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HOJAS LIBRES

En las Mañaneras se incita a masacrar a periodistas

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Por los peligrosos pronunciamientos de AMLO contra la libertad de expresión * Esa actitud del Presidente de la República de solicitar y dar a conocer información reservada, viola flagrantemente el artículo primero de la Carta Magna

ROBERTO DOMÍNGUEZ CORTÉS

Reza la sentencia bíblica del apóstol San Mateo: “El que no está conmigo está contra mí”. Es la misma que Andrés Manuel ha enderezado en contra de la prensa libre por haber destapado la enorme corrupción dentro del círculo más cercano de la farsa llamada Cuarta Transformación.
A sus críticos y opositores ha llamado conservadores, neoliberales, neoporfiristas, y en el exceso de su megalomanía, traidores a la patria a los que no comparten sus posiciones ideológicas y políticas.
El punto más álgido de la confrontación entre la prensa libre y el señor López se dio cuando Carlos Loret de Mola divulgó los datos de la casa en la que vivía José Ramón López Beltrán y su consuerte (sic) Carolyne Adams, en Houston, Texas, propiedad de la empresa Baker Hughes, proveedor de servicios en Petróleos Mexicanos, cuyos montos alcanzan cantidades mayores a los 150 millones de dólares.

Cuando López Obrador juró el 1 de diciembre de 2018, cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se comprometió, ante el pueblo de México, a responder únicamente por su hijo menor de edad. No así por los adultos que estaban en aptitud de defenderse por sí mismos.
De nuevo la palabra presidencial fue vulnerada por el tono belicoso con que López Obrador salió en defensa del primogénito José Ramón. Calificó a Loret de Mola como un mentiroso y mercenario del periodismo al que había necesidad de investigar sus percepciones económicas en los diferentes medios con los cuales colabora.
Sin algún recato y sólo con su dudosa palabra (se le han documentado 60 mil mentiras en las Mañaneras), aseguró que Loret de Mola percibía 35 millones de pesos anuales. Verdad o mentira lopezobradorista, es una grave acusación, un atentado a la vida privada y violatoria de la libertad de expresión que toda autoridad está obligada a respetar por mandato constitucional.
El argumento de López Obrador para dar a conocer información clasificada fue que se la hicieron llegar en forma anónima al Palacio Nacional. La mentira es evidente, manipulada y carente de toda credibilidad. Con esa actitud, Andrés López trata a los mexicanos como si fueran retrasados mentales.


Si le hicieron llegar una información no verificada, lo procedente, como jefe de Estado y jefe de Gobierno, era guardar las formas de no difundir algo de lo que no tenía la certeza. Pero en caso de ser cierta esa información, también tenía la obligación de respetar su confidencialidad, pues por su investidura presidencial resulta evidente que había ordenado a Raquel Buenrostro, titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), a sacar de los archivos fiscales todo lo relacionado con Carlos Loret de Mola.
Después, con absoluta ignorancia y movido más por su deseo de revancha, López Obrador solicitó a la titular del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Blanca Lilia Ibarra Cadena, información relacionada con las actividades profesionales del señor Carlos Loret de Mola.
Con la sola mención del encabezado dirigido a la comisionada presidenta del organismo autónomo (INAI), debió de haber percibido que en la última parte se hace referencia “a la protección de datos personales”. Por supuesto que bajo ese principio, la comisionada presidenta contestó a López Obrador que el INAI no tiene facultades constitucionales para hacer ese tipo de investigaciones y menos para dar a conocer información que protege la vida privada de los mexicanos. Eso es asunto que compete a la Fiscalía General de la República y a la Unidad de Inteligencia Financiera.
Esa actitud de López Obrador de solicitar y dar a conocer información reservada, viola flagrantemente el artículo primero de la Carta Magna, cuando que el mismo establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos y las garantías reconocidas en la Constitución.
Viola también el artículo sexto del mismo ordenamiento, bajo el principio de que únicamente son sujetos de escrutinio los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, así como cualquier persona física o moral que ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal o municipal.


Carlos Loret de Mola no encuadra en alguno de esos supuestos. No es poder, no ejerce actos de autoridad, ni tampoco tiene a su disposición recursos públicos que lo hagan sujeto de investigación. Vaya ridículo presidencial con todo y el poder del Estado.
López Obrador también atenta en contra del artículo 16 de la Constitución: “Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición para que estos no sean divulgados”. Esas prevenciones en la Ley Fundamental colocan a López Obrador al margen de la ley, de la Constitución y de toda ética política.
Ello lo convierte en destinatario de la sanción prevista y sancionada en el artículo 210 del Código Penal Federal que impide la revelación de secretos: “Al que sin justa causa, con perjuicio de alguien y sin consentimiento del que pueda resultar perjudicado, revele algún secreto o comunicación reservada que conoce o ha recibido con motivo de su empleo, cargo o puesto”.
Ahora Carlos Loret de Mola tiene la potestad de proceder penalmente y en juicio político en contra de López Obrador, desde este momento, y a partir del 1 de octubre de 2024, cuando deje el cargo, ya que por disposición del Artículo 114 de la Constitución federal, mientras se detente el cargo de Presidente, la prescripción se interrumpe como garantía de los gobernados para proceder en contra de cualquier funcionario con fuero, cuando éste pierda la representación popular.
López Obrador también fustiga el trabajo periodístico serio y objetivo de Carmen Aristegui, a la que endilga reportajes calumniosos, y utiliza como parte de la acusación de que el presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, fue comentarista de Aristegui. Otro atentado a la libertad de trabajo y a la libertad de expresión protegidos y tutelados por la Constitución General de la República.
Es trágico que para salir en defensa de su familia y de la Cuarta Transformación, López Obrador no aporta un solo dato para combatir las acusaciones que sobre su vástago pesan como graves actos de corrupción. Su palabra tan deteriorada no tiene alguna credibilidad.
Lo malo es que López Obrador con sus agresiones diarias a la prensa libre, convoca a la delincuencia organizada en contra de la vida de los comunicadores. Así queda de manifiesto cuando que en sólo tres años de gobierno han asesinado a cincuenta periodistas, lo que ubica a México como el tercer país más peligroso para el gremio en el mundo, sólo por debajo de Irak y Siria que desde hace años se encuentran en estado de guerra permanente.


Sólo en este 2022 han sido ejecutados cinco periodistas. En un acto de insolencia y falta de respeto al trabajo de los comunicadores, López Obrador vocifera que las manifestaciones de inconformidad por la muerte de Lourdes Maldonado son simples politiquerías. Politiquerías son, entonces, la muerte de Margarito Martínez en Tijuana. Politiquerías son el atentado mortal en contra de José Luis Gamboa en Veracruz. Politiquerías son la ejecución de Roberto Toledo en Michoacán. Y politiquerías son el asesinato de Heber López en Oaxaca.
Mientras todo esto ocurre, desde las Mañaneras todos los días se incita a seguir la masacre en contra del periodismo libre e independiente. Ampliaremos…

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De la tierra de Belisario a zona de sicarios

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De un lugar turístico de clase mundial a una región violenta por cárteles * Urgen la desaparición de poderes y el juicio político contra Rutilio Escandón

 

ROBERTO DOMÍNGUEZ CORTÉS

 

La patria mexicana se ha convertido en un gigantesco cementerio. A diario aparecen ejecutados, lo mismo en Guanajuato que en Michoacán, en Zacatecas y en Tamaulipas, Sinaloa y Veracruz. El Triángulo Dorado –Chihuahua, Sinaloa y Durango-, donde campantemente se pasea López Obrador, ha cobrado decenas de víctimas sumidas en la impunidad.

La nota mayor en las últimas semanas la ha dado el estado de Chiapas. Como nunca han aparecido cuerpos desmembrados y encostalados en la carretera de Chiapa de Corzo. Los últimos asesinatos de Frontera Comalapa, las siete ejecuciones en la zona de Marqués de Comillas, entre ellos un menor de apenas 10 años de edad.

La pérdida de control territorial en la entidad y la incontrolada violencia anuncian juicio político y desaparición de poderes para el gobierno de Rutilio Escandón.

Los 18 municipios de la zona indígena se han convertido en tierra de nadie. Chenalhó, Pantelhó, San Andrés Larráinzar, Mitontic y sobre todo Chamula se han convertido en gobiernos paralelos al fallido gobierno de Rutilio Escandón.

Desde hace seis meses los 25 desaparecidos en el municipio de Pantelhó no aparecen. Se hace presente la sentencia de Rubén Figueroa, gobernador de Guerrero entre 1969 y 1975, cuando le preguntaron sobre los desaparecidos en esa entidad, indolente y cínico contestó el tigre de Huitzuco: ”Si están desaparecidos, están muertos”. La frase le aplica al lamentable gobierno de Rutilio Escandón en este 2022.

Por primera vez Chiapas se ha puesto al nivel de los estados del norte y centro del país en donde prevalece la inseguridad, la violencia y la impunidad. Una muestra de la incapacidad del que se dice gobernador de Chiapas la dio la semana pasada cuando un grupo de motonetos en San Cristóbal de las Casas pretendió asaltar la tienda Walmart e hizo disparos al aire con armas largas.

La noticia de lo sucedido en San Cristóbal caminó por todo México y traspasó las fronteras del territorio nacional, en tanto que la respuesta del rutilante gobernador fue demagógica, irresponsable y de ficción.

Diría el (des)gobernador de Chiapas: El pueblo de Chiapas es un pueblo bueno, fraterno y de amor al próximo. “El pueblo cuenta con su gobierno y todo el que cometa un delito será sujeto de la ley”. Sólo faltó al improvisado predicador ponerle a su lamentable perorata capítulo 4T, versículo 4T, para estar al nivel de Lucas, Mateo, Juan y Marcos.

Habría que preguntarle entonces al sedicente gobernador cómo se mide la bondad de un pueblo, su fraternidad y su amor al prójimo, en un estado de desecho, cuando que los desaparecidos, las ejecuciones extrajudiciales, gobiernos paralelos en abierta confrontación con el gobierno de Chiapas, contradicen la versión de un gobierno ineficaz y sin sentido.

Rutilio tiene miedo y no se atreve a enfrentar el desorden que prevalece en la geografía estatal.

Hasta hoy Rutilio Escandón, la escondida secretaria de Gobierno, Cecilia Flores, la corrupta secretaria de Seguridad Pública, Gabriela Zepeda, y el improvisado fiscal general, Olaf Gómez Henández, ninguna explicación han dado de todas las ejecuciones y desapariciones en Chiapas.

El más lapidario juicio en contra del gobierno escandonista, por los sucesos de San Cristóbal, la dio José Cárdenas desde su programa Tele fórmula: “Hay algunos negligentes (léase Rutilio Escandón) que pretenden ocultar el sol con un dedo cuando todos sabemos que los motonetos pelean por el control del mercado del norte en donde se expende piratería, drogas, armas, vehículos robados y robo de autopartes”, entre otras actividades ilícitas practicadas por los motonetos y sus secuaces.

¿Cuántos detenidos hay? por el asesinato de Rubén de Jesús Valdez Díaz, presidente municipal de Teopisca. Es el anuncio anticipado de que de que no tarda en haber más atentados mortales en contra de la vida de algún otro de los ediles.

Ninguna explicación de la renuncia en pleno del ayuntamiento constitucional teopisquence. Ninguna declaración oficial sobre la desaparición de los poderes municipales. Lo único que se evidencia es el temor de un atentado de síndico y regidores.

El estado de indefensión es patético ante un gobierno incapaz de garantizar la vida y el patrimonio de los mismos servidores públicos.

La refinación de la delincuencia organizada en la zona indígena ha creado el neologismo “etnopornografía”. Hoy es común ver la distribución y venta de videos en los que aparecen mujeres indígenas, algunas de ellas menores de edad, expuestas en relaciones sexuales filmadas clandestinamente y sin su consentimiento.

Es una nueva forma de trata, pederastia y esclavitud que el gobierno de Rutilio Escandón se niega a reconocer y a combatir.

Mientras Rutilio se la pasa inaugurando obritas en el estado y turistea los fines de semana en la costa de Chiapas, la tierra de Belisario Domínguez se desangra.

Ninguna noticia y el olvido absoluto del asesinato de Nora López León, defensora de la tierra y el ambiente, encontrada muerta en la habitación de un hostal de Palenque.

El doble homicidio del matrimonio formado por los septuagenarios Renato José Zarate y su esposa Lauren, ejecutados en una brecha de la carretera Tuxtla Gutiérrez-San Cristóbal. Defensores también del ambiente andaban detrás de los depredadores de la flora, la fauna y especies maderables en aserraderos clandestinos.

La Fiscalía de Justicia Indígena abrió una carpeta de investigación por el delito de homicidio calificado en agravio de los dos ambientalistas. Fallida resultó esa fiscalía. Su titular Gregorio Pérez Gómez fue nombrado interlocutor entre el gobierno de Chiapas y los grupos de autodefensa formados en el municipio de Pantelhó para expulsar al crimen organizado.

El argumento para su designación fue que Pérez Gómez pertenecía a la misma etnia, hablaba la misma lengua y conocía los usos y costumbres de la población. Nada de eso valió para la delincuencia organizada. A Gregorio se le nombró el 9 de agosto de 2021 y el día 11 terminó ejecutado.

La trascendencia de este homicidio quedó en evidencia cuando la misma secretaria de Seguridad Pública federal, Rosa Icela Rodríguez, dio la noticia de tres detenciones sin que a ciencia cierta se sepa si los detenidos son realmente los asesinos materiales.

El mes pasado estuvo de visita en Chiapas la diputada federal Patricia Armendáriz Guerra. Le hizo saber a Rutilio Escandón que su familia tenía una propiedad en la zona de Chamic y que grupos de delincuencia organizada le impedían el paso. Con el mismo patrón de conducta y discurso desgastado de López Obrador, Rutilio dijo a la legisladora que esas eran versiones de los conservadores.

Lamentable, cómoda y pobre justificación. Toda la tragedia de Chiapas no es obra de los conservadores, de los retrógradas, de los opositores al régimen ni del neoliberalismo.

Es consecuencia de la incapacidad, la indolencia y la irresponsabilidad de un gobierno que se encuentra impedido para imponer el orden y hacer prevalecer el Estado de Derecho en Chiapas.

Ni duda cabe que Chiapas está entre la sangre y la indolencia de Rutilio Escandón. Ampliaremos…

 

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En Chiapas impera la incompetencia y la ingobernabilidad

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El estado arde y se desangra * El estado turístico por excelencia está manchado por la ola de violencia sin que autoridad alguna ponga orden al desastre nacional… ¿Y Rutilio Escandón? Bien, gracias

 

ROBERTO DOMÍNGUEZ CORTÉS

 

Tres acontecimientos políticos de trascendencia han puesto a Chiapas en el centro de la atención mundial y nacional: los cuatro cuerpos sin vida desmembrados y encostalados en Chiapa de Corzo, el asesinato del presidente municipal de Teopisca, Rubén de Jesús Valdez Díaz, y la presencia de los motonetos en la ciudad de San Cristóbal de las Casas.

Son una de las tantas expresiones de ingobernabilidad en la fallida administración de Rutilio Escandón Cadenas, el indolente gobernador.

Mientras Chiapas arde y se desangra sin que autoridad alguna pueda controlar sus graves acontecimientos, cada semana Rutilio se pasea por la costa de la entidad.

Así, la tragedia de Chiapas es el recuento de nunca acabar:

1.- Los 18 municipios de la zona indígena han caído bajo el control de la delincuencia organizada. Ello significa pérdida de control territorial, en donde la ausencia de Estado es notable. Destaca en esta región de los Altos el Cártel de San Juan Chamula, con el control de la producción y distribución de estupefacientes, robo de vehículos y autopartes, trata de personas, tráfico de combustible, armas y maderas.

El brazo ejecutor de esta región tzotzil se extiende hacia Frontera Comalapa, Chicomuselo y Motozintla, en los lindes con el territorio de Guatemala, se dirige hacia Comitán y la Selva Lacandona, con ramificaciones hacia Los Altos sobre puntos estratégicos en la zona indígena de San Andrés Larráinzar, Chenalhó, Pantelhó, Mitontic, Jitotol y Pueblo Nuevo Solistahuacan.

2.- Los puntos álgidos de mayor ingobernabilidad se encuentran localizados en Chenalhó y Pantelhó, de donde surgieron grupos de autodefensa ante la ausencia del Estado Mexicano. El Machete y los Ciriles demostraron mayor poderío y fuerza militar, al desarmar a la Guardia Nacional y confiscarle más de 50 armas de alto poder, con las que supuestamente se combate la delincuencia organizada y se preserva la seguridad nacional.

3.- El asunto es en extremo grave cuando que el mismo subsecretario de Seguridad Pública federal ha reconocido la existencia del Chamula Power, sin algún control por parte de las autoridades federales y estatales.

Con ese poder y esos nexos se pretende responsabilizar al gobierno municipal de Mariano Díaz Ochoa en San Cristóbal de las Casas, cuando que los gobiernos federal y estatal han sido rebasados por la delincuencia organizada y cada vez más se pierde el control territorial sobre la zona indígena.

4.- Como en ningún otro gobierno, fueron hallados cuatro cuerpos sin vida en la carretera Chiapa de Corzo, hacia el Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo, lo que demuestra que en esa parte del sureste mexicano aparecen los primeros síntomas de lo que sucede en los estados del norte y centro del país con las diarias ejecuciones extrajudiciales.

Se suma a estos inéditos acontecimientos, el asesinato reciente de 7 personas en la zona de Marqués de Comillas, entre los que se encontraba un menor de 10 años de edad. Y todos con signos de tortura como si se tratara de un ajuste de cuentas entre cárteles del narcotráfico.

5.- El plebiscito de Oxchuc para nombrar, por usos y costumbres, el Ayuntamiento Municipal resultó un fracaso. Cuando menos tres muertos y varios heridos dejó el enfrentamiento durante el desarrollo del pretendido acuerdo plebiscitario. La falta de operación política del gobierno de Rutilio Escandón provocó el fracaso del plebiscito que debió de haber constituido un punto de reconciliación entre los grupos antagónicos enfrentados.

6.- Un acontecimiento de trascendencia nacional del enfrentamiento entre grupos criminales fue la ejecución del hijo del tío Gil, Gilberto Rivera Amarillas, catalogado como el terror de la Frontera Sur y operador privilegiado de la delincuencia organizada ante la complacencia del gobierno de Rutilio Escandón.

7.- Durante febrero de 2022 se registró el asesinato de Mariano Gómez en la zona tojolabal de la ruta Altamirano-Comitán, en donde fueron retenidos 54 transportistas, con la única demanda de la desaparición del Concejo Municipal impuesto por el Congreso del Estado por órdenes de Rutilio Escandón.

8.- El asesinato del empresario ganadero Alfredo Dargance Morell, en diciembre de 2021, a plena luz del día, evidencian la enorme inseguridad que prevalece en la ciudad capital de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, hasta hoy sin responsables de este artero atentado.

9.- El homicidio del periodista Fredy López Arévalo sigue sin resolverse aun cuando las autoridades se comprometieron a aplicar “Todo el peso de la ley”. Es un acto de engaño y extrema demagogia. La ley no tiene peso. Los gobernados sólo esperan su aplicación estricta sin más calificativos.

En un acto irresponsable la Fiscalía General del Estado emite un boletín, en el que asegura que los asesinos de López Arévalo se encontraron encajuelados en las inmediaciones de Frontera Comalapa. Nada más falso. Nunca se supo cómo probar que efectivamente se trataba de los asesinos del periodista.

10.- El asesinato del fiscal de Justicia Indígena, Gregorio Pérez Gómez, es otra afrenta al principio de autoridad que el gobierno de Rutilio Escandón no ha podido resolver. Se le nombró interlocutor entre los grupos disidentes de Pantelhó y Chenalhó, bajo el fallido argumento de hablar el mismo idioma y conocer los usos y costumbres de sus coterráneos.  El mensaje fue funesto: lo matamos porque no nos interesa intermediarios, aunque sea uno de los nuestros.

11.- La ejecución del presidente municipal de Teopisca sigue sin resolverse. Para justificar su inoperancia, la Fiscalía General del Estado emitió un ridículo panfleto: “La Fiscalía condena enérgicamente este crimen y refrenda su compromiso para garantizar el Estado de Derecho”. No basta con condenar y refrendar compromisos que jamás se han cumplido. Se trata de investigar y encontrar a los culpables.

Mientras eso no sucede se convierte en un crimen de Estado y las autoridades cómplices del homicidio.

12.- La ingobernabilidad, la incompetencia y la irresponsabilidad gubernamental han hecho que Chiapas se convierta en uno de los cinco estados donde se concentran el 70 por ciento de homicidios de los ambientalistas y activistas de derechos humanos, al lado de entidades tan ingobernables como Chihuahua, Guerrero, Oaxaca y Veracruz.

Mientras todo eso sucede, Rutilio Escandón se publicita como el gobernador que más promueve la obra pública por los pasos a desnivel en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.

Lo malo es que la falta de previsión y planeación en esas obras han provocado severas inundaciones en la capital del estado.

12.- Se suma a toda esta tragedia chiapaneca los asaltos, robos y agresiones de la delincuencia común, que al lado de la gran delincuencia colabora con la ingobernabilidad del estado de Chiapas. Y ello ya no tiene retorno.

La mayor irresponsabilidad del gobierno de Rutilio Escandón se dio el pasado 12 de junio, cuando asistió a la ciudad de Toluca al destape de las tres corcholatas lopezobradoristas. Mientras Rutilio se divertía con el morenismo nacional, en el estado que desgobierna se daban ejecuciones extrajudiciales siempre sin resolver.

Ante tanta incompetencia e ingobernabilidad es pertinente afirmar que Chiapas necesita gobernador. Ampliaremos…

 

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¡Ahí viene la crisis fiscal de fin de sexenio y la severa caída del PIB!

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Producto de la enorme dilapidación del tesoro nacional en las fracasadas obras del AIFA, Dos Bocas, Tren Maya y programas sociales electorales * Hay tiro para la elección presidencial: Si es Adán Augusto, hay riesgo de perder; Claudia no es garantía de triunfo… y si hacen a un lado a Ebrard, hay peligro de cisma lopezobradorismo con el apoyo de Monreal, que con MC y la oposición pueden mandar al carajo a Morena

 

ROBERTO DOMÍNGUEZ CORTÉS

 

Cuando en 1972 don Daniel Cosío Villegas escribió su obra “El sistema político mexicano”, el peso político y electoral del PRI era absoluto.

En esencia el PRI era el Estado mexicano. El PRI y el gobierno preparaban las elecciones, el secretario de Gobernación era el presidente de la Comisión Federal Electoral y la última instancia para decidir quién había ganado o perdido una elección.

El PRI y el gobierno hacían el escrutinio de los votos y tomaban muy en serio el viejo adagio de que “el que cuenta los votos gana”. Esa sentencia breve y lapidaria tenía sustento. Hasta esa fecha y llegado 1989, el PRI, desde 1929, había ganado 11 elecciones presidenciales, todas las gubernaturas de los estados y todos los escaños en el Senado de la República, en tanto el PAN apenas disponía de 20 diputados de partido en el Congreso de la Unión.

Bajo ese sombrío panorama de nula oposición, Cosío Villegas se preguntaba: “¿Podría esperarse que en el futuro próximo surgiera un nuevo partido que pudiera contener el poder desmesurado del Presidente de la República y del partido oficial?”. Y simultáneamente se contestaba el historiador y politólogo: “Es más que dudoso aceptar semejante supuesto, no sólo porque las leyes electorales han sido ideadas para impedirlo, sino porque no se vislumbran los hombres y las ideas que podrían acometer una tarea tan ingrata como estéril”.

Ante tal interrogante, premonitorio concluía el escritor: “De todos modos, si alguna vez surgiera ese nuevo partido, sería un desgajamiento del PRI y no algo ajeno a él”. La profecía se cumplió. En 1988 surgió dentro del PRI una corriente democrática abanderada por Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo e Ifigenia Martínez. El propósito era democratizar la designación del candidato a la Presidencia de la República, ante la evidencia de que el Presidente Miguel de la Madrid preparaba la imposición de Carlos Salinas de Gortari.

Cuauhtémoc Cárdenas arrasó con el candidato presidencial del PRI, pero le fue arrebatado el triunfo. Sin embargo, ese hecho cambió para siempre la historia de México. Para legitimar su espurio triunfo, el derrotado Presidente Salinas, bajo la figura de la concertacesión, hubo de entregar las primeras gubernaturas al PAN: Ernesto Ruffo Appel en Baja California y Carlos Medina Plascencia en Guanajuato.

La primera severa llamada al PRI de su debacle fue el asesinato en 1994 de su candidato presidencial Luis Donaldo Colosio Murrieta.

La repercusión del homicidio, o magnicidio, se reflejó en 1997, cuando el PRI tuvo su segunda gran llamada al perder por primera vez la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y el diputado perredista de oposición, Porfirio Muñoz Ledo, contestaba por primera vez un informe presidencial.

La tercera llamada era la premonición de Mauricio González de la Garza en su libro “Ultima Llamada”, en el que auguraba la caída definitiva del PRI. El PAN con Vicente Fox y Felipe Calderón ascendía a la Presidencia de la República.

En 2012, el PRI recuperó momentáneamente el poder con Enrique Peña Nieto. Los siete puntos de ventaja sobre Andrés Manuel López Obrador fueron producto de la operación política de los 19 gobernadores priístas que en connivencia asaltaron las urnas para darle el triunfo al candidato del tricolor.

Sólo que durante la presidencia del mexiquense, en 2016 el PRI perdió 7 de las 12 gubernatura en disputa, lo que forzó a la renuncia de su dirigente Manlio Fabio Beltrones. Era el anticipo de la derrota del PRI en la elección presidencial del 2018. El electorado cobraba en las urnas la falta de políticas públicas adecuadas, la enorme corrupción y la nula rendición de cuentas de facinerosos de la política en funciones de gobernador.

Contribuyeron a esa estrepitosa caída los hoy reos Javier Duarte en Veracruz, el saqueo de Roberto Borge en Quintana Roo como el estado más endeudado por persona en el país y los atracos del ahora extraditado César Duarte de Chihuahua, terminaron por fulminar al PRI en el 2022.

Cada vez más el PRI pierde presencia en la nueva distribución geográfica del poder. A pesar de la derrota del 2016, Manlio Fabio Beltrones dejó en poder del tricolor 15 gobiernos estatales, en contraste con las únicas tres gubernaturas -Estado de México, Coahuila y Durango- que hoy mantiene como símbolo precario de lo que podría ser la elección del 2024.

Durante la presidencia de Alejandro Moreno Cárdenas, el antiguo poderoso Partido de Estado ha perdido 9 de las 11 gubernaturas, lo que ha valido a su dirigente severas críticas de sus correligionarios. Una de ellas es la de Roberto Madrazo sin autoridad política ni moral para opinar. El ex dirigente del PRI nacional perdió, en el 2006, frente a Felipe Calderón, al alcanzar apenas un raquítico resultado de 22 puntos porcentuales, en una de las más graves derrotas del PRI frente a la oposición.

Así, los resultados adversos del PRI en este 2022 no son producto de los últimos años en la lucha política. Son largos periodos de errores, corrupción, autoritarismo y la traición de sus propios militantes, como cuando en 2006, 13 gobernadores del PRI, liderados por Elba Esther Gordillo, operaron en favor de Felipe Calderón. Y hoy se repite la traición con Alejandro Murat en Oaxaca y en Hidalgo con el bufón Omar Fayad.

No es cierto que la elección del 2022 y las 22 gubernaturas en poder de Morena ya definieron la elección presidencial del 2024. La enorme dilapidación del tesoro nacional en las fracasadas obras del aeropuerto Felipe Ángeles, la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya y los programas sociales electorales anuncian una crisis fiscal de fin de sexenio y una severa caída en el Producto Interno Bruto encaminados a traer más desempleo y pobreza a los mexicanos se reflejarán en las urnas.

Falta también por decidir al candidato de Morena.  Las encuestas dentro del partido en el poder otorgan a Claudia Sheinbaum el 30 por ciento de las preferencias de sus correligionarios, a Marcelo Ebrard casi empatado con ese mismo porcentaje, Adán Augusto López apenas tiene el 5 por ciento, en tanto que Ricardo Monreal, sin ser de los favoritos, por propio mérito tiene el 10 por ciento de la intención del voto morenista.

Pareciera que Morena seguirá el mismo camino del PRI al propiciarse un desgajamiento como lo vaticinó Cosío Villegas.  Si López Obrador intenta imponer a López Hernández, corre el enorme riesgo de perder ante el candidato opositor. La Sheinbaum ya no es garantía de triunfo. En la elección del 2021 perdió la mitad de las alcaldías de la Ciudad de México. Si en su propio feudo sufrió una severa derrota, en el resto del país terminará por desaparecer de la política mexicana.

Si Sheinbaum y Adán López resultaran beneficiados con la decisión de López Obrador, ambos se someterían a la voluntad presidencial, cuando que siempre compiten al comportarse como los más serviles al Presidente.

No así Marcelo Ebrard que podría provocar un cisma dentro del lopezobradorismo si no resulta beneficiado como candidato, y con el apoyo de Ricardo Monreal dividirían a las huestes de López Obrador en favor de la oposición a la que hoy minimizan como derrotada.

Y desde luego, la Presidencia de la República no se gana con los 22 estados que hoy gobierna Morena. Son definitorios la Ciudad de México, el Estado de México, Veracruz, Nuevo León, Jalisco y Chiapas. Y si Movimiento Ciudadano se incorpora a la Alianza, el triunfo para Morena se complica en grado extremo. Ampliaremos…

 

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