Único garante constitucional de la democracia * Cumplirá con creces su papel de árbitro imparcial de un proceso que nadie -ni seguidores de la 4T, ni siquiera sus opositores- pidió que el Presidente dejara el cargo * Dinero a la basura en plena Austeridad Republicana

 

POR MARCO ANTONIO FLORES***

 

El 10 de abril de 2022 se llevará a cabo el primer ejercicio de Revocación de Mandato en México. Este mecanismo fue aprobado e incluido en nuestra Constitución por el Congreso, en 2019,  por iniciativa e “insistencia” del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

El 28 de febrero pasado, Lorenzo Córdova, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), negó que la institución que preside esté obstaculizando esta consulta popular.

“Es falso que el INE pretenda obstaculizar la revocación de mandato, todo lo contrario. Si la revocación de mandato va es gracias al INE y a las miles de personas que están siendo capacitadas para instalar las casillas, recibir y contar el voto de sus vecinos el próximo 10 de abril”.

La revocación de mandato a nivel presidencial, si bien es un mecanismo inédito para México, se encuentra presente en tres países de América Latina: Bolivia, Ecuador y Venezuela. Los dos presidentes que han recurrido a la revocación de mandato son Hugo Chávez en Venezuela en 2004, y Evo Morales en Bolivia en 2008.

La revocación de mandato en México se propuso como un mecanismo de “democracia participativa”. Sin embargo, el Presidente de la República lo ha convertido en una buena estrategia y “pretexto” para sus  propósitos políticos.

#VIDEO | Lorenzo Córdova: Falso que el INE pretenda obstaculizar la Revocación de Mandato

El consejero presidente, @lorenzocordovav, rechazó que el @INEMexico busque obstaculizar la consulta popular y precisó que “si la Revocación de Mandato va, es gracias al INE”. pic.twitter.com/RBAk98uCuA

— LA OCTAVA (@laoctavadigital) February 28, 2022

Por un lado, para retar a todos los “conservadores” que no están de acuerdo con la 4T, a que lo enfrenten en las urnas, para continuar su narrativa de una pretendida división entre el pueblo que apoyará su ratificación, versus los  conservadores que votarían por la revocación; como estrategia distractora de la falta de resultados de su gobierno y para continuar en campaña permanente, con miras a las elecciones de gobernadores de este año, al tiempo de reagrupar a su partido y movilizarlo de cara a las elecciones de 2024.

Por otra parte, atacar al INE y mermar su imagen, con miras a someterlo, sea por la vía legal o política. Este mes de marzo y hasta el 10 de abril de 2022, día del proceso del ejercicio de la revocación, seremos testigos de un embate frontal contra el INE.

 

‘PATADAS DE AHOGADO’

Deberemos estar en “alerta” para saber hasta dónde se quiere vulnerar, debilitar, acotar o secuestrar al INE. Apenas la última semana de febrero, AMLO acusó a este órgano electoral de intentar sabotear la consulta debido al bajo número de casillas que colocarán.

“Van a poner las mismas casillas que pusieron en la consulta pasada, pero además les costó 500 millones la colocación de las casillas para la consulta de la vez pasada, y ahora van a poner lo mismo, pero no son 500 millones, ya son mil 700, mil 800 millones, entonces ¿cómo están las cuentas? Va a costar dos, tres veces más. Eso lo voy a dar a conocer, imagínense, va haber municipios en donde no van a instalar una casilla. ¿Qué no es eso una afrenta a la democracia?”, expresó el Primer Mandatario.

López Obrador añadió que esto se debe a que “los señores están en contra de la transformación del país” y reprochó que ellos deberían de “situarse por encima de intereses particulares y partidistas”, así como asumir el papel de jueces y cumplir con la democracia.

 

NO ES LO MISMO

Pero obtuvo la respuesta ‘más rápido que furioso’ por parte del consejero Ciro Murayama, quien salió a esclarecer que las actividades de este año no son comparables con la consulta popular, ya que para la revocación de mandato se inició el proceso desde cero, en cambio, para la organización de la consulta del pasado 1 de agosto, el INE contó con la inercia de varias actividades para organizar la elección federal.

“En ese entonces, por ejemplo, fueron convocados los mismos funcionarios y funcionarias de casillas que habían recibido y contado los votos de sus vecinos en dichos comicios”, añade.

En cambio, detalló que para la revocación se realiza un nuevo sorteo de ciudadanos; se deben efectuar las gestiones y levantamientos de recursos necesarios para la instalación de casillas y adquirir de nueva cuenta materiales, como la tinta indeleble o insumos sanitarios ante la pandemia del Covid-19.

Además de lo anterior, el órgano electoral indicó que se deben instalar 32 consejeros locales y 300 consejeros distritales, conforme establece la ley, “a diferencia de lo que ocurrió en la consulta popular”.

 

INE, EL MEJOR ÁRBITRO ELECTORAL

El Instituto Nacional Electoral es el único garante constitucional para que los mexicanos tengamos elecciones limpìas y confiables. Tanto que en ellas participan millones de ciudadanos anónimos que con su trabajo honesto y transparente dan aval y soporte a nuestros procesos electorales.

Desde que se creó el IFE (hoy INE), gracias a la ‘caída del sistema’, se han dado tres alternancias en el Poder Ejecutivo desde el año 2000. Se trata de un instituto reconocido mundialmente en materia de procesos electorales.

El Presidente Andrés Manuel se ha mostrado conocedor de nuestra historia y debe tener claro: Que el INE es producto de la  vocación democratica y de muchas luchas que protagonizó el pueblo de México, pasando por la Independencia, la Reforma y la Revolución.

Durante todo el siglo XIX, México se debatió entre las tesis politico-electorales de los liberales contra los conservadores. Las de los conservadores eran las tesis centralistas versus las de los liberales que defendían el federalismo.

La Constitución de 1824 estableció la República representativa y federal, en tanto la  Ley Electoral de 1836 (Antonio López de Santa Anna) estableció el “Supremo Poder Conservador” que autocalificaba las elecciones.

Con la Reforma en la Constitución del 5 de febrero de 1857 se restituyo la tesis liberal. En la legislación electoral del porfiriato, en la Reforma Constitucional del 20 de diciembre de 1890, se estableció la REELECCIÓN INDEFINIDA. Esta reforma le permitió a Porfirio Díaz gobernar otros 31 años y la  antítesis de los Hermanos Serdán y Madero, el “antirreeleccionismo”, se convirtió en una de las principales banderas de la Revolución.

Con la Revolución la Ley para la Elección de los Poderes Federales del 2 de junio de 1918, que se decretó un año después de haberse aprobado la Constitución General de la República de 1917, se reglamentó el sistema de elección de los Poderes Legislativo y Ejecutivo contenido en su Artículo 40 que dispone el principio mantenido hasta la fecha: “Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república, representativa, democrática y federal”.

Aunque después de 1988 se buscó abrir los canales democráticos y ampliar la participación política, fue a partir de la reforma de 1977 de Jesús Reyes Heroles, que se  impulsó el pluralismo político, favoreciendo la representación y participación legal de las minorías políticas representadas en los partidos políticos ya existentes. Así, el Artículo 41 constitucional definió a los partidos como “entidades de interés público”.

En resumen, México realizó 11 reformas electorales entre 1977 y 2014. Ocho fueron de amplio alcance e implicaron cambios constitucionales y legales: 1977, 1986, 1990, 1993, 1994, 1996, 2007 y 2014, mientras que tres fueron focalizadas a aspectos puntuales y requirieron sólo modificaciones a leyes reglamentarias.

Producto de todo ello, el INE logró la independencia de sus consejeros y el reconocimiento constitucional como organismo autónomo.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) también se consolidó; con el fin de garantizar la legalidad de los procesos electorales, se creó un sistema de justicia electoral que tuvo sus primeros cimientos en 1986 con la creación del Tribunal de lo Contencioso Electoral, luego el Tribunal Federal Electoral en 1990 y finalmente el TEPJF en 1996 con un sistema de medios de impugnación que le ha dado la última palabra para dirimir controversias entre partidos, entre partidos y autoridades, y entre militantes y los órganos de dirección partidarios.

Ni el Presidente AMLO ni el gobierno de la Cuarta Transformación son sinónimo de democracia. Ésta es un anhelo de los mexicanos desde hace dos siglos y se ha venido perfeccionando. Se plasmó en la Constitución como “Una forma de vida”.

En materia electoral hemos avanzado y madurado como nación. Gracias a ello fueron posibles tres alternacias del Poder Ejecutivo Federal, incluida la de julio de 2018. Es evidente que ya erradicamos el fraude electoral y que los principios democráticos ya son cimiento inamovible de nuestra cultura cívica.

Por mandato constitucional, la revocación de mandato va. No hay duda que el INE cumplirá su papel de árbitro imparcial de un proceso que, por donde se le vea -al menos en este sexenio-, sólo servirá a AMLO y a Morena.

Nadie, ni seguidores de la 4T, ni siquiera sus opositores, pidieron que el Presidente dejara el cargo. Treinta millones de mexicanos lo eligieron por seis años y -todavía- tienen la esperanza de que la ansiada Transformación llegue para alcanzar mejores niveles de vida en salud, en educación, en seguridad, en prosperidad y en justicia. Eso esperamos los mexicanos y no malgastar en un ejercicio democrático que el pueblo no pidió.

Dicho de otra manera: Es un dinero millonario tirado a la basura en plena Austeridad Republicana .

 

***Académico.