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HOJAS LIBRES

Chiapas, un estado fallido

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Terror en Pantelhó, Chenalhó, Ocosingo y San Juan Chamula * El EZLN advierte que el estado chiapaneco está al borde de la guerra civil * Síguete enterando de lo que ocultó Rutilio Escandón en su tercer informe de gobierno

POR ROBERTO DOMÍNGUEZ CORTÉS

En colaboración pasada hice alusión a dos ejes que Rutilio Escandón presentó como logros indubitables de su pésima gestión de gobierno: “Gobierno eficaz y honesto y bienestar social”, en los que asegura que la seguridad en Chiapas es resultado de la cooperación interinstitucional, de trabajos de inteligencia y, sobre todo, de la honestidad y compromiso.
Todo lo mencionado con respecto a seguridad es una falacia. Ni honestidad ni inteligencia ni compromiso. Hay ejecuciones a plena luz del día y hasta la fecha ni un solo responsable, así como los asaltos contiguos a tiendas de autoservicio sin que jamás haya un solo detenido.
Pero eso es sólo por lo que respecta a las zonas urbanas como las ciudades de San Cristóbal de las Casas, Tuxtla Gutiérrez y Tapachula. La violencia en Chiapas en la zona indígena es incontrolable y el gobierno de Rutilio Escandón ha perdido presencia y control en esa parte del territorio chiapaneco, en explícito reconocimiento de un estado fallido.
La aserción anterior tiene sustento cuando se observa que cientos, miles de tzotziles huyen de sus casas para ponerse a salvo de los ataques armados de la delincuencia organizada que pone en riesgo la seguridad de mujeres, niñas y niños, personas adultas y de la tercera edad.
Está documentado cómo el 1 de noviembre pasado hubo ataques violentos con armas de alto calibre por grupos de personas que operan en las comunidades de Santa Martha y Aldama, del municipio de Chenalhó, lo que ha provocado la expulsión de más de 3 mil personas pertenecientes a nueve diferentes comunidades quienes para preservar la vida y la integridad personal huyeron hacia las montañas en busca de refugio y seguridad.


Habría que recomendarle al “gobernador” Rutilio Escandón recorrer los municipios de Pantelhó y Chenalhó para darse cuenta el estado de terror entre la población que para defenderse creó el grupo de autodefensa El Machete para expulsar a los grupos de delincuencia organizada, identificados como narcotraficantes, polleros, trata de personas y otras actividades ilícitas, ante un grave vacío de poder.
La enorme descomposición política y social violenta se manifiesta también en la antigua organización cafetalera Orcao, en el municipio de Ocosingo, quien mantiene bajo terror a la población con hostigamientos, sabotajes, secuestros, bloqueos y robos de parcelas contra zapatistas de comunidades tzeltales autónomas, sin que el Estado ejerza autoridad para mantener la tranquilidad social y política.


La violencia incontenible afecta también a comunidades de Chalchiuitán agredidas desde Chenalhó. El otrora pacífico municipio de San Juan Chamula ha sido copado por la delincuencia organizada, con la presencia de lo que hoy se conoce como el Chamula Power, grupo con control del comercio, el narcotráfico y la trata de personas con ramificaciones hacia la ciudad de San Cristóbal y municipios como Simojovel, El Bosque y Huitiupán.
Ello ha llevado al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) a vaticinar que Chiapas se encuentra al borde de una guerra civil por la ausencia de control del estado y la evidente pérdida de territorio.
Sumados al grupo de autodefensa El Machete en Pantelhó, han surgido los de La Selva, Fuerzas Armadas de Simojovel, Altamirano y Chenalhó ante la abierta incapacidad de Gabriela Zepeda Soto, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, quien apenas alcanza a balbucear que su dependencia mantiene un monitoreo permanente sobre los grupos armados denominados Autodefensas, aunque el desastre de la inseguridad urbana, rural y en la zona indígena es cada vez más incontrolable.


Cuando Rutilio Escandón habló de la salud, minimizó los efectos de la pandemia en Chiapas y sin algún rubor se atrevió a hacer un pronunciamiento que riñe con la realidad del coronavirus en la entidad: “Gracias a las estrategias de control, mitigación y combate al Covid-19, tanto de hospitales como las brigadas en casas y negocios, aunado a las campañas preventivas, la entidad registra la tasa más baja de casos y defunciones a nivel nacional, y de acuerdo con cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social, al mes de noviembre se tiene una cobertura de 65 por ciento en personas vacunadas mayores de 15 años”.
Absurdo y grotesco el pronunciamiento. Recuérdese cuando el Presidente Andrés Manuel López Obrador desde su mañanera informó al pueblo de México el envío de Zoe Robledo al estado de Chiapas para coordinar las estrategias de vacunación, ante la nula estrategia del gobierno escandonista para aplicar las vacunas en la cantidad y en los tiempos requeridos.
Por supuesto Rutilio Escandón no se atrevió a informar, o ya se olvidó que la sección 50 del Sindicato de Trabajadores de la Salud en Chiapas, durante los primeros meses del año 2020, denunció la muerte de más de 40 médicos por no contar con el equipo adecuado de trabajo para hacer frente a la pandemia.
En un acto de deshonestidad intelectual, tampoco rindió homenaje por la muerte de la jefa de enfermeras de terapia intensiva, Sandra Gálvez, del hospital Gilberto Gómez Maza en Tuxtla Gutiérrez y de María Cruz Cigarroa, jefa de enfermeras y pionera del hospital Juárez en la ciudad de Arriaga. Todo ello riñe con los aires triunfalistas de “efectivo” control, mitigación y combate al Covid-19.
Tampoco ningún reconocimiento a médicos y enfermeras muertos en el cumplimiento de su deber. Rescato de la lista macabra nombres de prestigio y gloria de la medicina en Chiapas que aportaron su vida para la salud de los chiapanecos: doctores Hernán Esquinca Carpio, Fernando Hernández de la Rosa, Esther Karina Trujillo con apenas 38 años de edad, Abel Gutiérrez Juárez y enfermera Oralia Argüello López, que con todo y ser héroe de la medicina en Chiapas ningún reconocimiento del sedicente gobernador.
Y aun cuando Rutilio Escandón presuma ignominiosamente de buenos resultados en el combate al coronavirus, los datos reales son de preocupación y no para presumir.


Mientras en el 2021 el índice de letalidad en el mundo es de 2.3 fallecidos por cada cien contagiados, en México es de 8.8 fallecidos por cada cien habitantes, en tanto que Chiapas lo superó por más del doble con un índice de letalidad de 19 muertes por cada cien contagiados de coronavirus, la más alta en el mundo y sin comparación con ningún otro país.
Todo lo no expresado en un tercer informe de gobierno manipulado, guarda un evidente y cómplice paralelismo con el gobierno de López Obrador, quien oculta las cifras oficiales con la manipulación diaria que Hugo López Gatell hace permanentemente.
Al día de hoy, oficialmente se tienen 294 mil muertos, cuando que desde el mes de abril la científica investigadora Laurie Ann Ximénez Fyvie, autora del libro “Un daño irreparable. La criminal gestión de la pandemia en México”, pronosticó que para el mes de junio el número de muertos rondaría los 600 mil, al igual que ex secretarios de Salud y científicos tan prestigiados como el doctor Julio Frenk Mora, José Narro Robles, Guillermo Soberón Acevedo, han explicado a detalle que las muertes oficiales deberán de multiplicarse por 2.7. Ello arrojaría una cifra cercana a los 800 mil decesos, en abierta contradicción con “yo tengo otros datos”.


La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha sentenciado en jurisprudencia que manipular cifras y dar informaciones falsas y mentirosas a los mexicanos es una abierta violación a los derechos humanos, una práctica diaria en el estado de Chiapas. Ampliaremos…

 

HOJAS LIBRES

Inmoralidad, impunidad y corrupción en el desalojo del Instituto de Oftalmología Tropical en San Cristóbal

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El autor del trágico evento fue el hoy presidente del Tribunal Superior de Justicia de Chiapas * Queda ahí una muestra de cómo se impartirá la justicia en el estado de Chiapas… ¡Sálvese quien pueda!

 

ROBERTO DOMÍNGUEZ CORTÉS

 

El día miércoles 27 de agosto de 2014 fue desmantelado el Instituto de Oftalmología Tropical en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. La orden del trágico evento fue ejecutada desde el Juzgado Primero Civil por instrucciones directas del juez Guillermo Ramos Pérez.

La prepotencia y la brutalidad policiaca se hicieron presentes. Para notificar una orden de desalojo a la señora Carmen Portillo y Cruz González, responsable del Instituto, se necesitó el apoyo de 45 agentes de seguridad pública, 5 ministerios públicos y 10 agentes de la Policía Judicial, estos últimos con armas ocultas dentro de sus mochilas. O sea, la violación total a los derechos humanos.

El evento fue en extremo exagerado, cuando que se trataba de un asunto de orden civil para desalojar el inmueble, y no de una cuestión de carácter penal tratada como si se persiguiera el delito de despojo. El único facultado para pedir ese apoyo innecesario era el juez primero civil Guillermo Ramos Pérez. Cuando se trata de un desalojo, de carácter civil, únicamente se solicita la presencia policiaca de seguridad pública para controlar cualquier imprevisto.

Utilizar a la Policía Judicial es un atentado al orden constitucional, puesto que sus atribuciones y facultades están puntualmente definidas en el Artículo 21 de la Carta Magna: investigar y perseguir los delitos bajo el mando y la conducción del Ministerio Público. Y aquí no había delito.

Cuando a la señora Carmen Portillo y Cruz González se le notificó la orden de desalojo se hizo de manera irregular, al enterarle que había una demanda en el Juzgado Décimo Octavo de la Ciudad de México, según expediente 604 o 664, deducido del exhorto 388/2014, con el evidente propósito de confundir, al incurrir en imprecisiones premeditadas.

Lo grave fue cuando pidió copia al actuario judicial de la notificación para el desalojo de la propiedad. Se le argumentó que se presentara ante el juzgado civil para que ahí se le informara quién y por qué la había demandado. Era un atentado al debido proceso y a las garantías del gobernado al no informarle sobre el contenido del expediente que se le notificaba.

Cuando concurrió ante el Juzgado Primero Civil para pedir copia del expediente, el juez Ramos Pérez le manifestó que por procedimiento se había mandado íntegro a la Ciudad de México y no había quedado ninguna referencia en el juzgado de la ciudad de San Cristóbal.

Los atentados a los derechos humanos y a las garantías individuales continuaron en contra de la señora Carmen Portillo.

Confinada y secuestrada en un espacio reducido y cercado dentro de la misma propiedad, se impedía el acceso a toda persona, incluido el de su abogado, para brindarle asistencia legal. El frívolo y desafortunado argumento de la policía a cargo de vigilar el secuestro perpetrado ilegalmente desde el poder era que nadie podía pasar.

Así de simple. Una mujer de 82 años a merced de toda la fuerza pública sin asistencia jurídica ni personal, incluida la necesidad de proporcionarle alimentos. Cuando por fin la señora Carmen Portillo pudo tener comunicación, se enteró al abogado que se trataba de la sentencia de un juzgado de la ciudad de México, pero sin informar quién demandaba y bajo qué argumento legal.

Se recurrió también a la corrupción para el desalojo del Instituto de Oftalmología Tropical. En un acto de extrema inmoralidad, se ofreció a cada trabajador la cantidad de 50 mil pesos a cambio de abandonar la propiedad. Sólo que el improvisado corruptor se encontró con la lealtad y la dignidad de los colaboradores de la señora Carmen Portillo. En ese momento y públicamente denunciaron el intento de soborno judicial, y desde luego, no hubo sanción alguna.

Todo el operativo estuvo precedido por el atentado a la ley y a la Carta Magna. El juez décimo octavo de la Ciudad de México no era competente para conocer sobre la propiedad y posesión de un inmueble localizado en otra entidad federativa. Lo mismo que el juez Guillermo Ramos estaba imposibilitado para conocer de un juicio iniciado fuera de la jurisdicción del estado de Chiapas.

Con este actuar ambos “juzgadores” violaron el artículo 158 del Código de Procedimientos Civiles del estado de Chiapas.  El artículo 156 del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal. El artículo 13 del Código Civil del Distrito Federal y también el 13 del Código Civil Federal. Todos estos numerales convergen en un solo mandato: “Los bienes muebles e inmuebles se regirán por el derecho del lugar de su ubicación”.

Se aplicó también extraterritorialmente la ley prohibida por el Artículo 121 Constitucional en observancia del principio lex rei sitae: “Las leyes de un estado solo tendrán efecto en su propio territorio y no podrán ser obligatorias fuera de él”. El mismo dispositivo constitucional ordena: “Los bienes muebles e inmuebles se regirán por la ley del lugar de su ubicación”.

Bajo esos mandatos, el juez de la Ciudad de México debió de declararse incompetente al conocer el contenido de la demanda. El juez Guillermo Ramos debió también haber advertido que era incompetente, puesto que la demanda debería presentarse directamente en el juzgado de San Cristóbal.

¿Pero cuál fue el origen del problema? El día 1 de abril de 1967, la señora Carmen Velasco Suárez, hermana del doctor Manuel Velasco Suárez, donó al doctor Javier Torroella Bueno el predio La Almolonga con una superficie de 3.2 hectáreas. El objeto de la donación fue para fundar ahí el Instituto Mexicano de Oftalmología Tropical para combatir la oncocercosis y el tracoma, flagelos incontenibles que habían causado ceguera permanente en la población indígena de los altos de Chiapas.

El doctor Torroella Bueno era, en ese momento, uno de los científicos más reconocidos en el tratamiento de la oncocercosis y el tracoma. Su padre, el doctor Juan Luis Torroella Estrada, descubrió en los años 30, las microfilarias que provocaban el tracoma.

Para crear el Instituto se constituyó la Asociación Civil formada por los señores doctor Javier Torroella Bueno, Carmen Portillo y Cruz González, doctor Alfonso Vázquez Cabrera y José Torres Torija.

En las cláusulas de la donación la señora Carmen Velasco expresó su voluntad: “…pero con la condición expresa de que si este inmueble donado no fuere utilizado exclusivamente para dicho fin de Oftalmología Tropical, en un plazo no mayor de cinco años, la presente donación quedará sin efectos, y el predio pasará a beneficio de otra institución similar”.

Pero todavía más. Los Estatutos de la Asociación establecen en su artículo décimo séptimo: “La Asociación se disolverá por resolución de la Asamblea para lo cual se nombrará dos liquidadores dentro de los asociados”.

No había pues manera de entablar una demanda para apropiarse ilegalmente del inmueble, cuando que no sólo se cumplieron con los cinco años establecidos en la donación, sino que llevaba 47 años funcionando ininterrumpidamente, aun cuando en ese momento el doctor Torroella tenía 10 años de fallecido. Además, jamás se encontró un solo antecedente en actas de Asamblea que acreditara la disolución de la sociedad.

Así, la confabulación entre el juez dieciocho del Distrito Federal y el juez Guillermo Ramos fue en extremo evidente. El inmueble se encuentra en San Cristóbal, la escritura pública de la donación se hizo ante notario público de San Cristóbal y se cumplieron con todos los acuerdos contenidos en el contrato de donación.

El evento del Instituto de Oftalmología Tropical vuelve a tener vigencia en un momento en que el juez Guillermo Ramos Pérez fue nombrado presidente del Tribunal Superior de Justicia.

Queda ahí una muestra de cómo se impartirá la justicia en Chiapas.  Ampliaremos…

 

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La historia de un fraude anunciado

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Una delincuente electoral llamada Delfina Gómez * La candidata morenista al Edomex tiene dos manchas: El ‘diezmo’ de Texcoco y la desaparición de las escuelas de tiempo completo * Estado de México define elección presidencial 2024

 

ROBERTO DOMÍNGUEZ CORTÉS

 

Finalmente Delfina Gómez “ganó” la elección interna de Morena para postularla como candidata a la gubernatura del Estado de México.

Según Morena y su espurio dirigente Mario Delgado, fue un proceso democrático ejemplar en el que la franquicia personal de López Obrador se inclinó por segunda vez en favor de la secretaria de Educación Pública.

La encuesta se resolvió en una sola voluntad: la del Presidente López. Es el mismo cochinero que prevaleció en las elecciones internas de Morena para designar a la nueva dirigencia partidaria en la que quedaron los adictos al lopezobradorismo, representados principalmente por Adán Augusto López Hernández, como el más notorio adalid de las trampas morenistas.

Para lavarse la cara de las enormes irregularidades en las elecciones internas de Morena, López Obrador simplemente manifestó que a pesar de las irregularidades, resultó nada comparado con lo que se hizo en el pasado, en abierta referencia a los casi 80 años de priísmo.

Tiene razón López con la imposición de Delfina Gómez como candidata al Gobierno del Estado de México. La burda secretaria jamás podrá compararse con personajes de la talla de Jaime Torres Bodet, secretario de Educación Pública del presidente Adolfo López Mateos. Mucho menos con el ilustre Agustín Yáñez, secretario de Educación del presidente Gustavo Díaz Ordaz. Y desde luego con el espléndido historiador, político, ideólogo y escritor Jesús Reyes Heroles, secretario de Educación Pública en el gobierno del presidente Miguel de la Madrid.

Con estas breves referencias, Delfina Gómez aparece como una desconocida y en un ínfimo lugar comparada con los tres personajes de la educación en México. Su nivel cultural quedó evidenciado cuando entrevistada por Denise Maerker cometió un grave dislate gramatical, al pronunciar “nadien” en lugar de nadie. Ninguno de los ex secretarios del priísmo habría tenido tan vergonzoso vocabulario.

Cierto que de los tres procesos electorales locales del 2017 para renovar tres gubernaturas, dos estuvieron manchados por el fraude electoral y el dispendio de recursos para favorecer a Alfredo del Mazo en el Estado de México y a Miguel Riquelme en Coahuila. De Alfredo del Mazo hubo demasiadas evidencias que lo hacían inelegible y la abierta posibilidad de anular la elección cargada de intromisiones del aparato de Estado encabezada por el peñanietismo, hoy en franca decadencia e investigado por la Fiscalía General de la República.

Para hacer ganar a Del Mazo, están documentadas las más de 100 visitas presidenciales y de secretarios de Estado durante el 2017 con el propósito de aparentar unidad y fortaleza, y previo a la elección de 2017, la presencia de más de 10 gobernadores priístas en la ciudad de Toluca, cuando que tanta parafernalia era síntoma de debilidad extrema.

Se sumaron al apoyo de Del Mazo, los programas sociales del gobierno de Eruviel Ávila para condicionar el voto del hambre. El Congreso del estado mexiquense con la amenaza de la cuenta pública a los presidentes municipales y obligar a operar en favor del candidato priísta. Y como corolario, la vergonzosa sumisión de los órganos electorales “autónomos” para inclinar la votación en favor del ilustre representante del grupo Atlacomulco.

Nada de tan dispendiosa intromisión política y de dinero fue suficiente para hacer ganar a Del Mazo, pero sí para imponerlo. Los resultados posteriores a la elección así lo evidencian. Con todo y el excesivo uso de recursos públicos, el aparato de Estado apenas logró que votara la mitad de los 11.5 millones de electores. Y de ese voto, Alfredo del Mazo apenas pudo obtener el 33 por ciento de la votación total.

Del Mazo, como candidato solo del PRI, perdió ante Delfina Gómez. Apenas obtuvo 2 millones 48 mil votos, lo que significa que tuvo 57 mil 308 votos menos que la candidata de Morena. Ello quiere decir que hubo necesidad de recurrir a votos complementarios procedentes de los partidos Verde Ecologista, Encuentro Social y Nueva Alianza. Esa suma apenas fue suficiente para recibir 226 mil 298 votos adicionales con los cuales “ganó”, pero que nadie creyó en su triunfo.

Ahí está la diferencia de votos en favor de Delfina Gómez. Si Del Mazo “ganó” por 160 mil 900 votos, sin esos 226 mil su derrota habría sido por más de 57 mil sufragios. Sólo que el costo para los partidos satélite fue haber perdido su registro por no haber alcanzado el porcentaje de votación requerida.

Las cifras eran tan irrefutables que ninguna de las casas encuestadoras se atrevió a publicar sus resultados, pues en todas se daba como ganadora a Delfina Gómez. Así de ese tamaño fue el fraude en el que se evidenció también la complicidad de los encuestadores con el gobierno mexiquense y federal. Y desde luego el poder del dinero clandestino.

Esas referencias serían suficientes para inferir que en la elección del 2023 Delfina Gómez no tendrá rival enfrente. Sólo que las diferencias con el 2017 son notables. Gómez llega manchada con dos graves acontecimientos que serán definitorios en la decisión del electorado para elegir gobernador en el Estado de México: el robo de los sueldos a los trabajadores del municipio de Texcoco, cuando fue presidenta municipal, y la desaparición de las escuelas de tiempo completo, bajo su administración como secretaria de Educación.

Para encubrir su atraco, Delfina Gómez hizo un intento fallido que nadien (sic) creyó, al asegurar cínica y vergonzosamente que más de 200 trabajadores solicitaron el descuento vía nómina y que todo está documentado y perfectamente legal.

Nadien (sic) podrá creer que con sueldos tan bajos, los empleados municipales estarían dispuestos a dedicar parte de su ingreso para financiar las actividades ilícitas de Morena en el Estado de México.

Delfina Gómez fue acusada también por Josefina Vázquez Mota, entonces candidata del PAN a la gubernatura del Edomex, a la que públicamente sindicó: “Aquí está tu firma, les robaste 72 quincenas para dárselas a tu jefe político Higinio Martínez. Esto representa de 2 a 9 años de cárcel”. No hubo respuesta. El ominoso silencio de Delfina dejó al descubierto el atraco patrimonial y los delitos electorales cometidos y sancionados por el Tribunal Electoral Federal.

La otra mancha que carga en su haber Delfina Gómez es la desaparición de las escuelas de tiempo completo, en un grave atentado a los Derechos Humanos y al bienestar de la niñez, tutelados por el Artículo Cuarto de la Constitución federal y reconocidos en diversos instrumentos internacionales de los que México es parte.

Con esa arbitraria decisión, Delfina Gómez dejó a casi cuatro millones de niños sin el beneficio de la educación y el desayuno escolar diario que recibían. Y en muchos casos como el único alimento caliente a que tenían acceso en todo el día esos cuatro millones de niños.

Las cifras del trágico proceder de Delfina Gómez son atentatorias a la dignidad humana. Se desaparecieron 24 mil 200 escuelas de tiempo completo, ubicadas en 405 municipios del país en donde, paradójicamente, opera la cruzada nacional contra el hambre en favor de las niñas y niños que gracias a Delfina Gómez se quedaron sin asistencia escolar. De ese tamaño es el daño a la niñez. Ampliaremos…

 

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AMLO tiene su nuevo Fobaproa

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El Presidente practica lo que tanto critica de los neoliberales y conservadores * Entre el Tren Falla, el Chaifa, la refinería Dos Bocas y el incumplimiento del T-MEC costará a los mexicanos 85 mil millones de dólares * Manipulación de la Seguridad Nacional

 

ROBERTO DOMÍNGUEZ CORTÉS

 

El juez primero de Distrito, Adrián Novelo Pérez, con sede en Yucatán, concedió la suspensión definitiva para detener las obras en el tramo 5 del ya fallido Tren Maya, caprichito del que se dice Presidente de México (no de los mexicanos), Andrés Manuel López Obrador.
Conceder la suspensión quiere decir que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran, hasta en tanto el juez determina, en sentencia, si concede o no el Amparo y Protección de la Justicia Federal. Es lo que en el lenguaje jurídico-constitucional se llama resolución de fondo.
Después de lo que el juez de distrito decida, sigue la instancia del Tribunal Colegiado de Circuito, quien determinará si revoca o confirma la sentencia del juez Novelo Pérez.
El amparo fue promovido por el buzo José “Pepe” Urbina, preocupado por la preservación del medio ambiente y la ecología del territorio por donde pasará el Tren Maya.


Se ha demostrado repetidamente que el impacto a la flora y a la fauna es de devastación, con la amenaza de desaparición del jaguar negro, el mono araña y la deforestación que lleva más de 70 mil hectáreas de árboles maderables con destino desconocido. Y desde luego la contaminación y desaparición de gran cantidad de cenotes.
Irreverente y grosero, López Obrador ha acusado a los defensores de la naturaleza como seudoambientalistas cuando lo correcto es que México está mal gobernado por un seudopresidente.
Los argumentos de López Obrador para continuar con las obras del trenecito del sur no tienen ningún sustento.


Dice Andrés Manuel que la justificación para ordenar a la corcholata Adán Augusto López la continuación de la obra, es que la suspensión eleva los costos, la justicia es lenta y el gobierno de Estados Unidos financia a un “grupo mafioso político opositor” que busca frenar la construcción del Tren.
López Obrador se vale de todos los artilugios para su inauguración, en el día que ya decidió para el 2023. Exactamente igual como lo hizo el 21 de marzo pasado, con el inacabado y fraudulento aeropuerto Felipe Ángeles que apenas recibe seis vuelos diarios y ninguno internacional. Además de degradarlo a categoría dos, con lo que ningún vuelo de Europa, Asia y Norteamérica se arriesga a aterrizar bajo esas condiciones de inseguridad.


Respecto de que la suspensión de la obra eleva los costos es el pretexto perfecto para encubrir la inepcia y el despilfarro para justificar un sobreprecio del 70 por ciento. Vea usted lector y mexicano responsable. Originalmente el presupuesto destinado al Tren Maya fue de 11 mil 800 millones de dólares que traducidos en pesos son 236 mil millones en moneda nacional.
En conferencia de prensa, el mismo Andrés Manuel aceptó que el nuevo precio para el Tren Maya será de entre 15 mil y 20 mil millones de dólares. En el escenario más optimista, a los mexicanos constará la veleidad lopezobradorista 300 mil millones de pesos, en tanto que en el más pesimista el costo alcanzará la estratosférica cantidad de 400 mil millones de pesos. Cifras cercanas a los 415 mil millones pagados por un aeropuerto que ofende la memoria del insigne general Felipe Ángeles.
López Obrador también blasfema que en México la justicia es lenta y por ello hay que continuar con la construcción del Tren Falla (sic). No se trata de que la justicia sea lenta o expedita. Hay términos procesales y constitucionales que cualquier órgano jurisdiccional local o federal debe de observar. Los tiempos los marca la ley y no el capricho de los hombres como quisiera López Obrador por muy Presidente que sea.
Respecto de que el gobierno estadounidense financia a un “grupo mafioso político opositor” es otra de las frecuentes banalidades con que López adorna sus soporíferas mañaneras. Es la imposición de la palabra presidencial, desde el púlpito del Palacio Nacional sin derecho a réplica. Sólo que su pronunciamiento no tiene algún sustento. Es una declaración dogmática. El señor López no ha probado ni podrá probar la intervención de Biden o de su gobierno, pero propicia más encono en contra de su gobierno fallido.


En un gran atentado al orden constitucional de la República, emitió un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 11 de noviembre de 2021, donde declara como obra de seguridad nacional el Tren Falla (sic).
Con ello, los ridículos asesores presidenciales pretendieron agradar al jefe que va en camino a la destrucción de la República. La intención era salvar el imperativo constitucional previsto en el artículo 129 de la Ley de Amparo. Este dispositivo establece que cuando se persigue perjuicio al interés social o se contravienen disposiciones de orden público la suspensión puede no cumplirse.
Entre las prevenciones se encuentran “la defensa de la integridad territorial, la independencia de la República, la soberanía y seguridad nacional”. Lo malo para las trampas de López Obrador es que el Tren Falla (sic) no encuadra en alguno de los supuestos del artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional.
Este numeral establece, puntualmente, en 13 fracciones, las hipótesis sobre las cuales se encuentra amenazada y en peligro la seguridad nacional definida como la estabilidad y calma que se supone beneficiosa para el desarrollo de un país.
Así queda de manifiesto que las amenazas para la seguridad nacional son actos de espionaje, sabotaje, genocidio, intervención extranjera, desarticulación del territorio nacional, destrucción de infraestructura estratégica y actos ilícitos en contra del fisco federal entre otras prevenciones.
En ninguna de estas causales encuadra como de seguridad nacional la construcción del Tren Maya. Por el contrario, se atenta en contra del artículo 262 de la Ley de Amparo: “Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión (…) destitución o inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos al servidor público que en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión, no obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra”.
La evidencia de los ilícitos lopezobradoristas están plenamente probados, al emitir un decreto violatorio de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley de Amparo, desde el momento en que la Ley de Seguridad Nacional no hace alguna referencia a que una obra ferroviaria sea considerada como de seguridad nacional.


Ello quiere decir que una vez López Obrador haya dejado el cargo, queda un lapso de seis años para ser sujeto de sanción penal, junto con quienes transgredieron la ley y la Constitución, al violar una suspensión provisional y una suspensión definitiva.
Sobre todo porque el juez federal no ha resuelto el amparo solicitado y el Tribunal Colegiado de Circuito todavía no ha tenido intervención, en cuanto a la confirmación o revocación de la sentencia emitida por el juez de distrito.
Entre el Tren Maya, el Aeropuerto de Santa Lucía, la refinería Dos Bocas y el incumplimiento del T-MEC costará a los mexicanos 85 mil millones de dólares. Es el nuevo Fobaproa que tanto critica López Obrador de los neoliberales y conservadores. Ampliaremos…

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