Se cumple el vaticinio del Subcomandante Marcos: al borde de la guerra civil * El gobernador tiene perdida la guerra contra la delincuencia organizada, pues en la entidad prevalece la inseguridad, la violencia y la impunidad

 

ROBERTO DOMÍNGUEZ CORTÉS

 

Chiapas sufre una descomposición política y social como en los estados del centro y norte del país.

Hace tres años el subcomandante Marcos (comandante Galeano), del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, vaticinó que Chiapas se encontraba al borde de la guerra civil.

La premonición entre certera y aventurada sufrió un considerable desvío ante la incapacidad política y de ingobernabilidad en el “gobierno” de Rutilio Escandón.

La guerra civil es por definición una forma generalizada de enfrentamiento hacia el interior de un país, con la característica de que los combates se traban en condiciones igualitarias entre las partes en conflicto, y la manifiesta incapacidad del gobierno para controlar la situación.

Contrario a lo que predica la ciencia política como guerra civil, en Chiapas Rutilio Escandón tiene perdida la guerra contra la delincuencia organizada y grandes espacios del territorio estatal se encuentran ausentes de la presencia del Estado.

Por primera vez Chiapas se ha puesto al nivel de los estados del norte y del centro de la República, cuando que ahora en Chiapas prevalece la inseguridad, la violencia y la impunidad. Una muestra palpable de la incapacidad del que se autodenomina gobernador la dio la semana pasada.

La noticia de lo sucedido en la frontera con Guatemala se conoció en México y en el mundo. El Cártel de Sinaloa hizo su entrada triunfal en la zona limítrofe con Guatemala.

Entre vítores y aplausos fueron recibidos sus integrantes. Fue la remembranza exacta de lo que sucedió en Sinaloa, cuando el 8 de enero de 2016 aprehendieron al Chapo Guzmán.

Hubo infinidad de marchas para exigirle a Peña Nieto su liberación. Grupos organizados de mujeres rechazaron su detención, bajo la consigna de: “Libera al Chapo Peña Nieto. Él nos ha dado lo que tú no puedes darnos”.

Con esas expresiones de apoyo y simpatía hacia el capo, se ponía de manifiesto la indudable base social de uno de los personajes más perseguidos por autoridades mexicanas y del mundo.

Era común escuchar que poblados de Sinaloa, Guanajuato y Michoacán fueron dotados de calles, escuelas, banquetas, parques, agua potable y drenaje, en abierta sustitución de lo que los gobiernos estatal y federal le habían negado permanentemente a la población.

Hoy la historia se repite en Chiapas ante la ausencia del gobernador Rutilio Escandón. Los medios nacionales daban cuenta de la vergonzosa falta de presencia de Escandón Cadenas. El cuestionamiento era uniforme: “El gobernador no se ha pronunciado al respecto y guarda silencio”. Esa sola actitud evidencia que en Chiapas no hay Estado, tampoco gobierno y mucho menos gobernador.

Un episodio trágico para la seguridad y tranquilidad de los chiapanecos ocurrió el 27 de septiembre, cuando Rutilio Escandón llegó al Palacio Nacional. Cuando lo abordaron los medios para explicar a la audiencia nacional, y sobre todo a los chiapanecos, la situación política de la entidad, en abierta huida a su responsabilidad lacónico, murmuró: “Nos vemos a la salida”.

Ni a la salida ni a la entrada ni al regreso. El permanentemente silencio como respuesta y la irresponsabilidad y la indolencia como forma de gobierno.

En un país serio y de respeto a las instituciones republicanas, Rutilio Escandón ya no sería gobernador por evadir abierta y públicamente la responsabilidad que le confirió el pueblo de Chiapas.

La actitud siempre huidiza y el miedo no disimulado de Escandón, explica del porqué el Cártel de Sinaloa hizo su entrada triunfal en la franja fronteriza con Guatemala, ante el enorme vacío de poder que prevalece en Chiapas.

Sólo que los vacíos de poder no existen porque alguien siempre los llena. Y ante la notable falta de gobierno, la delincuencia organizada de facto ha tomado la posesión y el control de la franja fronteriza con Guatemala.

Ya sea por agrado o por la fuerza, los manifestantes dejaron en claro que el Cártel de Sinaloa tiene mayores posibilidades de proporcionar los satisfactores sociales que el propio gobierno les ha negado. En efecto, abdicó de su responsabilidad para otorgar mínimos de bienestar en alimentación, salud, educación y vivienda.

De nada sirvió que se apersonaran mil 500 miembros de la Guardia Nacional. Ni un solo detenido en abierta advertencia de que la propia población los protege y se confunden entre los habitantes de cada municipio tomado bajo su mando.

La tragedia del gobierno de Rutilio Escandón es doble. Perdió el control territorial ante la delincuencia organizada y sobre “sus gobernados” que hoy obedecen más a sus nuevos protectores que a un gobierno con el cual no se identifica y nada significa para ellos.

Lo malo es que la inepcia de Escandón Cadenas tendrá consecuencias todavía mayores. El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, dispuso la movilización de 2 mil efectivos del ejército para sellar la frontera con México, ante la incapacidad de López Obrador y Rutilio Escandón para frenar la violencia de la zona.

Esa circunstancia puede ocasionar un conflicto internacional entre México y Guatemala si el gobierno de López Obrador no da respuesta inmediata y certera para restituir el Estado de Derecho y evitar lo que en política se conoce coloquialmente “efecto cucaracha”.

Desde luego con graves problemas para el país vecino por culpa de México y su pasividad para contener la violencia.

Cada vez más el gobierno pierde control sobre el territorio de Chiapas. Así sucede en los 17 municipios de la zona indígena convertidos en tierra de nadie. Chenalhó, Pantelhó, San Andrés Larrainzar, y sobre todo Chamula se han convertido en gobiernos paralelos al fallido gobierno de Rutilio Escandón.

El pasado 26 de septiembre se cumplieron nueve años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Chiapas también tiene su propio Ayotzinapa perdido en el olvido. Hasta la fecha no se sabe del paradero de los 25 desaparecidos de Pantelhó desde julio de 2021. El gobierno de Rutilio está marcado por el silencio y la ignorancia.

Apenas el sábado anterior, 31 viviendas fueron incendiadas en el municipio de Altamirano. Y como siempre sin responsables y sin detenidos. Altamirano es otro de los símbolos de la ingobernabilidad.

El 1 de octubre de 2021, la población impidió la toma de protesta de la presidenta municipal Gabriela Tipacamú, esposa del presidente saliente Alfredo Pinto Kánter, a quien incendiaron su casa.

Desde entonces se nombró un Consejo Municipal y no se han realizado elecciones, en grave violación al Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Uno de los síntomas de mayor ingobernabilidad es la imposibilidad de un gobierno para hacer que sus electores sufraguen libremente. Consta en el Periódico Oficial del Estado que previo al proceso electoral de 2021, la secretaria de Gobierno, Cecilia Flores Pérez, rindió un informe ante el Congreso del Estado, en el sentido de no existir las condiciones necesarias de gobernabilidad para realizar elecciones en seis municipios del estado.

Es el reconocimiento explícito y auténtico del gobierno para aceptar su incompetencia de crear las condiciones de gobernabilidad para un proceso electoral tranquilo, sin sobresaltos y con seguridad para la ciudadanía y el electorado.

Resulta pues evidente que el estado de Chiapas reúne todas las características de un estado fallido de las cuales rescato solamente cuatro: Corrupción política e ineficacia policial y judicial; altos niveles de criminalidad e inseguridad ciudadana; pérdida de control físico del territorio y pérdida del uso legítimo de la fuerza para imponer autoridad.

Bajo esas características de descomposición política y social, es evidente que Chiapas necesita gobernador. Ampliaremos…

 

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El Presidente Andrés Manuel y Alejandro Encinas se contradicen en el caso Ayotzinapa * López Obrador “prende la mecha” al ordenar difundir el segundo informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia… y un día después desmiente al subsecretario de Gobernación * La “noche de Iguala” muestra que las cosas no andan nada bien al interior de Morena y que la transmisión del mentado bastón de mando sólo fue otra mascarada marca AMLO

 

GALIO GUERRA

 

¡No se hagan bolas! Parece que en la cuatroté a alguien le están fallando las antenitas de vinil. Vaya, parece que ya se le van las cabras al monte sin que él pueda hacer algo para evitarlo.

Y es que no se entiende, amigos, que un día se utilice la fuerza del Estado para atacar a un hombre (Omar Hamid García Harfuch) y al otro el mismísimo tata morenista (Andrés Manuel López Obrador) salga a defenderlo con el argumento de que Omarcito (el consentido de la doctora) es “puro y blanco”.

Esto nos hace pensar que o alguien se fajó las enaguas o a otro se le doblaron las corvas.

Y es que, miren amigos, el pasado miércoles el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, se le fue con todo al más joven de los tres García (Marcelino García Barragán, Javier García Paniagua y el nieto en comento) y, si no lo acusó directamente, sí lo vinculó de forma socarrona con la “verdad histórica” del expresidente Enrique Peña Nieto en el caso Ayotzinapa.

Por instrucción de AMLO, el subsecretario Alejandro Encinas presentó el Segundo Informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa (Covaj) y en dicho evento fue cuestionado sobre posible responsabilidad de Omar García Harfuch en el caso.

Encinas Rodríguez respondió con cierta sorna que sí, que efectivamente García Harfuch aparece en los dos informes de la Covaj.

“Está tanto en el primero, como en el segundo informe en donde evidentemente no están los nombres completos. Sí aparece. Está en el reservado, está. Así de concreto”, respondió Encinas.

Bueno, lo anterior quedaba en el anecdotario, en la narrativa política del momento, hasta que el muchacho chicho de la película chafa (López Obrador) le enmendó la plana a Encinas y afirmó de manera contundente que el joven García Harfuch sí estuvo en las reuniones de Ayotzinapa, pero que no participó en la construcción de la “verdad histórica” que presentó el exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam, quien, por cierto, está preso por el mismo caso.

Aquí sale a relucir el ascendente jurista del inquilino de Palacio Nacional (Andrés Manuel López Obrador), “a los amigos (léase leales), justicia y gracia, a los enemigos la ley a secas”.

“Cuando le preguntan a Alejandro Encinas que si estaba en esas reuniones o había participado Harfuch, él dijo que sí, porque es cierto, pero eso es distinto a que haya participado en la desaparición de los jóvenes”, indicó López Obrador.

“Hay que ver si se encuentran elementos de que Harfuch participó interviniendo teléfonos o algo por el estilo; lo que estás sugiriendo, hasta ahora en lo que yo he visto no hay nada más que la participación en estas reuniones”, reiteró López Obrador ante la insistencia de los reporteros.

El Preciso no se mordió la lengua al decir que los señalamientos hacia García Harfuch sobre la “verdad histórica” corresponde a la “temporada electoral” y propósitos “politiqueros” sin hacer hincapié en que ellos comenzaron la broma.

Y es que, miren ustedes, sólo tiene una lectura la narrativa que el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, hizo el pasado miércoles al vincular al Caso Ayotzinapa al extitular de la SSC de la Ciudad de México, Omar Hamid García Harfuch. Digo, este personaje del gobierno capitalino no necesita que alguien lo defienda. Él sabe, y lo sabe bien, en qué terrenos se mueve.

Sólo que lo ocurrido un día después de que se recordara la trágica “Noche de Iguala”, muestra que las cosas no andan nada bien al interior de la cuatroté, de Morena, y que la transmisión del mentado bastón de mando sólo fue otra mascarada marca AMLO, ah no perdón, quise decir ACME, como la de las caricaturas.

Lo peor es que la actual administración, la que tanto prometió y aseguraba que daría resultados hace uso de la tragedia para realizar politiquería en tiempos electorales.

Y para enlodar más las cosas resulta que el uso faccioso y politiquero de los 43 no es de un partido contra otro sino que es producto de la lucha intestina que se realiza en el partido en el poder, Morena.

En la semana, y ante los reclamos de los padres de los jóvenes desaparecidos, el Presidente López Obrador instruyó a que se hicieran públicas las investigaciones al respecto.

Miren, varias dudas y sorpresas surgen en este sentido, pues aparte de que siempre se había rechazado la participación del extitular de la SSC capitalina en la configuración de la “verdad histórica” del expresidente Enrique Peña Nieto, ahora resulta que se le vincula al mismo desde las entrañas del poder.

Y más sorprendente resulta que se le esté tratando de descalificar, déjese usted de que sea el puntero en las encuestas para suceder a Claudia Sheinbaum Pardo, sino que es el favorito de ella para sucederla.

Digo, acuérdense quién es ella, nada más ni nada menos que la heredera del bastón de mando, la jefa, la que López Obrador había dicho que ella de ahora en adelante tomaría las decisiones. ¿En serio?

Baste recordar -cuando todavía era jefa de Gobierno de CDMX- la terrible arrastrada que le puso al gobernador de Sinaloa, Alfonso Durazo, nada más porque la increparon al llegar al evento donde preparaban su entronización.

Encinas no se maneja solo, ¿quién es tan poderoso para instruirlo, para ordenarle?

No se vale manchar a García Harfuch, ¿es un mensaje de quién y para quién?

 

AYOTZINAPA, NUEVE AÑOS, Y DE ELLOS CINCO DE TREMENDA INEPTITUD

Bueno, y a todo esto, se preguntarán ustedes ¿cómo va el caso Ayotzinapa? Bueno, miren ustedes, dice el dicho y dice bien: “Cuando quieras que algo no sea aclarado o solucionado crea una comisión para investigarlo o resolverlo”. Tal ha sido el caso de la “desaparición” de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

El martes, platicamos líneas arriba, se cumplieron nueve años de ese aberrante y proditorio evento del que siempre se ha dicho “fue el Estado”. Y si no fue así, por desgracia, personas vinculadas con el gobierno y sus instituciones han sido señaladas como participantes. Desde la policía municipal hasta las Fuerzas Armadas.

Desde entonces se culpó a policías municipales y estatales; al entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y a su esposa María de los Ángeles Pineda. A ella se le asoció, desde entonces, con el grupo criminal conocido como Guerreros Unidos.

Pero la lista de presuntos implicados no acaba ahí pues, incluso, se mencionó a integrantes de la desaparecida Secretaría de Seguridad Pública, de Genaro García Luna, de las secretarías de la Defensa Nacional y de la Marina-Armada de México. Esta maraña de culpabilidades y complicidades ha logrado que la “Noche de Iguala” siga en la oscuridad.

A principios de este mes la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) filtró mensajes de texto que interceptó e involucrarían, como decíamos líneas arriba, a militares, policías y narcos en la desaparición de los 43 estudiantes.

En su parte toral los mensajes interceptados y filtrados casi dan la misma conclusión a que llegó, en su momento, Jesús Murillo Karam con su “Verdad Histórica” y a la del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes: el secuestro, asesinato e incineración de los estudiantes fue por una serie de desafortunados eventos.

Los normalistas secuestraron cuatro autobuses de pasajeros para ir a la hoy CDMX a los actos del 2 de octubre, sólo que entre esos autobuses iba uno de los narcos cargado con droga que debía ser enviada a Chicago, Estados Unidos.

La confusión se hizo presente, la orden de detenerlos, asesinarlos y desaparecerlos se dio y se ejecutó. Desde entonces Murillo afirmó que los restos incinerados fueron desechados en el río Cocula.

Lo malo, ahora, es que las Fuerzas Armadas están mucho más fortalecidas que en ninguna otra administración. Se dijo antes, se dice ahora, pero la investigación está peor que nunca.

 

ESCUCHA TOLUCA AL SECTOR EMPRESARIAL Y ESTRECHA LAZOS EN PRO DEL DESARROLLO ECONÓMICO DEL MUNICIPIO

Durante la séptima sesión ordinaria de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria de Toluca, el gobierno municipal que preside Raymundo Martínez Carbajal reiteró su compromiso de escuchar al sector empresarial, mantener un gobierno cercano en el que brinde pronta respuesta a sus peticiones y estrechar lazos en pro del desarrollo económico del municipio.

El secretario del Ayuntamiento, Marco Antonio Sandoval González, explicó que el presidente municipal trabaja de manera enérgica con una estrategia especial contra el comercio informal y, prueba de ello, el fin de semana pasado se llevó a cabo un operativo conjunto entre todas las áreas de la administración, en coordinación con el gobierno estatal, para que el Centro Histórico quedara libre de ambulantaje; no obstante, destacó que en próximos días se dará a conocer más sobre esta iniciativa.

Asimismo, reconoció al Cabildo por sumarse a diversas propuestas impulsadas por el munícipe en apoyo al sector empresarial y a las más de 52 mil unidades económicas del municipio; además, dijo que el Ayuntamiento se sumará al Buen Fin con una atractiva campaña de bonificación para que la ciudadanía se regularice al tiempo que se cuida la economía familiar.

En este sentido, Sandoval González reafirmó que el presidente municipal realiza acciones, proyectos y estrategias siempre en pro del desarrollo económico del municipio, ya que está del lado de la ciudadanía, por lo que se continuará trabajando para llenar a Toluca de vida desde todas las trincheras.

Los empresarios agradecieron esta sesión y la cercanía del gobierno municipal, pues pudieron exponer sus peticiones y agradecieron por el cumplimiento de diversas solicitudes realizadas en las sesiones pasadas.

El 13 y 16 de septiembre AMLO asumió la representación unipersonal de la República * Es la advertencia abierta y amenazante de que no va a permitir la transmisión del poder a todo lo que signifique oposición y disidencia

 

ROBERTO DOMÍNGUEZ CORTÉS

 

Cuando Andrés Manuel López Obrador era oposición, todos sus discursos se centraban alrededor del respeto a la democracia y el combate a la corrupción. Así lo expresa mi extinto amigo Jaime Avilés en su libro “AMLO: vida privada de un hombre público”. De ahí derivó su falaz discurso: “No mentir, no robar, y no traicionar”. Traicionó sus ideales, terminó de mentiroso y finalmente traidor.

Su mayor traición a la vida nacional comenzó al tratar de apoderarse de los mayores símbolos de la democracia representativa: el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la federación.

Sus reformas constitucionales para “fortalecer la democracia” llevaban la impronta de adueñarse del control de la elección presidencial del 2024, de las nueve elecciones para gobernador, las 128 senadurías y las 500 diputaciones federales. Casi nada quería el autócrata de Palacio Nacional: el control absoluto de la República.

Sólo que no pudo avasallar la dignidad y el decoro de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Con la Constitución como emblema y la razón que da el derecho, el Supremo Tribunal Constitucional le derogó por anticipado, todos sus intentos anticonstitucionales de apropiarse de los mayores símbolos democráticos propiedad del pueblo de México.

Esa osadía de la Corte Suprema tuvo consecuencias. En su deformada personalidad, Andrés Manuel no lo entendió como un acto de respeto a las instituciones autónomas republicanas. Acostumbrado a imponer su voluntad entre los lacayos de la cuarta regresión (Santa Anna, Porfirio Díaz, Victoriano Huerta), una y otras resoluciones constitucionales de la Suprema Corte las calificó como afrentas y agravios a pesar de estar dentro del marco del Derecho.

Primero ofendió a la ministra presidenta, Norma Lucía Piña Hernández y al presidente de la Cámara de Diputados Santiago Creel.

En la conmemoración del 106 aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917, minimizó su presencia al mandarlos a una posición lejana dentro de la mesa de honor.

En sustitución de los flancos izquierdo y derecho que correspondía a los otros dos Poderes -Norma Lucía Piña y Santiago Creel- puso a su lado a los dos representantes de los dos órganos de represión consentidos del Estado Mexicano: Luis Crescencio Sandoval, y Raúl Ojeda Durán. El mensaje fue claro y preocupante. “A mí no me preocupa ni me importa la ley ni la Constitución. Si algo hay que dirimir por la vía de la fuerza aquí tengo a los dos artífices de la ‘tranquilidad’ nacional”.

López Obrador, el destructor de la vida pública de México, iniciaba así su venganza en contra de otro Poder que no se le ha subordinado. El Poder Judicial federal es par en una relación de coordinación, no de supra a subordinación. Ello quiere decir que están exactamente igual al mismo nivel.

El otro desacato de López Obrador a la Constitución fue peor y más detestable. En el 176 aniversario de la gesta heroica de los Niños Héroes de Chapultepec se atrevió a no invitar a los Poderes Legislativo y Judicial.

Más grave fue el desprecio por la soberanía nacional y el respeto entre Poderes.

En un acto de retobo infantil, decidió no invitar a la ministra presidenta de la Suprema Corte y al presidente de la Cámara de Diputados al acto de conmemoración de la Independencia de México.

Hay que recordarle a López Obrador que las celebraciones del 13 y 16 de septiembre son un acto republicano de Estado y no de gobierno, en el que necesariamente deben de coincidir los tres Poderes. Nuevamente insistió en transgredir la Constitución y la ley, al mandar al diablo las instituciones y calificar a la ley como un cuento que no vale la pena obedecer.

El Artículo 49 de la Constitución mandata, ordena, decreta, dispone y cualquier otro calificativo que lleva, la obligación ineludible de cumplir y hacer cumplir los ordenamientos constitucionales. Dice el numeral en comento: “El Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. No podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un individuo”.

La contravención y falta de respeto a este mandato supremo es evidente. El 13 y el 16 de septiembre López Obrador asumió la representación unipersonal de la República. Concentró en su desgarbada figura a los Poderes Legislativo y Judicial, y en un acto de autocracia extrema asumió la representación nacional de los 500 diputados y los 128 senadores.

Es la advertencia abierta y amenazante de que no va a permitir la transmisión del poder a todo lo que signifique oposición y disidencia. Después de la funesta experiencia de invadir facultades del Congreso de la Unión y del Poder Judicial Federal, puede inferirse que si Xochitl Gálvez vence a su desangelada y patética corcholata Claudia Sheinbaum, López está dispuesto a transformarse, de facto, en el usurpador y propietario de las instituciones electorales.

No tendrá freno si está de por medio la seguridad y la libertad personal de Beatriz Gutiérrez Müller, y la de José Ramón, Andrés Manuel y Gonzalo Alfonso López Beltrán, pillados en actos de corrupción.

La actitud de López Obrador el 13 y 16 de septiembre es lúgubre y trágica para la República. No invitó a la ministra presidenta Norma Lucía Piña ni a los representantes del Poder Legislativo, pero sí permitió que el heredero de los asesinos Fidel Castro y Raúl Castro, Miguel Díaz-Canel, pronunciara el discurso oficial el 16 de septiembre de 2021.

El espectáculo fue gravísimo y un atentado a la memoria de don Miguel Hidalgo, José María Morelos, Josefa Ortiz de Domínguez, Vicente Guerrero, Ignacio Allende, próceres y artífices de la Independencia nacional.

Grotesco el espectáculo. El dictador Díaz-Canel hablando de independencia, cuando que Cuba lleva 64 años sin elecciones, cientos y miles de encarcelados disidentes, represión a la libertad de expresión y restricciones a la libertad de tránsito. Es el México que quisiera López Obrador.

Andrés Manuel fue artífice también de un atentado constitucional más, en la toma de posesión de Delfina Gómez. Para que pudiera asistir cambiaron la fecha de protesta del 16 al 14 de septiembre. El Artículo 116 de la Constitución federal establece que los gobernadores durarán en su encargo seis años.

Por su parte la Constitución del Estado de México establece en su artículo 67 la misma prevención: “El gobernador del estado durará en su encargo seis años y el artículo 69 mandata que la toma de protesta del gobernador entrante será el 16 de septiembre”.

No había pues por qué cambiar la fecha sólo para satisfacer el ego de López Obrador y mandar el mensaje al grupo Atlacomulco que había terminado su reinado de 84 años. Era innecesario. La toma de protesta debió de haber sido en el primer minuto del 16 de septiembre y no adelantarla al 14 de septiembre, puesto que los seis años previstos en la Constitución Federal y la del Estado de México terminaban el 15 de septiembre a las doce de la noche. Ni un minuto más ni un minuto menos.

Incluso, el lacayo de la Cuarta Transformación, el diputado vicecoordinador de la Junta de Coordinación Política, Maurilio Hernández González, aseguró que la Constitución mexiquense no preveía en específico el día de la toma de protesta. “Puede ser uno o dos días después”, diría el improvisado y locuaz legislador. Vergonzoso que ni siquiera ha leído la Constitución del estado que dice representar ante sus defraudados electores.

Así, López Obrador es el destructor de la nación, el transgresor del orden constitucional federal y por extensión a la Constitución del Estado Libre y Soberano de México. Ampliaremos…

 

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