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Censura, una atadura muy dura

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Desolador el panorama para el periodismo * Tal parece que la tentación de controlar a los medios de comunicación y a quienes ejercen la libertad de expresión es muy grande en los gobiernos de la 4T

 

ALFREDO IBÁÑEZ

 

Desolador, así pinta el panorama para la libertad de expresión, el periodismo y para quienes lo ejercen en México.

Cada vez son más las demandas que políticos, especialmente los que están ligados o pertenecientes a la 4T, interponen contra comunicadores.

Un amplio sector de la clase política de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) no soporta la crítica y demuestra de manera recurrente su intolerancia.

Cuando se sienten lastimados, heridos, de inmediato echan mano del poder que en ese momento detentan.

Ahí está caso del senador Gerardo Fernández Noroña, quien con denuncia de por medio ante la Fiscalía General de la República (FGR), obligó a un ciudadano a que le ofreciera disculpas públicas.

Si bien es cierto que hay malos periodistas, que utilizan el golpeteo sistemático en contra de la clase gobernante o políticos de los diversos niveles de gobierno, a fin de obtener algún tipo de provecho, generalmente económico, también es innegable que muchos de los que están al frente de algún cargo público son improvisados o incompetentes, no dan los resultados que ellos mismos prometieron a la población, por lo que los señalamientos de sus desaciertos no se hacen esperar.

Gradualmente se deja ver el rostro de la intransigencia, especialmente de Morena, pero también de fuerzas como los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN), que aún en su ocaso dan coletazos en contra de los representantes de los medios de comunicación y de los ciudadanos que señalan sus errores o sus excesos.

La tentación de imponer ley mordaza en perjuicio de los periodistas es muy grande, en diversos estados y a nivel federal se ejerce a través de la publicidad o a través de amenazas y ataques por medio de auténticas hordas que operan en redes sociales.

Con el pretexto de la Austeridad Republicana o de la Pobreza Franciscana, como usted guste llamarle, tantas veces mencionada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, pero pocas veces ejercida, las oficinas de prensa de los diversos niveles de gobierno han cerrado el acceso a la publicidad a los medios de comunicación que no se someten a sus propósitos. Los ahogan económicamente.

Argumentan, a los medios de comunicación críticos, que no hay dinero, pero nada más alejado de la realidad, pues son millonarios los montos que se destinan todos los años a las áreas de Comunicación Social tanto de los gobiernos municipales, estatales, federal, así como de los órganos autónomos, como las Fiscalías Generales de Justicia.

Plausible sería que se prescindiera de esas cantidades millonarias, dinero derivado de los impuestos de los contribuyentes y mejor se inyectaran en obras de impacto colectivo que tanta falta hace en el país, como escuelas, hospitales, medicinas, carreteras, y un largo etcétera.

Sin embargo, sirve para engordar las ya de por sí abultadas nóminas de la burocracia, donde obviamente no está el personal más capacitado y con el perfil adecuado, sino los amigos, los incondicionales y los familiares.

La mayoría con elevados salarios que difícilmente ganarían en la iniciativa privada debido a su incapacidad.

Recursos económicos aprobados oficialmente y destinados para publicidad hay, pero los condicionan.

La intención de someter a los periodistas, a los medios de comunicación que ejercen un trabajo crítico, pero sustentado, hoy más que nunca está latente.

Pero volviendo a los ataques contra la libertad de expresión a través de demandas, estos son cada vez más en el país.

Los más recientes y sonados es el ejercido por el gobierno de Campeche, el cual acusó al periodista Jorge González Valdez de incitar al odio y la violencia.

La sentencia en su contra es el pago de 2 millones de pesos por presunto daño moral contra colaboradores de la gobernadora, Layda Sansores, además de prohibirle, por orden judicial, ejercer la actividad periodística. Sin duda un exceso.

Tal parece que la tentación de controlar a los medios de comunicación y a quienes ejercen la libertad de expresión es muy grande en los gobiernos de la 4T, pues ahora se suma Puebla, donde el Congreso local aprobó la Ley de Ciberseguridad.

Recientemente la presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política de esa entidad, Laura Artemisa García Chávez, sostuvo que las reformas no buscan coartar la libertad de expresión, sino proteger a ciudadanos de a pie, especialmente a menores de edad que son víctimas de acoso o bullying reiterado a través de redes sociales.

Incluso adelantó que pueden adecuarla para que los periodistas queden exentos de las sanciones por ciberasedio. De ser esa su intención, ¿por qué no lo hicieron desde un principio?

García Chávez añadió que “los temas que se quieran aclarar en el tema específico de la libertad de expresión, de periodistas o de quienes informan y ocupan los medios, claro que estamos abiertos a verlo de manera separada”.

No obstante, dejó claro que con la nueva ley la Fiscalía General de Justicia estatal tendrá un papel importante para hacer investigaciones exhaustivas y evitar que el delito se aplique contra activistas o víctimas de violencia que denuncian públicamente a sus agresores.

La presión de los diversos grupos de periodistas ha hecho recapacitar a los legisladores de Puebla, sin embargo, sigue latente el acecho contra la libertad de expresión.

Basta señalar, de acuerdo con la organización Artículo 19, en el sexenio anterior se registraron 158 casos de acoso judicial contra periodistas, es decir, de dos a tres procesos por mes, en el que los demandantes lo mismo son autoridades de los diversos niveles de gobierno, empresarios y figuras públicas con vínculos gubernamentales, cifra que al paso que vamos pronto podría ser superada en el presente sexenio.

 

PREOCUPACIÓN POR ACOTAR LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN: JANINE OTÁLORA

Incluso desde el Poder Judicial se han levantado alertas.

En entrevista con Radio Fórmula, la magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Janine Otálora, manifestó su preocupación por los intentos de acotar la libertad de expresión, particularmente la que ejercen medios y ciudadanos.

La creciente utilización de mecanismos judiciales contra comunicadores también es motivo de preocupación para organismos internacionales.

Jan-Albert Hootsen, representante en México del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), alertó sobre un aumento de entre 25 y 30% anual en demandas por daño moral, calumnia o violencia política, muchas veces sin sustento legal.

“Estamos viendo cómo se judicializa la opinión y se inhibe el ejercicio periodístico. Eso tiene efectos directos en la libertad de expresión”, dijo Hootsen.

 

TENEMOS LA MAYOR LIBERTAD DE EXPRESIÓN: SHEINBAUM

La Presidenta Claudia Sheinbaum dijo en su Mañanera del Pueblo que su gobierno defiende la libertad de expresión y criticó que los señalamientos sean en contra de Morena.

“Son dos temas que los han levantado como si fuera que ahora Morena quiere censurar o que ahora los que venimos de Morena queremos censurar cuando hay la mayor libertad de expresión de la historia, no se censura a nadie”, declaró.

Sheinbaum asegura que la ley del ciberasedio en Puebla está relacionada con el ciberacoso, “en un sentido muy amplio”, pero afirmó que hay reglas similares en estados como Nuevo León y Coahuila.

Además, afirmó que ha habido una “crítica misógina” contra la gobernadora Layda Sansores.

“Una ley que era de ciberacoso, que no tenía que ver con la crítica al gobernado, pero que es indispensable todo el problema del ciberacoso, discutirlo particularmente contra las mujeres, de ahí viene la ley Olimpia. Y el tema del nivel de crítica a una mujer por ser mujer, por cómo te vistes, por cómo hablas, por cómo te pintas, es importante discutirlo”, añade.

La Primera Presidenta puntualiza que defiende la libertad de expresión en el país y afirma que los periodistas y medios no han sido objeto de censura.

“Hablan de que se acabó la República, que hay antidemocracia, que el gobierno censura, ahora todos traen ‘censura, censura’. Nadie lo censura a ellos, pero hablan de censura como retahíla (…) ¿En qué momento cualquiera de los que escribe ha sido censurado?”, cuestiona la Mandataria Sheinbaum.

 

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Los “motivos personales” de Ulises Lara

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Sólo duró seis meses en la FGR * Los escándalos mediáticos en los últimos días provocaron que se rompiera el hilo por lo más delgado * Mucha presión por los casos Gilda Susana Lozoya Austin, Ken Salazar y el piloto apodado “El Jando”

 

ALFREDO IBÁÑEZ

 

Ulises Lara, el hombre que le hacía el “trabajo sucio” a la titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy Ramos, se fue “por motivos personales”, pero más bien lo corrieron de esa dependencia donde desempeñaba dos cargos: De vocero y ser fiscal Especial en Investigación de Asuntos Relevantes.

 

En teoría, tener dos funciones le debió redituar doble salario, es lo más normal dentro del marco de la Ley Federal del Trabajo.

Pero bueno, eso es otro tema, pero retomando el caso de Ulises Lara, les comento que al interior de esa dependencia  se da a conocer que el polémico “hombre de letras” -que obtuvo sus títulos de licenciatura y doctorado de manera turbia y rápida en escuelas “patito”, como es el Centro Universitario Cúspide, cuyo director sirvió como chofer a su excuñado Martí Batres Guadarrama, actual director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)- tuvo diversos roces con los altos mandos de la FGR, lo que obligó su sorpresiva y repentina salida.

 

LOS CASOS QUE PROVOCAN EL CESE

Recientemente tres casos han tensado el ambiente en esa dependencia que sirve de escudo a personajes pertenecientes al crimen organizado, así como a políticos de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) de alto nivel que son señalados de tener nexos con el narcotráfico.

Uno de ellos es el referente al exembajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, a quien Ernestina Godoy acusa de mentir en el caso del secuestro y entrega del narcotraficante Ismael “El Mayo” Zambada, luego que se conociera que el FBI participó en el operativo.

La fiscal Godoy Ramos -presuntamente independiente, pero que en la realidad sólo obedece las instrucciones que le dictan desde Palacio Nacional-, de forma amenazante, soltó que los hechos constituyen violaciones graves al Derecho Internacional y amagó con proceder contra Salazar.

Ya entrada en detalles, y encarrerada con el tema, enarboló sus conocimientos jurídicos -que por cierto sólo aplica a los contrarios a la 4T- y dijo:

“Nos encontramos frente a una investigación muy compleja, además de la trascendencia natural de este hallazgo para las investigaciones; de confirmarse dicha acción, se estaría frente a una serie de posibles violaciones graves.

“Un pacto al margen de la ley, así como una mentira de un diplomático estadounidense, significa una transgresión al principio angular de la buena fe en las relaciones diplomáticas, previsto en diversos tratados internacionales”.

En resumen, la titular de la FGR y el gobierno federal tomaron como bandera el caso del Mayo Zambada para contraatacar a la administración de Estados Unidos, el cual insiste en afirmar que el narcotráfico manda en México y ha pedido la detención de diversos políticos morenistas, entre ellos el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

Otro asunto que ha puesto en evidencia el pésimo desempeño de Ernestina Godoy es la liberación de Gilda Susana Lozoya Austin, hermana del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, a quien acusa de lavado de dinero por el caso Agronitrogenados.

Durante una audiencia que duró más de 9 horas, la FGR no pudo sostener sus acusaciones, pues cada una de las pruebas que presentó fueron desechadas, por lo que se quedó con las ganas de ponerla tras las rejas.

El tercer caso es el relacionado con la aprehensión y entrega a Estados Unidos del piloto de Los Chapitos y quien llevó al Mayo Zambada a ese país, el ya famoso Alejandro Ojeda Ávila y/o Mauro Alberto Núñez Ojeda, alias “El Jando”.

La andanada de críticas hacia Godoy arreció en los últimos días una vez que se conoció que tuvo que transcurrir casi un año para que en esa dependencia se dieran cuenta que “El Jando”, expulsado del país en agosto de 2025, es nada más y nada menos que el hombre que trasladó a bordo de su avioneta al poderoso narcotraficante Ismael El Mayo Zambada.

Tanto la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, se hacen a un lado y le lanzan la “papa “caliente a Godoy Ramos, quien ante la adversidad demuestra de manera sistemática su incapacidad para estar al frente de esa dependencia.

En respuesta a la presión política y mediática, recientemente respondió con un comunicado de prensa en el que advierte que en agosto de 2025 -“El Jando”- fue entregado a Estados Unidos con otros 25 delincuentes de alta peligrosidad, con fundamento en la Ley de Seguridad Nacional.

Añadió que -en junio de 2026- ella y su equipo encontraron en las carpetas indicios en coincidencia de voz y huellas dactilares con el piloto que trasladó el 25 de julio de 2024 a Ismael “N” y Joaquín “N”, de Culiacán, Sinaloa, a Nuevo México, en Estados Unidos.

A manera de excusa, y para intentar suavizar su error al desconocer que “El Jando”, personaje clave en el secuestro de Ismael Zambada, fue quien lo llevo a EU, dio a conocer que su entrega no extingue las investigaciones y que puede solicitar nuevas diligencias mediante los mecanismos de asistencia jurídica entre ambos países.

Ya es muy tarde para rectificar, está concentrada en defender a los políticos de Morena señalados de nexos con el narco y no se da tiempo para cumplir con sus funciones como titular de la FGR.

Tuvieron en sus manos a “El Jando” y lo entregaron a Estados Unidos, así que a otra cosa mariposa, pues ya nada pueden hacer.

En medio de la larga lista de desaciertos de Ernestina Godoy, entre los que está el caso de Rubén Rocha Moya, se anunció el despido de Ulises Lara, renuncia para decirlo de manera diplomática.

Lara es un personaje de todas las confianzas de Ernestina Godoy, quien le confirió encargos delicados como fue el rescate del exgobernador de Chihuahua, Javier Corral, de los agentes anticorrupción de ese estado para que ejecutaran la orden de aprehensión que tenían en su contra.

El nerviosismo asoma en esa dependencia y los casos se acumulan en el escritorio de Ernestina Godoy Ramos.

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Gran escándalo rodea a la administración mexiquense

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Fuerzas federales detienen al coordinador general de Gobierno de la zona sur-sureste del Estado de México * La pregunta que surge en espera de respuesta: ¿Quiénes eran los cómplices de Lino Rodríguez González? * El secretario general de Gobierno, Horacio Duarte, tiene mucho que explicar sobre el caso

 

ALFREDO IBÁÑEZ

 

Gran escándalo sacude a la estructura del gobierno del Estado de México que encabeza la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, tras ser detenido por las fuerzas federales un político prominente en la administración estatal de Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Resulta que el capturado es, nada más y nada menos, el coordinador general de Gobierno de la zona sur-sureste del gobierno estatal, Lino Rodríguez González, acusado de secuestro y delincuencia organizada.

Un personaje que -dentro de sus funciones- tenía como misión el servir de enlace entre los alcaldes de esa región con funcionarios estatales de alto nivel y con la propia gobernadora, además de participar en las mesas de seguridad, cuyo fin es establecer las estrategias en coordinación con los tres niveles de gobierno para abatir la delincuencia.

La zona en la que operaba el detenido es considerada de alta peligrosidad, debido a la presencia y operación de grupos criminales que tienen sometidas a miles de familias de diversos municipios.

Tras su detención, la mandataria estatal Gómez Álvarez no se ha pronunciado al respecto, pese a la gravedad del asunto.

No es poca cosa que un político cercano a ella fuera detenido -señalado de presuntos nexos con el narcotráfico- por personal del Ejército Mexicano, de la Marina, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), que preside Omar García Harfuch, y de la Fiscalía General de Justicia estatal, sin embargo, evade el tema cuando debiera pronunciarse porque se lleve a cabo una investigación rigurosa, a fondo, para conocer quién o quiénes están coludidos.

Posiblemente no le conviene que se conozcan los nombres de los cómplices de Lino Rodríguez González, y es que prácticamente es un hecho que no operaba solo y que un funcionario prominente del gabinete de la gobernadora Delfina Gómez le asignó esa responsabilidad.

Para empezar, ¿quién era su jefe inmediato?, ¿a quién le rendía cuentas?, bueno, pues se supone que al subsecretario general de Gobierno, Alejandro Viedma Velázquez, un joven con dudosa capacidad en la administración pública, pero que se ha sabido proteger con la sombra de los equipos de poder, como es el Grupo Texcoco, de ahí que ahora es parte de los funcionarios de élite de la gestión estatal.

Dentro de sus máximos logros está haber sido delegado municipal en su tierra natal, Texcoco, y sorpresivamente diputado federal.

Lo interesante es que pertenece al gremio de Horacio Duarte, su jefe inmediato, al que le da explicaciones de sus actos del cargo conferido, a quien obedece en todo, no por nada ha escalado hasta el cargo que ahora desempeña.

Del secretario general de Gobierno, qué se puede decir, lo que está a la vista de todos, que nunca ha ocultado sus pretensiones de ser el próximo gobernador de la entidad, todos los días teje alianzas con los diversos sectores, con legisladores, con alcaldes.

Para lograr su anhelo, se vale de operadores políticos de las diversas regiones de la entidad, incluyendo la sur-sureste.

Por cierto, tras conocerse la detención, rápidamente emitió una tarjeta informativa en la que reiteró el compromiso de la administración estatal con la procuración de justicia, por lo que afirmó que se mantendrá la colaboración permanente y el intercambio de información con los órdenes de gobierno.

“Por congruencia y convicción, este gobierno está enfocado en garantizar la rectitud de todos los servidores públicos y colaborar con las autoridades federales en las estrategias de seguridad. Reiteramos nuestro compromiso absoluto en el combate a la corrupción y la rendición de cuentas”, señala Duarte.

Una información breve y escueta que ahí quedó, en las buenas intenciones, porque hasta ahora no se conoce que haya pedido la intervención del gobierno federal para esclarecer el caso. Tal parece que ese comunicado fue para curarse en salud.

Si para algunos funcionarios de la administración estatal, lo pertinente es no hablar de la detención, hay políticos de Morena, que demandan que se abra una investigación profunda para conocer hasta dónde penetró el crimen organizado en la estructura gubernamental estatal o municipal.

Uno de ellos es el diputado local morenista, Octavio Martínez, quien anunció que solicitará la intervención de la Fiscalía General de la República (FGR), toda vez que consideró que el detenido no operó solo.

Recordó que con base en las funciones que desempeñaba, tenía permanente relación con alcaldes y legisladores, por lo que en ese rubro expuso que hay presidentes municipales que pueden ser víctimas de esa estructura delictiva.

Recordó que en esa zona operan grupos criminales ampliamente conocidos, por lo que demandará que las indagatorias de la FGR también alcancen a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), toda vez que ha sido omisa en temas de crimen organizado.

De no ser por la intervención de las fuerzas federales, esa instancia seguiría sin actuar.

Es preciso, dijo, que se indague el trabajo de esa dependencia, debido a que jamás investigó al ahora detenido Lino Rodríguez González, acusado de secuestro y delincuencia organizada.

El legislador adelanta que pedirá la comparecencia del Fiscal General de Justicia estatal ante el pleno del Congreso del Estado de México, para que explique lo pertinente.

Pero no se quedó corto, fue más allá, se pronunció porque se someta a investigación a las personas o a la persona que lo recomendó y que informe bajó qué criterio le confirió el cargo.

Como puede advertirse, y por cuestión de ética, el secretario general de Gobierno, Horacio Duarte, tiene mucho que explicar sobre el caso, pero por ahora no es señalado directamente, y seguramente así quedará, pues en la realidad es el gobernador operativo, sólo que para el 2029 quiere serlo de manera oficial.

¿Pero qué creen? Sus compañeros de Texcoco, aquellos que lo conocen plenamente, los mismos que le van a disputar la candidatura a la gubernatura, saben cómo se maneja y en su momento harán valer la información de la que disponen. Estaremos pendientes, estimado lector.

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En entredicho la unidad de Morena

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Crecen las pugnas internas en la lucha por el poder * Las fisuras guindas “florecen” por los señalamientos de corrupción y narcotráfico provenientes principalmente de Estados Unidos * Morenistas mandan al carajo “no mentir, no robar y no traicionar” * La maestra Delfina Gómez “enseña” el cobre y es “reprobada” por la ciudadanía mexiquense

 

ALFREDO IBÁÑEZ

 

La unidad de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) está en entredicho, así lo dejó ver la publicación que hiciera el diario estadounidense The New York Times.

Resulta que, en días pasados, en un amplio reportaje, informó que gobernadores y legisladores de ese partido se han convertido en informantes de la administración de Donald Trump.

La presunta cohesión que mantiene el partido guinda presenta fisuras, derivadas no sólo de las pugnas internas por la lucha del poder, sino especialmente por los señalamientos de corrupción y narcotráfico provenientes principalmente de Estados Unidos.

En público los políticos de Morena guardan las apariencias y cierran filas en torno a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien enarbola la bandera de la soberanía nacional para negarse a que se abran las correspondientes investigaciones en contra de diversos morenistas señalados de pertenecer y operar para el crimen organizado.

Pero sus posturas cambian cuando están lejos del escrutinio de la opinión pública y reconocen que ese papel de defensor de las causas difíciles ha provocado severos daños en la credibilidad de ese instituto político que, de acuerdo con su fundador Andrés Manuel López Obrador, se debería regir por los principios de “no mentir, no robar y no traicionar”, los cuales -como puede advertirse- quedaron en buenas intenciones.

Cada vez son más notorios los morenistas que no comparten esa actitud de encubrir a gobernadores o legisladores señalados por el gobierno de Estados Unidos de presuntos nexos con el crimen organizado y que incluso se ha traducido en la revocación y cancelación de visas.

Esa discrepancia paulatinamente sale a flote. Ahora le tocó el turno al diario estadounidense The New York Times ventilar que al menos 10 funcionarios de la 4T se han convertido en informantes de la administración del presidente Trump.

El influyente medio de comunicación dio a conocer que funcionarios mexicanos, entre ellos gobernadores y legisladores, muchos pertenecientes a Morena, se habrían acercado a autoridades estadounidenses para ofrecer información sobre otros integrantes del ámbito político.

Añadió que varios de esos acercamientos ya habrían derivado en conversaciones con funcionarios de Estados Unidos.

Con base en las fuentes citadas por The New York Times, algunos de los funcionarios buscarían anticiparse a investigaciones que consideran podrían involucrarlos en el futuro.

La publicación también indica que una iniciativa de la DEA habría consistido en contactar de manera privada a funcionarios mexicanos con el propósito de invitarlos a colaborar en investigaciones relacionadas con presuntos hechos de corrupción y vínculos con el crimen organizado.

La titular del Poder Ejecutivo, Claudia Sheinbaum, como ya es su costumbre, desestimó lo publicado al considerar que se sostiene sobre fuentes anónimas.

Es evidente que ese medio de comunicación estadounidense tiene información valiosa y de primera mano, pero protege a quienes se la brindaron.

Lo público, lo innegable, es que el gobierno del mandatario Donald Trump investiga a diversos funcionarios y políticos de Morena por sus presuntos nexos con el narcotráfico.

Está convencido, así lo ha manifestado en repetidas ocasiones, que en México hay narcopolíticos que tienen pacto con los líderes de las organizaciones  criminales poderosas.

Una de las acciones visibles que ha llevado a cabo su gestión es la cancelación de visas; el siguiente paso será el bloqueo financiero a gobernadores y legisladores involucrados.

Mientras eso sucede, la unidad de Morena se debilita, las discrepancias internas crecen y las elecciones del 2027 seguramente las van a profundizar, ya que está en juego poder y dinero, combinación que tanto anhelan los morenistas.

Por ahora los “soplones”, de acuerdo con el New York Times, ya se acercaron con el gobierno estadounidense, la información que aporten es oro molido para Trump, quien espera el momento perfecto para hacerla valer y llevar ante la justicia a más de un político del partido en el poder.

 

DELFINA GÓMEZ, REPROBADA POR LA CIUDADANÍA MEXIQUENSE

La administración de la maestra Delfina Gómez Álvarez, gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, genera opiniones encontradas entre la población.

A casi tres años de su gobierno, para las casas encuestadoras es una de las mejores evaluadas a nivel nacional al colocarse en el sexto lugar con el 64.5 por ciento de aprobación.

Sin embargo, ciudadanos de a pie la reprueban, le critican su escasa respuesta en temas como seguridad, infraestructura, desempleo y salud, sin olvidar la protección por omisión o complicidad que brinda a gobiernos municipales que de manera reiterada cometen agravios contra la población, como es el caso de algunos alcaldes del Partido Acción Nacional (PAN).

No es la estadista que requiere la entidad para resolver los grandes problemas que la aquejan.

Su gabinete tampoco está a la altura de las necesidades de los mexiquenses, y como pintan las cosas seguramente su gestión va a transcurrir sin pena ni gloria.

El Estado de México se caracteriza por su enorme poder político y económico, lo que por décadas ha permitido que quienes lo gobiernan de inmediato sean considerados como presidenciables.

Después de diversos intentos el otrora Grupo Atlacomulco ganó la Presidencia de la República a través de Enrique Peña Nieto.

Esta vez la gobernadora luce lejos de esa pretensión, por ahora no tiene los elementos para aspirar a la primera magistratura del país, se le va la oportunidad la maestra al “enseñar” que no tiene las cartas credenciales al máximo puesto en la política.

Todavía tiene tiempo para un mejor desempeño, pues los mexiquenses que la favorecieron con su voto para terminar con el PRI aún están a la espera del cambio que prometió, pero eso implica sacudirse a esos colaboradores suyos, buenos para la politiquería, pero pésimos para gobernar. Estaremos pendientes.

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