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CONGRESO DE LA UNIÓN

Paloma Sánchez, una combatiente contra la importación ilegal del camarón

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La Cámara Alta aprueba la iniciativa de la legisladora priísta * La senadora advierte que el contrabando genera desempleo, inseguridad y pone en riesgo la salud pública y la soberanía alimentaria

 

ERIC GARCÍA

 

Con una postura firme y clara, la senadora Paloma Sánchez Ramos, del PRI y originaria de Sinaloa, elevó una exigencia al Estado Mexicano: Detener de inmediato el ingreso ilegal de camarón ecuatoriano que está devastando al sector pesquero nacional y, particularmente, a su estado. En su proposición con punto de acuerdo, aprobada por el pleno del Senado de la República, Sánchez Ramos denuncia un fenómeno que combina crimen organizado, colapso económico y riesgos sanitarios.

El documento, presentado el 4 de marzo de 2025, parte de una preocupación concreta y documentada: el contrabando de camarón ecuatoriano, que se estima en 20 mil toneladas anuales, ha desplazado al producto sinaloense en un 80 por ciento.

Esto no sólo ha dañado los precios, también ha puesto en riesgo más de 900 granjas acuícolas y 20 mil empleos directos.

“Este contrabando está acabando con nuestra producción y dejando sin sustento a miles de familias”, añade.

Paloma Sánchez no llega al Senado con una preocupación abstracta: Representa a Sinaloa, líder nacional en producción camaronera, con más de 115 mil toneladas generadas en 2023, equivalentes al 45% del valor nacional. Pero ese logro está en riesgo por una práctica ilegal que afecta a productores en todo el país.

“Este no es sólo un problema comercial, es también un problema de seguridad nacional”, señala y advierte que el tráfico de camarón está vinculado con redes de delincuencia organizada, lavado de dinero y violencia en regiones fronterizas.

La legisladora priísta propuso una solución concreta: Que el Poder Ejecutivo, en especial la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), coordine esfuerzos con la Secretaría de Marina (Semar) y la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) para fortalecer la vigilancia en puertos, carreteras y puntos de ingreso al país. Esa fue la redacción final aprobada por senadoras y senadores de todas las fuerzas políticas, quienes respaldaron de manera unánime la iniciativa.

La senadora sinaloense denuncia que el camarón ilegal representa un riesgo para la salud pública, ya que ingresa al país sin cumplir normas sanitarias ni fitosanitarias, sin trazabilidad ni control, lo que podría desencadenar crisis de confianza en el mercado interno.

También se alerta sobre el impacto ambiental, pues muchas veces el producto entra al país sin respetar prácticas sustentables de captura, usando redes prohibidas o técnicas depredadoras, lo que afecta la biodiversidad y la reproducción de especies.

“Exigimos condiciones justas para competir. Nuestros productores cumplen con la ley, pagan impuestos, cuidan el medio ambiente. El Estado tiene la obligación de protegerlos del comercio ilegal que destruye todo lo que hemos construido”, sostiene Sánchez Ramos en su iniciativa.

Con esta acción legislativa, la senadora no solo defiende a los pescadores y acuacultores de Sinaloa, sino que va por la soberanía alimentaria, la legalidad y la economía pesquera del país entero.

CONGRESO DE LA UNIÓN

Urge penalizar el reclutamiento del crimen organizado: GPPRI

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Para evitar casos terroríficos como el de Teuchitlán, Jalisco * Piden fortalecer a la Comisión Nacional de Búsqueda para que sea un órgano descentralizado del Poder Ejecutivo * También plantean que debe tipificarse en el Código Penal federal el delito de reclutamiento forzado con penas que van de 15 a 60 años

 

ERIC GARCÍA

 

Ante la grave crisis que vive el país en materia de personas desaparecidas, el grupo parlamentario del PRI, en voz del coordinador Rubén Moreira Valdez, propuso dos iniciativas: Una, para reconocer en la Constitución Política el derecho humano a la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas; y otra, para establecer el delito de reclutamiento forzado en el Código Penal federal.

Lo anterior, en el marco de los recientes sucesos en Teuchitlán, Jalisco, así como los reportes que advierten de las desapariciones no solo de mexicanos sino también de migrantes y del reclutamiento de menores que realiza el crimen organizado.

El líder congresista expuso que la primera reforma busca prohibir la desaparición de personas y el establecer el Derecho Humano a la búsqueda e identificación. Además, propone fortalecer a la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), a efecto de que sea un órgano descentralizado del Poder Ejecutivo, que su operatividad no dependa de acciones políticas sino de la obligación del Estado Mexicano de respetar y proteger los derechos humanos de todas las personas sin ninguna distinción.

Asimismo, manifestó que para el desarrollo y colaboración en procesos de identificación de personas, la Comisión Nacional de Búsqueda deberá contar con un Centro de Identificación Humana y un Banco Nacional de datos Forenses, ya que el Estado Mexicano tiene la obligación de garantizar los derechos y salvaguardar la personalidad jurídica de las personas desaparecidas, así como a realizar todas las acciones encaminadas al esclarecimiento de los hechos para garantizar el derecho a la verdad, la justicia y la reparación integral.

Mencionó que las acciones para la búsqueda de personas desaparecidas deberán tener los principios de efectividad y exhaustividad, así como la debida diligencia y el enfoque humanitario, además de estar apegada a los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte.

Recordó que hasta junio de 2023 había un registro histórico de 111 mil personas desaparecidas o no localizadas, sin embargo, después del cambio de metodología, se eliminaron más de 20 mil registros. Destacó que en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador se registraron 54 mil 348 personas desaparecidas lo que implica un incremento del 65.81% con relación al gobierno anterior.

La bancada del PRI también propuso que el delito de reclutamiento forzado se tipifique en el Código Penal

federal, que quien, por medio del engaño, la extorsión, el maltrato, chantaje, intimidación, violencia psicológica o física, reclute, induzca, coaccione u obligue a una persona a colaborar con organizaciones delictivas, terroristas o grupos del crimen organizado, sea castigado con una pena de entre 15 y 30 años de prisión y cuando la víctima sea menor de 18 años la pena se incrementará al doble.

Finalmente, indicó que también propone imponer una pena de entre 20 y 60 años a quien participe, administre, financie, dirija, comande, colabore o facilite la operación de sitios para el reclutamiento y entrenamiento de personas para colaborar de manera voluntaria o forzada en organizaciones criminales, terroristas o del crimen organizado.

 

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CONGRESO DE LA UNIÓN

Trabajaré para combatir la inseguridad: Enrique Vargas

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El legislador es nombrado integrante de la Comisión de Guardia Nacional * “Es un alto honor para mí formar parte de esta comisión de gran importancia y enorme responsabilidad para el país”, expresa el vicecoordinador de los senadores panistas

 

EL TOPO

 

Enrique Vargas del Villar, vicecoordinador de los senadores panistas, es nombrado integrante de la Comisión de Guardia Nacional, sumando un nuevo reto en materia de seguridad.

Su nuevo cargo se suma a sus funciones dentro de otras comisiones clave en materia de seguridad y defensa en el Senado de la República.

 

NUEVO RETO

Vargas del Villar, legislador por el Estado de México y miembro del Partido Acción Nacional (PAN), expresa su satisfacción y compromiso tras su nombramiento.

“Es un alto honor para mí formar parte de esta comisión de gran importancia y enorme responsabilidad para el país”, añade.

La nueva comisión tiene como objetivo supervisar y fortalecer el funcionamiento de la Guardia Nacional, cuerpo de seguridad que ha sido clave en la estrategia del gobierno para combatir la delincuencia y garantizar el orden público.

 

COMPROMISO CON LA SEGURIDAD PÚBLICA

Además de su reciente nombramiento, el senador también forma parte de las Comisiones de Seguridad Pública, Defensa Nacional, Marina y Justicia.

Estas comisiones desempeñan un papel crucial en el análisis y formulación de políticas de seguridad en un contexto de creciente violencia e inseguridad en el país.

Enrique Vargas resalta que la seguridad sigue siendo la principal demanda de la ciudadanía y afirma de manera categórica que trabajará para fortalecer las instituciones y combatir la inseguridad.

Asimismo, participa en las comisiones de Reordenamiento Urbano y Vivienda, así como en la de Seguimiento a la Implementación y Revisión del T-MEC, reflejando su presencia en temas de desarrollo y comercio internacional.

 

UN PAPEL CLAVE

La integración de Vargas en la Comisión de Guardia Nacional subraya la relevancia de la seguridad en la agenda legislativa.

La Guardia Nacional ha estado en el centro del debate político, con cuestionamientos sobre su efectividad y su estructura operativa.

Con su participación, se espera que el senador impulse iniciativas enfocadas en mejorar la coordinación entre las fuerzas de seguridad y fortalecer el marco legal de la corporación.

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CONGRESO DE LA UNIÓN

El gobierno abandona al sector magisterial: Toledo Zamora

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Exige revertir la reforma a la Ley del ISSSTE * Hace un exhorto a la Secretaría de Gobernación para que establezca mesas de diálogo con el magisterio

 

ERIC GARCÍA

 

La senadora priísta Karla Toledo Zamora presentó ante el pleno del Senado una iniciativa de reforma a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), con el propósito de garantizar mejores condiciones de jubilación para los maestros.

“Me presento a ustedes con la firmeza y determinación que exige una causa que no sólo afecta a un sector vital de nuestra sociedad, sino que toca el corazón mismo de la justicia social, la dignidad laboral y el respeto a quienes día a día forman el futuro de nuestra nación, las y los maestros”, expresa la legisladora.

Toledo Zamora hizo un exhorto a la Secretaría de Gobernación para que establezca mesas de diálogo con el magisterio, con el fin de atender sus demandas sobre la Ley del ISSSTE.

“Esta petición no es nueva y el gobierno de Morena se ha negado a escuchar”, añade.

Subraya que la iniciativa que impulsa fue construida junto a sindicatos, maestros y ciudadanos afectados, con el objetivo de restituir derechos laborales fundamentales.

La senadora critica el abandono del gobierno hacia el sector magisterial.

“Mientras que en sus discursos se jactaban de estar del lado del pueblo, la realidad es que han abandonado a los maestros, les han dado la espalda, se han negado a reconocer sus justas demandas”, agrega.

Entre los principales puntos de la reforma destaca la restitución de la edad de jubilación de 28 años de servicio para mujeres y 30 para hombres, así como el regreso al sistema solidario de pensiones.

“Reclaman que la edad de jubilación vuelva a ser la establecida. Quieren recuperar el sistema solidario de pensiones, un derecho que les fue arrebatado sin ninguna consideración en la reforma del 2007”.

Desde la tribuna, Toledo llama a las fuerzas políticas a dejar la indiferencia y actuar en favor del magisterio.

“Es una exigencia legítima, es justa y es nuestro deber hacerla realidad. Desde esta máxima tribuna del Senado de la República le exijo al gobierno federal y a todas las fuerzas políticas que escuchen a los maestros”, expresa la legisladora del partido tricolor.

Subraya que el PRI respaldará a los trabajadores de la educación y luchará por la restitución de sus derechos.

“En el PRI tenemos claridad y el PRI está de su lado. Juntos lograremos que se haga justicia con esta reforma”, asevera.

Reafirma la importancia del magisterio en la construcción del país. “El futuro de México se forja en las aulas y sus forjadores merecen un retiro digno y respetado”, puntualiza Toledo Zamora.

 

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