A construir la paz, principal encomienda de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo * Es alentador que la Estrategia Nacional de Seguridad inicia con el pie derecho al lograr resultados concretos e importantes

MARCO ANTONIO FLORES***

Enorme reto y gran esperanza de que Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), logre la construcción de la paz en México.

Encuestas y estadísticas más serias demuestran que la seguridad y la paz es el tema que más preocupa a 130 millones de mexicanos.

Es alentador que la Estrategia Nacional de Seguridad (ENS) inicia con el pie derecho al lograr resultados concretos e importantes.

A treinta y nueve días del inicio de este gobierno, García Harfuch informa que, al hacer un balance estadístico de los últimos años, hay una tendencia de disminución de los delitos de alto impacto.

La tendencia ocurre pese a que el homicidio doloso alcanzó la cifra de 200 mil recientemente. La herencia en esta materia, de al menos cuatro sexenios, es un gigantesco deterioro nacional que ha crecido con el avance y multiplicación de grupos y cárteles delictivos en al menos la tercera parte del territorio nacional, según los altos mandos del Ejército norteamericano.

Por ello, en el informe del titular de la SSPC es significativo observar los resultados -en menos de 2 meses- del cambio de estrategia: 42 toneladas de droga confiscada; 400 mil pastillas de fentanilo; 3 mil detenidos y mil 300 armas confiscadas.

Entre estas acciones destaca el decomiso de 3 toneladas de cocaína y la detención de 9 personas a bordo de un navío que la transportaba en las costas de Guerrero, el pasado 3 de noviembre.

Tan solo este decomiso tiene un valor de 105 millones de dólares, si consideramos que en Nueva York el kg de cocaína alcanza los 35 mil dólares. Este nivel de logros hacía años que no se tenían en México.

A LA BAJA LA INCIDENCIA DELICTIVA DE ALTO IMPACTO

La maestra Marcela Figueroa, secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante la Mañanera del Pueblo, en el informe de Seguridad, destacó lo siguiente: “En materia de tendencias en la incidencia delictiva de alto impacto, es decir, de los delitos de homicidio doloso, feminicidio, lesiones dolosas por arma de fuego, secuestro, extorsión y robos con violencia en sus diferentes modalidades, como son robo a transeúnte, de vehículo, a transportista y casa-habitación, se identifica que se tiene una disminución en el promedio diario entre 2019 y 2024 de 37.2”. También informó: “En lo que respecta al estatus de las entidades del país, respecto a los homicidios dolosos, el 50% de estos se sigue concentrando en 7 estados: Guanajuato, que concentra el 10.3% nacional; Baja California, 8%; Estado de México, 7.6%; Chihuahua, 6.7%; Jalisco, 6%; Guerrero, 5.9%, y Nuevo León, 5.4 por ciento.

Para lograr consolidar la ENS, en días pasados el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana acudió a un encuentro con representantes de los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados con el fin de presentar las reformas constitucionales que permitirán sentar las bases normativas para el cumplimiento de la ENS.

Explicó las reformas que forman parte de este proyecto que busca fortalecer las capacidades de investigación para reducir los índices de violencia y combatir la impunidad. Destacó que con estas modificaciones se mejorará la eficiencia de las investigaciones y las detenciones, así como la judicialización efectiva y la obtención de sentencias condenatorias privilegiando el uso de la inteligencia sobre la fuerza.

Es por ello que se planteó una modificación al Artículo 21 de la Constitución Política, que permitirá realizar funciones de investigación de delitos con las demás instituciones de seguridad, siempre bajo la conducción y mando del agente del Ministerio Público, además de reforzar que la SSPC coordinará y dirigirá la ENS, así como el Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Seguridad Pública.

Asimismo, se propone la reforma a 14 de las 27 fracciones del Artículo 30 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con el fin de establecer de manera amplia y clara las funciones y alcances en materia de investigación y persecución de los delitos con base en la inteligencia, información estratégica, análisis, colaboración, operaciones especiales y el aprovechamiento de la tecnología, además de que la SSPC realice funciones de coordinación con policías estatales cuando así se requiera.

Adicionalmente se plantea la creación de la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en materia de Seguridad Pública, con la cual se establecerá un marco jurídico que posibilite la obtención y uso de información para el combate de la delincuencia, sobre todo de la investigación y persecución de los delitos de alto impacto.

Con estas reformas, se busca fortalecer las capacidades de las instituciones de seguridad del Gobierno de México para dar cumplimiento a los cuatro ejes de la ENS.

EFICAZ EN LA CDMX

Para nadie es desconocido que, en el gobierno de AMLO, con excepción de la CDMX, en todo el país los resultados fueron desastrosos.

Las acciones que puso en marcha García Harfuch probaron su eficacia y ahora las replicará y extenderá en el plano nacional y federal.

En la CDMX, explicaba lo siguiente: “Cambiamos la forma de operar de la policía, ya que siempre había sido preventiva y solo era posible capturar delincuentes en ‘flagrancia’. Lo que se hizo fue enviar una iniciativa al Congreso para que la SSPC tuviera la facultad de investigar y con ello se logró dar seguimiento, desde que ocurre el delito hasta la detención”.

Es muy alentador que el gobierno de Claudia Sheinbaum está llevando a cabo una nueva, inteligente y creativa política en seguridad, con las reformas legales necesarias para incluir en sus investigaciones y capturas, una estrecha coordinación con la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional, Ejército y Armada, así como con los gobiernos estatales.

Para evitar la “puerta giratoria”, Omar García Harfuch ha subrayado la importancia del Ministerio Público, cuya función es fundamental y consiste en el “esclarecimiento de los hechos” a través de una sólida investigación que dé sustento a la acusación.

De su desempeño depende que existan datos y razones con pruebas válidas y transparentes, que en el juicio darán soporte al juez.

También una investigación sólida dará soporte a una explicación clara y persuasiva, no sólo para la víctima, también para el imputado (presuntos delincuentes) y la sociedad.

La consigna de “Abrazos y no balazos” fue un rotundo fracaso que propició que el Ejército, Marina y Guardia Nacional debieran soportar humillaciones de delincuentes, con tal de abrazarlos y no atacarlos, ni aún en el caso justificado del uso legítimo de la violencia, como potestad exclusiva del Estado.

Se abre la esperanza y la certeza de que en México vendrán mejores tiempos de seguridad y paz, combate eficaz a la impunidad, una mejor impartición de justicia penal y el fortalecimiento del ansiado Estado de Derecho.

Sin seguridad no hay transformación, ni mayores inversiones para el crecimiento económico. Sin seguridad se cancela el futuro y la viabilidad de México como nación.

NADIE MEJOR QUE GARCÍA HARFUCH

Para bajar los índices delictivos que azotan al país, nadie mejor que Omar García Harfuch. Ya lo demostró en su paso como titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la capital, en donde cumplió con la encomienda que le asignó la entonces jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum.

Durante su gestión de cuatro años como responsable de la SSC capitalina, García Harfuch fue destacado por Sheinbaum por los logros en materia de seguridad y por bajar los índices en delitos de alto impacto.

Omar García, por su preparación académica y profesional, es el personaje ideal para combatir la delincuencia organizada a todo lo largo y ancho del territorio nacional, un legado que le dejaron los gobiernos anteriores.

García Harfuch tiene la alta estima, confianza plena y la esperanza de millones de mexicanos para combatir de formar eficaz la ola de violencia que azota al país, la principal encomienda que tiene asignado por parte de la Presidenta Claudia Sheinbaum. Que así sea, los ciudadanos se los agradecerán.

***Académico y consultor.

Crisis constitucional y económica * Juan Luis González Alcántara Carrancá, ministro ponente, señala: “Tengo esperanza en que la Presidenta reflexione, estamos de acuerdo en muchas cosas. Esto tiene que cambiar; yo he buscado a Adán Augusto y a los líderes de Morena”

MARCO ANTONIO FLORES***

El martes 5 de noviembre de 2024 sesionará el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en un último intento por hacer valer su misión fundamental de ser tribunal constitucional, que significa velar, para que, aún, en las reformas constitucionales se respeten los principios fundamentales (cláusulas pétreas), los derechos humanos y garantías individuales consagradas en la Carta Magna.

Juan Luis González Alcántara Carrancá, ministro ponente, señaló: “Tengo esperanza en que la Presidenta reflexione, estamos de acuerdo en muchas cosas. Esto tiene que cambiar; yo he buscado a Adán Augusto y los líderes de Morena”.

Imagínese lo que significa para México destruir un sistema judicial que lleva casi dos siglos, para saltar al abismo a experimentar uno nuevo, motivado por una venganza personal (del Poder Ejecutivo) y un evidente “afán controlador” del partido en el poder.

Desde la Constitución de 1824, cuando José María Morelos y Pavón propuso incluir en el Acta Constitutiva del país los principios fundamentales de nuestro sistema de gobierno: Ser una República democrática, representativa y federal. Se adoptó el principio de la división y separación de Poderes con la ineludible independencia dentro de su unión.

El Poder Judicial nació independiente y para asegurar su libertad se adoptó el principio de la inmovilidad judicial; hoy, después de 200 años, ese basamento de nuestro régimen democrático constitucional fue abolido de un plumazo por obra y gracia de una mayoría legislativa ciega y sometida al Ejecutivo federal, ignorante de nuestra historia.

RENUNCIA Y POSTURAS

Con la inédita renuncia de ocho ministros al supremo tribunal constitucional y con el cese de casi 2 mil jueces y magistrados se ha consumado un auténtico golpe de Estado contra uno de los pilares de nuestra convivencia democrática.

En las renuncias que presentaron los ministros de la SCJN, la última semana de octubre de 2024, se expresan su desacuerdo con la reforma judicial y su pesar por lo que ésta representa.

El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá señaló en su renuncia: “Me equivoqué al creer que prevalecería la razón sincera y libre por encima del clamor de las pasiones”; la ministra Ana Margarita Ríos Farjat dijo: “La reforma impone una disyuntiva que considero impropia… Para mantener mi espacio de dignidad y libertad personal y como parte de ese rechazo, opto por no aceptar, bajo tales condiciones y llegado el momento, el pago de la cantidad de dinero mensual a la que tengo derecho como futura integrante en retiro de este tribunal constitucional”.

La ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández expresa: “Esta renuncia no implica mi conformidad con la separación del cargo para la que fui designada originalmente hasta el 10 de diciembre de 2030, sino un acto de congruencia y respeto al texto constitucional que hoy nos rige”; el ministro Javier Laynez Potisek comenta: “Hago de su conocimiento mi declinación para participar en el proceso electoral extraordinario 2024-2025…”.

El ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena señala: “Renuncio… me permito al dejar este puesto y hacerlo con la serenidad de haber sido fiel a los principios constitucionales que guían esta labor”; el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo dijo: “Después de más de cuarenta años de carrera judicial, con  la convicción de siempre haber desempeñado mis funciones con la independencia, honestidad, imparcialidad, objetividad, excelencia y entrega que son necesarias en la actividad jurisdiccional, sin que implique un acto de claudicación o conformidad de mi parte…”.

Luis María Aguilar Morales expresa: “El ejercicio de este cargo he procurado siempre velar por la justicia y por la protección de los derechos humanos de todo habitante de nuestro país”; el ministro Alberto Pérez Dayán comenta: “Expreso a ese Senado de la República mi declinación a la candidatura al proceso electoral extraordinario 2024-2025”.

EL 5 DE NOVIEMBRE, DÍA ‘D’

Ya aprobadas en forma precipitada y sobre las rodillas, tanto la reforma judicial como la mal llamada reforma de “supremacía constitucional”, el pleno de la SCJN votará el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, en el que propone al Tribunal Pleno contestar a las demandas de acción de inconstitucionalidad presentadas por diversos partidos políticos nacionales, un partido político local y la minoría parlamentaria de una entidad federativa.

En esta acción de inconstitucionalidad se impugna la denominada “Reforma Judicial”, publicada el 15 de septiembre de 2024 en el Diario Oficial de la Federación, la cual pretende renovar a los Poderes judiciales Federal y de las entidades federativas y dotarlos de legitimidad democrática.

En el proyecto que presenta el ministro González Alcántara se fundamentan todos y cada uno de sus puntos y se traduce en una valiosa y oportuna propuesta jurídica y política, que contiene una salida conciliadora a la reforma judicial. Plantea básicamente que se elijan a los ministros de la SCJN y a los magistrados del TEPJF, pero no así a casi 4 mil jueces y magistrados de tribunales federales y estatales de todo el país y que representan el basamento de todo el Poder Judicial.

En su proyecto, entre todo su contenido, se destaca lo siguiente: “Según la Constitución, los partidos políticos nacionales tienen legitimación para impugnar normas generales en materia electoral, cuyo ámbito validez sea todo el territorio nacional; La SCJN está facultada para resolver acciones en las que se impugne la constitucionalidad de normas generales. El decreto impugnado contiene normas generales. ¿Por qué analizar la constitucionalidad de una reforma inconstitucional? Nuestra Constitución, vigente desde 1917, es el producto de un pacto federal… y la Corte, como defensora de la Constitución, debe revisar, incluso las reformas constitucionales que contravengan ese pacto.

“Existencia de vicios durante el proceso legislativo. Los procedimientos de todo tipo deben asegurar el cumplimiento de tres elementos esenciales, esto es, la participación de todas las fuerzas políticas en condición de igualdad, la aplicación correcta de las reglas de votación y la publicidad del procedimiento. En el decreto impugnado que tiene como objetivo cesar masivamente a las personas juzgadoras que accedieron al cargo mediante la carrera judicial, así como reducir el salario que actualmente perciben, para dar lugar a la elección de esos cargos por voto popular. En este apartado se propone invalidar ese régimen transitorio por violar las garantías judiciales de inamovilidad del cargo e irreductibilidad de sus percepciones, con el fin de salvaguardar la autonomía e independencia judiciales, lo que constituye un elemento nuclear del régimen democrático para garantizar la división de Poderes y se analizan las disposiciones constitucionales que regulan el acceso a los cargos de personas juzgadoras mediante voto popular.
“Las disposiciones constitucionales que regulan este sistema se invalidan porque se advierte que no existen las condiciones mínimas democráticas que permitan una elección auténtica, dado que no existe certeza en el régimen de postulación de candidaturas y el sistema de listas masivas no permite la posibilidad de ejercer el voto de manera libre e informada, ni de reflejar las preferencias electorales para un órgano jurisdiccional determinado”.

‘SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL’

Especialistas y reconocidos juristas señalan que la reforma de “supremacía constitucional” no aplica en el análisis de la SCJN sobre la reforma judicial en consideración a lo siguiente:1) El transitorio segundo dice: ‘Los asuntos que se encuentren en trámite’, pero el estatus del asunto del ministro González Alcántara Carrancá está en lista para el martes, POR LO QUE YA NO ES UN ASUNTO EN TRÁMITE, por tanto NO le aplica el transitorio segundo de la ‘supremacía’; 2) Principio de irretroactividad de la ley. Aún prevalece el Artículo 14 de la Constitución y en esta parte normativa estipula que NO se puede aplicar la ley de manera retroactiva en perjuicio de ninguna persona.

El proyecto del ministro ESTÁ resolviendo cinco acciones de inconstitucionalidad que presentaron CINCO PERSONAS perfectamente legitimadas para IMPUGNAR ante la Corte la reforma judicial.

Así, la reforma de “supremacía constitucional” (en materia de inimpugnabilidad) lo único que ADMITIERON tácitamente los del Poder Legislativo es QUE UNA REFORMA CONSTITUCIONAL SÍ SE PUEDE REVISAR POR LA CORTE.

La reforma judicial es inconstitucional porque viola cuatro principios: De retroactividad, de progresividad, de legalidad y de seguridad jurídica.

Si -como se espera- la resolución de la SCJN no es acatada por los Poderes Ejecutivo y Legislativo continuará un gran enfrentamiento entre los Poderes de la Unión, lo que nos podría llevar a una crisis constitucional sin precedentes, lo que traería aparejada una crisis económica, se pondría en riesgo el T-MEC y todas las inversiones nacionales y extranjeras.

Adicionalmente el eventual triunfo de Donald Trump agravaría la crisis económica. Sin confianza y reglas claras, no habrá inversión, ni crecimiento económico y tampoco recursos para el bienestar compartido. Seguridad y “Estado de Derecho” son las asignaturas pendientes, que incluye combate a la impunidad, así como impartición y administración de justicia, que corresponde al Ejecutivo.

Urge una reforma integral de la justicia. Hay la esperanza que Claudia Sheinbaum Pardo atienda la invitación del ministro González Alcántara a reflexionar, que actúe como jefa de Estado y gobierne para todos los mexicanos al margen de partidos e ideologías.

La Presidenta Sheinbaum debería poner cimientos sólidos para una auténtica transformación con cambios radicales en las políticas públicas en materia de seguridad pública, salud, educación, economía, procuración y administración de justicia, sustentabilidad, política energética y alimentaria, entre otros.

Avanzar para lograr lo que todos los mexicanos anhelamos: Un México con justicia, democracia y prosperidad compartida. Que así sea.

***Académico y consultor.

En riesgo la República con la reforma de ‘supremacía constitucional * Ricardo Monreal Ávila dio a conocer que la iniciativa la presentaría junto al coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado, Adán Augusto López, sin embargo, el senador se le adelantó, lo que al parecer provocó diferencias y algún roce entre ambos legisladores

MARCO ANTONIO FLORES***

Con la mal llamada “reforma de supremacía constitucional”, la República y nuestro régimen democrático constitucional está en grave riesgo.

Qué pasaría si una iniciativa surgida en el Poder Legislativo ampliara las razones, motivos y procedimientos por las que el titular del Poder Ejecutivo federal pueda ser llevado a juicio político; de facto el Poder Legislativo se convertiría en el megapoder, por encima de los otros dos Poderes.

La referida reforma, al hacer improcedentes los juicios de amparo, la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional contra modificaciones o adiciones a la Constitución Política, así como impedir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y los tribunales revisar las reformas a la Constitución, suprime de un plumazo su misión esencial que es proteger y defender la Constitución Política y velar por la preservación de principios fundamentales como la división de Poderes y la forma de gobierno.

Con esta perspectiva, sin querer queriendo la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo estaría sometida a lo que decida el Poder Legislativo, en donde ahí Ricardo Monreal en San Lázaro y Adán Augusto López en el Senado tendrían el sartén por el mango.

Ese es el gran riesgo y la pregunta que surge es: ¿Entonces quién manda? ¿Monreal? ¿Adán Augusto? ¿Acaso la Presidenta, que la verdad eso ya está en duda?

Se ha creado un gran riesgo que no han medido las consecuencias… y todo por lanzarse a fondo contra la juez Nancy Juárez.

Es de resaltar que la iniciativa inicial pretendía incluir en esta reforma el Artículo 1o. Constitucional y con ello dejar sin sustento la reforma en materia de derechos humanos del año 2011, que colocó el concepto de los derechos humanos y al valor fundamental de éstos que es la dignidad humana, como la base jerárquica superior a todos los ordenamientos jurídicos, y a la par de la propia Constitución, en el marco de los tratados internacionales suscritos por México.

El prestigiado periodista Carlos Loret de Mola señaló que el pasado martes “nos topamos con una iniciativa de supremacía constitucional”, misma que no fue herencia del obradorismo, “no fue idea de López Obrador, no estaba en el paquete de reformas que dejó encarreradas el expresidente, es una propuesta autoritaria 100% Claudia, para que la Suprema Corte no pueda frenar una ley, aunque sea inconstitucional”.

Señala y advierte que “si la mayoría de Morena en el Congreso dice que a partir de mañana las mujeres ya no pueden votar en México, la Suprema Corte no puede decir que eso viola la Constitución y los derechos humanos”.

Y Loret va más a fondo: “Si la mayoría de Morena vota en el Congreso que se expropie de propiedad privada de toda la gente, la Suprema Corte se queda sin herramientas para detener un atraco así”.

Bajo este contexto, agreguemos otro escenario imaginario: ¿Qué pasaría si el Poder Ejecutivo lograra modificar la Constitución para contar con la facultad de disolver el Congreso de la Unión, en determinados supuestos predeterminados?

La decisión de hacer a un lado al Poder Judicial y con ello perder el equilibrio de Poderes, a la larga puede ser un bumerang, que actúe contra cualquiera de los Poderes y resulte en la destrucción de nuestro régimen democrático constitucional, que los mexicanos nos hemos dado desde hace mas de dos siglos.

MONREAL Y ADÁN AUGUSTO MUEVEN LOS HILOS

El pasado martes 22 de octubre de 2024, la iniciativa anunciada en el Senado incluía reformas a los artículos 1o., 103, 105 y 107 de la Carta Magna para que ningún recurso legal interpuesto en el Poder Judicial frene o invalide una reforma constitucional.

Al día siguiente, miércoles 23, Adán Augusto López, coordinador de Morena en la Cámara Alta, presentó una modificación. El senador morenista indicó que retirarían la propuesta de modificación del Artículo 1o. de la Constitución al expresar “Nos vamos a limitar al 103, al 105 y al 107 Constitucional”.

Monreal Ávila dio a conocer que la iniciativa la presentaría junto al coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado, Adán Augusto López.

Sin embargo, el senador se le adelantó, lo que al parecer provocó diferencias y algún roce entre ambos legisladores. Al parecer esta iniciativa con línea presidencial es objeto de disputa para acreditarse un padrinazgo personal.

En tribuna Adán Augusto explicó que “las reformas a la Constitución son la expresión soberana más alta del pueblo de México” y agregó que las mismas son “una decisión política colectiva, revestida de una dignidad democrática especial”.

Sin embargo, habrá que recordar que el principio de “supremacía constitucional” corresponde a la noción de democracia organizada y supone las ideas de legalidad y estabilidad jurídica: La norma que no esté de acuerdo con la Constitución es inexistente; los órganos gubernativos sólo pueden actuar dentro del ámbito que la Constitución les señale.

La Constitución norteamericana de 1787, y posteriormente las francesas de 1791 y 1793, argumentaron ser normas supremas por emanar y ordenarse conforme a la soberanía popular.

Evidentemente, la soberanía popular es un concepto abstracto que sirvió como justificación para configurar la estructura del Estado moderno, sin la cual el desarrollo de las repúblicas y los sistemas constitucionales hubiesen carecido de toda sustentabilidad.

La imposibilidad de dotar de instrumentos que pudiesen percibir la voluntad ciudadana ha sido la razón fundamental por la que la soberanía popular ha ido debilitándose como noción rectora de los ordenamientos constitucionales.
Esta dificultad proviene desde el surgimiento de la soberanía popular, en la que era evidente que el pueblo reflejaba un elemento abstracto y no tangible.

La posibilidad de que el pueblo como tal pueda decidir y ejercer su potestad soberana es una acción que se antoja materialmente imposible, por lo que se tuvo que dotar a los órganos de poder como encargados de ejercer la voluntad soberana, siendo el pueblo el detentador original y permanente de la misma.

En el Artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se estableció desde hace más de dos siglos que “el pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión….”.

Es en la Constitución donde los principios y derechos fundamentales encuentran el espacio idóneo para alcanzar su eficacia y plenitud como factores rectores, teniendo como condición que efectivamente sean fundamentales y no posiciones axiológicas relativas o momentáneas.

La función jurisdiccional, en aras de hacer eficientes y de concretar los contenidos expansivos de los principios fundamentales, fortalece la “supremacía constitucional”, ya que evita la existencia de lagunas o espacios normativos sin aplicación y vigencia.

Es indispensable garantizar no solo la competencia y atribución de los actos de autoridad, sino también la adecuación plena de los principios fundamentales a la realidad.

Una norma fundamental cimentada en la neutralidad o amoralidad no solo es imperfecta, sino que puede producir efectos negativos que mermen la dignidad e integridad de las personas, tal y como ocurrió con algunas de las Constitucionales totalitarias del siglo XX.

La “supremacía constitucional” no es de ninguna manera un concepto que puedan improvisar el Poder Ejecutivo ni el Legislativo en México con propósitos políticos.

La “supremacía constitucional” es un principio inherente a toda forma de vida constitucional. No se puede sostener una visión formalista de la Constitución y de la supremacía, ya que existen aspectos sustanciales, como la primacía de los derechos humanos, que se anteponen como factores prioritarios.

La Constitución Política no será suprema por su carácter de norma fundante, sino que lo será en la medida que se sustente en elementos axiológicos que incidan en la vigencia y protección de los derechos humanos, armonizados con los criterios internacionales en dicha materia, al tiempo que no se trastoquen los principios fundamentales de la división y equilibrio de Poderes de una república federal, representativa y democrática, como lo establece nuestra Carta Magna en su artículo 40. La “República” está en peligro.

Y es que con esta reforma se abre la posibilidad, en términos de la Serie Mundial, de que YSQ o Andy conecten home-run con casa llena (Legislativo) y den la voltereta al juego”.

***Académico y consultor.