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HOJAS LIBRES

Militarización de México, una realidad

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¿Cuál seguridad nacional en la construcción de infraestructura? * Se advierte que la pretensión de AMLO es la opacidad en la realización de sus obras faraónicas y ocultar los actos de corrupción que privan sobre los mismos. Nadie se atreverá  a sancionar y a meterse con el Ejército

 

POR ROBERTO DOMÍNGUEZ CORTÉS

 

Durante toda su campaña, el Presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció porque el combate al crimen organizado se hiciera desde las instituciones civiles y no militares. La percepción que tenía el candidato cambió cuando se convirtió en Presidente.

La propuesta original se centró en combatir la violencia delincuencial a través de una fuerza policiaca profesional para desmilitarizar al país.

Lamentablemente hoy, el discurso sobre la desmilitarización ha tenido un giro de 180 grados, al ampliar las facultades de la Fuerza Armada permanente -Ejército, Marina y Fuerza Aérea- para el combate a la cada vez más sólida delincuencia organizada.

Es por ello que bajo ese fatal diagnóstico, López Obrador ha creado una Guardia Nacional compuesta por militares, marinos y Policía Federal adscritos a la Secretaría de la Defensa Nacional y bajo el mando del general Luis Rodríguez Bucio.

El Ejército lleva cerca de 40 años en tareas de seguridad pública, lo cual no le compete y viola el mandato del Artículo 129 de la Constitución mexicana: “En tiempos de paz ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar”. Lo anterior quiere decir que el Ejército tiene como adscripción permanente los cuarteles, comandancias y regiones militares en que se divide el país y no las calles de la República a donde se les ha adscrito permanentemente.

Para poder crear una Guardia Nacional militarizada se manipuló el espíritu democrático de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se reformaron y manipularon los artículos 31, 35 y 36 de la Carta Magna para sustituir la institución de la Guardia Nacional por una categoría apócrifa de cuerpos de reserva compuesta por militares y marinos.

En el exceso y para cumplir con el capricho de Andrés Manuel López Obrador se derogó la fracción XV del Artículo 73 Constitucional, sobre una de las facultades del Congreso de la Unión: “Para dar reglamentos con objeto de organizar, armar y disciplinar la guardia nacional, reservándose, a los ciudadanos que la formen, el nombramiento respectivo de jefes y oficiales, y a los estados la facultad de instruirla conforme a la disciplina prescrita por dichos reglamentos”.

Esta es la mayor prueba de la militarización del país, cuando se sustituyen a 32 Guardias Nacionales -una por cada entidad federativa- por una sola Guardia Nacional con jurisdicción sobre todo el territorio nacional y bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional. Ello provocó la reacción de los 10 gobernadores federalistas, al criticar severamente las trampas constitucionales del lópezobradorismo.

López Obrador ha hecho exactamente lo contrario a lo que hicieron los generales Plutarco Elías Calles, Lázaro Cárdenas y Manuel Ávila Camacho, quienes comprendieron el peligro que representaba el Ejército y se apresuraron a quitar el poder que durante más de cien años habían detentado.

Los mismos militares llegaron a la conclusión de que el poder verde olivo era un peligro latente para México y sus instituciones.  No les faltaba razón. Entre 1824 y 1946, 36 presidentes de la República fueron militares y únicamente 19 civiles.

La parte económica resultó fundamental para el control militar. En 1925 se destinó a las Fuerzas Armadas el 46 por ciento del gasto público federal, en tanto que apenas 22 años después, en 1947, tan sólo se le asignó el 13 por ciento, al concluir el gobierno del general Manuel Ávila Camacho, y en 1960 el Ejército dispuso únicamente del 5 por ciento.  Y un paso más para restarle fuerza y poder a los militares, fue obligarlos a desaparecer como sector y pasar a formar parte del sector popular dentro del Partido Nacional Revolucionario.

Falso entonces que López Obrador en su discurso del 1 de diciembre afirme que el país se está militarizando, bajo los insostenibles argumentos de que “no se ha ordenado a las Fuerzas Armadas que hagan la guerra a nadie, no se les ha pedido que vigilen u opriman a la sociedad, que violen las leyes, que coarten las libertades y, mucho menos, que se involucren en acciones represivas”.

No es necesario que el Ejército intervenga en todas estas acciones que atentarían en contra de la sociedad y el Estado Mexicano. Consta que con el decretazo expedido por el gobierno de López Obrador, todas las obras públicas en manos del Ejército sean consideradas como de seguridad nacional, cuando que ninguna obra pública, salvo por ejemplo la construcción de reclusorios, bajo ciertas especificaciones, se debe de guardar la secrecía del proyecto, sobre todo cuando se trata de penales de alta seguridad.

Seguridad nacional es considerada por ejemplo la disposición y dotación de agua, y desde luego no se concreta a la capacidad militar para controlar la tranquilidad y el orden exterior de la Nación. Implica fundamentalmente la habilidad del gobierno para funcionar eficientemente y satisfacer los intereses públicos esenciales en beneficio de la sociedad. Implica también estar alertas de un posible derrocamiento o de invasión extranjera con ánimos de dominación. Entonces ¿cuál seguridad nacional en la construcción de infraestructura?

Más que asignarle al Ejército tareas de represión se le ha extendido un salvoconducto para inmiscuirse en obras tan trascendentales como el aeropuerto Felipe Ángeles y el Tren Maya, las cuales deberían ser construidas por organismos empresariales de carácter civil.

Hoy se advierte que la pretensión es la opacidad en la realización de esas dos obras faraónicas que presenta el gobierno de López Obrador y ocultar los actos de corrupción que privan sobre los mismos. Nadie se atreverá  a sancionar y a meterse con el Ejército.

El Tren Maya inició con un presupuesto original de 156 mil millones de pesos, el cual se ha incrementado a 240 mil millones, es decir, 84 mil millones del presupuesto original asignado. En tanto que del aeropuerto Felipe Ángeles, David Colmenares, auditor Superior de la Federación, encontró que el aeropuerto de Texcoco había sufrido un quebrantamiento patrimonial de 300 mil millones de pesos. Reconvenido para rectificar cifras tan abultadas, después manifestó que únicamente eran 100 mil millones de pesos. Con todo y la reducción de los 200 mil millones, es un exceso para invalidar la obra por la cual sería siempre recordado Enrique Peña Nieto y que lastimaba profundamente el ego de Andrés Manuel López Obrador.

No es necesario pues asignarle al Ejército actividades represivas y de intimidación. Basta con hacerles partícipes de concesiones y enriquecimiento de los altos mandos militares para protestar una lealtad artificial hacia el Presidente, exactamente igual como lo ha hecho Nicolás Maduro en Venezuela: corromper a las fuerzas armadas para asegurar su lealtad sin sobresaltos.

Hoy el poder militar se ha inmiscuido hasta en funciones de carácter político, lo cual no ocurría ni en los tiempos más oscuros y represivos del PRI.

El general secretario ha llamado a sumarse a la Cuarta Transformación y colaborar en el proyecto de nación, como si México hubiese nacido con el Presidente López.

La Organización México Unido contra la Delincuencia, que preside Luisa María Sánchez Ortega, tenía identificadas, hasta octubre de 2020, 19 funciones transferidas del poder civil al control militar. Destacaban en ese entonces la construcción de aeropuertos, Tren Maya, control de puertos y aduanas, reparto de medicinas y operaciones de la Marina y militarización de la Guardia Nacional, entre otras tantas.

Hoy son más de 200 funciones civiles que acaparan los militares.  Ampliaremos…

 

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El destructor de las instituciones republicanas

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El 13 y 16 de septiembre AMLO asumió la representación unipersonal de la República * Es la advertencia abierta y amenazante de que no va a permitir la transmisión del poder a todo lo que signifique oposición y disidencia

 

ROBERTO DOMÍNGUEZ CORTÉS

 

Cuando Andrés Manuel López Obrador era oposición, todos sus discursos se centraban alrededor del respeto a la democracia y el combate a la corrupción. Así lo expresa mi extinto amigo Jaime Avilés en su libro “AMLO: vida privada de un hombre público”. De ahí derivó su falaz discurso: “No mentir, no robar, y no traicionar”. Traicionó sus ideales, terminó de mentiroso y finalmente traidor.

Su mayor traición a la vida nacional comenzó al tratar de apoderarse de los mayores símbolos de la democracia representativa: el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la federación.

Sus reformas constitucionales para “fortalecer la democracia” llevaban la impronta de adueñarse del control de la elección presidencial del 2024, de las nueve elecciones para gobernador, las 128 senadurías y las 500 diputaciones federales. Casi nada quería el autócrata de Palacio Nacional: el control absoluto de la República.

Sólo que no pudo avasallar la dignidad y el decoro de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Con la Constitución como emblema y la razón que da el derecho, el Supremo Tribunal Constitucional le derogó por anticipado, todos sus intentos anticonstitucionales de apropiarse de los mayores símbolos democráticos propiedad del pueblo de México.

Esa osadía de la Corte Suprema tuvo consecuencias. En su deformada personalidad, Andrés Manuel no lo entendió como un acto de respeto a las instituciones autónomas republicanas. Acostumbrado a imponer su voluntad entre los lacayos de la cuarta regresión (Santa Anna, Porfirio Díaz, Victoriano Huerta), una y otras resoluciones constitucionales de la Suprema Corte las calificó como afrentas y agravios a pesar de estar dentro del marco del Derecho.

Primero ofendió a la ministra presidenta, Norma Lucía Piña Hernández y al presidente de la Cámara de Diputados Santiago Creel.

En la conmemoración del 106 aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917, minimizó su presencia al mandarlos a una posición lejana dentro de la mesa de honor.

En sustitución de los flancos izquierdo y derecho que correspondía a los otros dos Poderes -Norma Lucía Piña y Santiago Creel- puso a su lado a los dos representantes de los dos órganos de represión consentidos del Estado Mexicano: Luis Crescencio Sandoval, y Raúl Ojeda Durán. El mensaje fue claro y preocupante. “A mí no me preocupa ni me importa la ley ni la Constitución. Si algo hay que dirimir por la vía de la fuerza aquí tengo a los dos artífices de la ‘tranquilidad’ nacional”.

López Obrador, el destructor de la vida pública de México, iniciaba así su venganza en contra de otro Poder que no se le ha subordinado. El Poder Judicial federal es par en una relación de coordinación, no de supra a subordinación. Ello quiere decir que están exactamente igual al mismo nivel.

El otro desacato de López Obrador a la Constitución fue peor y más detestable. En el 176 aniversario de la gesta heroica de los Niños Héroes de Chapultepec se atrevió a no invitar a los Poderes Legislativo y Judicial.

Más grave fue el desprecio por la soberanía nacional y el respeto entre Poderes.

En un acto de retobo infantil, decidió no invitar a la ministra presidenta de la Suprema Corte y al presidente de la Cámara de Diputados al acto de conmemoración de la Independencia de México.

Hay que recordarle a López Obrador que las celebraciones del 13 y 16 de septiembre son un acto republicano de Estado y no de gobierno, en el que necesariamente deben de coincidir los tres Poderes. Nuevamente insistió en transgredir la Constitución y la ley, al mandar al diablo las instituciones y calificar a la ley como un cuento que no vale la pena obedecer.

El Artículo 49 de la Constitución mandata, ordena, decreta, dispone y cualquier otro calificativo que lleva, la obligación ineludible de cumplir y hacer cumplir los ordenamientos constitucionales. Dice el numeral en comento: “El Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. No podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un individuo”.

La contravención y falta de respeto a este mandato supremo es evidente. El 13 y el 16 de septiembre López Obrador asumió la representación unipersonal de la República. Concentró en su desgarbada figura a los Poderes Legislativo y Judicial, y en un acto de autocracia extrema asumió la representación nacional de los 500 diputados y los 128 senadores.

Es la advertencia abierta y amenazante de que no va a permitir la transmisión del poder a todo lo que signifique oposición y disidencia. Después de la funesta experiencia de invadir facultades del Congreso de la Unión y del Poder Judicial Federal, puede inferirse que si Xochitl Gálvez vence a su desangelada y patética corcholata Claudia Sheinbaum, López está dispuesto a transformarse, de facto, en el usurpador y propietario de las instituciones electorales.

No tendrá freno si está de por medio la seguridad y la libertad personal de Beatriz Gutiérrez Müller, y la de José Ramón, Andrés Manuel y Gonzalo Alfonso López Beltrán, pillados en actos de corrupción.

La actitud de López Obrador el 13 y 16 de septiembre es lúgubre y trágica para la República. No invitó a la ministra presidenta Norma Lucía Piña ni a los representantes del Poder Legislativo, pero sí permitió que el heredero de los asesinos Fidel Castro y Raúl Castro, Miguel Díaz-Canel, pronunciara el discurso oficial el 16 de septiembre de 2021.

El espectáculo fue gravísimo y un atentado a la memoria de don Miguel Hidalgo, José María Morelos, Josefa Ortiz de Domínguez, Vicente Guerrero, Ignacio Allende, próceres y artífices de la Independencia nacional.

Grotesco el espectáculo. El dictador Díaz-Canel hablando de independencia, cuando que Cuba lleva 64 años sin elecciones, cientos y miles de encarcelados disidentes, represión a la libertad de expresión y restricciones a la libertad de tránsito. Es el México que quisiera López Obrador.

Andrés Manuel fue artífice también de un atentado constitucional más, en la toma de posesión de Delfina Gómez. Para que pudiera asistir cambiaron la fecha de protesta del 16 al 14 de septiembre. El Artículo 116 de la Constitución federal establece que los gobernadores durarán en su encargo seis años.

Por su parte la Constitución del Estado de México establece en su artículo 67 la misma prevención: “El gobernador del estado durará en su encargo seis años y el artículo 69 mandata que la toma de protesta del gobernador entrante será el 16 de septiembre”.

No había pues por qué cambiar la fecha sólo para satisfacer el ego de López Obrador y mandar el mensaje al grupo Atlacomulco que había terminado su reinado de 84 años. Era innecesario. La toma de protesta debió de haber sido en el primer minuto del 16 de septiembre y no adelantarla al 14 de septiembre, puesto que los seis años previstos en la Constitución Federal y la del Estado de México terminaban el 15 de septiembre a las doce de la noche. Ni un minuto más ni un minuto menos.

Incluso, el lacayo de la Cuarta Transformación, el diputado vicecoordinador de la Junta de Coordinación Política, Maurilio Hernández González, aseguró que la Constitución mexiquense no preveía en específico el día de la toma de protesta. “Puede ser uno o dos días después”, diría el improvisado y locuaz legislador. Vergonzoso que ni siquiera ha leído la Constitución del estado que dice representar ante sus defraudados electores.

Así, López Obrador es el destructor de la nación, el transgresor del orden constitucional federal y por extensión a la Constitución del Estado Libre y Soberano de México. Ampliaremos…

 

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La ruta del fraude electoral de López Obrador

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La imposición de Claudia como presidenta, gane o pierda la elección presidencial * Dentro de la constelación de atributos, el Presidente prepara un Golpe de Estado para imponer a su alter ego Sheinbaum Pardo * Desde que protestó el cargo, urdió quién y cómo aseguraría la continuidad de la 4T que lleva al país a la destrucción. A López ya le falta poco para culminar su macabro proyecto de destrozar a México

 

ROBERTO DOMÍNGUEZ CORTÉS

 

La imposición de Claudia Sheinbaum como coordinadora nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación fue la culminación de las trampas con que siempre ha operado Andrés Manuel López Obrador.

Se dice demócrata y es un vulgar agresor de sus oponentes, presume de hablar con la verdad y es un mitómano consumado, se ufana de practicar la honestidad y es un conspicuo ladrón, y se promueve como ejemplo de lealtad y es un contumaz traidor a México y a sus instituciones.

Dentro de la constelación de atributos, López Obrador prepara un Golpe de Estado para imponer a su alter ego Sheinbaum Pardo.

Desde que protestó el cargo, urdió quién y cómo aseguraría la continuidad de la 4T que lleva al país a la destrucción. A López ya le falta poco para culminar su macabro proyecto de destrozar a México.

Nadie mejor que Claudia Sheinbaum para consolidar la ruina de la nación. Son de la misma secta, es la más tonta, la más manipulable y la más servil. Basta con ver los pronunciamientos de desquiciado de Palacio Nacional y cómo Sheinbaum los pepena íntegramente.

En la marcha por la defensa del INE (no se toca), López Obrador aseguró que la concurrencia había sido de 60 a 70 mil asistentes. Claudita tomó y repitió como merolico la misma cifra. Cuando se refiere a los conservadores y neoliberales, aun cuando desconozca el contenido y el alcance de estos conceptos, lo hace para identificarse con el remedo de dictador.

Así, Sheinbaum sin discurso ni gramática política propia va a la guerra con una formidable opositora independiente de figura más auténtica, fresca y agradable: Xochitl Gálvez. Pero sobre todo sin patrocinador más que la confianza de los electores y los partidos políticos que la apoyan, incluido el PRI que por primera vez no tiene candidato propio.

Solo que López Obrador ya dio signos letales de que va con todo el poder del Estado para imponer a su marioneta, una desangelada candidata sin luz ni brillo propio, más que la soberana voluntad del autócrata morenista.

La secuencia y la relación de los acontecimientos propiciados por López Obrador evidencian su intención de apropiarse para siempre del país y de sus instituciones. Comenzó con su intento de controlar al INE con ataques violentos en contra de su presidente Lorenzo Córdova.

Siguió con su plan A, con la manifiesta intención de adueñarse de la elección presidencial del 2024. La Suprema Corte de Justicia de la Nación echó abajo sus malévolos intentos de Reforma Constitucional para apropiarse del Instituto Nacional Electoral y desde ahí manipular todo el 2024.

Frustrado por la derrota jurisdiccional, fue por el plan B para que mediante leyes secundarias pudiera manipular el proceso electoral del próximo año. Nuevamente la Corte Suprema estropeó su desaseada reforma electoral y en definitiva lo dejó sin ninguna posibilidad de controlar a modo una elección que pertenece a 95 millones de mexicanos.

Cínico y prepotente dio a conocer su plan C. Sin ningún rubor se atrevió a sentenciar: “Si creen que con haber echado abajo el plan A y el plan B estamos derrotados, todavía nos queda el plan C” de gran preocupación para la democracia mexicana.

Él mismo ha definido con toda anticipación el triunfo de su candidata a cualquier precio aun cuando deba de correr sangre.

Diría el aspirante a dictador: “La oposición jamás volverá a ganar”. Incluso ya repartió cargos aun cuando faltan 9 meses para la elección constitucional y haya cesado en sus funciones presidenciales.

El segundo lugar lo ha destinado para el liderazgo en el Senado, el tercer lugar para presidir la Cámara de diputados, y el cuarto lugar para la Secretaría de Gobernación. Sólo que ahora deberá modificar sus planes porque el segundo lugar, Marcelo Ebrard, ya manifestó su inconformidad y ha optado por retirarse de las huestes morenistas.

La amenaza no es en contra de los partidos políticos y sus candidatos. La intimidación y la provocación va dirigida al pueblo de México, con la advertencia de que Claudia Sheinbaum, gane o pierda la elección constitucional, está escogida para ser la próxima Presidenta de la República. No importa si es poco atractiva, si tiene en el rostro signos de amargura o se irrita con facilidad.

En suma el voto no cuenta. Sólo la de voluntad de un delincuente electoral y jefe declarado de la nueva mafia del poder para asaltar la Presidencia de la República, cuando Claudia Sheinbaum termine vencida por Xóchitl Gálvez.

Ya demostró López Obrador que ni la militancia morenista ni la ciudadanía ni el electorado definirán el destino nacional. Si López fue capaz de defraudar a sus propios correligionarios, ningún respeto tendrá por México y los mexicanos. La designación de Claudia Sheinbaum fue un cochinero y una farsa.

López Obrador ordenó la cargada de gobernadores, de diputados federales y senadores, y puso a su disposición a otra corrupta funcionaria, Ariadna Montiel, secretaria del Bienestar, en funciones de secretaria de Elecciones de Claudia Sheinbaum.

Así quedó de manifiesto cuando para desafiar a la Soberanía Nacional, López Obrador se atrevió a entregar el bastón de mando a la homicida del Metro de la Ciudad de México, y destinataria del delito de peculado con grave afectación del patrimonio nacional para hacer la campaña más cara entre las seis corcholatas, exactamente igual que el nefasto Adán Augusto López Hernández.

La falta de respeto a la ciudadanía y al electorado es patética. Desde sus adentros diría López: “En este mismo momento te entrego la Presidencia de la República, al margen de cualquier inútil sufragio”. Esa falta de respeto también es a los pueblos indígenas, en donde por tradición, la transmisión del poder es por usos y costumbres, pero dentro del marco constitucional, lo que ni siquiera respetó López Obrador.

En México la alternancia en el poder es periódica, como corresponde a una República democrática, representativa y popular mediante sufragio universal, libre, secreto y directo.

Habría que recordarle a López que México no es una monarquía como lo pretende, al entregar por anticipado el gobierno de la República. Con ese solo acto violó el Artículo 87 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual contiene el mandato supremo y la fórmula en extremo solemne de jurar cumplir y hacer cumplir la Constitución.

Lo bueno de haber entregado el bastón de mando a la Sheinbaum fue que exhibió su medianía intelectual y retórica. Incapaz de improvisar un breve discurso, a pesar de estar advertida con tiempo del evento, hubo de leer su agradecimiento y aceptar que el mandato constitucional del sufragio efectivo ha sido sustituido por la sucesión hereditaria. López Obrador, que tanto admira a Francisco I. Madero, ha cometido un agravio más en contra del mártir de la democracia.

Solo que Marcelo Ebrard no aceptó el fraudulento resultado al denunciar una serie de irregularidades y exigir reposición de procedimiento. Al acudir a las instancias jurisdiccionales electorales, existe la posibilidad de que se derrumben los afanes sucesorios de López y Sheinbaum.

Si el resultado le resultara adverso a Marcelo Ebrard solo le queda un camino: Adherirse al Frente Amplio por México.

Participar como candidato independiente, que ya no puede, o de Movimiento Ciudadano, los votos que lograra dividir sería para Morena y no para la Alianza PRI-PAN-PRD.

Si Marcelo Ebrard de verdad quiere derrotar a quienes le hicieron trampa, es la única opción con que cuenta y provocaría el segundo desprendimiento del PRI, dentro de Morena, al igual que en 1988 Cuauhtémoc Cárdenas provocó un desgajamiento del PRI, en el que el ingeniero Heberto Castillo y Rosario Ibarra de Piedra renunciaron a su candidatura presidencial para entregársela al creador del Frente Democrático Nacional.

El resultado ya es historia. Carlos Salinas de Gortari resultó derrotado y sólo pudo acceder a la Presidencia de la República mediante un escandaloso fraude electoral, como el que hoy pretende repetir López Obrador, quien como oposición era demócrata y como poder es un autócrata con intentos dictatoriales. Ampliaremos…

 

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El destierro o encierro, en el horizonte de AMLO

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Por sus graves actos de despilfarro y corrupción * Xóchitl Gálvez Ruiz es la aspirante incómoda para el Presidente de la República * El desastre económico y la enorme corrupción de López Obrador en su familia, sus colaboradores y sus beneficiarios, lo hacen destinatario de una prisión federal de alta seguridad

 

ROBERTO DOMÍNGUEZ CORTÉS

 

Finalmente a López Obrador lo alcanzó el destino. Cuando destapó a sus ridículas corcholatas, Claudia Sheinbaum y Adán López, fustigaba a la oposición para que diera a conocer a su candidato. Le urgía conocer el nombre de su contrincante para decidir entre el corrupto chocolataje cuál era su mejor opción.

El Frente Amplio por México postuló exactamente a la que no quería como opositora: Xóchitl Gálvez Ruiz.

Del fugaz triunfalismo pasó a la derrota anticipada. Xóchitl Gálvez representa para López aquella célebre sentencia que el general Francisco J. Grajales, gobernador de Chiapas entre 1948 y 1952, emitió en contra de don Marciano Culebro Escandón, prestigiado panista de los años cincuenta que aun a costa de su libertad y de su vida se enfrentaba al régimen priísta corrupto y depredador.

Ser oposición en esos tiempos era un suicidio físico y político. Así lo evidenció el general Grajales al amenazar al distinguido correligionario de Manuel Gómez Morín con una contundente advertencia: destierro, encierro o entierro. Frase de la que después quiso apropiarse como suya Patrocinio González Garrido, gobernador de Chiapas de 1988 a 1992.

Desde luego Xóchitl Gálvez no llegaría jamás a la última premonición, pero sí procederá en consecuencia para que López Obrador sea destinatario de destierro o encierro por sus graves actos de despilfarro y corrupción.

Ni siquiera en La Chingada palencana podrá vivir. O huye o se recluye y termina en Chirona.

Ya Xóchitl Gálvez le vaticinó: “Usted me va a entregar la banda presidencial señor Presidente y yo se la voy a recibir con una sonrisa”. Sólo le faltó agregar: para encarcelarlo señor Presidente, como usted se merece, por todos los agravios al pueblo de México.

El desastre económico y la enorme corrupción de López Obrador en su familia, sus colaboradores y sus beneficiarios lo hacen destinatario de una prisión federal de alta seguridad. Segalmex ha costado 15 mil millones de pesos sin justificación al erario nacional, y su responsable el bandido de Ignacio Ovalle, despacha cómodamente sentado y protegido desde la Secretaría de Gobernación en la absoluta impunidad. Es la mejor referencia de que “el impoluto López” recibió el generoso moche que tanto critica.

Ahora que la improvisada y locuaz secretaria de gobernación, Luisa María Alcalde, entregó el quinto informe de gobierno de López, con esa desafinada voz que la acompaña, se ufanó de que la inversión pública, antes de 500 mil millones de pesos, ahora es de un billón de pesos.

Es la forma más artera y cínica de robar y engañar al pueblo de México. Omitió decir que el aeropuerto de Texcoco, presupuestado en 150 mil millones de pesos, terminó en 415 mil millones para edificar un AIFA a donde no llegan aviones, y obligan por decreto a reducir los vuelos, por hora, del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, de 63 a 42, es decir, en un 30 por ciento para esconder los enormes yerros del demente de Palacio Nacional.

La refinería de Dos Bocas, originalmente con un costo de 8 mil millones de dólares, ya ronda los 18 mil millones de dólares, o sea, 180 mil millones de pesos en sobreprecio de lo previsto inicialmente. En un principio López Obrador dijo que se iban a procesar 340 mil barriles de petróleo diarios, y ahora en sus mentiras del quinto informe de gobierno le bajó a 290 mil barriles diarios. Inaugurada el 21 de marzo de 2022, hasta la fecha no refina un solo barril de petróleo, lo que la convierte en la refinería más cara del mundo.

Y el Tren Falla (sic) también tiene su cuota de atraco al tesoro público. De 140 mil millones de pesos originales, la cifra se elevó a 280 mil millones sin ninguna explicación. Todo eso no lo dijo la inepta y cómplice secretaria de gobernación Luisa María Alcalde. Si lo ignora malo. Y si lo sabe y lo esconde peor porque se convierte en parte del atraco al tesoro público de los mexicanos.

Todo ello representa un despilfarro innecesario de más de un billón de pesos, y un robo a la nación de 585 mil millones por la pésima presupuestación de lo que originalmente costarían las tres obras emblemáticas del destructor de la República. Ahí está el billón de pesos del fraude cometido y presentado como logro por Luisa María Alcalde.

El pasado 2 de septiembre estuvo Xóchitl Gálvez en Chiapas. En su exposición acusó a López Obrador de delincuente fiscal, al dar a conocer sus datos patrimoniales que la ponen a ella y a su familia en riesgo, con cifras manipuladas para hacer creer a la ciudadanía y al electorado que el monto de cada contrato es la ganancia total. Mentiroso como es López Obrador, con toda maldad ocultó convenientemente que la ganancia es de un 20 o 30 por ciento y no la cantidad total con la que engaña permanentemente en sus soporíferas mañaneras.

De la exposición de Xóchitl Gálvez en Chiapas, rescato la referencia a los hijos de López Obrador, a quienes con toda certeza llamó baquetones que no trabajan. El señalamiento tiene sustento. José Ramón y Andrés Manuel López Beltrán parasitan dentro de la Cuarta Transformación y trafican con el cargo presidencial para hacerse de propiedades y dineros clandestinos que no tienen origen cierto.

Ahí está la Casa Gris de Houston, endosada a José Ramón por tiempo indefinido gracias a sus buenos oficios como interlocutor entre Pemex y grupos empresariales. Y desde luego las influencias de Andy López para dar en usufructo a los cuates, el parque ecológico de Texcoco a donde debió edificarse el aeropuerto internacional y no esa basura llamada AIFA. Y qué decir del malecón de Villa Hermosa concesionado a otro amigo íntimo en tres mil millones de pesos, pero sin que eso signifique corrupción, porque todo lo que toca el padre López Obrador lo purifica con su sola falsa palabra.

López Obrador ha causado dos grandes agravios a Chiapas: Juan Sabines Guerrero y Rutilio Escandón Cadenas impuestos como candidatos y gobernadores de la entidad mediante un escandaloso fraude electoral los dos. Sabines dejó una deuda de 40 mil millones de pesos que cuesta al empobrecido erario estatal, 6 millones de pesos diarios en intereses, o sea, más de dos mil millones de pesos anuales.

Sabines además defraudó en más de 2 mil millones de pesos con las ciudades rurales, adonde ahora son pueblos fantasmas y empobreció más a la gente. Engañó también con el biodisel, bajo sus ocurrencias de reconvertir 200 mil hectáreas para la siembra de la Jatropha Curcas para la producción de biodisel.

Y presa de sus vicios y de sus fantasías, logró en sólo dos años, entre 2010 y 2012, la enorme proeza de duplicar la pobreza y la pobreza extrema, al pasar del 39 al 78 por ciento de la población.

Rutilio Escandón también ha resultado un fiasco y un profundo fracaso como gobernante.

La violencia en Chiapas ha alcanzado niveles intolerables de ingobernabilidad. A diario hay muertos en la zona limítrofe con Guatemala: Frontera Comalapa, Chicomuselo, Motozintla, Mazapa de Madero, Chamic, Comitán y zonas aledañas.

Los 17 municipios de la zona indígena son tierra de nadie. La ausencia del Estado es absoluta cuando que en Chenalhó y Pantelhó ni siquiera la Guardia Nacional ni el Ejército y mucho menos Seguridad Pública estatal pueden entrar. El ejemplo más patético de la ingobernabilidad son los 24 desaparecidos de Chenalhó desde el mes de julio de 2021. Es el nuevo Ayotzinapa con cargo a la incapacidad y corrupción del pésimo gobierno de Rutilio Escandón.

Y desde luego la corrupción familiar no podía faltar. Rosalinda López Hernández, esposa de Rutilio Escandón y hermana de Adán Augusto, ha recibido contratos por 500 millones de pesos del gobierno de su esposo, a través de su incondicional Ernesto Carballo Zurita. Tema en próxima colaboración.

Esos dos grandes agravios a Chiapas, López Obrador trata de esconderlos con sus mentiras, cuando con todo cinismo asegura que Chiapas está tranquilo y todas las señales de alarma no son más que politiquería y obra de los conservadores. Ampliaremos…

 

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