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HOJAS LIBRES

¡Pena de muerte a quienes cometan fraude electoral!

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Pancho Villa lanzó la propuesta en 1916 * Ante el preludio de un fraude electoral anticipado ante la preocupación y el miedo que le provoca Xóchitl Gálvez: derrota, exilio o cárcel, cobra vigencia la frase de Doroteo Arango, un personaje al que tanto admira el Presidente Andrés Manuel López Obrador

 

ROBERTO DOMÍNGUEZ CORTÉS

 

El pasado 23 de julio se celebraron los 100 años del asesinato de José Doroteo Arango Arámbula, el célebre Pancho Villa.

Desde Durango, cuna del guerrillero que se enfrentó al poder del Estado mexicano, Andrés Manuel López Obrador rindió homenaje a un personaje que la historia ha colocado como un héroe.

Pero lo cierto era que sus actos de barbarie, asesinato, robos y abusos, superan en mucho los intentos de hacerlo aparecer como prohombre, pero eso es otra historia.

El orador oficial para tan magno evento fue Pedro Salmerón, al que López Obrador ha calificado como el mejor historiador de México, en un fallido intento para minimizar a grandes historiadores como Enrique Krauze y Héctor Aguilar Camín.

En su pésima perorata, Salmerón destacó que Pancho Villa se volvió guerrillero por defender el honor de su familia, en especial de su hermana Martina, aun cuando no haya especificado este cruento pasaje, propio del siglo XIX, escenario de los abusos de los señores feudales del México de la época.

En efecto, Pancho Villa hirió de muerte al hacendado Agustín López Negrete, dueño y señor de vidas y honras en su hacienda de Gogogito del estado de Durango. El motivo, López Negrete trató de violar a su hermana Martina y Villa salió a defenderla en frenética y justificada defensa.

Huyó hacia la sierra de la Silla, en donde adoptó el nombre con el que pasó a la historia, como el famoso bandolero al que se le atribuyen hazañas, algunas de ficción por falsas y fantasiosas.

Lo malo de López Obrador es que para exaltar la figura de Villa o Arango, escogió al personaje menos autorizado para censurar a Agustín López Negrete, tentativo victimario de Martina Arango Arámbula, una niñita de apenas 12 años al intentar abusar de ella.

Pedro Salmerón carece de autoridad moral para hablar de un tema del que ha sido sindicado y protagonista principal.

Recuérdese que López Obrador lo propuso como embajador de México ante el gobierno de Panamá. La respuesta presidencial panameña fue de absoluto rechazo, en la voz de la canciller Erika Mouynes.

El aspirante a embajador cargaba con el estigma y el sambenito de conducirse como un afamado acosador sexual. De sus andanzas dan cuenta sus alumnas en el Instituto Nacional de Antropología e Historia y en el Instituto Tecnológico Autónomo de México.

Su deplorable condición humana terminó con el cese de sus funciones como catedrático en ambas instituciones. Como buen peleonero López Obrador lo defendió y protagonizó un escándalo internacional, al calificar al gobierno de Panamá y a su canciller como herederos de la Santa Inquisición, aun cuando la actitud del gobierno panameño nada tuvo que ver con la Santa Inquisición.

La respuesta del gobierno de Panamá fue severa. Calificó a López Obrador como un facineroso con pretensiones de inmiscuirse en la soberanía de un país para determinar su aceptación o rechazo a una propuesta diplomática.

México no merecía ser exhibido internacionalmente por defender a un personaje detestable, acusado por más de una de sus alumnas, en abuso de su jerarquía como catedrático, lo que constituye delito sancionado por el Código Penal y todos los códigos penales de la República.

La remembranza a Francisco Villa puso también en el escenario nacional los intentos golpistas a la democracia de López Obrador, en la elección presidencial del 2024.

Villa, con todo y lo bandolero que fue, siempre se manifestó por el respeto irrestricto al sufragio libre y espontáneo del electorado, como respuesta a las sucesivas reelecciones y trampas electorales de Porfirio Díaz y Venustiano Carranza.

En 1916 propuso la pena de muerte para quienes cometieran fraudes electorales. Y tenía razón. Un fraude electoral cambia para siempre la historia de cualquier país.

En 1929 el maestro de América, José Vasconcelos, derrotó a Pascual Ortiz Rubio y fue despojado del triunfo. En 1940 el general Juan Andrew Almazán se impuso sobre el general Manuel Ávila Camacho y Lázaro Cárdenas terminó por imponer al candidato oficial.

Y en 1988 el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas venció en las urnas al usurpador Carlos Salinas de Gortari y Manuel Bartlett fue el encargado de la “caída del sistema” para entronizar al gobierno salinista.

El resultado funesto de estos tres acontecimientos fue el mismo. Cientos de detenidos y muertos para consumar el fraude electoral. El más reciente, el asesinato de Xavier Ovando y su ayudante Ramón Gil, dos expertos informáticos que habían diseñado un programa para tener información en tiempo real de la jornada electoral de julio de 1988.

Durante el trágico salinato, más de 500 perredistas fueron asesinados. Lo malo es que de esas huestes inconformes, salió Andrés Manuel López Obrador, entonces “ferviente demócrata”, quien en 2012 confió a mi amigo Jaime Avilés: “Yo sostengo que el principal problema de México ha sido la falta de democracia, porque de la falta de democracia viene la corrupción y todo lo demás”. (Página 80 del libro AMLO: vida privada de un hombre público).

Hoy López Obrador se ha olvidado de esos ideales por los cuales se comprometió cumplir y hacer cumplir la Constitución cuando protestó como presidente de México, y se pone al nivel de los represores y asesinos Daniel Ortega en Nicaragua, Nicolás Maduro, una extensión del dictador Hugo Chávez en Venezuela, y los hermanos Castro en Cuba, dispuestos a jamás ceder el poder.

Con su plan A, pretendió apropiarse del control de las instituciones electorales para someter al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en la elección presidencial del próximo año.

Su intención del “demócrata” era regresar al esquema electoral de los años 80 donde el Estado era juez y parte, cuando el secretario de Gobernación fungía como presidente de la Comisión Federal Electoral.

Como no le funcionó, ideó un plan B con el propósito de controlar las elecciones presidenciales a través de leyes secundarias. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le desactivó e invalidó sus afanes golpistas al declarar anticonstitucionales todas sus fallidas iniciativas.

Esas dos abrumadoras derrotas exhibieron aún más su talante autoritario. Cínico, burlón y sin algún recato y mucho menos respeto, ofende a la ciudadanía y al electorado con una amenaza preocupante: “Si creen que al no prosperar el plan A y el plan B ya perdimos están equivocados. Tenemos todavía un plan C”.

El plan C es el más peligroso de todos. Por anticipado advierte que la oposición no volverá a ganar. Y para someter a la SCJN y todos los organismos autónomos, pretende apropiarse de la mayoría calificada en el Congreso de la Unión y así garantizar la aprobación de todas sus reformas inconstitucionales e ilegales, con todo el poder del Estado, aun cuando México caiga en una espiral de violencia y muertes sin límite.

Es el preludio de un fraude electoral anticipado ante la preocupación y el miedo que le provoca Xóchitl Gálvez: derrota, exilio o cárcel.

Ante tantos insultos y amenazas a la Nación, cobra vigencia la sentencia de Doroteo Arango al que tanto admira: “Pena de muerte para los que cometan fraudes electorales”.

Ampliaremos…

 

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Fraude electoral a la vista

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El movimiento morenista busca perpetuarse por encima de la voluntad ciudadana * Arturo Zaldívar, el esquirol del lopezobradorismo

 

ROBERTO DOMÍNGUEZ CORTÉS

 

Andrés Manuel López Obrador ha entrado en una etapa de desesperación por ganar, bajo cualquier circunstancia y riesgo para el país, la elección presidencial del 2024 y las nueve gubernaturas en disputa.

Sus trampas comenzaron con el plan A para apropiarse del control del Instituto Nacional Electoral y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. No le resultó. La Suprema Corte de Justicia de la Nación le canceló sus afanes futuristas al decretar que su intento de reforma era absolutamente inconstitucional.

A través de su plan B, pretendió el control de la elección con reformas a las leyes secundarias, y de nuevo la Corte Suprema le dio un severo revés al declarar inoperantes sus intentos dictatoriales de dominar el proceso electoral del 2024.

Cínico ante la Nación amenazó con un plan C. Sin algún recato, y mucho menos con ética política, lanzó su manifiesto antidemocrático ante la ciudadanía y el electorado. “Si creen que con echar abajo el plan A y el plan B hemos perdido… se han equivocado. Tenemos todavía un plan C”.

Era el mensaje más funesto a la Nación para perpetuarse y continuar con la destrucción del país desde la cuarta regresión. Ese plan C tiene dos vertientes amenazantes. Ha dicho que la oposición jamás volverá a ganar, que el segundo lugar de las corcholatas será el presidente del Senado de la República, el tercer lugar lo tiene reservado para el liderazgo de la Cámara de Diputados y el cuarto lugar para la Secretaría de Gobernación.

Es la premonición fatal cuando desde ahora anuncia un monumental fraude electoral para perpetuar a su movimiento morenista por encima de la voluntad ciudadana.

Ningún presidente durante los 71 años del largo ciclo priísta ni durante los 12 años del panismo se atrevió a tanto: designar por anticipado a su sucesora, la tal Claudia Sheinbaum, y la conformación a su gusto de la estructura política de la República.

Parte de sus intentos golpistas, López Obrador los ha centrado en el sumiso lacayo Arturo Fernando Zaldívar Lelo de Larrea. No basta ser jurista para ser presidente del Tribunal Constitucional de la Nación. Se requiere dignidad, decoro, vergüenza profesional y lealtad a las instituciones republicanas.

Arturo Zaldívar no reúne esos requisitos cuanto que utilizó la toga para postrarse de hinojos ante un dictadorzuelo con afanes transexenales que ya desde ahora se advierten fallidos.

La primera muestra de subordinación la dio Zaldívar cuando con absoluta falta de respeto al poder que representaba se atrevió a infamar: “Hay que escuchar el mandato de las urnas”. Ello en referencia a que López Obrador había obtenido 30 millones de votos en la elección presidencial del 2018 y había que rendirle tributo. Arturo Zaldívar ejercía así una justicia militante.

Como ministro presidente de la Suprema Corte no tenía derecho a hacer un pronunciamiento en nombre de ministros, magistrados y jueces a los que no pidió permiso para decirle al señor López que él era el mandamás del Poder Judicial Federal. Este abyecto jurisconsulto habló en nombre propio y no de los 55 mil trabajadores del Poder Judicial Federal.

El segundo momento de vasallaje lo dio Arturo Zaldívar cuando López Obrador propuso prolongar el mandato de presidente de la Corte de cuatro a seis años. Era un atentado gravísimo al Artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: “Cada cuatro años, el Pleno elegirá de entre sus miembros al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.

Acostumbrado López Obrador a “no me vengan con el cuento de que la ley es la ley” y su frase preferida “al diablo con las instituciones” pretendió pisotear la Carta Magna con un artículo segundo transitorio muy por debajo de un dispositivo constitucional que regula exactamente el tiempo de permanencia del presidente de la Corte.

Otra vez Arturo Zaldívar atentó en contra de la toga y el birrete que le fue otorgado por el Poder Ejecutivo, la representación nacional y la supremacía constitucional. Sabía Zaldívar la imposibilidad de prolongar su mandato por dos años más y jamás hizo pronunciamiento alguno al respecto.

Sometido por López Obrador apenas alcanzó a balbucear: “Esperaré a que resuelvan los señores ministros sobre la extensión de mandato”.

No Zaldívar. En un acto de dignidad jurisdiccional y republicana, lo procedente era informar a la Nación: “No puedo ser presidente por seis años, porque fui elegido por cuatro y mi Constitución Suprema lo prohíbe”. Se comportó como un vulgar esquirol de López Obrador y no como titular de otro poder sujeto a mandatos constitucionales.

Pero el acto más vergonzoso le llegó a Arturo Zaldívar cuando decidió con anticipo de un año renunciar como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Su renuncia era absolutamente improcedente.

El Artículo 98 de la Ley Fundamental considera como renuncia sólo una causa grave y Arturo Zaldívar se exhibió como el empleado de la cuarta regresión sin existir una causa grave y mucho menos manifestar cuál era esa causa.

Cierto que la Constitución es abstracta cuando sólo esgrime causa grave, en tanto que el artículo 8 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación amplía esa causa grave: “Los ministros durarán en su encargo 15 años, salvo que sobrevenga incapacidad física o mental”. Esa causal también es muy limitada y circunscrita a sólo dos hipótesis.

Habría entonces que remitirse a los requisitos para ser ministro de la Suprema Corte contenidos en el Artículo 95 de la Carta Magna:

1.- Ser ciudadano mexicano por nacimiento. La causa grave sería que se encontrara que el ministro es extranjero.

2.- Tener 30 años cumplidos el día de la designación. La causa grave sería que tuviera menos de esa edad.

3.- Tener título profesional con diez años de antigüedad. La causa grave sería un título profesional con menos de diez años de antigüedad. Es el caso de la plagiaria delincuente Yasmín Esquivel Mossa que inconstitucionalmente ocupa el cargo de ministra al servicio de López Obrador.

4.- Gozar de buena reputación y gozar de buena fama en el concepto público. Ahí estaría la causal de la renuncia de Arturo Zaldívar cuando que no goza ni de buena reputación y menos de buena fama en el concepto público. Así lo acredita su carta de renuncia y sus actos como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Su renuncia no puede ser más indignante y pusilánime que con los argumentos esgrimidos para abdicar de un cargo conferido hasta el 30 de noviembre de 2024 y que tenía obligación de respetar: “Me retiro porque voy a apoyar un proyecto”.

“No voy por un cargo”, aunque ya se definió por la Sheinbaum y espera retribución administrativa. “Xóchitl está nerviosa porque las encuestas no le favorecen. No puedo juzgar con imparcialidad al demostrar simpatía por una causa”.

La miseria humana de Arturo Zaldívar Lelo de Larrea llegó a su máxima expresión cuando se comprometió con el proyecto destructor de Nación de López Obrador manifestado en su carta de renuncia.

Lo grave es que esos pronunciamientos los hizo en funciones de ministro. Aun cuando haya presentado su renuncia, el Senado todavía no daba su aprobación y adherirse pública y anticipadamente a un proyecto político e ideológico al que siempre perteneció desde la clandestinidad.

Cuando Arturo Zaldívar protestó el cargo juró cumplir y hacer cumplir la Constitución por encima de cualquier interés personal o de grupo. Sabía que su compromiso era por 15 años de lealtad constitucional. Con su actitud quedará por siempre la certeza de la complicidad con López Obrador para dejarle un ministro hasta el 2038.

Queda así de manifiesto lo que siempre fue: un traidor a la administración de justicia y a las instituciones republicanas. Ampliaremos…

 

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HOJAS LIBRES

El huracán López Obrador, más dañino que el Otis

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Lecciones de la historia en Guerrero: caída de gobernadores y enfrentamiento con el gobierno federal * No hay dinero suficiente para la reconstrucción de Acapulco, pero sí lo hay para el dispendio y la frivolidad para publicitarse y anunciar mentiras * Con la tragedia de Acapulco, AMLO ha perdido 15 puntos e indudablemente ese rechazo tendrá repercusiones nacionales imposibles de predecir al día de hoy

 

ROBERTO DOMÍNGUEZ CORTÉS

 

La tragedia de Acapulco exhibió a Andrés Manuel López Obrador de cuerpo entero. La indolencia y la irresponsabilidad son los mayores referentes de un gobierno que encubre la realidad y se esconde en la demagogia con apariencia de democracia.

La indolencia de López Obrador se hizo presente cuando después de nueve días publicó la declaratoria de emergencia.

El huracán Otis, categoría cinco, pegó en las costas de Acapulco el día 25 de octubre y fue hasta el 3 de noviembre cuando se dio cuenta que ese centro turístico necesitaba, más que actos de solidaridad y mensajes de conformidad, ayuda inmediata y efectiva.

López Obrador se tardó para acudir en defensa de la seguridad y la vida de 800 mil damnificados. Así, de ese tamaño, fue su irresponsabilidad.

La tragedia de Otis agarró a López con los dedos atrás de la puerta.

Su frivolidad para hacer un aeropuerto a donde no llegan aviones ha tenido un sobreprecio de 265 mil millones de pesos con relación al de Texcoco.

Una refinería que no refina pasó de 8 mil millones a 20 mil millones de dólares, con un incremento injustificado de 210 mil millones de pesos.

En tanto el Tren Falla (sic), rumbo al precipicio, pasó de 143 mil millones a 280 mil millones de pesos con un costo superior de 137 mil millones de pesos.

El asalto al erario nacional suma entonces 612 mil millones de pesos, sólo por exceso en los gastos presupuestados, en tanto la dilapidación total rebasa el billón de pesos.

Hasta ahora aparece la realidad cuando se gastan los dineros públicos sin alguna consideración, como si la disposición presupuestaria fuera ilimitada y se presume que siempre hay dinero disponible cuando que la realidad indica otra cosa.

Se ha calculado la reconstrucción de Acapulco entre 15 mil y 18 mil millones de dólares, algo así como 263 mil a 315 mil millones de pesos. Si se atiene a esas cifras, los 612 mil millones de pesos en sobreprecio de las tres fraudulentas obras, habría sido suficiente para reconstruir dos veces Acapulco.

Pero no, se prefirió la parafernalia y aparentar que con esas tres megaobras estaba asegurado el porvenir de los mexicanos y el desarrollo de México, cuando en realidad esos tres esperpentos representan el mayor fracaso de la obra lopezobradorista.

Los malos resultados de la política económica están a la vista. Como a López Obrador ya se le acabó el dinero y trata de aparentar salud económica, para el año 2024 se ha previsto una deuda pública de un billón 900 mil millones de pesos.

Ese endeudamiento es indicador irrefutable que la sequía a las finanzas públicas ha sido alcanzada por los pésimos manejos presupuestarios y el exceso de gastos que no tienen ni tendrán correspondencia con el ingreso y menos con el bienestar nacional.

Para mantener su clientela electoral, entre jóvenes construyendo el futuro, adultos mayores y discapacitados, López Obrador destina cada año 300 mil millones de pesos, una cantidad similar a la necesaria para la reconstrucción de Acapulco. Y con la amenaza que en 2024 esa ayuda tendrá un incremento del 20 por ciento por estar en disputa la Presidencia de la República, nueve gubernaturas y 20 mil cargos de elección popular. Se trata pues de compra descarada de votos.

De ese tamaño es la deshonestidad de López Obrador, célebre por su ridícula y desgastada perorata de no mentir, no robar y no traicionar. Se acabó esa demagogia.

Los gobiernos morenistas empezando por el nacional, son más mentirosos, más ladrones y más traidores que todos sus predecesores priístas y panistas.

Ahora, en un acto desesperado y abusivo, López Obrador trata de apropiarse ilegalmente de dineros que legítimamente le pertenecen a otras instituciones. Quiere rapiñar los 15 mil millones de pesos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y dejar a la deriva 55 mil trabajadores que han ahorrado durante 10, 20 y 30 años para tener un retiro que les dé certeza de una vida tranquila y sin sobresaltos.

También quiere apropiarse ilegalmente de los 26 mil millones que le pertenecen a los órganos autónomos, para compensar la desaparición (robo) de los 18 mil millones de pesos del Fonden, sin que se haya conocido su destino, aun cuando puede inferirse se encuentran en el AIFA, el Tren Falla (sic), la refinería Dos Bocas y los bolsillos de más de uno de sus colaboradores como ocurrió con Segalmex.

Su planecito de emergencia de 61 mil millones de pesos para la reconstrucción del puerto es vergonzosa y una ofensa para el pueblo de Acapulco. Con una población de 800 mil habitantes, tocaría a cada uno apenas 75 mil pesos, cuando la realidad demuestra que han perdido todo y no alcanzará ni para repellar una casa.

Acapulco representa, o representaba, el 80 por ciento de la economía de Guerrero, y en esa proporción hay que dimensionar la ayuda humanitaria y no con paliativos que en poco o nada mejorarán la condición infrahumana en que hoy se debaten los damnificados.

Esos 61 mil millones de pesos apenas representan el nueve por ciento de los 612 mil millones de pesos del exceso en el gasto de sus obras que se dirigen hacia ninguna parte.

Al día de hoy Dos Bocas se encuentra totalmente inundada, señal inequívoca de que es un fracaso anunciado.

El huracán López Obrador ha resultado más dañino que el Otis. No hay dinero suficiente para la reconstrucción, pero sí lo hay para el dispendio y la frivolidad para publicitarse y anunciar mentiras.

López Obrador, que se ufana de ser historiador, no debe olvidar las lecciones del estado de Guerrero a la nación. Esta entidad siempre ha sido un pueblo guerrero que le viene de estirpe del libertador Vicente Guerrero al cual debe su nombre. Varios acontecimientos así lo confirman.

En octubre de 1960 los estudiantes de la Universidad de Guerrero demandaban al general Raúl Caballero Aburto, gobernador del estado, la autonomía de la institución.

La huelga culminó con el asesinato de varios estudiantes en la plaza principal de Chilpancingo, lo que llevaría al mandatario a renunciar en enero de 1961.

No hay que olvidar tampoco que la Guerra Sucia de los años 70 dio severos reveses a los gobiernos de Luis Echeverría y José López Portillo.

Lucio Cabañas, Genaro Vázquez y Carmelo Cortés encabezaron una lucha interminable desde el partido de los pobres en contra del Gobierno de la República.

Ante esos acontecimientos el gobernador Israel Nogueda Otero fue destinatario de la desaparición de poderes por enfrentamiento con ejidatarios de Alta Icacos, precisamente en Acapulco, por fraude en la venta de terrenos inexistentes.

La matanza de Aguas Blancas, en junio de 1995, fue otro evento que culminó con la caída del gobernador Rubén Figueroa Alcocer, heredero de las trapacerías de su padre, Rubén Figueroa Figueroa, el legendario Tigre de Huitzuco.

Tocó el turno a Ángel Aguirre Rivero, al renunciar en octubre de 2014 por los trágicos acontecimientos de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.

Paradójicamente, Aguirre Rivero sustituyó a Rubén Figueroa y después hubo de renunciar por la matanza de Aguas Blancas.

Todo esto confirma las peleas legendarias de los bravos guerrerenses contra gobiernos autoritarios, represores, irresponsables y asesinos.

López Obrador no debe olvidar que a raíz de la matanza de Aguas Blancas, apareció el Ejército Popular Revolucionario y que Lucio Cabañas egresó de la Normal Rural de Ayotzinapa, líder icónico en los tiempos de la Guerra Sucia.

Por lo pronto, con la tragedia de Acapulco, López Obrador ha perdido 15 puntos e indudablemente ese rechazo tendrá repercusiones nacionales imposibles de predecir al día de hoy.

Bajo esas circunstancias Guerrero, sobre todo Acapulco, tendrá enorme peso electoral en el país para 2024 y de lo cual ya ha sido advertido el señor López por los abandonados damnificados. Ampliaremos…

 

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La comedia a la vista

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La irresponsabilidad de un gobierno más preocupado por defender los fracasos de la 4T que la vida en juego de cientos, de miles de mexicanos * El Presidente prefirió el circo y el histrionismo para aparentar el tan pregonado humanismo social que jamás ha practicado y tampoco siente

 

ROBERTO DOMÍNGUEZ CORTÉS

 

La catástrofe de Acapulco, el tradicional centro turístico mexicano, dejó la lamentable experiencia de ausencia de Estado, la indolencia, la corrupción, la inepcia de los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y de ese monumento a la frivolidad y la incompetencia llamada Evelyn Salgado Pineda.

La noches del martes 24 para el miércoles 25 de octubre anterior, el huracán Otis, categoría cinco, azotó las costas de Acapulco y destruyó la infraestructura aeroportuaria, carretera, restaurantera y hotelera.

Después de cinco días la ayuda humanitaria no llegaba. La indolencia del gobierno de López Obrador y de Evelyn Salgado fue tan evidente que los residentes de varias colonias de Acapulco los llevaron a exhibir la miseria humana del que se dice Presidente de México y gobernadora del estado.

Con infinito coraje y desesperación clamaban: “Que venga el hijo de la chingada a ver estos destrozos”, “que se baje del helicóptero con su guayabera este cabrón para que se enfrente a la realidad”. Otra mujer amenazaba: “Estamos en época de elecciones y se la vamos a cobrar. Estoy emputadísima por la falta de ayuda. Vean estos destrozos. No tenemos agua, comida, ni ley”.

Rememoraron que cuando “el huracán Paulina azotó las costas de Oaxaca y Acapulco, inmediatamente aquí estuvo el Presidente de la República”, a diferencia del ausente López Obrador.

Los habitantes guerrerenses se referían al 7 de octubre de 1997 cuando Ernesto Zedillo era el presidente de México. El mismo que ordenó entregar a López Obrador su constancia de mayoría para que pudiera ser jefe del Departamento del Distrito Federal. Las trampas y argucias de siempre del Peje para finalmente asaltar la Presidencia de la República.

Ni el plan DN-III funcionó como tradicionalmente ocurrió en los gobiernos priístas y panistas. La presencia del Ejército era inmediata y de resultados.

Hoy la lentitud con que se actuó demuestra la irresponsabilidad de un gobierno más preocupado por defender los fracasos de la Cuarta Transformación que la vida en juego de cientos, de miles de mexicanos.

En un escenario inventado para aparentar preocupación y arrojo, López Obrador recurrió al cuento de que el jeep en que viajaba se atascó. Y para completar la farsa se bajó y caminó ridículamente entre los lodazales.

La farsa está a la vista. Aun cuando ya no existe el Estado Mayor Presidencial, el sustituto tiene todos los instrumentos a su alcance para preservar la seguridad presidencial. Por dónde va a pasar y hacia dónde se dirige. Las condiciones climáticas y geográficas del terreno. Los peligros y obstáculos que puede haber en el trayecto. Todo eso se sabía y aun así se continuó con la comedia.

Lo bueno es que quedó como el payasito de la tele, pues tenía la opción de transportarse por aire para mayor seguridad y más rapidez, en coordinar y ordenar la agenda humanitaria inmediata. Pero no. Prefirió el circo y el histrionismo para aparentar el tan pregonado humanismo social que jamás ha practicado y tampoco siente.

Lo cierto es que no se sabe si llegó o no a Acapulco y todo fue un montaje como los acostumbrados siempre del lopezobradorismo.

La ausencia del Ejército y desde luego del Estado, contrasta con los 32 mil efectivos destinados a la persecución permanente de los migrantes que llegan al territorio nacional para cumplir el compromiso con Estados Unidos de no dejarlos llegar a la Unión Americana.

Contrasta también con los 20 mil soldados enviados a Tulum, Quintana Roo, para la construcción de un hotel al lado de un aeropuerto que no existe. ¿Qué hace el Ejército dedicado a construir aeropuertos, trenecitos de fantasía, controlar aduanas, repartir libros y vacunas? en vez de ayudar a un pueblo en ruinas. Es la corrupción a la milicia para asegurar la docilidad de las Fuerzas Armadas.

Mientras eso ocurre, Acapulco se desangraba y los muertos aparecían, mientras los desaparecidos no aparecen por ningún lado, en un territorio donde por primera vez el plan DNIII resultó un fracaso. Ello puso en evidencia la incapacidad del Ejército para enfrentar y controlar los actos de rapiña perpetrados por la población y la delincuencia organizada.

Las imágenes son patéticas. Más allá de los alimentos y artículos de primera necesidad para satisfacer lo elemental del ser humano, “el pueblo” se dedicó a robar en todas las tiendas de conveniencia. El saqueo de aparatos eléctricos, televisores, estufas, refrigeradores, aceites para motor, y todo cuanto encontraron en el camino, evidenciaron que el Ejército y la Guardia Nacional no tuvieron el mínimo control sobre una población desbordada y dedicada a rapiñar.

Mitómano y sin sentido del honor, López asumió su propia defensa desde sus catilinarias mal estructuradas de las Mañaneras. Con pésima sintaxis, sin la prosodia que caracteriza el tono superior de los discursos y con faltas de ortografía oral, fustigó a los medios conservadores, chayoteros y viles por difundir mentiras sobre la trágica y evidente verdad de Acapulco.

Vileza es ocultar la verdad y tratar de imponer una verdad única e inexistente. Ahí están las imágenes del desastre. Carente de ética política y de dignidad humana asegura que 26 muertos (los del principio) no son muchos.

Se excede cuando en una comparación poco afortunada, destacó que el huracán Katrina de Nuevo Orleans dejó 2 mil muertos y no se hizo tanto escándalo. Y para ocultar su responsabilidad, en la Mañanera profirió un insulto mayúsculo a los mártires de Acapulco: “¿43 muertos? No nos fue tan mal”. Lamentable expresión de un comediante con farsas humanistas.

Tiene razón el senador Javier Lozano Alarcón, cuando califica de miserable al señor López. En vez de preocuparse por los damnificados de Acapulco, en una de sus viles Mañaneras, se regodea al presumir su popularidad en el mundo como el segundo presidentito mejor calificado. Ningún Presidente ha llegado a tanto para proferir una expresión tan imbécil y en momento tan inoportuno.

Ventajoso y aprovechado de la tragedia humana urge a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que entregue los 15 mil millones de pesos de sus fideicomisos para ayuda de los damnificados.

La ministra presidenta Norma Lucía Piña aceptó el reto más que petición respetuosa. Propuso reglas claras para el reparto de esos 15 mil millones de pesos ante los evidentes hechos de que los bandidos de la Cuarta Transformación podrían robarse los dineros que pertenecen al trabajo diario de los 55 mil trabajadores del Poder Judicial de la Federación.

Mejor debería rescatar parte del casi un billón de pesos que han costado sus tres obras fantasmas destinadas al fracaso y al precipicio. Así como también obligar a devolver los 15 mil millones de pesos del fraude de Sedalmex con cargo al delincuente Ignacio Valle Fernández.

Bastaría con que se devuelvan los 485 mil millones de pesos del Insabi para proporcionar una ayuda certera y de gran magnitud a los damnificados de Acapulco, en vez de continuar con su perorata de tratar de desprestigiar a la Suprema Corte, cuando que el desprestigiado se llama Andrés Manuel López Obrador.

Evelyn Salgado Pineda es otro de los retratos de la corruptela de la cuarta regresión. Jamás apareció durante la conflagración, y cuando lo hizo se dedicó a exaltar virtudes de López Obrador que no tiene. Lo llamó humanista, gran gobernante y preocupado por el bienestar de la gente. Los hechos demuestran lo contrario.

Ausente de sus responsabilidades como desgobernadora del estado de Guerrero, es una vergüenza y un insulto para los guerrerenses. Su talante ridículo le viene de estirpe. Es hija del delincuente acusado de violación Félix Salgado Macedonio. Ampliaremos…

 

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