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Miguel Ángel Ortega Tovar… ¡gana más que el Presidente AMLO!

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El funcionario opera en la Unidad de Administración y Finanzas de la Agencia Nacional de Aduanas de México, con un puesto inexistente y un salario superior a los 144 mil pesos… ¡manda al carajo la Austeridad Republicana!

ILDEFONSO PEREYRA

Miguel Ángel Ortega Tovar, actual “jefe de oficina” de la Unidad de Administración y Finanzas (UAF) de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), percibe un sueldo de 144,486 mil pesos con nivel K, sin ocupar alguna dirección existente dentro de la estructura, cobra como administrador de Proyectos Aduaneros.
Un detalle a resaltar es que Ortega Tovar, de origen venezolano, ha estado en dos oficinas diferentes en el gobierno.
Miguel Ángel fungió como director de Control de Gestión en la Secretaría de Relaciones Exteriores, en su estancia por la institución cobraba a través de una empresa de outsourcing denominada We Keep On Moving Adper, compañía de subcontratación, la cual ingresaba a su nómina empleados con sueldos de entre 30 mil y 90 mil pesos.


A través de una solicitud de transparencia se requirió la lista de las personas subcontratadas por la compañía a la SRE, sin embargo, por medio del folio 500027721 el comité de transparencia declaró la inexistencia de dicha información, posteriormente la cancillería se retractó y dijo que la información sí existe, sin embargo, es el prestador de servicios quien tiene dichos datos.
Al día de hoy, de acuerdo con el Reglamento Interior de la ANAM, el puesto, “jefe de oficina” de la UAF no existe por norma, ni existe nombramiento que lo sustente, además que Ortega Tovar busca manejar y ser él quien regule los sueldos de forma tramposa y que se verifica en que actualmente, diez de sus personas cercanas perciben sueldos desde los 32 mil, hasta los 87 mil 546 pesos.
Otra irregularidad son las comisiones que tienen en los estados cercanos; Miguel Ángel se traslada con su equipo por avión, como ejemplo, la última comisión que tuvieron a Veracruz donde cinco personas fueron vía aérea sin justificar la adquisición de los boletos, mientras el personal de otras áreas se trasladó vía terrestre, todo ello contraviniendo los principios de eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez, establecidos en el Artículo 134 Constitucional.
Según los lineamientos para la asignación, comprobación y seguimiento de los recursos financieros de la ANAM vigentes desde abril del 2023, emitidos por la Unidad de Administración y Finanzas, la compra de boletos de avión solo se llevará a cabo cuando la comisión se encuentre a más de 400 kilómetros.

DESCONTENTO DESDE PALACIO NACIONAL
Por su parte, Alberto Becerra Mendoza con tres meses dentro de la ANAM, donde ostenta el cargo como titular de la UAF, enviado desde Palacio Nacional con la tarea de destrabar una megalicitación, sobre la adquisición de Sistemas de Rayos X que ronda los 13 mil millones de pesos, se encuentra envuelto en la polémica.
El descontento con Becerra Mendoza por parte del Presidente López Obrador se dio cuando, contrario a los valores de la 4T, hace unos días se casó en una lujosa boda en Cuernavaca con la coordinadora de Apoyo Técnico de la oficina de la SRE quien recomendó a Miguel Ángel.


Rafael Marín Mollinedo, director de la ANAM, pasa por la agencia sin grandes logros; entre las tareas no resueltas son: las contrataciones de los perfiles adecuados en áreas sensibles que permitan un funcionamiento correcto de la agencia; el seguimiento propio de la independencia del SAT que aún no pueden resolver y afecta la operación aduanera al no tener una adecuada gestión administrativa en todos los servicios ya contratados por la ANAM.
La ANAM no funciona como espera López Obrador, principalmente por la inexperiencia de áreas que necesitan especialización técnica y operativa puntual, afectando al motor que recauda el 90% del IVA en el país.

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Las narcoseñales

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Sustentado en documentos de la DEA, difundió que “testigos protegidos afirman que en 2006 ‘La Barbie’ y Roberto López Nájera ofrecieron 2 millones de dólares a la campaña presidencial de AMLO en 2006 * Anabel Hernández revela quiénes recibieron dinero de parte del equipo de AMLO: Nicolás Mollinedo, mejor conocido como Nico, y Mauricio Soto Caballero, actualmente miembro del Congreso Nacional del partido oficial Morena

 

FRAY LALITO

 

Dice la conseja popular que si camina como ganso, grazna como ganso y parece ganso, entonces es ganso.

Si en México el narco controla gran parte del territorio nacional, tiene nexos con autoridades de los tres niveles de gobierno e interviene de manera creciente en los procesos electorales para elegir a esas autoridades, entonces nos hemos convertido en un narcoestado, o al menos vamos en esa vía.

En marzo de 2021 el general Glen VanHerk, jefe del Comando Norte de Estados Unidos, aseguró que “El crimen organizado controla entre 30% y 35% del territorio de México”.

En las eleccciones intermedias de junio de 2021 se hicieron públicos testimonios de candidatos a gubernaturas y reportajes periodísticos respecto a los casos de Chiapas, Jalisco, Sinaloa, Michoacán, Colima, Guanajuato y Guerrero: “México tuvo, en junio del 2021, unas elecciones intervenidas, como nunca antes, por el crimen organizado”, lo que incluyó el secuestro de operadores políticos, el robo de urnas, intimidación a electores y candidatos asesinados.

Esta semana, el martes 30 de enero de 2024, a cuatro meses de las elecciones más grandes en la historia del país, un magistrado y la propia presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal (TEPJF) advirtieron del peligro de la intervención del narco en las elecciones.

Felipe de la Mata alertó que “de no hacer nada, en diez años podría ocurrir que alguien del tamaño de un gran capo se convirtiera en Presidente de la República”.

Las masacres, desapariciones, levantones y secuestros son notas cotidianas. El crimen organizado está creciendo y penetrando en varias actividades. Extorsiones, trata de personas, negocio con migrantes y cobro de derecho de piso, están a la orden del día y en todo el país.

El 8 de diciembre pasado, en Texcapilla, Estado de México, los campesinos, cansados y hartos del cobro de ‘derecho de piso’, mataron a diez miembros de la Familia Michoacana que querían imponer un cobro de 10 mil pesos por cada hectárea de cultivo que produjeran los campesinos.

“Somos humildes, no tontos. Nos comenzaron a llegar rumores de que si no le atorábamos (pagar la extorsión) nos iban a matar. Pasó lo que tenía que pasar, no nos arrepentimos”, le dijo a la prensa una mujer que atestiguó lo ocurrido.

El ‘derecho de piso’ ya está presente en la mayoría de las poblaciones del país. Esta misma semana, hubo diversas protestas de operadores de transporte por asaltos y extorsiones del crimen organizado.

En Acapulco y Taxco se paralizó el transporte público. En el Estado de México, Querétaro, Veracruz y Michoacán, los robos a transportes de carga, secuestros y extorsiones dieron por resultado paros y protestas de afectados en las principales carreteras del país.

En medio de todo lo anterior, esta misma semana, el periodista norteamericano Tim Golden, excolaborador del New York Times y ganador del premio Pulitzer, hoy editor de “Propública”,  sustentado en documentos de la DEA, difundió que “testigos protegidos afirmaron haber participado en reuniones en 2006 con coordinadores de la campaña presidencial de López Obrador, Mauricio Soto Caballero y Nicolás Mollinedo, en las que “La Barbie” y Roberto López Najera,, en representación de Beltrán Leyva, ofrecieron dos millones de dólares para la campaña a cambio de que su candidato, una vez llegado a la Presidencia, “los dejara trabajar”.

Debe recordarse que en ese año los Beltrán Leyva todavía eran parte del Cártel de Sinaloa y se apoderaron de la plaza de Acapulco, cuyo presidente municipal era Félix Salgado Macedonio.

Otras anécdotas que han despertado el “sospechosismo” de posibles empatías de AMLO con el jefe del Cártel de Sinaloa fueron: La orden de liberación de Ovidio Guzmán, en su primera captura; el efusivo saludo del Presidente de la República a la mamá del Chapo Guzmán, en una de sus frecuentes visitas a Bandiguarato, así como las condolencias públicas que expresó públicamente al “señor Joaquín Guzmán”, tras el fallecimiento de su señora madre. Condolencias que nunca ofreció a las víctimas de la Línea 12 del Metro, o a las familias de célebres empresarios fallecidos por las mismas fechas.

El Presidente López Obrador, en su Mañanera del jueves 1 de febrero, se mostró enojado e indignado por el reportaje de “Propública”. Acusó a Tim Golden de ser un mercenario del periodismo, de la DEA y un peón como los que hay en México.

Ironizó: “Deberían darle el premio a la calumnia”.

Pidió que se pronuncie al respecto el presidente Biden y que si no hay pruebas, el gobierno de Estados Unidos le ofrezca una disculpa.

Por otra parte, en forma simultánea, la conocida periodista Anabel Hernández publicó un reportaje, en la cadena alemana “DeustcheWelle”, en el que reitera y detalla varios señalamientos respecto a la publicación de Tim Golden. Afirma la periodista que “una investigación realizada entre 2010 y 2011 por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York y la agencia antidrogas DEA, hasta ahora secreta, obtuvo pruebas sólidas de que el Cártel de Sinaloa aportó entre 2 y 4 millones de dólares a la campaña de López Obrador cuando fue candidato a la Presidencia en 2006. En la investigación la Fiscalía y la DEA descubrieron y corroboraron quiénes fueron los protagonistas de esa trama”.

Agrega Anabel Hernández que: “por parte del Cártel de Sinaloa el principal responsable de hacer las negociaciones fue el narcotraficante Edgar Valdéz, alias ‘La Barbie’, socio de Arturo Beltrán Leyva, Roberto Acosta Islas, alias “El R”, financiero, y Roberto López Nájera, operador de los Beltrán Leyva, responsable del pago de sobornos del cártel a autoridades en México.

Por parte del equipo de AMLO, los responsables de recibir el dinero fueron dos personas muy cercanas al Presidente: Nicolás Mollinedo, mejor conocido como Nico, quien era entonces el inseparable chofer AMLO.

El otro personaje directamente vinculado a AMLO, a través del cual se hicieron las negociaciones, es Mauricio Soto Caballero, actualmente miembro del Congreso Nacional del partido oficial Morena.

Soto Caballero ha trabajado con AMLO durante más de 18 años a partir de 2004. Ha sido uno de sus operadores en las campañas presidenciales de 2006, 2012 y 2018.

También señala la periodista, como un tercer involucrado, a un empresario dueño de minas de mármol Francisco León García, alias “Pancho León”, quien fue candidato a senador por el PRD en el estado de Coahuila en 2006. León García no ganó la senaduría y en marzo de 2007 desapareció en Saltillo, Coahuila.

Y una cuarta persona que intervino fue el empresario Emilio Dipp Jones, quien tenía actividades económicas en Coahuila y en Acapulco, Guerrero, ciudad que estaba bajo el control de los Beltrán Leyva.

Anabel Hernández señala que en el documento titulado Operación Polanco, elaborado por la DEA, se reseña que “todo comenzó a fines de 2005 durante una reunión celebrada en un hotel en Nuevo Vallarta, Nayarit, Cuando se llevó a cabo la reunión, AMLO ya estaba en precampaña. En ese cónclave estuvieron presentes ‘La Barbie’, su suegro Carlos Montemayor González, también integrante del Cártel de Sinaloa. Dipp Jones y León García. Ahí se acordó que la organización criminal iba a dar al menos dos millones de dólares a la campaña de AMLO. López Nájera sería el contacto para hacer llegar el dinero. La segunda reunión se llevó a cabo en la Ciudad de México en una casa ubicada en Aristóteles 131, colonia Polanco. Estuvieron presentes López Nájera, Soto Caballero, Dipp Jones y León García. Hasta al menos el año 2022 en ese lugar tenían sus oficinas Mollinedo y Soto Caballero, quienes están asociados en la empresa Laverage Consulting. Juntos fundaron la asociación civil Movimiento Ambientalista Social en 2019 con la intención de fundar su propio partido político, pero el INE les negó el registro.

Aristóteles 131 es la dirección que Soto Caballero tiene registrada como domicilio en su credencial de elector. Y por una época también Dipp Jones despachaba en el mismo lugar según registros obtenidos en mi investigación”, refiere la periodista Hernández.

También se deriva de la investigación de la periodista Anabel Hernández que “El R” hizo una entrega de dinero a Soto Caballero en un restaurante de la colonia Polanco y Nico estaba también en ese lugar. En total, de acuerdo con los participantes que declararon ante el gobierno de Estados Unidos, entre ellos Soto Caballero, llegaron a la campaña de AMLO entre 2 y 4 millones de dólares.

El 15 de junio de 2006 AMLO hizo uno de sus cierres de campaña presidencial en un lugar llamado vado del Río Balsas, en Coahuila. Ahí Pancho León logró juntar a miles de asistentes y terminó el evento masivo al ritmo de la Arrolladora Banda Limón. Ese día, según supo el gobierno de Estados Unidos, AMLO habló telefónicamente con ‘La Barbie’, agradeció el apoyo económico a la campaña y dijo que cuando llegara a la Presidencia quería que disminuyera la violencia para lo cual le pidió ayuda al narcotraficante”.

Finaliza el reportaje de Anabel Hernández señalando que “en la elección presidencial de 2006, que ganó Felipe Calderón, el Cártel de Sinaloa no solo había apoyado la candidatura de López Obrador, sino de acuerdo a lo que se reveló durante el juicio llevado contra Joaquín Guzmán Loera ‘El Chapo’, la organización criminal también destinó recursos a la campaña de Calderón; durante su gobierno el Cártel de Sinaloa recibió protección por parte de diferentes autoridades, principalmente del secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna”.

Es innegable que la violencia y penetración del crimen organizado ha alcanzado niveles nunca antes vistos. Por ello, hay incertidumbre respecto a la forma en que pueda intervenir en las elecciones del 2 de junio de 2024. ¿Acaso estamos en proceso de conversión a un “narcoestado”?

Porfirio Muñoz Ledo, unas semanas antes de morir, acusó a López Obrador de tener alianza con el narcotráfico y advirtió sobre el peligro de que México fuera dominado por el crimen y por los militares.

Irónicamente, las fuentes, “testigos protegidos”, que acusaron al Chapo Guzmán, a Genaro García Luna y al general Cienfuegos, son las mismas que atestiguaron contra el Presidente López Obrador.

Podría esta publicación simultánea en Estados Unidos y Alemania significar algún mensaje cifrado y adelantado sobre presuntos vínculos del Presidente de México con el narcotráfico y solo ¿ser la punta de la madeja que podría desenredarse cuando deje el poder?

O como lo sostiene el Presidente AMLO, ¿se trata de calumnias y campañas en contra de su proyecto político? Lo sabremos en unos meses.

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Surgen nombres presuntamente vinculados al Cártel Farmacéutico

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ILDEFONSO PEREYRA

 

En el núcleo de la atención médica en México, emerge una trama que involucra a gigantes de la salud pública, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Estas instituciones, con más de 83.2 y 13.5 millones de derechohabientes respectivamente, se ven empañadas por escándalos relacionados con compras millonarias de medicamentos y pérdidas cuantiosas entre agosto del 2020 y abril del 2023.

Un reportaje publicado hace tres años por Poder Latam reveló prácticas cuestionables, como la compra de medicamentos a precios exorbitantes, tal es el caso del letrozol en grajeas, adquirido a un 7,844.73% más de su precio de referencia.

La problemática se expande a otras empresas vinculadas, como Farmacias Tamaulipecas y Logística Médica de Occidente, las cuales han obtenido contratos millonarios del IMSS bajo la modalidad de compra emergente, presentando sobrecostos alarmantes que oscilan entre el 202.04 y el 1,110.14%.

Empresas como SOS Sistemas Opcionales en Salud, S.A. de C.V., CVS Pharma, S.A. de C.V., Ethomedical S.A. de C.V., Multiequipos y Medicamentos S.A. de C.V., Creando Sonidos de Audición S.A. de C.V., EF Desarrollo e Investigaciones S.A. de C.V., Comercializadora y Distribuidora Sagitario S.A. de C.V., GREEN@W, S.A. de C.V., APS Medicamentos S.A. DE C.V. por citar algunas de las empresas más favorecidas con las compras emergentes.

Este patrón de sobrecostos se replica en diversas delegaciones principalmente en el norte del pais, como Nuevo León, Hospital de Especialidades Cardiológicas No.34, Centro Médico Nacional del Noroeste, Tamaulipas, Coahuila, Estado de México y la delegación del sur de la Ciudad de México. La crisis se agrava en delegaciones como Tamaulipas y Nuevo León, donde las compras a sobreprecio triplican el precio estándar y estados en los que la COFEPRIS ha detectado la falsificación de medicamentos, los cuales han sido distribuidos en las instalciones del IMSS intensificando los riesgos para la salud pública.

En la delegación IMSS de Nuevo León, se ha detectao hasta 164 % en el costo de pedidos en comparación con los autorizados; y, para el caso de material de curación, resultaron hasta el 368 % por arriba del costo del mercado, revelando prácticas financieras cuestionables. Empresas como 1115 Medical, S. de R.L. de C.V., Sustain Medical Group S. de R.L. de CV., y RAGA Medical S.A. de C.V., se benefician significativamente de estas compras emergentes, ya que se adjudicaron más de 500 millones de pesos entre las tres.

En esta misma delegación, de Inmunoglobulina G Humana ha detectado pedidos por un importe adjudicado de 76 millones de pesos; sin embargo, Octapharma, una empresa farmacéutica familiar con sede en Suiza, denunció que varias de las empresas a las que se les adquirieron el medicamento no contaban con carta de respaldo, exponiendo la posibilidad de que el medicamento adquirido careciera de los niveles de calidad necesarios, representando un riesgo para la población.

A pesar de las medidas implementadas por el IMSS, la figura de Aldo Díaz Pérez, señalado como uno de los actores principales del Cartel Farmacéutico del Norte, se vuelve central en este escenario. Con una facturación de 760 millones de pesos en 2021, Díaz Pérez mantiene relaciones estratégicas con Javier Guerrero García, director de Operación y Evaluación del IMSS, y el exdirector de Pemex, Carlos Treviño Medina.

La conexión entre Aldo Díaz, Carlos Treviño y Javier Guerrero García revela una red compleja que opera directamente en las delegaciones del IMSS. Surge entonces la pregunta: ¿pretenden estos integrantes del Cartel del Norte ademas de hacer negocio con precios fuera de mercado perjudicar a los derechohabientes con la compra y distribucion en el IMSS de productos falsos para continuar con sus prácticas ilícitas impunemente?.

La conexión de Díaz Pérez con Treviño Medina, con antecedentes en SEGALMEX, plantea inquietudes sobre la integridad del sector. Supuestamente vinculado al Cartel Farmacéutico del Norte, Díaz Pérez es acusado de simular necesidades a nivel nacional, utilizando a Guerrero García y Treviño Medina para responsabilizar al IMSS y facilitar compras a precios desorbitados.

Díaz Pérez cuenta con un historial cuestionable, incluyendo fraudes inmobiliarios y un paso por SEGALMEX, su presencia genera preocupaciones adicionales sobre la integridad del sistema de salud.

Por su parte, Carlos Treviño, cuenta con un expediente generado por la ASF por desvío de recursos y Javier Guerrero García que en el sexenio de Peña Nieto fue el responsable de la creacion de la estafa maestra junto con Rosario Robles, este ultimo designa directamente a personas como responsables de las delegaciones, de las áreas de compras y de los administradores, con cuestionable historial, generando interrogantes sobre la transparencia del proceso.

El Cartel Farmacéutico del Norte se presenta como una amenaza en medio de la crisis sanitaria, evidenciada por la falsificación y distribución ilegal de medicamentos en el norte de México y anunciada en dias recientes por COFEPRIS y AMELAB. La salud pública está en riesgo, exigiendo una investigación exhaustiva y medidas inmediatas para preservar la integridad del sistema de salud en el país.

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Talleres Gráficos de México tiene también su Estafa Maestra

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Es muy evidente la elección de Estado que busca implementar el gobierno de AMLO * El “Plan C” de AMLO busca garantizar, a como dé lugar, la continuidad de la 4T * Se rumora que Maribel Aguilera Cháirez advirtió que el Presidente López Obrador desea centralizar todo el proceso electoral, violando así la Constitución y el propio pacto federal

 

JESÚS VIRA

 

El año 2024 quedará marcado en la historia como el momento en que los políticos decidieron sepultar la democracia en México.

Los eventos se han desencadenado durante los primeros días del año, destacando la grave decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que aprobó modificar el acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) en relación al mecanismo extraordinario para las designaciones de los altos funcionarios del organismo.

Esta modificación otorgará a Guadalupe Taddei, presidenta del INE, la capacidad de nombrar a personas de su elección en puestos clave, como el área técnica del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP). En este sector, funcionarios que durante 30 años construyeron un mecanismo preciso y creíble para contar de manera rápida y fidedigna el voto ciudadano se verán afectados.

Este cambio representa un retroceso total a los años 90, cuando Fernando Gutiérrez Barrios, secretario de Gobernación, controlaba el incipiente órgano electoral, facilitando elecciones de Estado para favorecer a sus correligionarios.

La incógnita radica en si la presidenta del INE actuará de manera independiente o consultará con el gran elector para asegurar el triunfo que la 4T necesita.

Este hecho evidencia la elección de Estado que busca implementar el gobierno de AMLO, que, a pesar de utilizar la palabra “neoliberal”, se ha vuelto más conservador y ha engañado a la mayoría de los mexicanos.

Incluso, funcionarios -como la directora de Talleres Gráficos de México- han hecho declaraciones públicas, invitando a los presidentes de los institutos electorales estatales a conocer sus instalaciones.

Se rumora que, durante el recorrido, la señora Maribel Aguilera Cháirez advirtió que el Presidente López Obrador desea centralizar todo el proceso electoral, violando así la Constitución y el propio pacto federal.

Aguilera ha viajado constantemente por todo el país desde agosto, asegurando en reuniones que, a cualquier costo, los institutos deben alinearse con la instrucción del Presidente y centralizar la elección. Esto constituye otra violación a la autonomía de los órganos electorales.

Lamentablemente son tres mujeres las que protagonizan estas arbitrariedades, amparándose en un supuesto afán democrático que, en realidad, conducirá al país a enterrar la democracia.

MATATENA.- Los únicos que parecen tener el poder de desmantelar esta aberración electoral y política son los consejeros del INE y los representantes de los partidos. Esperamos que permanezcan alerta por el bien del país. Por cierto, sin eufemismos, esto se llama elección de Estado.

 

¿ESTAMOS ANTE UNA NUEVA ESTAFA MAESTRA?

Nunca como ahora, la Dirección General de Talleres Gráficos de México (TGM), a cargo de Aguilera Cháirez, se está involucrando en forma ilegal para presionar a los Organismos Públicos Locales (OPLES) a que contraten a ciertas empresas en particular para la elaboración de toda la documentación y materiales electorales que se utilizarán en la elección de 2024.

Esto constituye un abierto conflicto de interés y un acto abierto de corrupción para favorecer sus intereses particulares, además de que se pone en riesgo la elaboración de las boletas electorales, ya que las quejas de los distintos Oples por el retraso en la entrega de materiales está a la orden del día.

Pero abundemos en este “modus operandi” de la directora de TGM y sus aliados, incluidas algunas empresas y autoridades electorales, que se están prestando a este juego corrupto y perverso que sigue el mismo “modus operandi” de la famosa Estafa Maestra.

En días recientes, la directora de TGM, Maribel Aguilera, dio una entrevista a la revista Contralínea (25 de noviembre 2023), para justificar algunas acciones que ella está orquestando desde su puesto para favorecer a empresas ligadas a sus intereses personales, aduciendo que TGM se hará cargo de la elaboración de todos los materiales electorales para las elecciones de 2024, tanto a nivel federal como local.

En esa entrevista, la funcionaria asegura que TGM cuenta con las capacidades técnicas y operativas para elaborar más de 300 millones de boletas para las elecciones federales de 2024, esto a partir de un convenio marco que el Instituto Nacional Electoral (INE) firmó con los institutos estatales electorales. Asegura también tener previsto todo para poder elaborar 180 millones más de boletas de ser necesario, como parte de un Plan B.

Al respecto, hay muchas cuestiones que la actual directora de TGM no menciona y que deben ser exhibidas e investigadas, ya que está incurriendo en un claro conflicto de interés, que podría poner en riesgo la elaboración de los materiales electorales que serán utilizados en las elecciones de 2024, las más grandes y complejas en la historia de México.

Es un hecho que TGM no cuenta con la plantilla, la capacidad, el equipamiento o las instalaciones para la producción de los 320 millones de boletas para la elección de Presidente, senadores y diputados federales que serán requeridas para el proceso electoral de 2024, mucho menos para elaborar los materiales que serán utilizados en las elecciones locales.

Tradicionalmente, en el caso de los procesos electorales estatales, las boletas para los comicios locales se imprimían con proveedores locales seleccionados por los Oples del país. Pero en esta ocasión, la directora general de TGM está presionando a los funcionarios electorales estatales para que entreguen la producción de las boletas electorales a ese organismo público, aduciendo que cuenta con toda la capacidad técnica, operativa y de infraestructura para hacerlo.

Desde TGM se fragua una nueva “Estafa Maestra”, ya que, a partir de las presiones de distintas oficinas de la Secretaría de Gobernación, los gobiernos tanto federales como estatales están privilegiando la contratación de los servicios de diferentes instancias gubernamentales sin la necesidad de llevar a cabo licitaciones públicas.

Así fue el caso de la Estafa Maestra que tanto indignó a los mexicanos durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Recordemos que, en ese entonces, los contratos se transferían a universidades y entes públicos estatales porque la Ley de Adquisiciones lo permitía, era una triangulación de contratos que al final recaían en empresas privadas, que sin mayor complicación recibían los contratos y repartían sumas económicas importantes entre las universidades y las instancias contratantes.

Lo que resulta increíble es que a estas alturas del gobierno de la 4T, la Ley de Adquisiciones sigue estando exactamente igual que en 1996 cuando gobernaba Ernesto Zedillo Ponce de León.

Dicha Ley, en su artículo primero, permite que se continúe haciendo el mismo procedimiento que a todas luces, como ha dicho el propio Presidente Andrés Manuel López Obrador, es inmoral y nada transparente.

Este es el caso de TGM, que, sin más, firma convenios de colaboración con los diferentes institutos electorales del país, sin tener la capacidad para satisfacer los requerimientos de impresión de boletas electorales, listas nominales y actas.

Sin embargo, los famosos Oples están siendo presionados a firmar convenios de colaboración en la materia con esta entidad de Gobernación, incluso aun cuando hay evidencias de que han incumplido.

Basta revisar el “Estudio de mercado para identificar empresas que cuenten con la infraestructura técnica y humana suficientes y con ello mejorar las condiciones de adquisición de la documentación y materiales electorales”, que sobre los proveedores de la elección de 2021 elaboró el propio INE, donde Talleres Gráficos de México y la empresa Gráficas Corona JE fueron las peores evaluadas por diversos retrasos e incumplimientos.

Más aún, los conocedores del tema saben que TGM no cuenta con infraestructura suficiente y que prefiere subrogar el servicio a otras empresas para sacar avante el trabajo.

Lo increíble radica en que dichos trabajos se le otorgan precisamente a la empresa Gráficos Corona, cuyo director general es Juan Estrada Hernández, de quien se dice es sobrino político de Maribel Aguilera Cháirez.

Pero hay más, ya que la mencionada empresa Gráficos Corona subcontrata y triangula sus contratos con la empresa Formas Finas de José Antonio Carranza, que también ha incumplido como proveedor de algunos Oples, como es el caso del Estado de México en la elección pasada, pero también pertenecen a la familia Estrada las siguientes razones sociales: One to One Solutions; Iddeo 4.0 y Grupo Fograd, S. A. de C. V., que han sido utilizadas para este mismo fin. Con ello, resulta evidente el conflicto de intereses entre TGM y la empresa Gráficas Corona.

Y todo esto es posible gracias a los vacíos que continúa habiendo en la Ley de Adquisiciones, la cual es manipulada por expriístas que hoy militan supuestamente en Morena.

Sólo hay que ver el currículum de la señora Cháirez, quien está casada con Miguel Antonio Meza Estada, extitular en dos ocasiones de la Conaliteg (Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos) y de quien se dice es tío de Juan Estrada Hernández, director general de la empresa Gráficas Corona.

Vale la pena recordar que Miguel Antonio Meza Estada fue secretario particular del expresidente Ernesto Zedillo y ocupó de 1994 a 1999 la Dirección General de la Conaliteg. En ese entonces fue acusado por el Órgano Interno de Control de dicha dependencia, por haber ocasionado un daño patrimonial de 367 millones de pesos en el otorgamiento de 23 contratos por la adquisición o maquila de libros de texto gratuitos en los años 1999 y 2000.

 

EL VERDADERO “PLAN C”

Pues con la novedad que algunos nos tardamos en ver cuál era el verdadero “Plan C” en la reforma electoral truncada por la oposición el año pasado.

Todos reconocemos que el Presidente Andrés Manuel López Obrados es muy hábil en el manejo del lenguaje y que, con eufemismos, disfraza la verdad; no es que no hubiera pre-pre-precandidatos de Morena a la primera magistratura del país, pero la verdad lo que tuvimos fueron aspirantes para abanderar y coordinar los trabajos para que la 4T continúe en el poder.

En pocas palabras, tuvimos pre-pre-precandidatos disfrazados de coordinadores de la Cuarta Transformación.

El año pasado, López Obrador dijo que, de no ser aprobadas las reformas electorales, se tenía un “Plan C”, para lo cual requería que sus simpatizantes salgan a votar por todos los candidatos de Morena y sus aliados, con el fin de tener el control del Poder Legislativo federal y la mayoría de los Congresos locales para poder modificar cómodamente la Constitución Política de México.

Lo que no dijo es que podía echar a andar una elección de Estado para garantizar la continuidad de la 4T.

De nuevo los eufemismos, el Primer Mandatario acumula más de 20 sanciones de la Comisión de Quejas del INE por llamar al voto en favor de sus candidatos; él disfraza las faltas con la supuesta libertad de expresión a la que -sin lugar a duda- tiene derecho, pero que debe de mesurar en tiempo de elecciones.

Pero los llamados de atención se han convertido en llamados a misa, a los que nadie les hace caso, tampoco el Presidente, que tiene la espada desenvainada para dar la batalla públicamente.

Pero como siempre, la habilidad presidencial, desplegada en sus Mañaneras, hace que los ciudadanos estemos ocupados en miles de asuntos y no en el más importante acontecimiento político del año, las elecciones más grandes y complejas de la historia del país.

Los hilos para asegurar el Congreso federal y los locales se han echado andar desde áreas poco visibles, como es Talleres Gráficos de México (TGM), bajo el mando de la expriísta Aguilera, quien se dice convenció al Presidente de su compromiso con el cambio y de su lealtad en la trinchera en donde la pusieran, aunque esto supuestamente implicará bajarla de rango.

Con esa actitud, aparentemente servil, Aguilera Cháirez llegó a la Dirección General de TGM, donde ha hecho de todo para descalificar a los institutos electorales locales, los Oples, y prácticamente anularlos como se pretendía en la fallida reforma electoral.

Ahora resulta que los Oples que no se alinean al control que quiere ejercer la Secretaría de Gobernación, a través de TGM, son tachados de rebeldes, traidores e incluso corruptos. Se les quiere etiquetar como “enemigos a la centralización de TGM”.

Ante esto, surgen diversas preguntas: ¿Acaso los Oples no son autónomos?, ¿la ley señala que Gobernación debería de tener las manos fuera del proceso electoral?, ¿se está usando a TGM para controlar la emisión de boletas electorales?

Si las respuestas son afirmativas estaríamos viviendo el peor de los retrocesos en materia electoral, lo que sin duda pondrá en jaque a nuestra incipiente democracia.

¿Será que TGM es parte del famoso “Plan C”? En este caso, y por el bien de la democracia, lo conveniente sería que esta entidad, dependiente de Gobernación, saque las manos de los procesos electorales como lo mandata nuestra Constitución Política, esas manos que huelen a injerencia directa del Poder Ejecutivo.

 

AUMENTA LA PRESIÓN DE SEGOB SOBRE LOS OPLES

Conforme avanzan los plazos para las competidas elecciones de este año 2024, crece la presión para que los Organismos Públicos Locales (Oples) decidan a quién le confían la elaboración de los materiales y documentación electoral que será utilizada el día de los comicios.

Y esa presión viene directamente de la Secretaría de Gobernación, cuya titular Luisa María Alcalde usa a TGM para descalificar a los integrantes de los Oples que no quieren firmar un convenio con la directora de Talleres, Maribel Aguilera Cháirez.

Ahora resulta que los Oples que no se ciñen a los dictados de Gobernación son traidores, corruptos y rebeldes, cuando lo que hacen es solo defender la autonomía que les otorga la Constitución Política para tomar las mejores decisiones para los procesos electorales en sus respectivos estados.

Es muy grave que -con presiones- TGM siga violando la autonomía de los Oples, lo cual constituye un flagrante delito electoral que el INE debería tomar en cuenta.

A ello se suma una gran mezquindad porque, desde Bucareli, quieren anular la voluntad de los consejeros electorales locales y hacer prevalecer la voluntad de la titular de Gobernación a través de Maribel Aguilera Cháirez, quien, al parecer, también está alineada con la propia Guadalupe Taddei, presidenta consejera del INE.

Hay quienes aseguran que, con todo esto, cobra forma el Plan C del Presidente López Obrador para controlar todo lo relacionado con las elecciones de junio próximo.

Y lo más preocupante es que cualquiera puede comprobar que Talleres Gráficos de México no cuenta con la capacidad ni la infraestructura para poder cumplir con la elaboración de los materiales electorales necesarios sin el apoyo de terceros.

Para muestra un botón: El señor Sergio Rosas Estrada, gerente de Impresión y Acabados de TGM, comenta que, en años pasados, han impreso hasta 171 millones de boletas electorales en 24 días y que para este año deben imprimir 312 millones solo para la elección federal.

Pero, para lograrlo, necesitan más máquinas para sacar la impresión en tiempo y forma, ya que tendrán que imprimir poco más de 12 millones de boletas por día, con una sola máquina porque no tienen otra para llegar al número que requiere el proceso federal.

Resulta inevitable, entonces, que TGM tendrá que recurrir a sus empresas “de confianza” para poder cumplir. Y por ello presionan, como nunca, a los Oples a firmar un contrato que le permita a Talleres optar por un tercer proveedor sin mayor requisito que una carta donde digan que lo pueden hacer. Con ello se abre la puerta a la discrecionalidad y a la corrupción.

Esto genera mucha preocupación entre los consejeros electorales de diversas partes del país, porque saben que TGM ha incumplido en procesos anteriores con la entrega de los materiales necesarios para que los ciudadanos podamos votar.

A Tamaulipas, por ejemplo, no le han cumplido, con el convenio que firmaron en septiembre pasado. Incluso hay evidencia de que TGM les pidió una prórroga porque no están en posibilidades de cumplir. A Tabasco, TGM no le cumplió en 2021, a Michoacán tampoco, pero cuando los Oples quieren optar por una opción distinta, se incrementan las presiones y hasta las amenazas de parte de varias instancias del gobierno federal.

Por ello, ante esta ilegal intromisión y amenazas, diversos consejeros electorales de los estados tienen miedo y no quieren alzar la voz para no verse afectados.

En el fondo de estas presiones, está la intención de Gobernación de meter las manos en el proceso electoral 2024, el más complejo y grande de nuestra historia.

Se trata de un retroceso que pone en riesgo la certidumbre de estas elecciones y el derecho de los mexicanos a contar, en tiempo y forma, con los materiales y la documentación electoral necesaria para plasmar nuestra voluntad popular para elegir a nuestros gobernantes.

 

CONCLUSIONES

*** Talleres Gráficos de México desde hace muchos años se ha encargado de la impresión de las   boletas electorales federales, es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación.

*** En el pasado proceso electoral llegó a imprimir hasta 80 millones de boletas (sólo para la elección federal).

*** Para este proceso electoral 2024 tendrán que imprimir 312 millones de boletas (sólo para la elección federal), una cantidad que nunca ha impreso.

*** Con la firma del convenio-marco entre el  INE y TGM, se está presionando a los Oples, violando su autonomía, para que  éstos tengan convenios de colaboración con TGM y lleven la impresión de sus boletas y material electoral a TGM.

*** La pregunta es ¿cómo hará TGM para imprimir las 312 millones de boletas federales y luego imprimir las 248 millones de boletas  de los Oples?, ¿por qué quieren centralizar toda la documentación y material electoral en un órgano de la Secretaría de Gobernación?

*** Lo anterior pone en riesgo el proceso electoral, por la incapacidad de TGM de cumplir en tiempo y forma con la impresión de todas las boletas, aunado a que también quiere conseguir que le den la elaboración de todos los materiales electorales para la instalación de las 175 mil casillas de todo el país.

*** Dicho incumplimiento por parte de TGM, pone en riesgo la instalación de casillas electorales y la distribución de boletas, lo que puede llevar a que no se instalen debidamente el 10% del total de las mismas, lo que contribuiría a un posible escenario  de anulación de la elección.

*** Un elemento más a considerar para un elección de Estado, es dejar todo en manos de TGM, quien podría manipular, sin problema alguno, el material y la documentación electoral.

*** Más aún, el INE publica en junio de 2022, su estudio de mercado donde evalúa a sus proveedores responsables de la producción de la documentación electoral federal en el proceso concurrente 2020-2021 y menciona los 38 contratos que se firmaron con  10 empresas y en donde se destaca que 13 se firmaron con la empresa Gráficas Coronaje, S. A. de C. V. (Oples) y 10 con Talleres Gráficos de México (federal), mencionando que ambas empresas fueron las que incurrieron en el mayor número de retrasos importantes e incumplimientos.

*** TGM no cuenta con la capacidad técnica y humana para llevar a cabo este trabajo de gran envergadura y que supondría la impresión de 560 millones de boletas y los materiales electorales para las 175 mi casillas.. La capacidad máxima demostrada ha sido con la impresión de 80 millones de boletas y ¿ahora quieren hacer 7 veces más?, lo cual no tiene sentido y no se ve posible. La pregunta que surge es ¿qué hay detrás de todo esto?

*** Varios Oples se han manifestado en contra y en algunos casos han demandado a TGM por retraso o incumplimiento en sus entregas, como son Tabasco, Michoacán, Coahuila y Tamaulipas, entre otros.

*** Más allá de la gravedad que supondría el incumplimiento en el suministro de boletas y casillas electorales, se encuentra otro tema no menor y que tiene que ver con un esquema  de corrupción similar al de la Estafa Maestra.

*** Ejemplo: TGM firma convenios de colaboración con Oples, mediante el artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, para evitar las licitaciones públicas y otorgando de manera directa los contratos de impresión y materiales a TGM.

*** TGM al no tener la capacidad técnica y humana, recurre a 4 empresas (vecinas); por cierto de su “supuesta” planta en Iztapalapa para maquilar gran parte de la producción de boletas y materiales electorales de los Oples, subrogando hasta el 100% de dichos contratos, por ciento violando la Ley de Adquisiciones y sus pobalines, ya que sólo se les permiten subrogar contratos hasta el 49%).

*** Las 4 empresas vecinas y favoritas son: Gráficas Coronaje, One to One Solutions, Ideeo 4.o y Grupo Fogra, todas ellas de Juan  Sebastián Estrada y su familia.

*** Este grupo impresor ha sido favorecido también por Antonio Meza Estrada, cuando dicho funcionario estuvo al frente de la Conaliteg en dos ocasiones: Con Ernesto Zedillo y con AMLO. En ambas gestiones fue acusado de manejos fraudulentos quedando impune este personaje, que es el actual esposo de la directora de Talleres Gráficos de México, Maribel Aguilera Cháirez, y se presume que es tío de Juan Sebastián Estrada, director y dueño del grupo impresor arriba citado y quien ha sido beneficiado con contratos multimillonarios a través de adjudicaciones directas.

*** También llama la atención que las instalaciones de TGM en Iztapalapa, en donde se invita a los consejeros de Oples para hacerles recorridos, no cuenta con la maquinaria para producir el material electoral, además dicha instalación no aparece reportada en el inventario de bienes inmuebles de TGM, ni en su proyecto de adquisiciones 2023, además de la sospechosa vecindad con el grupo impresor favorito.

*** En dichas instalaciones de Iztapalapa, aparece un letrero de contratación de personal, y los trabajadores contratados ahí reciben su sueldo en efectivo, y quien les paga es Gráficas Coronaje. Por cierto, en esta investigación se detectó también a trabajadores menores de edad.

*** Por último, el periódico El Economista publica -el lunes 17 de julio de 2023- el estudio realizado por el Instituto Mexicano de Competitividad (Imco) sobre el riesgo de corrupción en las compras públicas, en donde TGM aparece con la puntuación más alta de riesgo (100%), que ninguna otra institución.

 

INFORME ANUAL DE GESTIÓN 2019 DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Auditoría Financiera número DAOC/08/FI/2018 “Ejercicio del presupuesto erogado por la DEOE”.

Se generaron 8 observaciones, 10 acciones correctivas y 8 preventivas, de las cuales:

  • Se solventaron 5 acciones correctivas, ya que el área auditada proporcionó: la documental faltante en el proceso de licitación; así como de los entregables relativos al servicio de telefonía de voz y datos; ejecutó y cobró las penas convencionales correspondientes; y presentó las justificaciones para la prórroga en la entrega de material electoral.
  • De las 5 correctivas no solventadas, el área auditada no proporcionó la información y documentación que permitiera solventar las observaciones relativas a la adquisición de documentación y material electoral para el Proceso Electoral Federal 2017-2018; confirmándose que existió:

✓ Sobrecostos pagados por el INE a Talleres Gráficos de México (TGM) en los contratos INE/090/2017 e INE/022/2018, para la adquisición de material electoral, ya que TGM subcontrató el 100% y 93.93%, respectivamente, a otras empresas para la elaboración del material electoral solicitado; de conformidad con lo siguiente:

*** Cifras en millones de pesos.

*** No está considerado el costo del material del 6.07% (10.0 mdp) que no subcontrató TGM

✓ Estos sobrecostos tuvieron su origen en una indebida adjudicación directa a TGM, dado que existían las condiciones para llevar a cabo una Licitación Pública y en el contrato INE/090/2017 existieron circunstancias anómalas en la etapa de investigación de mercado, tales como recabar la cotización de TGM en una segunda investigación de mercado, una vez que ya se conocían las cotizaciones solicitadas a otras empresas consideradas en la primera investigación de mercado y en la que TGM cotizó ligeramente por debajo del resto de las empresas.

Adicionalmente, respecto al contrato INE/022/2018; la empresa a la que TGM subcontrató el 93.3% de los bienes, coincidentemente se abstuvo de presentar la cotización solicitada por el INE para la investigación de mercado; sin embargo, dicha empresa pactó un precio con TGM inferior en un 71% al que el INE contrató con TGM, representando un sobrecosto para INE de 110.1 mdp, es decir, 246.86% más de lo pagado por TGM a la subcontratada.

✓ Omisión en el cobro de penas convencionales por un importe de 6.2 mdp, toda vez que la entrega de materiales electorales presentó un desfase de 1 a 61 días.

✓ Posible pago indebido de anticipo a TGM, en el convenio de colaboración técnica para la elaboración de material electoral, sin que se contara con la autorización del drector ejecutivo de Administración, rebasando el porcentaje máximo del 50% que permite la norma, financiando de esta forma a dicho proveedor.

✓ Falta de formalización de un convenio modificatorio al Convenio de Colaboración Técnica; toda vez que se incrementaron las cantidades originalmente solicitadas que consistió en documentación electoral, materiales didácticos y prendas de identificación.

En este caso, se remitirá el IPHI a la Unidad de Asuntos Jurídicos para que, en su caso, realice las investigaciones adicionales que correspondan y determine lo procedente.

  • Las 8 preventivas se atendieron, ya que el área auditada instruyó a los servidores públicos involucrados para que en los casos subsecuentes: los expedientes de los procedimientos de contratación estén debidamente integrados; las investigaciones de mercado se realicen exhaustivamente conforme a la norma; se aplique el cobro de penas convencionales; los pagos y aportaciones anticipadas a proveedores adjudicados, se realicen en cumplimiento a la normativa; se dé cumplimiento a las cláusulas de los documentos jurídicos formalizados; y no se autoricen pagos sin que los servicios contratados se hayan devengado.

 

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