El conflicto de interés y el tráfico de influencias es evidente * Los chiapanecos tienen la misión de evitar que el control de los comicios quede en manos de una pandilla señalada por la ciudadanía y el electorado

 

ROBERTO DOMÍNGUEZ CORTÉS

 

Andrés Manuel López Obrador ha operado con todo el poder de la Presidencia para interferir y controlar todo lo que significa autonomía, independencia y oposición de los órganos no sujetos a su tutela.

Así lo evidencian sus permanentes intentos de apropiarse del Instituto Nacional Electoral (INE). Para ello ideó un plan B y un plan C para de manera inconstitucional apropiarse del control de la elección presidencial y de las nueve gubernaturas en donde hubo elecciones este año.

No le funcionó. La Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó sus mafiosas reformas electorales por ser abiertamente inconstitucionales.

Finalmente logró imponer a Guadalupe Tadei Zavala a la que arropó con un abierto y largo aplauso el día de su toma de protesta, para demostrar que una de sus incondicionales había quedado al frente de la institución electoral.

Era una afrenta al pueblo de México al exhibirse como el patético antidemócrata al cual le desagradan elecciones auténticas y libres como ordena el Artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Refrendaba así, una vez más, su compromiso de “al diablo con las instituciones y no me vengan con el cuento de que la ley es la ley”.

Como una mala copia de López Obrador, Rutilio Escandón pretendió repetir el funesto episodio al tratar de apropiarse del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) del estado de Chiapas.

Sin ningún recato y mucho menos respeto por las instituciones democráticas, pretendió imponer como presidenta del IEPC a su incondicional y cercanísima colaboradora María Esther García Ruiz. Sólo que de origen la funcionaria favorita estaba impedida para conducir el proceso electoral local. Ha acompañado a Rutilio Escandón desde que fue presidente del Tribunal Superior de Justicia y como secretaria técnica en el gobierno de Chiapas.

Cuando Esther García ocupó el segundo lugar en la competencia, hubo de anularse el proceso de elección y nombrar presidenta interina a María Magdalena Vila Domínguez. Permitir que Esther García presidiera el Instituto Electoral era entregarle de facto el control de las elecciones a un Rutilio moralmente imposibilitado para asegurar elecciones limpias y transparentes.

Recuérdese que por encima de la Carta Magna, de la Constitución del Estado “Libre” y Soberano de Chiapas, Rutilio ordenó nombrar seis consejos municipales para evadir el sufragio universal de los electores.

A más de dos años de distancia todavía no hay elecciones en los municipios de Honduras de la Sierra y Frontera Comalapa, a pesar de haberlo ordenado el Tribunal Electoral Estatal, la Sala Regional de Xalapa y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Hoy lo que se pretende hacer en el Instituto Electoral chiapaneco es apropiarse de la designación de su presidenta y entronizar a lo más corrupto y nefasto que ha pasado por diversos cargos electorales en el Instituto Nacional Electoral.

María Emilia Domínguez Gordillo es una seria aspirante a usurpar el cargo de presidenta del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana. Su historia dentro de la máxima institución electoral del país la invalida para conducir el proceso más democrático a realizarse el próximo año: la elección de gobernador, de 40 diputados locales y 123 presidentes municipales.

Domínguez Gordillo ha estado involucrada en detestables episodios que por sí mismos constituyen muy graves delitos electorales y por los cuales jamás fue castigada. Hasta hoy permanece en la total impunidad.

El 20 de junio de 2012, en pleno proceso electoral, desapareció de la junta local del entonces Instituto Federal Electoral (IFE) un paquete con 183 boletas electorales para presidente de la República, senadores y diputados federales.

Una semana después María Emilia Domínguez Gordillo ideó una estrategia infantil para justificar su trampa premeditada. Según su dudoso decir, un taxista no identificado entregó en las oficinas del IFE, en Comitán, las 183 boletas de las desaparecidas, de las cuales Domínguez Gordillo era la vocal ejecutiva.

Con absoluto cinismo pretendió minimizar el hecho con una torpe declaración: “Era un número pequeño. Eran las que sobraban. No representaba un riesgo para la elección, porque además de ser un número pequeño (de boletas) estaban divididas en tres elecciones”.

Esa impúdica e insolente declaración era suficiente para someterla a proceso penal. Su talante delincuencial resultó evidente. Esa sola anomalía denota la suma de un cúmulo de atropellos durante el proceso electoral del 2012. Se descubrió uno, pero puede inferirse que los episodios de trampas electorales se multiplicaron.

La participación de María Emilia en actos reprobables es el recuento de nunca acabar. El 31 de mayo de 2017, la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con sede en Xalapa, Veracruz, declaró administrativamente responsable a Domínguez Gordillo.

En su carácter de encargada de la Vocalía Ejecutiva del INE en Chiapas, se le ordenó evaluar el desempeño laboral de la trabajadora Mercedes Adriana Tipacamú Ruiz para determinar si cumplió o no correctamente con la función laboral encomendada.

En un acto de irresponsabilidad extrema, Domínguez Gordillo no cumplió con la orden de los magistrados de la Sala Regional al no hacer la evaluación a la cual estaba obligada en el desempeño de su cargo. Suficiente para haberla dado de baja.

Sin embargo, y a pesar de todos los trances y tranzas que la han acompañado, goza de total impunidad y protección. Inaudito entonces que aspire en convertirse en el árbitro electoral del 2024 en Chiapas.

Sin recato alguno se ufana de contar con el apoyo incondicional de la consejera electoral del INE Dania Paola Ravel Cuevas.

En un acto de soberbia no disimulada divulga intencionalmente de que la maestra Ravel Cuevas aprobó su dictamen de procedencia y en consecuencia su nombramiento de vocal ejecutivo en el distrito 8 con sede en Comitán Chiapas.

Ahora Domínguez Gordillo asegura que -por su amistad con la consejera nacional- ella será la encargada de hacerla (sic) presidenta del IEPC en Chiapas.

Si la versión de lazos de amistad Ravel-Domínguez son ciertos, entonces la consejera debería de excusarse del proceso de selección y designación de la consejera presidenta del Instituto de Elecciones en Chiapas. Hay dos buenas razones para ello: El conflicto de interés y el tráfico de influencias es evidente, previsto y sancionado por el artículo 14 del Reglamento de Comisiones del Consejo General del INE.

Por su parte Rutilio Escandón hace peripecias para pretender repetir el modelo María Esther García. Ahora se inclina por apoyar a Marlene Marisol Gordillo Figueroa como presidenta del IEPC en Chiapas, actualmente comisionada del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Precisamente lo que menos tiene el gobierno de Rutilio Escandón: Cero transparencia y menos rendición de cuentas.

De ese universo de intentos impositivos, aparece también como aspirante -a presidir el Instituto Electoral- Edna Maritza Morales Bautista, asesora jurídica de la Mesa Directiva en el Congreso del Estado.

Y para corroborar que en Chiapas el influyentismo y el nepotismo son actos cotidianos, Edna Maritza es sobrina de Sonia Catalina Álvarez, presidenta del Congreso local.

Por la salud de la República, del estado de Chiapas y respeto irrestricto a la democracia, ninguna de las tres debería de aspirar a presidir el órgano electoral estatal.

Su evidente vinculación con el poder la inhabilita en definitiva.

Pero sobre todo se trata de evitar que el control electoral local del próximo año quede en manos de una pandilla señalada por la ciudadanía y el electorado. Ampliaremos…

 

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El movimiento morenista busca perpetuarse por encima de la voluntad ciudadana * Arturo Zaldívar, el esquirol del lopezobradorismo

 

ROBERTO DOMÍNGUEZ CORTÉS

 

Andrés Manuel López Obrador ha entrado en una etapa de desesperación por ganar, bajo cualquier circunstancia y riesgo para el país, la elección presidencial del 2024 y las nueve gubernaturas en disputa.

Sus trampas comenzaron con el plan A para apropiarse del control del Instituto Nacional Electoral y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. No le resultó. La Suprema Corte de Justicia de la Nación le canceló sus afanes futuristas al decretar que su intento de reforma era absolutamente inconstitucional.

A través de su plan B, pretendió el control de la elección con reformas a las leyes secundarias, y de nuevo la Corte Suprema le dio un severo revés al declarar inoperantes sus intentos dictatoriales de dominar el proceso electoral del 2024.

Cínico ante la Nación amenazó con un plan C. Sin algún recato, y mucho menos con ética política, lanzó su manifiesto antidemocrático ante la ciudadanía y el electorado. “Si creen que con echar abajo el plan A y el plan B hemos perdido… se han equivocado. Tenemos todavía un plan C”.

Era el mensaje más funesto a la Nación para perpetuarse y continuar con la destrucción del país desde la cuarta regresión. Ese plan C tiene dos vertientes amenazantes. Ha dicho que la oposición jamás volverá a ganar, que el segundo lugar de las corcholatas será el presidente del Senado de la República, el tercer lugar lo tiene reservado para el liderazgo de la Cámara de Diputados y el cuarto lugar para la Secretaría de Gobernación.

Es la premonición fatal cuando desde ahora anuncia un monumental fraude electoral para perpetuar a su movimiento morenista por encima de la voluntad ciudadana.

Ningún presidente durante los 71 años del largo ciclo priísta ni durante los 12 años del panismo se atrevió a tanto: designar por anticipado a su sucesora, la tal Claudia Sheinbaum, y la conformación a su gusto de la estructura política de la República.

Parte de sus intentos golpistas, López Obrador los ha centrado en el sumiso lacayo Arturo Fernando Zaldívar Lelo de Larrea. No basta ser jurista para ser presidente del Tribunal Constitucional de la Nación. Se requiere dignidad, decoro, vergüenza profesional y lealtad a las instituciones republicanas.

Arturo Zaldívar no reúne esos requisitos cuanto que utilizó la toga para postrarse de hinojos ante un dictadorzuelo con afanes transexenales que ya desde ahora se advierten fallidos.

La primera muestra de subordinación la dio Zaldívar cuando con absoluta falta de respeto al poder que representaba se atrevió a infamar: “Hay que escuchar el mandato de las urnas”. Ello en referencia a que López Obrador había obtenido 30 millones de votos en la elección presidencial del 2018 y había que rendirle tributo. Arturo Zaldívar ejercía así una justicia militante.

Como ministro presidente de la Suprema Corte no tenía derecho a hacer un pronunciamiento en nombre de ministros, magistrados y jueces a los que no pidió permiso para decirle al señor López que él era el mandamás del Poder Judicial Federal. Este abyecto jurisconsulto habló en nombre propio y no de los 55 mil trabajadores del Poder Judicial Federal.

El segundo momento de vasallaje lo dio Arturo Zaldívar cuando López Obrador propuso prolongar el mandato de presidente de la Corte de cuatro a seis años. Era un atentado gravísimo al Artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: “Cada cuatro años, el Pleno elegirá de entre sus miembros al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.

Acostumbrado López Obrador a “no me vengan con el cuento de que la ley es la ley” y su frase preferida “al diablo con las instituciones” pretendió pisotear la Carta Magna con un artículo segundo transitorio muy por debajo de un dispositivo constitucional que regula exactamente el tiempo de permanencia del presidente de la Corte.

Otra vez Arturo Zaldívar atentó en contra de la toga y el birrete que le fue otorgado por el Poder Ejecutivo, la representación nacional y la supremacía constitucional. Sabía Zaldívar la imposibilidad de prolongar su mandato por dos años más y jamás hizo pronunciamiento alguno al respecto.

Sometido por López Obrador apenas alcanzó a balbucear: “Esperaré a que resuelvan los señores ministros sobre la extensión de mandato”.

No Zaldívar. En un acto de dignidad jurisdiccional y republicana, lo procedente era informar a la Nación: “No puedo ser presidente por seis años, porque fui elegido por cuatro y mi Constitución Suprema lo prohíbe”. Se comportó como un vulgar esquirol de López Obrador y no como titular de otro poder sujeto a mandatos constitucionales.

Pero el acto más vergonzoso le llegó a Arturo Zaldívar cuando decidió con anticipo de un año renunciar como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Su renuncia era absolutamente improcedente.

El Artículo 98 de la Ley Fundamental considera como renuncia sólo una causa grave y Arturo Zaldívar se exhibió como el empleado de la cuarta regresión sin existir una causa grave y mucho menos manifestar cuál era esa causa.

Cierto que la Constitución es abstracta cuando sólo esgrime causa grave, en tanto que el artículo 8 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación amplía esa causa grave: “Los ministros durarán en su encargo 15 años, salvo que sobrevenga incapacidad física o mental”. Esa causal también es muy limitada y circunscrita a sólo dos hipótesis.

Habría entonces que remitirse a los requisitos para ser ministro de la Suprema Corte contenidos en el Artículo 95 de la Carta Magna:

1.- Ser ciudadano mexicano por nacimiento. La causa grave sería que se encontrara que el ministro es extranjero.

2.- Tener 30 años cumplidos el día de la designación. La causa grave sería que tuviera menos de esa edad.

3.- Tener título profesional con diez años de antigüedad. La causa grave sería un título profesional con menos de diez años de antigüedad. Es el caso de la plagiaria delincuente Yasmín Esquivel Mossa que inconstitucionalmente ocupa el cargo de ministra al servicio de López Obrador.

4.- Gozar de buena reputación y gozar de buena fama en el concepto público. Ahí estaría la causal de la renuncia de Arturo Zaldívar cuando que no goza ni de buena reputación y menos de buena fama en el concepto público. Así lo acredita su carta de renuncia y sus actos como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Su renuncia no puede ser más indignante y pusilánime que con los argumentos esgrimidos para abdicar de un cargo conferido hasta el 30 de noviembre de 2024 y que tenía obligación de respetar: “Me retiro porque voy a apoyar un proyecto”.

“No voy por un cargo”, aunque ya se definió por la Sheinbaum y espera retribución administrativa. “Xóchitl está nerviosa porque las encuestas no le favorecen. No puedo juzgar con imparcialidad al demostrar simpatía por una causa”.

La miseria humana de Arturo Zaldívar Lelo de Larrea llegó a su máxima expresión cuando se comprometió con el proyecto destructor de Nación de López Obrador manifestado en su carta de renuncia.

Lo grave es que esos pronunciamientos los hizo en funciones de ministro. Aun cuando haya presentado su renuncia, el Senado todavía no daba su aprobación y adherirse pública y anticipadamente a un proyecto político e ideológico al que siempre perteneció desde la clandestinidad.

Cuando Arturo Zaldívar protestó el cargo juró cumplir y hacer cumplir la Constitución por encima de cualquier interés personal o de grupo. Sabía que su compromiso era por 15 años de lealtad constitucional. Con su actitud quedará por siempre la certeza de la complicidad con López Obrador para dejarle un ministro hasta el 2038.

Queda así de manifiesto lo que siempre fue: un traidor a la administración de justicia y a las instituciones republicanas. Ampliaremos…

 

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Lecciones de la historia en Guerrero: caída de gobernadores y enfrentamiento con el gobierno federal * No hay dinero suficiente para la reconstrucción de Acapulco, pero sí lo hay para el dispendio y la frivolidad para publicitarse y anunciar mentiras * Con la tragedia de Acapulco, AMLO ha perdido 15 puntos e indudablemente ese rechazo tendrá repercusiones nacionales imposibles de predecir al día de hoy

 

ROBERTO DOMÍNGUEZ CORTÉS

 

La tragedia de Acapulco exhibió a Andrés Manuel López Obrador de cuerpo entero. La indolencia y la irresponsabilidad son los mayores referentes de un gobierno que encubre la realidad y se esconde en la demagogia con apariencia de democracia.

La indolencia de López Obrador se hizo presente cuando después de nueve días publicó la declaratoria de emergencia.

El huracán Otis, categoría cinco, pegó en las costas de Acapulco el día 25 de octubre y fue hasta el 3 de noviembre cuando se dio cuenta que ese centro turístico necesitaba, más que actos de solidaridad y mensajes de conformidad, ayuda inmediata y efectiva.

López Obrador se tardó para acudir en defensa de la seguridad y la vida de 800 mil damnificados. Así, de ese tamaño, fue su irresponsabilidad.

La tragedia de Otis agarró a López con los dedos atrás de la puerta.

Su frivolidad para hacer un aeropuerto a donde no llegan aviones ha tenido un sobreprecio de 265 mil millones de pesos con relación al de Texcoco.

Una refinería que no refina pasó de 8 mil millones a 20 mil millones de dólares, con un incremento injustificado de 210 mil millones de pesos.

En tanto el Tren Falla (sic), rumbo al precipicio, pasó de 143 mil millones a 280 mil millones de pesos con un costo superior de 137 mil millones de pesos.

El asalto al erario nacional suma entonces 612 mil millones de pesos, sólo por exceso en los gastos presupuestados, en tanto la dilapidación total rebasa el billón de pesos.

Hasta ahora aparece la realidad cuando se gastan los dineros públicos sin alguna consideración, como si la disposición presupuestaria fuera ilimitada y se presume que siempre hay dinero disponible cuando que la realidad indica otra cosa.

Se ha calculado la reconstrucción de Acapulco entre 15 mil y 18 mil millones de dólares, algo así como 263 mil a 315 mil millones de pesos. Si se atiene a esas cifras, los 612 mil millones de pesos en sobreprecio de las tres fraudulentas obras, habría sido suficiente para reconstruir dos veces Acapulco.

Pero no, se prefirió la parafernalia y aparentar que con esas tres megaobras estaba asegurado el porvenir de los mexicanos y el desarrollo de México, cuando en realidad esos tres esperpentos representan el mayor fracaso de la obra lopezobradorista.

Los malos resultados de la política económica están a la vista. Como a López Obrador ya se le acabó el dinero y trata de aparentar salud económica, para el año 2024 se ha previsto una deuda pública de un billón 900 mil millones de pesos.

Ese endeudamiento es indicador irrefutable que la sequía a las finanzas públicas ha sido alcanzada por los pésimos manejos presupuestarios y el exceso de gastos que no tienen ni tendrán correspondencia con el ingreso y menos con el bienestar nacional.

Para mantener su clientela electoral, entre jóvenes construyendo el futuro, adultos mayores y discapacitados, López Obrador destina cada año 300 mil millones de pesos, una cantidad similar a la necesaria para la reconstrucción de Acapulco. Y con la amenaza que en 2024 esa ayuda tendrá un incremento del 20 por ciento por estar en disputa la Presidencia de la República, nueve gubernaturas y 20 mil cargos de elección popular. Se trata pues de compra descarada de votos.

De ese tamaño es la deshonestidad de López Obrador, célebre por su ridícula y desgastada perorata de no mentir, no robar y no traicionar. Se acabó esa demagogia.

Los gobiernos morenistas empezando por el nacional, son más mentirosos, más ladrones y más traidores que todos sus predecesores priístas y panistas.

Ahora, en un acto desesperado y abusivo, López Obrador trata de apropiarse ilegalmente de dineros que legítimamente le pertenecen a otras instituciones. Quiere rapiñar los 15 mil millones de pesos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y dejar a la deriva 55 mil trabajadores que han ahorrado durante 10, 20 y 30 años para tener un retiro que les dé certeza de una vida tranquila y sin sobresaltos.

También quiere apropiarse ilegalmente de los 26 mil millones que le pertenecen a los órganos autónomos, para compensar la desaparición (robo) de los 18 mil millones de pesos del Fonden, sin que se haya conocido su destino, aun cuando puede inferirse se encuentran en el AIFA, el Tren Falla (sic), la refinería Dos Bocas y los bolsillos de más de uno de sus colaboradores como ocurrió con Segalmex.

Su planecito de emergencia de 61 mil millones de pesos para la reconstrucción del puerto es vergonzosa y una ofensa para el pueblo de Acapulco. Con una población de 800 mil habitantes, tocaría a cada uno apenas 75 mil pesos, cuando la realidad demuestra que han perdido todo y no alcanzará ni para repellar una casa.

Acapulco representa, o representaba, el 80 por ciento de la economía de Guerrero, y en esa proporción hay que dimensionar la ayuda humanitaria y no con paliativos que en poco o nada mejorarán la condición infrahumana en que hoy se debaten los damnificados.

Esos 61 mil millones de pesos apenas representan el nueve por ciento de los 612 mil millones de pesos del exceso en el gasto de sus obras que se dirigen hacia ninguna parte.

Al día de hoy Dos Bocas se encuentra totalmente inundada, señal inequívoca de que es un fracaso anunciado.

El huracán López Obrador ha resultado más dañino que el Otis. No hay dinero suficiente para la reconstrucción, pero sí lo hay para el dispendio y la frivolidad para publicitarse y anunciar mentiras.

López Obrador, que se ufana de ser historiador, no debe olvidar las lecciones del estado de Guerrero a la nación. Esta entidad siempre ha sido un pueblo guerrero que le viene de estirpe del libertador Vicente Guerrero al cual debe su nombre. Varios acontecimientos así lo confirman.

En octubre de 1960 los estudiantes de la Universidad de Guerrero demandaban al general Raúl Caballero Aburto, gobernador del estado, la autonomía de la institución.

La huelga culminó con el asesinato de varios estudiantes en la plaza principal de Chilpancingo, lo que llevaría al mandatario a renunciar en enero de 1961.

No hay que olvidar tampoco que la Guerra Sucia de los años 70 dio severos reveses a los gobiernos de Luis Echeverría y José López Portillo.

Lucio Cabañas, Genaro Vázquez y Carmelo Cortés encabezaron una lucha interminable desde el partido de los pobres en contra del Gobierno de la República.

Ante esos acontecimientos el gobernador Israel Nogueda Otero fue destinatario de la desaparición de poderes por enfrentamiento con ejidatarios de Alta Icacos, precisamente en Acapulco, por fraude en la venta de terrenos inexistentes.

La matanza de Aguas Blancas, en junio de 1995, fue otro evento que culminó con la caída del gobernador Rubén Figueroa Alcocer, heredero de las trapacerías de su padre, Rubén Figueroa Figueroa, el legendario Tigre de Huitzuco.

Tocó el turno a Ángel Aguirre Rivero, al renunciar en octubre de 2014 por los trágicos acontecimientos de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.

Paradójicamente, Aguirre Rivero sustituyó a Rubén Figueroa y después hubo de renunciar por la matanza de Aguas Blancas.

Todo esto confirma las peleas legendarias de los bravos guerrerenses contra gobiernos autoritarios, represores, irresponsables y asesinos.

López Obrador no debe olvidar que a raíz de la matanza de Aguas Blancas, apareció el Ejército Popular Revolucionario y que Lucio Cabañas egresó de la Normal Rural de Ayotzinapa, líder icónico en los tiempos de la Guerra Sucia.

Por lo pronto, con la tragedia de Acapulco, López Obrador ha perdido 15 puntos e indudablemente ese rechazo tendrá repercusiones nacionales imposibles de predecir al día de hoy.

Bajo esas circunstancias Guerrero, sobre todo Acapulco, tendrá enorme peso electoral en el país para 2024 y de lo cual ya ha sido advertido el señor López por los abandonados damnificados. Ampliaremos…

 

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