Kamala Harris tiene una ligera ventaja: 49.1% contra 47.4 de Donald Trump, según RealClearPolitics

 

GAEL BUENDÍA

 

La vicepresidenta Kamala Harris, candidata demócrata a la presidencia estadounidense, y su rival, el exmandatario republicano Donald Trump, están en una competencia muy cerrada, muestra el promedio de las encuestas de RealClearPolitics.

Harris tiene 49.1% frente a 47.4% de Trump, se detalla en el sondeo.

Kamala anunció un plan para darle a los hombres negros más oportunidades económicas y otras formas de prosperar, tratando de energizar un sector electoral cuya falta de entusiasmo preocupa a los demócratas.

El plan de Harris incluye préstamos flexibles para empresarios negros, la creación de nuevos puestos de trabajo para aprendices y el estudio de la enfermedad drepanocítica y otras que suelen afectar a los hombres afroestadounidenses.

Kamala de antemano se ha manifestado en favor de la legalización de la marihuana y su plan busca asegurar que los hombres negros tengan oportunidades para participar “a medida que la industria nacional del cannabis empieza a tomar forma”.

La iniciativa surge luego que el expresidente Barack Obama sugirió la semana pasada que algunos hombres negros “no están en favor de la idea de tener una mujer como presidenta”.

La campaña de Kamala también ha estado intentando animar el voto entre otros bloques electorales, entre ellos los hispanos, para los que creó el grupo “Hombres con Harris”. La iniciativa más reciente es significativa porque surge con el propósito expreso de motivar a los hombres negros a semanas de las elecciones.

Partidos políticos, legisladores y trabajadores del Poder Judicial denunciaron ante observadores internacionales violación de derechos humanos

 

ILDEFONSO PEREYRA

 

Jueces, representantes del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano, así como trabajadores del Poder Judicial federal de México, denunciaron ante observadores internacionales que asistieron al debate de la Reforma Judicial, “la persecución política a la que fueron sometidos por el régimen del Presidente Andrés Manuel López Obrador para que se aprobara una reforma que destruyera la división de Poderes y así subordinar el Poder Judicial al Poder Ejecutivo, destruyendo la autonomía e independencia de este Poder del Estado Mexicano”.

La Comisión de Controversias y Paz de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe envió a un grupo de 15 observadores electorales de 10 países para que diera seguimiento al proceso legislativo de la Reforma Judicial presentada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador al Congreso de la Unión, que fue aprobada en medio de una gran controversia en la Cámara de Diputados y llegó al Senado de la República, para continuar el “trámite legislativo”, en donde ya fue aprobada y ahora es enviada a los Congresos estatales para su debida aprobación y posteriormente su promulgación antes de que termine el sexenio de AMLO.

Los enviados por el organismo multilateral solicitaron reuniones a todos los partidos políticos de México, así como a integrantes del Poder Judicial y sectores políticos y sociales involucrados previo a la discusión de la reforma judicial para escuchar sus posiciones.

Durante las reuniones con legisladores del PRI, MC y PAN, los observadores internacionales recibieron las denuncias por la persecución política que sufrieron los senadores de estos tres partidos por parte del régimen de López Obrador para que fuera aprobada en el Senado de la República la controvertida reforma judicial.

“El gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador utilizó a las fiscalías pata perseguir a nuestros senadores que anunciaron que votarían en contra de la reforma judicial; asimismo, extendieron el acoso político y judicial contra sus familiares, utilizando los órganos de seguridad del Estado Mexicano y las fiscalías estatales en clara violación al Estado de Derecho y a los principios democráticos”, expresaron representantes de las fuerzas políticas.

Por su parte, los trabajadores del Poder Judicial de la Federación señalaron que el 5 de febrero pasado, el Primer Mandatario Andrés Manuel López Obrador presentó ante el Congreso de la Unión una iniciativa de reformas constitucionales, dirigida a elegir por voto popular a ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), jueces y juezas, así como a magistrados y magistradas federales; reducir su duración en el cargo; vincular sus salarios a los del Poder Ejecutivo, y crear un tribunal disciplinario judicial, cuya elección también sería por votación popular.

 

El presidente de esa nación sudamericana podría ser detenido a petición de la OEA * Según Estados Unidos, el Cártel de los Soles es la organización criminal que sería liderada por Nicolás Maduro

 

GAEL BUENDÍA

 

Nicolás Maduro, quien ocupa el cargo de mandatario de Venezuela desde el año 2013, fue reelegido para un tercer mandato en unos cuestionados comicios presidenciales llevados a cabo el domingo 28 de julio pasado, con el 51.95 por ciento de los votos, según ratificó el Consejo Nacional Electoral (CNE) este viernes 2 de agosto.

Los resultados de la elección sumieron a Venezuela en una crisis por las multitudinarias protestas, que por ahora al menos hay 17 muertos, entre ellos un militar.

Las manifestaciones de la gente en las calles se registraron a lo largo del territorio nacional, en el marco de señalamientos sobre el cometimiento de un presunto fraude por parte del oficialismo bolivariano.

Un día después de los comicios, la Plataforma Unitaria Democrática publicó en una página web “el 81%” de las actas electorales que demuestran, según el antichavismo, que el candidato Edmundo González Urrutia, quien según el CNE solo obtuvo el 43.18% de los votos, ganó las votaciones por un amplio margen.

Los resultados que dan como ganador a González Urrutia han sido reconocidos por Ecuador, Uruguay, Argentina, Estados Unidos y Perú.

El miércoles 31 de julio pasado, después de que la Organización de los Estados Americanos (OEA) se congregó en una reunión urgente para discutir sobre la legitimidad de los resultados, el secretario general de la entidad, Luis Almagro, anunció que pedirá a la Corte Penal Internacional que ordene el arresto de Maduro, a quien acusó de cometer un “baño de sangre” contra los manifestantes.

La información que lleve a la captura del mandatario Maduro ya ha sido requerida en el año 2020 por la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley de Estados Unidos, después de que fue acusado en el Distrito Sur de Nueva York de cometer narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos.

En paralelo, el Departamento de Estado de EU ofreció una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que conduzca al arresto o condena de Nicolás Maduro, quien ve la ola actual de protestas como un golpe de Estado, por lo que ha llamado a los cuerpos policiales y militares a extremar el control.

 

CÁRTEL DE LOS SOLES

El gobierno de Estados Unidos sostiene que “Maduro ayudó a administrar y, en última instancia, liderar el Cártel de los Soles, una organización narcotraficante venezolana compuesta por funcionarios venezolanos de alto rango, mientras ganaba poder en Venezuela en una conspiración narcoterrorista corrupta y violenta con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)”.

De acuerdo con lo publicado en el 2020 por el Departamento de Estado de ese país, el mandatario venezolano “negoció envíos de varias toneladas de cocaína producida por las FARC, ordenó al Cártel de los Soles que proporcionara armas de grado militar a las FARC, y durante su mandato como ministro de Relaciones Exteriores coordinó los asuntos exteriores con Honduras y otros países para facilitar el tráfico de drogas a gran escala”.

Dentro de esta presunta estructura criminal, Maduro incluso habría solicitado asistencia de los líderes de las FARC para entrenar a un conjunto de milicias no estatales que fungían como una unidad de las fuerzas armadas para el Cártel de los Soles.

El Departamento de Estado de EU también sostiene que Diosdado Cabello Rondón, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela y personaje sumamente cercano a Maduro, participó en una conspiración entre el Cártel de los Soles y las FARC.

Coordinar con las FARC la promoción de la conspiración narcoterrorista para: Transportar y distribuir grandes cargamentos de cocaína; beneficiarse de la provisión de seguridad fuertemente armada para proteger los envíos de cocaína y hacer que otros participen en ella, son varias de las acusaciones por parte de Estados Unidos que recaen sobre Cabello Rondón, quien adquirió relevancia en el contexto de las protestas al declarar que los principales líderes opositores de Venezuela “se iban a joder”.

 

“PRUEBAS ABRUMADORAS”

“Dadas las abrumadoras pruebas, es claro para Estados Unidos, y sobre todo para el pueblo venezolano, que Edmundo González Urrutia ganó la mayoría de votos en las elecciones presidenciales de Venezuela”, expresa Anthony Blinken, el secretario de Estado de EU en un comunicado.

Ante las movilizaciones del pueblo venezolano que tomó las calles, Estados Unidos pidió a las partes implicadas en la crisis a abordar un proceso de transición que respete el deseo del desenlace electoral y dijo que apoyará un proceso de “restablecimiento de las normas democráticas” en Venezuela.

“Desde el día de la elección, hemos consultado intensamente a socios y aliados en todo el mundo y, pese a que cada país ha tomado diferentes caminos para responder, ninguno ha concluido que Nicolás Maduro ha recibido la mayoría de votos”, concluyó el jefe de la diplomacia estadounidense.

 

FRAUDE ELECTORAL, EL CAMINO PARA EVITAR LA EXTRADICIÓN

La Corte Penal Internacional lo investiga por crímenes contra la humanidad. Esos delitos fueron documentados una y otra vez por la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU). El último informe se refería al “alarmante aumento en las desapariciones forzadas antes de las elecciones presidenciales en Venezuela”.

Desde hace años esa oficina describe detalladamente cómo el chavismo -que este domingo falsificó las elecciones presidenciales- tortura, desaparece, secuestra y asesina venezolanos por el solo hecho de enfrentar a la dictadura. Karim Khan, el fiscal de la CPI que lleva la investigación contra Maduro, deberá sumar ahora un nuevo capítulo a su expediente: el robo alevoso de votos.

Maduro sabía que su destino -de haberse sometido al mandato popular- hubiera sido la cárcel, la extradición o el exilio, pero eligió el fraude para sostenerse en el poder y no tener que salir de su país, algo ya de por sí infrecuente en su agenda. Nicolás quiso evitar el riesgo de una prisión, muy probable bajo otro gobierno que limpiara la escandalosa y cómplice estructura judicial venezolana.

También está la amenaza de la extradición, bajo los múltiples cargos por narcotráfico que lo tienen a Maduro bajo la lupa de la DEA, en EU, por ser uno de los capos del Cártel de los Soles junto a gran parte de la cúpula militar venezolana.

Ante los acontecimientos que vive Venezuela, el futuro no es muy halagador para Nicolás Maduro, quien está en una encrucijada porque ya se le olvidó que “el pueblo manda”.