Grupos de choque, contratados bajo la promesa de trabajar en la Cooperativa * Vinculados a proceso diez participantes en la trifulca * ¡Aguas! Ya viene otro ataque de los disidentes
JOVIRA
La violencia de la disidencia, encabezada por Víctor Manuel Velázquez Rangel y José Antonio Marín Gutiérrez, ya sobrepasó todos los límites y ya tuvo consecuencias: la muerte de ocho personas y una docena de heridos.
La madre de uno de los fallecidos ya alzó la voz y expresa que su hijo fue contratado en la Ciudad de México bajo la promesa de trabajar en la Cooperativa de Cruz Azul como elemento de seguridad.
Y es que fueron reclutados para desmantelar una empresa y vigilarían durante un mes las instalaciones… El mismo ‘modus operandi’ que utilizaron para tomar las oficinas de Gran Sur y para apoderase de forma ilegal la planta de Cruz Azul en Lagunas, Oaxaca, en donde por cierto también hubo muerte con la participación de Marín Gutiérrez en su huida de los hechos violentos.
Es así como Velázquez Rangel y José Antonio Marín quieren apoderarse del patrimonio de los cooperativistas, sus ambiciones no tienen límites y ya se vio que son capaces de todo para lograr sus propósitos.
Ahorita tienen de su lado el Poder Judicial y quieren aprovecharse de eso para ser los amos y dueños de la Cooperativa La Cruz Azul.
Saben que el actual gobierno federal ya se va, tienen dos años y si no logran apoderarse de la planta cementera ubicada en Hidalgo, se les vendrá el mundo encima y la situación se les revertirá, pues tendrán que pagar todos los actos de ilegalidad cometidos en contra de los socios cooperativistas.
Y es que las oficinas están tomadas por la disidencia, pero de nada les sirve pues el cemento lo tiene la Resistencia.
EL ABOGADO DEL DIABLO
Los propios trabajadores de La Cruz Azul señalan como artífice de los ataques a Rafael Anzures Ortiz, quien se ha beneficiado de autoridades corruptas para ganar juicios y hacerse de la administración de la Cooperativa, e incluso ya es dueño, al igual que los disidentes, de la planta cementera de Lagunas, Oaxaca, pues le cambiaron la razón social, algo así, en tono de chascarrillo, que la planta de Lagunas pasó de cooperativa a comitiva de la disidencia y de Anzures… ¡Una transacción de mucha corrupción!, por no decir un robo descarado en contra de los socios cooperativistas.
Lo increíble es que las autoridades correspondientes no toman cartas en el asunto y resolver las cosas conforme a derecho.
El grupo de choque contratado por Velázquez y Marín por la ambición de tomar control de la Cooperativa en Hidalgo debe ser castigado con todo el peso de la ley, pues se olvida que la planta con toda la legalidad fue otorgada en posesión y administración por un juez federal a los presidentes de los Consejos legítimos de Administración y Vigilancia, representado por Federico Sarabia Pozo y Alberto López, nombrados en la asamblea del 26 de agosto de 2021.
DIEZ YA SON VINCULADOS A PROCESO
Un juez de control con sede en Tula, Hidalgo, dictó la vinculación a proceso de 10 personas por el enfrentamiento ocurrido en la cementera Cruz Azul que dejó un saldo de ocho personas sin vida y 11 lesionados.
A los imputados, todos originarios de la Ciudad de México y Estado de México, integrantes del grupo de choque, se les dictó la vinculación por los delitos de homicidio en riña, lesiones en riña y daño en la propiedad.
Los imputados han señalado que fueron contratados bajo engaños, únicamente como apoyo al desalojo de una empresa, para lo cual les pagarían 300 pesos.
AHÍ VIENE EL OTRO ATAQUE DE LA DISIDENCIA
Velázquez y Marín no se quedarán con los brazos cruzados, necesitan del cemento de la planta de Hidalgo, pues ya tienen compromisos adquiridos y está en juego el negocio millonario.
Ante esto, los pobladores viven con temor y zozobra ante el peligro latente de un nuevo ataque por parte de los disidentes Víctor Velázquez y José Marín y sus grupos de choque.
Ya trabajadores de la fábrica comentan la presencia de personas extrañas, ajenas a la cooperativa, las cuales rondan la zona industrial de Ciudad Cooperativa Cruz Azul, por lo que viven intranquilos en toda la localidad.
Asimismo, trasciende que han detectado cargas de armamento que son depositadas en domicilios de socios que están con la disidencia, por lo que está en puerta un nuevo asalto violento hacia las instalaciones de la fábrica de cemento, pero esta vez “más grave y más sanguinaria”.
La toma violenta es el sello de la disidencia, pues piensan que por la fuerza se van a hacer del control de la cooperativa, mientras que los trabajadores de la planta hidalguense siempre se han conducido por el camino de la legalidad y por la vía pacífica.
Bajo advertencia no hay engaño, después no digan que no se les avisó, pero las autoridades correspondientes, llámese Fiscalía hidalguense, Omar Fayad, Gertz Manero e incluso el Presidente Andrés Manuel López Obrador deberían tomar cartas en el asunto y resolver por la vía de la legalidad el conflicto de La Cruz Azul.
Que el poder del dinero no se imponga al Poder Judicial.
Arriba García Harfuch al estado para poner orden * La estrategia de seguridad que se aplica para frenar la guerra entre dos facciones del Cártel de Sinaloa no presentará resultados “de la noche a la mañana”
ILDEFONSO PEREYRA
México vive una ola de violencia imparable y el fin de semana pasado fue terrible. Se registraron 236 asesinatos, de los cuales la mayoría recayó en Sinaloa, con casi un 10% del total nacional.
El gobernador Rubén Rocha Moya no da una, viaja a la Ciudad de México en vez de resolver los problemas de su estado y siempre minimiza la situación al señalar que son “problemitas”… si así fuera no viajaría Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Protección Ciudadana (SSPC), a Sinaloa para poner orden, como lo hace en diversas entidades del país.
Llegó diciembre y escaló la ola delictiva en Sinaloa. El domingo 1 fueron vandalizadas 65 cámaras de videovigilancia, que dejaron escondidos actos criminales. Hubo balaceras en varios puntos de la capital y una casa incendiada, Lo que sucedió ese domingo y la madrugada del lunes 2 de diciembre es un cambio de paradigma en la guerra intestina que vive la organización criminal más importante del mundo.
Es innegable que la violencia aumenta por la llegada de las milicias de Ismael El Mayo Zambada, que aún no tiene remplazo como jefe del Cártel de Sinaloa, a la capital del estado, territorio de Los Chapitos, Iván Archibaldo y Alfredo Guzmán, hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, cabezas de la facción que quisieron aprovechar su captura para hacerse del control de la organización. Esto es una prueba evidente de que la captura del Mayo fue un secuestro, más bien una traición de Ovidio… y esto está desatando una guerra interminable entre los Chapitos y Mayitos por apoderarse la plaza.
Las autoridades federales no tienen una estrategia que enfrente a las dos facciones del Cártel de Sinaloa, y están actuando únicamente como contención y disuasión, lo que hasta el momento ha sido un fracaso y las tareas de inteligencia no les han permitido acciones preventivas. Hay más de 2 mil elementos del Ejército y la Guardia Nacional que no han frenado la guerra.
Todo hace pensar que Sinaloa estaba en paz gracias a los hijos del Chapo Guzmán y de Mayo Zambada. La ciudadanía veía hasta cierto punto normal que los hijos del Chapo y el Mayo convivieran en Culiacán, pues había un control de seguridad.
En los cafés políticos se dice que esto fue la molestia del expresidente Andrés Manuel López Obrador, de ahí su reclamo a Estados Unidos, pues la captura de Zambada desencadenaría una violencia terrible.
Afortunadamente ya finalizó la administración de AMLO y ya no tuvo tiempo para entregar la mitad de los municipios del país que aún no tienen bajo su control las organizaciones criminales.
GARCÍA HARFUCH, PRESENTE EN SINALOA
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana descarta vivir en Sinaloa por tiempo indefinido, luego de que la Presidenta Sheinbaum Pardo informó que se trasladó a dicha entidad para coordinar de mejor manera la estrategia de seguridad.
En entrevista con la periodista Azucena Uresti para Radio Fórmula, García Harfuch confirmó que arribó a Sinaloa el pasado 3 de diciembre.
—¿Va a vivir en Sinaloa?, cuestionó Uresti.
”No, yo voy a ir y venir de manera permanente porque la responsabilidad que tengo es nacional. (…) Por supuesto, sí me lo ordena la Presidenta, lo haré, pero quisiera explicar que no es algo que no se haya hecho”, indicó.
Enfatiza que su visita es “lo menos importante”.
“Aquí lo relevante son cientos de militares, marinos y policías que están trabajando y han realizado acciones. Ha habido operaciones todos los días, hoy sería mi tercer día aquí y hemos estado llevando a cabo varias acciones”, añade.
Reconoce que las autoridades no pueden evitar en su totalidad la comisión de actos delictivos y hechos violentos, pero sí pueden trabajar en evitar la impunidad.
“Lo que tenemos que trabajar es prevenir que no sucedan estos eventos”, añade.
Cabe destacar que, el pasado martes, Omar García apuntó que la estrategia de seguridad que se aplica en Sinaloa para frenar la guerra entre dos facciones del Cártel de Sinaloa no presentará resultados “de la noche a la mañana”.
“Se va a resolver, pero no es de la noche a la mañana. Hay un despliegue muy importante de la Secretaría de Defensa Nacional en Culiacán y de la Secretaría de Marina en Mazatlán, y se están reforzando las carreteras para garantizar el tránsito seguro de las personas”, dijo desde Palacio Nacional.
“Nosotros estamos haciéndole combate a la violencia sin importar qué grupo sea”, advierte el titular de la SSPC.
García Harfuch indica que tanto la Presidenta Sheinbaum y él tienen el compromiso de pacificar al país y que trabajan para cumplir con ello.
GUERRA NO SE RESOLVERÁ DE LA NOCHE A LA MAÑANA
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana enfatiza que la guerra interna entre facciones del Cártel de Sinaloa no se resolverá “de la noche a la mañana”. Sin embargo, aseguró que se están realizando despliegues importantes en puntos estratégicos como Culiacán, Mazatlán y carreteras clave, con el objetivo de garantizar la seguridad de los ciudadanos.
Destacó que, aunque es imposible evitar completamente los actos delictivos, el enfoque debe estar en reducir la impunidad y prevenir futuros crímenes.
No hay duda que la violencia en Sinaloa es producto de una guerra interna entre facciones criminales, lo que ha generado un clima de inseguridad en el estado.
El gobierno de Sheinbaum ha apostado por reforzar la presencia militar y policial, pero reconoce que los resultados no serán inmediatos.
CONTRADICCIONES DEL DRON
El primero en hablar del caso fue Omar García Harfuch, quien descartó que se hayan tratado de “coches-bomba”.
En la Mañanera del Pueblo, el martes pasado, dijo que fue una explosión de un dron y no hubo lesionados.
“No ha sido un coche-bomba, al parecer es un artefacto como un tipo dron. Sí hay un vehículo incendiado, no hay heridos, no fue dentro de Culiacán, es municipio de Culiacán pero es un ejido a las afueras, no se registran personas heridas y se descarta que haya sido un coche- bomba”, agrega.
Más tarde, en conferencia de prensa, el secretario de Seguridad en Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, desestimó las declaraciones de García Harfuch y aseguró que todo indica que la explosión fue causada por un incendio en el tanque de gasolina del vehículo.
Mérida Sánchez detalló que se descarta la posibilidad de un coche-bomba debido a las características del daño que sufrió en la unidad que fue encontrada totalmente calcinada.
Sin embargo, horas después, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, contradijo la versión de su secretario de Seguridad estatal, diciendo que la explosión de la camioneta Pick Up se produjo con un petardo con mecha operado por un dron, de acuerdo con el dictamen de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal.
El gobernador agregó que este hecho ocurrido en la madrugada fue revisado y verificado por especialistas en la materia, con lo que se dedujo que se trató del uso de un petardo elaborado con pólvora y mecha que se operó a través de un dron.
Hasta el momento estas son las tres versiones que las autoridades han manejado sobre este nuevo acto de violencia en Sinaloa.
Andy recibe como herencia el partido Morena * Hay elementos que indican que Andrés Manuel López Obrador no dejará la política
ILDEFONSO PEREYRA
Este lunes 30 de septiembre termina la administración de Andrés Manuel López Obrador e inicia al primer minuto del 1 de octubre el sexenio de la primera presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo. Para muchos acaba una pesadilla, pero ¿iniciará otra?
Para muchos expertos en el mundo de la política, acaba el mandato de AMLO y la pregunta que se hace todo México es ¿empezará el maximato?
Será el sereno, pero las señales indican que sí.
Dice el refrán popular: “El que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse”. López Obrador tiene meses despidiéndose.
En sus discursos de despedida ha mencionado cuatro temas centrales: está satisfecho por lo que hizo; el país cambió; se retira de la política para ir a vivir a su rancho; se va tranquilo porque deja una gran sucesora.
Repito, hay elementos que apuntan a que una vez que termine la Presidencia, no dejará la política y se abre el espacio al maximato, para seguir gobernando a un lado o detrás de la Presidenta Sheinbaum Pardo.
En una de sus Mañaneras, dijo que se retiraba a la vida privada, pero que cada vez que lo estimara necesario iba a hacer valer “su derecho a disentir”.
Andrés Manuel ha impuesto al que será el gabinete de la Presidenta Claudia Sheinbaum a una serie de secretarios, entre otros el de la Sedena, la Semar y la Secretaria de Economía, para mencionar algunos.
En días pasados señaló que “regaló” el partido Morena, que fundó en 2011, a su hijo Andrés López Beltrán, el único heredero porque sus otros hijos le dijeron que no les interesaba la política.
Y todo mundo sabe que Andy, incrustado como secretario de Organización, será quién tome las decisiones en las candidaturas de alcaldes, gobernadores, legisladores, etc, y seguramente todo con el aval de su padre López Obrador.
Luisa María Alcalde será la dirigente del partido, pero ella bien sabe que solo es un título, porque la “empresa” tiene dueño y ella no tiene acciones en la misma.
Es así como López Obrador impide a Sheinbaum ejercer una de las más relevantes atribuciones metaconstitucionales del régimen presidencial recién restaurado, que es nombrar a los dirigentes del partido.
Así que AMLO instaura el maximato al tener el control del partido. Los nombramientos serán a través de su hijo y no de la Presidenta Sheinbaum. Los actuales gobernadores, senadores y diputados de Morena -también los hay del PVEM y el PT- fueron puestos por AMLO. Le deben fidelidad. ¿Deberán obediencia a la Presidenta o a quien los puso?
La pregunta que surge es qué hará la Presidenta Sheinbaum. ¿Se someterá a lo que le diga su mentor? ¿Asumirá sin más el maximato?
Lo sabremos con el paso de los días y por lo pronto el primer contacto de Claudia con los medios de comunicación será el próximo 2 de octubre, el día que no se olvida.
“El Villano Favorito” * Todavía resuenan en mi mente las palabras de don Manuel Aguilera Gómez (qepd), exjefe de Gobierno del entonces Distrito Federal y exdirector general del ISSSTE: “La ley en México no se aplica, simplemente se negocia”
JESÚS VIRA
Sorpresas que da la vida. Todo mundo pensaba que sería Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI, el que daría el voto faltante para que Morena tuviera mayoría calificada y pasara la reforma judicial del Presidente Andrés Manuel López Obrador.
Pues no, resulta que el “villano favorito” fue el panista Miguel Ángel Yunes Márquez, hijo de Miguel Ángel Yunes Linares.
Y lo que nadie esperaba: el senador emecista Daniel Barreda no se presentó a la sesión y justificó su inasistencia.
Dicho de otra manera: Ya estaban los dados cargados para que el partido guinda tuviera mayoría calificada y pasara la reforma al Poder Judicial… aunque por equis o zetas razones el tiro al blanco son los Yunes, quienes tienen cola que les pisen.
Al final de la carrera, se colaron en la recta final dos perredistas y un panista, que finalmente se sumaron a los morenistas. Los Yunes ya tienen las puertas abiertas pues ya fueron expulsados del PAN.
Es ‘vox populi’ que los tres personajes principales en los últimos días fueron doblegados a punta de cañonazos de dinero y cargos políticos, además de acuerdos de impunidad. “Votas en favor o atente a las consecuencias”, palabras más, palabras menos, la amenaza del poder presidencial.
Los Yunes, que no son una perita en dulce, pues tienen órdenes de aprehensión y carpetas de investigación que documentan su historial negro, tuvieron que doblarse ante el gobierno.
Miguel Ángel Yunes Márquez, por medio del PAN, logró el fuero para evitar una orden de aprehensión que está vigente, pero no contaba con que si no votaba en favor de la reforma judicial ya tenía la amenaza de que sería desaforado para que enfrentara a la justicia.
No olvidar que su hermano Fernando es considerado un prófugo de la justicia.
Y a Yunes padre se le investiga desde 2016 por irregularidades por el orden de los 3 mil millones de pesos durante su gestión al frente del ISSSTE, de 2006 al 2010.
Trasciende en los pasillos de la FGR que también se le integró en la actual administración una carpeta en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada por operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Por si lo anterior fuera, sobre Yunes padre permanecen las acusaciones de la periodista Lydia Cacho por su presunta participación en una red de pedofilia junto al empresario libanés Jean Succar Kuri y al exgobernador poblano Mario Marín.
Un dato anecdótico es que Yunes Linares era muy enemistado con el gobierno de AMLO, incluso en 2018 lo llamó loco… y ahora el voto de su hijo sirvió para que fuera aprobada la reforma judicial del Presidente.
Quien tiene las acusaciones más graves es Fernando Yunes, exedil de Veracruz: Acusaciones por delito electoral asentadas en la carpeta 638/2024 y por presunto daño patrimonial de las cuentas públicas del 2017 al 2022.
Ante este panorama aterrador, a Yunes Linares no le quedó de otra que aprovechar la oferta de Adán Augusto López, líder de los senadores morenistas, para cesar la persecución judicial contra la familia a cambio del voto para aprobar la reforma judicial.
Esto me trae a colación las palabras de don Manuel Aguilera Gómez, exjefe de Gobierno del entonces Distrito Federal y exdirector general del ISSSTE: “La ley en México no se aplica, simplemente se negocia”.