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CONGRESO DE LA UNIÓN

Congreso, preparado para debatir la interrupción legal del embarazo

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Tras la sentencia de la SCJN es necesario legislar sobre el tema * Las diputadas Isabel Sánchez Holguín y Paola Jiménez recibieron la propuesta de colectivas de la sociedad civil y feministas

 

JESÚS VIRA

 

Al recibir la iniciativa de reforma al Código Penal del Estado de México para permitir la interrupción del embarazo hasta las primeras 13 semanas de gestación, elaborada por colectivas de la sociedad civil organizada y feministas independientes, las diputadas Isabel Sánchez Holguín y Paola Jiménez Hernández (PRI) indicaron que las actuales condiciones permiten retomar las iniciativas sobre este tema y se dijeron listas y dispuestas a promover su análisis y debate.

En reunión con representantes de las citadas organizaciones, la legisladora Isabel Sánchez señaló que, tras la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que considera inconstitucional la penalización del aborto, es necesario apresurar el paso para legislar sobre el tema, pues la LXI Legislatura se encuentra en su último año de gestión.

Al reconocer el trabajo de las colectivas para conformar esta iniciativa, señaló que ahora se trata, en el Congreso estatal, de buscar el “cómo sí” sea posible un documento a la altura de los derechos de las mujeres.

En su momento, la diputada Paola Jiménez, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, apuntó que se trata de buscar la ruta para dictaminar las propuestas, que podría ser en el actual periodo de sesiones, y destacó que la Legislatura local ha avanzado en temas como la igualdad de género sustantiva, el matrimonio igualitario y reformas contra la violencia de género, entre otros.

La iniciativa expuesta por Gabriela Villegas, de Mujeres Vigilantes, plantea que a la mujer o persona gestante que interrumpa el embarazo después de las 13 semanas se le impondrá de uno a tres meses de medidas integrales en materias de salud, educación o de cualquier índole, tendientes a la protección y orientación social de la persona sancionada garantizando el pleno respeto a sus derechos humanos. Incorpora la definición de embarazo, así como lo relacionado con inseminación artificial no consentida y aborto forzado o no consentido por la madre.

El documento también plantea que no sea punible la muerte dada al producto de la concepción cuando sea resultado de una acción culposa de la mujer embarazada o persona gestante; cuando el embarazo sea resultado de un delito de violación o de una inseminación artificial no consentida.

También, cuando de no provocarse el aborto, la mujer o persona gestante corra peligro de muerte a juicio del médico o médica, oyendo éste el dictamen de otro médico o médica, siempre que esto fuere posible y no sea peligrosa la demora; y cuando a juicio del médico o médica exista prueba suficiente para diagnosticar que el producto sufre alteraciones genéticas o congénitas que puedan dar por resultado el nacimiento de un ser con trastornos físicos o mentales graves, siempre y cuando se cuente con el consentimiento de la madre.

A la presentación de la iniciativa acudieron integrantes de las colectivas Luciérnagas violetas, Amam, Nosotras para ellas, Femxfem, Gesomex, Sumando igualdad, Caravana por la igualdad sustantiva, Barra de mujeres abogadas y emprendedoras, Casa yo soy y Colectiva de mujeres vigilantes.

CONGRESO DE LA UNIÓN

¿Quién manda?

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En riesgo la República con la reforma de ‘supremacía constitucional * Ricardo Monreal Ávila dio a conocer que la iniciativa la presentaría junto al coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado, Adán Augusto López, sin embargo, el senador se le adelantó, lo que al parecer provocó diferencias y algún roce entre ambos legisladores

 

MARCO ANTONIO FLORES***

 

Con la mal llamada “reforma de supremacía constitucional”, la República y nuestro régimen democrático constitucional está en grave riesgo.

Qué pasaría si una iniciativa surgida en el Poder Legislativo ampliara las razones, motivos y procedimientos por las que el titular del Poder Ejecutivo federal pueda ser llevado a juicio político; de facto el Poder Legislativo se convertiría en el megapoder, por encima de los otros dos Poderes.

La referida reforma, al hacer improcedentes los juicios de amparo, la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional contra modificaciones o adiciones a la Constitución Política, así como impedir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y los tribunales revisar las reformas a la Constitución, suprime de un plumazo su misión esencial que es proteger y defender la Constitución Política y velar por la preservación de principios fundamentales como la división de Poderes y la forma de gobierno.

Con esta perspectiva, sin querer queriendo la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo estaría sometida a lo que decida el Poder Legislativo, en donde ahí Ricardo Monreal en San Lázaro y Adán Augusto López en el Senado tendrían el sartén por el mango.

Ese es el gran riesgo y la pregunta que surge es: ¿Entonces quién manda? ¿Monreal? ¿Adán Augusto? ¿Acaso la Presidenta, que la verdad eso ya está en duda?

Se ha creado un gran riesgo que no han medido las consecuencias… y todo por lanzarse a fondo contra la juez Nancy Juárez.

Es de resaltar que la iniciativa inicial pretendía incluir en esta reforma el Artículo 1o. Constitucional y con ello dejar sin sustento la reforma en materia de derechos humanos del año 2011, que colocó el concepto de los derechos humanos y al valor fundamental de éstos que es la dignidad humana, como la base jerárquica superior a todos los ordenamientos jurídicos, y a la par de la propia Constitución, en el marco de los tratados internacionales suscritos por México.

El prestigiado periodista Carlos Loret de Mola señaló que el pasado martes “nos topamos con una iniciativa de supremacía constitucional”, misma que no fue herencia del obradorismo, “no fue idea de López Obrador, no estaba en el paquete de reformas que dejó encarreradas el expresidente, es una propuesta autoritaria 100% Claudia, para que la Suprema Corte no pueda frenar una ley, aunque sea inconstitucional”.

Señala y advierte que “si la mayoría de Morena en el Congreso dice que a partir de mañana las mujeres ya no pueden votar en México, la Suprema Corte no puede decir que eso viola la Constitución y los derechos humanos”.

Y Loret va más a fondo: “Si la mayoría de Morena vota en el Congreso que se expropie de propiedad privada de toda la gente, la Suprema Corte se queda sin herramientas para detener un atraco así”.

Bajo este contexto, agreguemos otro escenario imaginario: ¿Qué pasaría si el Poder Ejecutivo lograra modificar la Constitución para contar con la facultad de disolver el Congreso de la Unión, en determinados supuestos predeterminados?

La decisión de hacer a un lado al Poder Judicial y con ello perder el equilibrio de Poderes, a la larga puede ser un bumerang, que actúe contra cualquiera de los Poderes y resulte en la destrucción de nuestro régimen democrático constitucional, que los mexicanos nos hemos dado desde hace mas de dos siglos.

 

MONREAL Y ADÁN AUGUSTO MUEVEN LOS HILOS

El pasado martes 22 de octubre de 2024, la iniciativa anunciada en el Senado incluía reformas a los artículos 1o., 103, 105 y 107 de la Carta Magna para que ningún recurso legal interpuesto en el Poder Judicial frene o invalide una reforma constitucional.

Al día siguiente, miércoles 23, Adán Augusto López, coordinador de Morena en la Cámara Alta, presentó una modificación. El senador morenista indicó que retirarían la propuesta de modificación del Artículo 1o. de la Constitución al expresar “Nos vamos a limitar al 103, al 105 y al 107 Constitucional”.

Monreal Ávila dio a conocer que la iniciativa la presentaría junto al coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado, Adán Augusto López.

Sin embargo, el senador se le adelantó, lo que al parecer provocó diferencias y algún roce entre ambos legisladores. Al parecer esta iniciativa con línea presidencial es objeto de disputa para acreditarse un padrinazgo personal.

En tribuna Adán Augusto explicó que “las reformas a la Constitución son la expresión soberana más alta del pueblo de México” y agregó que las mismas son “una decisión política colectiva, revestida de una dignidad democrática especial”.

Sin embargo, habrá que recordar que el principio de “supremacía constitucional” corresponde a la noción de democracia organizada y supone las ideas de legalidad y estabilidad jurídica: La norma que no esté de acuerdo con la Constitución es inexistente; los órganos gubernativos sólo pueden actuar dentro del ámbito que la Constitución les señale.

La Constitución norteamericana de 1787, y posteriormente las francesas de 1791 y 1793, argumentaron ser normas supremas por emanar y ordenarse conforme a la soberanía popular.

Evidentemente, la soberanía popular es un concepto abstracto que sirvió como justificación para configurar la estructura del Estado moderno, sin la cual el desarrollo de las repúblicas y los sistemas constitucionales hubiesen carecido de toda sustentabilidad.

La imposibilidad de dotar de instrumentos que pudiesen percibir la voluntad ciudadana ha sido la razón fundamental por la que la soberanía popular ha ido debilitándose como noción rectora de los ordenamientos constitucionales.
Esta dificultad proviene desde el surgimiento de la soberanía popular, en la que era evidente que el pueblo reflejaba un elemento abstracto y no tangible.

La posibilidad de que el pueblo como tal pueda decidir y ejercer su potestad soberana es una acción que se antoja materialmente imposible, por lo que se tuvo que dotar a los órganos de poder como encargados de ejercer la voluntad soberana, siendo el pueblo el detentador original y permanente de la misma.

En el Artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se estableció desde hace más de dos siglos que “el pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión….”.

Es en la Constitución donde los principios y derechos fundamentales encuentran el espacio idóneo para alcanzar su eficacia y plenitud como factores rectores, teniendo como condición que efectivamente sean fundamentales y no posiciones axiológicas relativas o momentáneas.

La función jurisdiccional, en aras de hacer eficientes y de concretar los contenidos expansivos de los principios fundamentales, fortalece la “supremacía constitucional”, ya que evita la existencia de lagunas o espacios normativos sin aplicación y vigencia.

Es indispensable garantizar no solo la competencia y atribución de los actos de autoridad, sino también la adecuación plena de los principios fundamentales a la realidad.

Una norma fundamental cimentada en la neutralidad o amoralidad no solo es imperfecta, sino que puede producir efectos negativos que mermen la dignidad e integridad de las personas, tal y como ocurrió con algunas de las Constitucionales totalitarias del siglo XX.

La “supremacía constitucional” no es de ninguna manera un concepto que puedan improvisar el Poder Ejecutivo ni el Legislativo en México con propósitos políticos.

La “supremacía constitucional” es un principio inherente a toda forma de vida constitucional. No se puede sostener una visión formalista de la Constitución y de la supremacía, ya que existen aspectos sustanciales, como la primacía de los derechos humanos, que se anteponen como factores prioritarios.

La Constitución Política no será suprema por su carácter de norma fundante, sino que lo será en la medida que se sustente en elementos axiológicos que incidan en la vigencia y protección de los derechos humanos, armonizados con los criterios internacionales en dicha materia, al tiempo que no se trastoquen los principios fundamentales de la división y equilibrio de Poderes de una república federal, representativa y democrática, como lo establece nuestra Carta Magna en su artículo 40. La “República” está en peligro.

Y es que con esta reforma se abre la posibilidad, en términos de la Serie Mundial, de que YSQ o Andy conecten home-run con casa llena (Legislativo) y den la voltereta al juego”.

 

***Académico y consultor.

 

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A regular los contratos de plataformas digitales: Cristina Ruiz Sandoval

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Propone PRI poner orden a las relaciones comerciales entre usuarios y prestadores de servicios * El partido tricolor es pionero en proponer un esquema de protección laboral para atender la demanda de más de 658 mil trabajadores que no cuentan con seguridad social

 

ERIC GARCÍA

Cristina Ruiz Sandoval, senadora del Grupo Parlamentario del PRI, presentó una iniciativa de reformas al Código de Comercio con el propósito de regular la relación comercial entre plataformas de prestadores del servicio y usuarios en el Código de Comercio que no está establecida en la Ley Federal del Trabajo.

En su iniciativa la senadora mexiquense asegura que el PRI fue pionero en proponer un esquema de seguridad social para los prestadores de servicio de las plataformas, en respuesta a la demanda de más de 658 mil trabajadores que no cuentan con seguridad social, iniciativa que, recordó, Morena no quiso impulsar cuando fue presentada en octubre de 2022.

Precisó que el vínculo que existe entre las plataformas y los prestadores de servicio es una relación comercial, no es una relación laboral, por lo que su iniciativa propone incluir como actos de comercio las relaciones a través de las plataformas digitales.

Se trata, abundó, de adicionar un capítulo tercero denominado los contratos mercantiles de las plataformas digitales, que regulen las definiciones de las partes plataformas-usuarios-prestadores de servicios, especificando las obligaciones de las plataformas digitales y donde queden incluimos pagos puntuales, tarifas justas, pago del Seguro Social, esquemas de seguridad para usuarios y los prestadores de servicio, entre otras.

También proponemos regular los contratos de las plataformas digitales, así como crear obligaciones y derechos a los usuarios y a los prestadores del servicio para generar un ambiente seguro para todas y todos.

Por último, aclaró que, si se regulan las plataformas en la Ley Federal del Trabajo, se tendría que limitar la jornada laboral a lo establecido en la ley, se crearía una relación laboral que hoy no existe, se harían más retenciones a las ganancias de los prestadores de servicio, porque ahora serían sueldos.

“Como ven nosotros sí queremos seguridad social para los prestadores del servicio, pero también queremos regular el servicio en beneficio de todas y todos, tarifas justas, seguridad para todas y todos y algo que impulse este mercado y que no lo asfixie. No acabemos con un esquema que hoy permite el autoempleo de millones de personas, no acabemos, por no profundizar en su análisis, con un esquema que genera beneficios para todas y todos”, concluyó.

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El país está quebrado: Enrique Vargas

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Señala que si no se invierte en seguridad, el país no saldrá adelante * “Son unos improvisados, no entienden lo que pasa en México y no entienden que estas reformas son en perjuicio de México”, enfatiza el vicecoordinador de los senadores panistas

 

EL TOPO

 

Enrique Vargas del Villar, vicecoordinador de los senadores panistas, reitera que debe regresar el Fortaseg.

“Es uno de los compromisos que tenemos, que regrese el Fortaseg a México por el bien de las policías municipales”, añade.

Señala que una causa de esta problemática es porque se agotaron los fideicomisos.

“Se los agotaron porque se acabaron el dinero, vimos cómo subió el 50 por ciento la deuda en México y está quebrado el país, está quebrado el país y vamos a ver en el 2025 de dónde piensan sacar el dinero para salir adelante el próximo año”, agrega.

Y enfatiza: “Lo vuelvo a repetir, si no invierten en la seguridad en México, no vamos a salir adelante”.

Asevera Vargas del Villar que está el riesgo de llegar a un régimen dictatorial.

“Primero decirle a México que lo que está pasando hoy quieren que sea ya un México con dictadura y no lo vamos a permitir.

“Desde Acción Nacional vamos a dar un gran debate, vamos a defender a México porque no podemos permitir lo que hoy quieren procesar aquí.

“Estamos claros qué es lo que necesita México, estamos claros que esto no lo vamos y no va a pasar, porque en el momento que pase, México se va a ir para abajo.

“Ya vimos lo que pasó con su reforma judicial, vimos el show que hubo aquí en el Senado, ustedes lo vieron, las pelotitas cayendo, no sabían ni qué número era, par, impar”.

Hace énfasis en que los morenistas no están preparados para gobernar.

“Son unos improvisados, no entienden lo que pasa en México y no entienden que estas reformas son en perjuicio de México”, enfatiza Enrique Vargas.

Expresa que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo está mal asesorada.

“Lo tiene que acatar. Yo creo firmemente que no le están informando a la presidenta realmente lo que está pasando. Esta reforma realmente en países socialistas es como lo hacen, ahora resulta que los legisladores van a estar encima de la Corte, sobre todo decirle a México que no vamos a permitir que hagan lo que ellos quieran”, expresa de manera categórica el senador panista Enrique Vargas del Villar.

 

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