Es el líder del cártel inmobiliario en la Ciudad de México, expresa la Ejecutiva federal * Frente a la serie de declaraciones en su contra, el exdelegado en Benito Juárez se defiende de las acusaciones y no se acongoja; en su oportunidad dijo que va a buscar dialogar con el gobierno de la Primera Mandataria CSP

ALFREDO IBÁÑEZ

A Jorge Romero, nuevo dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), no lo quieren ni en su casa, ni en su partido y menos en Morena, pues son diversas las voces que lo señalan de corrupto.

Quienes lo han evidenciado no hablan al tanteo, lo conocen muy bien y saben de qué pie cojea.

Por ahora en el Congreso de la Ciudad de México se aprobó un punto de acuerdo para investigar las acusaciones de corrupción que pesan contra el panista.

Dentro de las figuras que lo han puesto al descubierto por su turbio actuar está el de su compañera de partido, y quien fuera su contendiente en la elección interna del PAN, Adriana Dávila, quien dijo que el proceso careció de transparencia y se recurrió a prácticas antidemocráticas.

Tras dejar en claro su desacuerdo por la forma en cómo se llevó a cabo la elección, sostuvo que se trató de una elección inequitativa en la que se violó la legitimidad.

Jorge Romero, junto con su equipo, recurrió a diversas prácticas para salirse con la suya y apoderarse del PAN, un partido que aun estando en ruinas representa cientos de millones de pesos, y eso sólo por lo que corresponde a las prerrogativas, pero habría que sumarle que dispondrán de la asignación de cargos públicos a su conveniencia, como senadurías, diputaciones federales, locales, presidencias municipales, regidurías, en fin, una larga lista de espacios que representan dinero y poder.

Presuntamente el nuevo líder panista tiene cola que le pisen, está involucrado con diversas carpetas de investigación relacionadas con el tema del cártel inmobiliario, un grupo mafioso que por años ha operado en la alcaldía Benito Juárez y del que hay evidencias es la cabeza.

En su momento la Fiscalía de Justicia capitalina dio a conocer que Jorge Romero se ha beneficiado de la red ilícita que representa el llamado cártel inmobiliario.

Por cierto, otra de las voces en contra del polémico Jorge Romero es nada más y nada menos que la de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En su conferencia mañanera del pueblo, de manera directa lo describió de cuerpo completo; sostuvo que es el líder del cártel inmobiliario en la Ciudad de México.

Horas después del triunfo del panista, al ser cuestionada dijo que lo conoció muy bien en la Ciudad de México, y añadió que el grupo que encabeza ha sido denunciado por constantes actos de corrupción.

La Presidenta Sheinbaum Pardo recurrió al libro del expresidente Felipe Calderón, en el cual “en su libro dice: ‘Jorge Romero de la Ciudad de México, exdelegado de la Benito Juárez, famoso por los casos de corrupción que constantemente empresas extorsionadas revelan. Un amigo suyo y sobrino mío, me relató que dejó de trabajar con él cuando el propio Romero le confesó que asociaciones de ambulantes y otros le representaban a su grupo ganancias de 7 millones de pesos al mes. Con eso, además, había infiltrado el padrón del PAN en toda la ciudad’”.

Frente a la serie de declaraciones en su contra, el exdelegado en Benito Juárez se defiende de las acusaciones y no se acongoja.

En su oportunidad dijo que va a buscar dialogar con el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Adelantó que será una sola vez la que lleve a cabo ese intento, y en caso de ser rechazado tomará las calles de la capital.

“Ofrecemos la mano, ellos deciden si la dejan extendida, allá ellos. Que demuestren lo que quieran demostrar. Si quieren clasificar, como llevan seis años haciéndolo, entre ciudadanos de primera y de segunda, entonces el PAN va a darse su lugar y vamos a alzar la voz”, afirma de manera categórica Romero.

Es evidente el rechazo del gobierno de Morena hacia el panista, como lo es de sus propios compañeros de partido, muchos de los cuales fueron obligados a alinearse en favor del grupo que hoy se ha apoderado del PAN.

Jorge Romero peca de soberbio, no quiere reconocer que no es indispensable para el gobierno federal, no tiene peso político, no representa nada al igual que el resto de los partidos de oposición.

Lo cierto hasta el momento es que es señalado de estar involucrado en el cártel inmobiliario que opera en la alcaldía Benito Juárez, grupo que se ha enriquecido de manera escandalosa, y del cual varios de sus integrantes están en la cárcel; el caso sigue abierto y pueden proceder contra su líder.

Rosario Piedra Ibarra se olvidó de proteger los derechos humanos * La Comisión Nacional privilegia su relación con el poder

ALFREDO IBÁÑEZ

En medio de una gran controversia en breve se llevará a cabo el cambio de la presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), actualmente encabezada por Rosario Piedra Ibarra, la misma que hizo público su interés por reelegirse cinco años más.

Su trabajo al frente de esa institución ha sido duramente cuestionado, incluso desde el mismo día de su designación, toda vez que quedó demostrado que en formó parte de los órganos de dirección de un partido político, como es Morena, situación que derivó en que los presidentes de 28 comités de participación ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) manifestaran su inconformidad y advirtieran que no era apta para ocupar el cargo.

La inconformidad residió en que uno de los requisitos para encabezar la CNDH es no haber ocupado un cargo en un partido un año antes de la elección.

Sin embargo, ese no fue obstáculo para que asumiera la presidencia de ese organismo, la impusieron.  En una instancia donde se defienden los derechos individuales de los mexicanos y que haya atropellos en su proceso de elección es preocupante.

Pero esa no es la única objeción que tiene Rosario Piedra Ibarra, lo realmente grave es su actuación ante instancias y hechos que vulneran los derechos humanos.

Su desempeño frente al poder es tibio y en contraparte ha dejado en el desamparo a quienes acuden a esa dependencia en busca de apoyo para que se haga justicia frente a diversas violaciones.

Son múltiples las quejas que la población afectada ha interpuesto lo mismo contra gobiernos municipales, estatales, la Guardia Nacional, el Ejército mexicano y dependencias del sector salud; no obstante, la respuesta es mínima y muchas veces nula.

Uno de los sectores más golpeados ha sido el de los comunicadores, asesinatos de periodistas es alarmante, los agravios públicos de parte de la propia Presidencia de la República en el sexenio anterior fueron permanentes y jamás ha fijado una postura en favor de los representantes de los medios de comunicación.

La sumisión que muestra frente al gobierno federal es lamentable, cinco años más al frente de ese organismo no es muy halagador ante la difícil situación que atraviesa el país en el tema de derechos humanos.

Recientemente el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez hizo un balance de la gestión de la CNDH en los últimos cinco años y el resultado es deprimente.

De manera detallada señala como el Ejército mexicano y la Guardia Nacional han incurrido en ejecuciones extrajudiciales, han asesinado a diversos civiles.

La instancia que encabeza Rosario Piedra Ibarra en algunos casos se ha abstenido de pronunciarse, no emite alguna recomendación, y cuando ha intervenido ha sido para deslindar a los responsables de sus actos.

Basta señalar dos ejemplos de su proceder: el asesinato de dos jóvenes en Ciudad Jiménez, Chihuahua, en enero de 2023, cuyo caso fue remitido por la Comisión Estatal de Derechos Humanos al organismo nacional.

Otro suceso más, el asesinato de alrededor de 25 personas en el marco de un enfrentamiento en La Concordia, Chiapas, en marzo de 2024, en ambos casos no hubo recomendación, pero sí de manera diligente emitió un pronunciamiento en el que deslindó de los sucesos a los responsables.

Cabe mencionar que instancias como Guardia Nacional, Ejército Mexicano, Secretaría del Bienestar, IMSS, ISSSTE, FGR, SSPC y Semar concentran el mayor número de quejas.

Contrario a lo que se pudiera esperar, de que se pronunciara para evitar ese tipo de violaciones, guarda silencio lo que se traduce en una cifra ínfima de recomendaciones.

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez en su informe señala que, de un total de mil 816 quejas contra la GN, entre 2020 y 2023 la CNDH sólo ha dirigido 13 recomendaciones.

Lo mismo sucede con el Ejército Mexicano, el cual ha sido señalado de manera recurrente de violar los derechos humanos, instancia que a la fecha suma mil 664 quejas, y en contraparte tiene en su haber hasta este año 26 recomendaciones.

Otro ejemplo más de las violaciones a los derechos humanos es la Secretaría de Bienestar, la cual concentra con 4,207 quejas presentadas entre 2020 y 2023; y, sin embargo, durante esta gestión la CNDH sólo ha emitido una recomendación dirigida a esa Secretaría.

El próximo 15 de este mes concluye el periodo de Rosario Piedra Ibarra al frente de la CNDH, es la oportunidad para darle un nuevo sentido a esa instancia, es el momento para que asuma su papel de proteger los derechos humanos de todas las personas, y deje atrás su postura de sumisión frente al gobierno federal en turno.

Rubén Rocha Moya, hundido por sus mentiras * El gobernador sinaloense está vinculado al crimen de Héctor Melesio Cuén y a la traición contra el Mayo Zambada… lo mejor sería que Rocha dejara su cargo, pero se siente protegido con el manto presidencial

ALFREDO IBÁÑEZ

Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, se encuentra en serios problemas, está entre la espada y la pared; su ineptitud para gobernar, así como sus presuntos vínculos con el narcotráfico pronto tendrán un desenlace: el más inmediato es que no termine su gestión, que obligado por las circunstancias deje el cargo.

Por ahora ciudadanos de esa entidad solicitaron ante el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa (IEES) la revocación de su mandato.

El morenista una y otra vez ha sido señalado de proteger a los hijos del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, de poner el gobierno a sus órdenes. En suma, de operar para el narco.

El mandatario estatal también es acusado de participar en la detención del poderoso fundador del Cártel de Sinaloa, Ismael “El Mayo” Zambada.

Como se recordará, “El Mayo”, quien fuera detenido el pasado 25 de junio, dio a conocer a través de una carta que fue convocado por Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo”, a una reunión para ayudar a resolver diferencias entre Rocha Moya y el exalcalde de Culiacán, Héctor Melesio Cuén. Ambos estuvieron presentes, sostuvo en la misiva.

Manifestó que una vez en el lugar fue secuestrado y trasladado en un avión privado a El Paso, Texas. “El Mayo” Zambada puso al descubierto al gobernador Rocha Moya, dejó ver su verdadero rostro y los nexos que sostiene con el narcotráfico.

Pero el turbio entramado en el que está envuelto el gobernador de Sinaloa no termina ahí, pues se presume que en esa reunión fue asesinado su eterno rival, el exalcalde de Culiacán Héctor Melesio Cuén.

Para desvirtuar los hechos y quitar responsabilidad del crimen al gobernador, la Fiscalía de Justicia estatal de Sinaloa recurrió a un burdo montaje, difundió un video en que asegura que el asesinato del exrector fue en una gasolinera, sin embargo, las investigaciones de la Fiscalía General de la República terminaron por derrumbarlo.

La instancia que preside Alejandro Gertz Manero, recientemente dio otro golpe demoledor al caso, pues informó que Cuén fue asesinado en el inmueble donde fue secuestrado “El Mayo”.

“En finca ubicada en Huertos del Pedregal, Culiacán, fueron hallados indicios hemáticos que han sido determinados con toda precisión por las unidades periciales federales, que corresponden al exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, lo cual ratifica la información previamente obtenida, de que en el lugar del secuestro se encontraba dicha persona y que sus huellas de sangre corresponden al tiempo en el que el Ministerio Público de la Federación tiene establecido el momento de su homicidio, el cual ocurrió muchas horas antes del video de una gasolinera difundido localmente”, informó la dependencia.

Como puede advertirse, el escurridizo gobernador de Morena ha tejido una red de falacias para protegerse. No sólo ha negado sistemáticamente que haya asistido a esa reunión, sino que como parte de su coartada ha sostenido que precisamente en esa fecha viajó a Estados Unidos.

Pese a sus esfuerzos por cubrirse con la manta de la pureza, cada una de sus versiones ha ido cayendo. Primero fue señalado por “El Mayo” Zambada de estar presente en la reunión, convocada por el narcotraficante Joaquín Guzmán López; posteriormente el periodista Luis Chaparro denunció que el gobernador no fue a Estados Unidos cuando atraparon a “El Mayo”.

El comunicador lo emplazó a que muestre su pasaporte con el correspondiente sello o bien que dé a conocer una fotografía que pruebe su estancia en ese país.

Para colmo de los males del morenista, hasta ahora ninguna autoridad de Estados Unidos ha certificado que haya estado en esa nación. Las mentiras van en ascenso en tanto se debilita su gobierno.

A casi tres meses de la captura de “El Mayo” y del crimen del exalcalde de Culiacán, en Sinaloa la ola de violencia está imparable, los asesinatos se cuentan por decenas, los enfrentamientos entre “Los Chapitos” y “La Mayiza” tienen a la población sumida en el terror.

El gobernador niega los hechos y se protege con la Presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha pedido no especular sobre el supuesto vínculo entre Rocha Moya y el narcotráfico, específicamente con el Cártel de Sinaloa e incluso se pronunció porque se presenten las pruebas, en caso de haberlas.

Rocha Moya es una auténtica molestia para Morena, para la población de Sinaloa y para el propio narcotráfico. Recientemente “La Mayiza”, a través de volantes, lo acusó de proteger a Los Chapitos y le declaró la guerra.

La petición de los ciudadanos ante el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa (IEES) para que le sea revocado su mandato puede ser la salida más viable para el gobernador, es inocultable que su gobierno hace daño a la paz en esa entidad.

Y ROCHA SE ENGALLA: “¡CLARO QUE SIGO SIENDO GOBERNADOR!”

Muy seguro, pero con cierta molestia, Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, rechazó renunciar al cargo y que su gobierno se encuentre rebasado por el poder del crimen organizado en el estado.

“¡Claro que no! ¡Claro que sigo en el cargo!”, reprochó a la pregunta directa.

“¿Cuáles son las voces que piden mi renuncia? Las que tienen deseos, pero no es un problema de deseos, ¡claro que no! Es un problema de los sinaloenses”, sostuvo.

En una visita “de cortesía” a la Cámara de Diputados, Rocha Moya también rechazó que haya excesos en la actuación de las fuerzas militares.

“Yo creo que no, habría que revisar caso por caso, porque las Fuerzas Armadas han estado cuidando mucho el tema de los derechos humanos y están trabajando bien. En general tenemos que ver los casos y esos se examinan de manera particular”, señaló el mandatario local.

Luego de visitar también a los senadores de Morena, acudió a una reunión privada con diputados de la 4T en San Lázaro, donde le expresaron su “total apoyo”.

“Vengo a conversar con mis compañeras y compañeros diputados del movimiento de la Cuarta Transformación. Por supuesto, vengo a comentarles cuál es la situación que tenemos en Sinaloa”, señaló el gobernador Rubén Rocha Moya.

“Que no es inédito. En Sinaloa han ocurrido en otros momentos que los grupos delincuenciales se confrontan y nosotros estamos haciendo lo nuestro ahora”, explicó.

No obstante, admitió que “es un momento difícil, que tiene la atención debida del Gobierno de la República y de mi gobierno. Estamos atendiendo por el bien de los sinaloenses esta situación complicada”.

También justificó que “todo esto viene desde el 25 de julio con la detención de ‘El Mayo’ Zambada”.

Se abstuvo de comentar las tareas de la Fiscalía General de la República. “A mí no me toca opinar” sobre las conclusiones encontradas en la Fiscalía General de la República contra las de la Fiscalía de Justicia Estatal. “Contaminaría yo el tema de la investigación”, añade.

El gobernador de Sinaloa recordó que pidió al entonces presidente Andrés Manuel López Obrador y a la Presidenta Claudia Sheinbaum, que el caso lo atrajera la Fiscalía General de la República.