el mensaje funesto de su plan C. Con sorna y mofa se ufana de que aunque el plan A y el B no resultaron, “no crean que ahí terminó. Todavía tenemos un plan C”.
Sin algún rubor y provisto de total desvergüenza ha amenazado a la oposición que por ningún motivo ganará en el 2024. Y en represalia, también amenaza que el 1 de septiembre de 2024 mandará una iniciativa para reformar al Poder Judicial.
La amenaza pone de manifiesto que está dispuesto a utilizar todo el poder del Estado para ganar como sea la Presidencia de la República y la mayoría en el Congreso de la Unión.
Quiere vengarse de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el cuento y la mentira de que la elección de los ministros era directa en la Constitución de 1857. Ampliaremos…
HOJAS LIBRES
Las trampas electorales de López Obrador
Published
2 semanas agoon
mayo 17, 2023By
Redacción
Las corcholatas Claudia Sheinbaum y Adán López no calientan ni el café *El rencor y el revés ponen de malas a Andrés * Aunque no le guste al inquilino de Palacio Nacional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación es un factor de equilibrio * Fracaso tras fracaso en este 2023 para AMLO… y lo que falta de aquí al 2024
ROBERTO DOMÍNGUEZ CORTÉS
Cuando Andrés Manuel López Obrador aspiraba a la Presidencia de la República, su discurso se centraba en el respeto al fortalecimiento de la democracia y el combate frontal a la corrupción como medio para consolidar la ya fracasada Cuarta Transformación.
Nada de su fatídica verborrea se transformó en realidad y menos en beneficio del pueblo de México y de las instituciones nacionales.
AMLO representa exactamente lo contrario de lo que predicó durante 18 años: un gobierno antidemocrático, corrupto y plagado de ineptitudes. Contrario a lo pregonado durante su estancia como opositor del PRI y del sistema político mexicano.
En la página 80 del libro “AMLO vida privada de un hombre público”, textual relata a Jaime Avilés: “Yo sostengo que el principal problema hasta este momento había sido la falta de democracia, porque de la falta de democracia viene la corrupción y todo lo demás”. Y en su desbordada perorata se atrevió a pronosticar a donde un día llegaría: “Yo siempre he sostenido que nada ha hecho más daño a la nación que la corrupción de sus gobernantes”, expresa en la página 98 del mismo libro.
Finalmente, el destino lo alcanzó y lo exhibió tal y como es. Sus intentos de destruir al INE son los signos más acusados de la antidemocracia que priva en el lopezobradorismo y sus ad láteres Mario Delgado, Citlalli Hernández, Ignacio Mier, Alejandro Armenta y una caterva de delincuentes electorales.
Con inusitado cinismo López Obrador fustiga y amenaza a todos aquellos que incurren en actos de campaña anticipados. Lo malo es que solo aplica para sus adversarios políticos y alienta la delincuencia electoral que preside. Apenas hace unos días, el nefasto Adán Augusto López fue pillado en Baja California en plena promoción de una figura electoral y personal que no le favorece. Electoralmente todas las encuestas le resultan adversas.
Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum lo adelantan siempre en una proporción de 3 a 1. Incluso, el “simpático” Fernández Noroña lo supera 2 a 1, pese a no ser corcholata favorita y autodestaparse apenas hace cuatro meses, cuando que Adán López lleva más de dos años en campaña y con abierto abuso del erario federal. A eso se llama delito de peculado.
Y desde luego en lo personal aparece su desagradable talante, su pobre retórica, sus continuos insultos a quienes se le ponen enfrente y su trágica promoción de la 4T lo hacen un candidato poco atractivo hasta dentro del propio Morena.
Claudia Sheinbaum es otro prospecto fracasado de López Obrador, pero seguidora incondicional de los desatinos y torpezas de su líder moral y guía.
Su desempeño como jefa de Gobierno permite inferir que la Sheinbaum padece de severas dificultades, primero, para hacerse de la candidatura presidencial de Morena, y después, ganar la complicada elección presidencial del próximo año.
En los pasados comicios intermedios del 2021, Sheinbaum perdió la mitad de las alcaldías de la Ciudad de México. El voto no fue precisamente en contra de su partido, sino de su pésima administración como gobernadora de la capital de la República.
Una elección en cualquier parte del mundo tiene carácter plebiscitario y los capitalinos dieron su veredicto sobre su nefasto desempeño.
Pero, al igual que su oponente Adán López, utiliza tiempo y recursos públicos para promocionar una figura de quinceañera forzada que a sus 60 años no le queda. El Metro es el mejor referente de la inepcia claudista.
Claudia Sheinbaum debería claudicar en su intento de ser la primera mujer presidenta. Los accidentes (no incidentes, señora jefa de Gobierno) del transporte colectivo son el recuento de nunca acabar.
Del 2019 al 2022, entre accidentes mayores y menores se han registrado 431. El más atroz fue el del 3 de mayo de 2021, en donde murieron 26 personas y un incontable número de lesionados en la Línea 12 del Metro. Hasta la fecha no hay verdaderos culpables, cuando que en primerísimo lugar se encuentra Claudia Sheinbaum Pardo.
La inepcia de la Sheinbaum es patética. El 9 de enero de 2021 hubo un incendio en la subestación del Centro Histórico, ubicado en Buen Tono, donde convenientemente se ocultó el fallecimiento de una mujer policía.
El 11 de marzo de 2020 se registró un accidente en la Línea 1, con saldo de 3 muertos y varios lesionados. Desde luego no puede pasar inadvertido el choque del 7 de enero anterior en la Línea 3, con saldo de un muerto y más de 100 lesionados.
Y apenas hace unos cuantos días se registró una falla en el Metro Pantitlán. Así, a la administración Sheinbaum le cabe el poco honroso reconocimiento de tener en su cuenta más de 30 muertos por omisión con cargo a la responsabilidad de Claudia.
La pregunta es obligada: Si Claudia Sheinbaum no puede y no sabe gobernar una ciudad, menos podrá hacerlo en el país de la desolación, la muerte, los desaparecidos, la destrucción y la gravísima inseguridad gracias a las políticas equivocadas de Andrés Manuel López Obrador.
El otro atentado a la democracia de López Obrador son sus continuas agresiones a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sus agravios constitucionales son entendibles. La Corte ha asumido con plenitud su papel de contención a los excesos de un remedo de Presidente en sus intentos por controlar un Poder Judicial autónomo.
La razón a sus embates sin freno se encuentra en que le han desarticulado sus propósitos de controlar las elecciones federales del 2024.
Quiso desaparecer al INE y ese plan A terminó en el cajón de la basura. Intentó el Plan B con la vergonzosa complicidad del Congreso de la Unión y nuevamente terminó derrotado.
El ministro Alberto Pérez Dayán fue lapidario con los intentos golpistas de López Obrador: “Estoy seguro que los diputados no leyeron lo que votaban”. En tanto su homólogo Luis María Aguilar fustigaba severamente la actitud legislativa por violar grave y premeditadamente el proceso legislativo.
Y para coronar la cadena de fracasos de López Obrador le invalidaron la inclusión de la Guardia Nacional como parte del Ejército Mexicano. Derrota tras derrota para el próximo año, pero con la amenaza de preparar una reforma al Poder Judicial a partir del 1 de septiembre de 2024, aunque no le alcance el tiempo para consumar su venganza en contra del máximo órgano jurisdiccional del país. En represalia el señor López dice que la Corte está podrida. No puede ocultar su impotencia, su frustración y su dolor ante tantos reveses.
Nueve ministros han invalidado sus excesos a cambio de dos ministras incondicionales en funciones de delincuentes jurisdiccionales: la doble plagiaria Yasmín Esquivel y la sujeta a conflictos de interés Loreta Ortiz.
Según el funesto Presidente, el galardón de Derechos Humanos otorgado a la ministra Norma Lucía Piña Hernández puede conseguirse fácilmente en Santo Domingo. Grave dislate y además imperdonable. Su rencor ante los fallos de la Corte exhibe a un ignorante frustrado que primero debería de indagar sobre la trascendencia del premio a la presidenta del Poder Judicial Federal.
La distinción de Derechos Humanos entregado en Marruecos a la ministra presidenta Norma Piña es un reconocimiento también a México, avalado por 10 mil 400 juezas de 143 países, pertenecientes a la Asociación Internacional de Mujeres Juezas.
Su rencor no le permite entender que al denostar a la ministra presidenta, agrede y ofende al organismo que hizo un merecido reconocimiento a la titular del Poder Judicial Federal de México, al cual jamás podrá aspirar su protegida Yasmín Esquivel Mosa. Ampliaremos…
HOJAS LIBRES
La traición de Rutilio Escandón a Chiapas (Segunda parte)
Published
3 semanas agoon
mayo 9, 2023By
Redacción
Logro histórico y legendario para Oaxaca; ruinoso y trágico para la entidad chiapaneca * A Escandón Cadenas le queda apenas un año y 7 meses en el cargo. Su desprestigio local y nacional es referente obligado entre los malos de los más malos gobiernos de Morena
ROBERTO DOMÍNGUEZ CORTÉS
Cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió su ilegal fallo sobre los límites entre Chiapas y Oaxaca, Rutilio Escandón Cadenas aceptó sumisamente la decisión. Sin el más mínimo rubor se pronunció en favor del fallo, como si se tratara de un triunfo político de su gobierno sobre las tierras pertenecientes a Santa Martha y San Miguel Chimalapa.
Con esa decisión, y sin alguna oposición, Chiapas perdía 160 mil hectáreas que le pertenecían desde su incorporación a México hace 500 años: “El gobierno de Chiapas asume el compromiso con el Estado de Derecho”, aun cuando esa extensión de tierra se integró ilegalmente al patrimonio de Oaxaca. El único balbuceo para la defensa de Escandón Cadenas fue que ese litigio se inició en administraciones anteriores.
Cierta la afirmación, pero falso el pronunciamiento de que como el conflicto viene de gobiernos anteriores nada había por hacer. El fallo de la Suprema Corte se dio el 15 de noviembre de 2021, es decir, tres años después de haber asumido la gubernatura de Chiapas. Tiempo suficiente para interponer cuanto recurso tuviera a su alcance, en contra de la decisión de la Corte. Con absoluta irresponsabilidad esperó que a Chiapas le amputaran 160 mil hectáreas de los municipios de Cintalapa, Arriaga y Tonalá.
Rutilio se doblegaba así y aceptaba sin protestar, la mayor de las infamias cometidas en contra de Chiapas y los chiapanecos. Arriaga y Tonalá jamás estuvieron en el diferendo original, iniciado como conflicto agrario desde 1967 y no como disputa territorial.
La aserción anterior es fácil de comprobar. Personajes de la zona que viven en esa parte desde hace 50 o 60 años, tienen resoluciones presidenciales de dotación de tierras, en donde claramente se especifica que se reparten tierras en y del estado de Chiapas. Nada de eso aprovechó el (des) gobierno de Rutilio Escandón.
Se abstuvo de acudir al sistema subsidiario internacional, una vez agotados los medios nacionales de defensa que nunca ejerció. Rutilio Escandón tuvo el camino expedito para acudir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y no lo hizo premeditadamente.
Varias veces el reconocido internacionalista y constitucionalista, Servando Cruz Solís, presidente de la Barra Chiapaneca de Abogados, acudió inútilmente ante las puertas de palacio de gobierno para proponer como solución esa instancia internacional, en defensa ineludible al abuso constitucional de la Suprema Corte.
Ante la indiferencia gubernamental, Cruz Solís interpuso queja ante la CIDH, la cual puso como única condición, se demostrara la legitimidad de la interlocución entre la Barra y la población nativa de Los Chimalapas. La respuesta llegó inmediatamente cuando 36 comunidades cedieron la representación al organismo que preside el abogado Cruz Solís. Ello demuestra que había mucho por hacer y no como irresponsablemente se pronunció Rutilio Escandón al pretender echarle la culpa al pasado.
En un acto con la foto que ilustra la ignominia y la sumisión de Rutilio Escandón, como si fuera un gran triunfador, aparece en el centro flanqueado por Salomón Jara Cruz, su homólogo oaxaqueño, y César Yáñez Centeno, subsecretario de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación.
Esa foto y la disertación de Jara Cruz en el evento, exhiben el acuerdo previo entre López Obrador y Rutilio Escandón para aceptar, sin replicar, la imposición presidencial para no combatir ni menos recurrir el sumo agravio inferido al estado de Chiapas: el Despojo de su Territorio.
Textual afirmó Salomón Jara la participación de López Obrador en el conflicto territorial: “Agradecemos el acompañamiento (sic) del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador que derivó en este logro histórico”. Sí, histórico y legendario para Oaxaca. Ruinoso y trágico para Chiapas. Salomón Jara confirmó aún más la intromisión de López Obrador y la complicidad de Rutilio Escandón: “El actuar del Presidente nos sirvió como ejemplo para encontrar una solución mediante el diálogo, la conciliación y el trabajo cercano a las comunidades”.
Ese pronunciamiento constituye, además, un atentado al pacto federal. Un diferendo territorial entre dos o más entidades federativas es asunto exclusivamente de los estados en conflicto. Y cuando se trata de convenio amistoso, se otorga participación al Senado de la República, como lo previene el Artículo 76 de la Constitución federal.
La presencia de Yáñez Centeno evidencia todavía más la intromisión de López Obrador, al mandarlo como testigo de calidad a la consumación de la infamia perpetrada desde Palacio Nacional y acatada sumisamente por el que se dice gobernador del estado de Chiapas. Nada tenía que hacer un representante presidencial en un acto competencia únicamente de dos estados.
Y para ocultar la traición de Rutilio “Santa Anna” Escandón, bajo un convenio simulado se ocultó que se cumplía con la sentencia de la Suprema Corte, en transgresión también al Artículo 105 de la Carta Magna, como única instancia facultada para dirimir la controversia constitucional interpuesta por Oaxaca contra Chiapas.
En el exceso de la demagogia, Salomón Jara y Rutilio Escandón se excedieron en sus elogios mutuos. Escandón Cadenas agradeció (sic) la pérdida del territorio chiapaneco en extrema abyección atentatoria a la soberanía del estado de Chiapas. Algo nunca visto que alguien se conforme por haber perdido territorio y soberanía.
Con aire triunfalista de quien gana en la contienda y aplasta a su adversario, en el exceso de la demagogia, Salomón Jara se atrevió a afirmar: “Iniciamos nuevo capítulo de paz y bienestar entre Oaxaca y Chiapas”. ¿Paz y bienestar? Y se fue de largo cuando aseguró que en este convenio “nadie pierde y todos ganamos porque se ha contado siempre con la participación y el consenso de todas y todos los actores involucrados”.
Salomón Jara miente y miente. Ni habrá paz y bienestar porque ahora los oaxaqueños, dueños de un territorio que no les pertenece han comenzado con hostilidades hacia los chiapanecos, dueños ancestrales asentados en esa zona. Las primeras respuestas ya se han dado. Los afectados manifiestan que no están de acuerdo con esa resolución y defenderán centímetro a centímetro su territorio cinco veces centenario.
El embustero Jara Cruz incurre en otra enorme falacia. Asegura que el reparto territorial se hizo con el consentimiento de los afectados para una nueva era de paz, prosperidad y disminución de la pobreza. Esas mentiras caen ante la evidencia de los hechos. Los afectados jamás fueron convocados en abierta violación a sus derechos humanos y Oaxaca, con 570 municipios, entre los más pobres de México, ni siquiera ha podido disminuir su propia desigualdad y menos su extrema pobreza.
A Rutilio le quedan apenas un año y 7 meses en el cargo. Su desprestigio local y nacional es referente obligado entre los malos de los más malos gobiernos de Morena.
Con lealtad a Chiapas debió haber tomado el ejemplo del doctor Samuel León Brindis, gobernador de Chiapas de 1958 a 1964. Se enfrentó al presidente López Mateos, al secretario de Gobernación Díaz Ordaz y al poderoso gobernador de Tabasco Carlos Madrazo cuando en 1962 pretendió apropiarse de territorio perteneciente a los municipios de Juárez y Reforma.
La respuesta viril del ilustre gobernante en defensa de Chiapas es sentencia y referente histórico hasta hoy: “Si a Chiapas le quitan un centímetro de tierra les aviento la gubernatura en la cara”. Ampliaremos…
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