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NACIONAL

Seguir proceso de consulta para revocación, orden de la Corte al INE

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También está pendiente la controversia del INE para impugnar la reducción de la solicitud presupuestal que presento a la Cámara de Diputados, que ha llevado a un déficit de 2 mil 237 millones de pesos para organizar la revocación con el despliegue de casillas que ordena la ley

POR ILDEFONSO PEREYRA

Dos ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenaron este miércoles al Instituto Nacional Electoral (INE) seguir adelante con el proceso para organizar la consulta de revocación de mandato del Presidente Andrés Manuel López Obrador.
La Comisión de Receso de la Corte suspendió la resolución del Consejo General del INE, que el pasado 17 de diciembre acordó, por 6 votos contra 5, aplazar la consulta de revocación programada para el 10 de abril de 2022, mientras no se cuente con el presupuesto necesario.
Las ministras Yasmín Esquivel y Margarita Ríos-Farjat, ambas nominadas a la Corte por López Obrador, admitieron a trámite la controversia constitucional de la Cámara de Diputados contra el INE.
Además, concedieron una suspensión para que el INE no posponga ninguna de las actividades necesarias para la organización de la consulta, en aras de preservar los derechos políticos de la ciudadanía.


“Con la concesión de la suspensión se favorece la continuidad de un ejercicio democrático y ciudadano. Además, el párrafo segundo del artículo 29 de la Constitución Política del país establece que los derechos políticos no pueden ser restringidos o suspendidos de manera general, por lo que la ejecución del Acuerdo del INE pone en riesgo el ejercicio oportuno del derecho de la ciudadanía a decidir si revoca o no el mandato”, afirmaron las ministras.
Agregaron que el INE cuenta con mil 503 millones de pesos para la consulta, por lo que hay “un indicador de viabilidad financiera”, y que con estos recursos debe seguir adelante con todas las etapas del proceso.
El INE puede impugnar tanto la admisión de la controversia como la suspensión, pero la Corte está de vacaciones, regresa el 3 de enero y las reclamaciones del órgano electoral difícilmente serán resueltas antes de febrero.
La admisión de esta controversia es una intervención inédita de la Corte para revisar las decisiones del INE en relación con un proceso electoral especifico.
Desde 1996, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) está facultado para revisar las resoluciones del INE sobre elecciones y procesos de revocación de mandato, según indica el articulo 99 de la Constitución.


De hecho, tanto la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, como el partido Morena, ya apelaron ante la Sala Superior del TEPJF la decisión del INE.
Está por verse si los magistrados electorales resolverán estos recursos -lo que podría llevar a sentencias contradictorias con la dictada hoy por la Corte- o si acordaran que han quedado sin materia.
En la Corte también está pendiente la controversia del INE para impugnar la reducción de la solicitud presupuestal que presento a la Cámara de Diputados, que ha llevado a un déficit de 2 mil 237 millones de pesos para organizar la revocación con el despliegue de casillas que ordena la ley.
Ahora, las ministras de la Comisión de Receso consideraron que sería un contrasentido que, por su cuenta, el INE se autoconceda la suspensión de la consulta, que no pudo obtener en su propia controversia ante la Corte.

NACIONAL

Manifestación de feministas contra la impunidad de Gilberto López Romano

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El gerente de compras de Ideas Woodbox actualmente se encuentra denunciado por extorsión e incumplimiento de obligaciones familiares… y se pasea como si nada, pues presume de tener amigos ‘influyentes’

JOVIRA

La mañana del jueves pasado, en las inmediaciones de la Fiscalía Regional de Naucalpan, integrantes del Colectivo Feministas Unidas por Todas y de agrupaciones de activistas realizaron una manifestación y bloqueo de calles para exigir un alto a la violencia y ataques cometidos por hombres en contra de las mujeres.
En su discurso, aseguraron que en un acto de solidaridad acudieron particularmente apoyar a Enriqueta “N” para pedirle a la Fiscalía que aplique todo el peso de ley y tenga cero impunidad su expareja Gilberto López Romano, quien, a pesar de estar demandado por extorsión e incumplimiento de obligaciones familiares, continúa con amenazas hacia ella y su familia.


Durante la manifestación, el colectivo portó pancartas con el rostro del imputado Gilberto López Romano para representar su repudio por las constantes agresiones físicas, psicológicas y violencia económica en contra de Enriqueta “N” y para exhibir públicamente que el demandado se jacta de tener conocidos y amigos que son funcionarios de alto nivel en la Fiscalía de Naucalpan y que le ayudarán en su caso con número de carpeta TLA/EFNC/NAU/060/089153/22/03
En las peticiones, se dirigieron al Lic. Juan Carlos Solano Salas, Juez Tercero de lo Familiar de la Ciudad de Naucalpan de Juárez México, para solicitarle que resuelva el caso siguiendo los lineamientos jurídicos de la perspectiva de género y del interés superior de la menor.


De acuerdo con registros digitales, Gilberto López Romano, años atrás, también tuvo controversias legales de índole familiar en el Juzgado 1 de lo Familiar con el expediente 416/2014.
De acuerdo con su perfil de Linkedin, Gilberto López Romano es gerente de compras de Ideas Woodbox y de una empresa de panificación y galletería integral denominada “Macrofibra Integral” con sede en Naucalpan.

 

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NACIONAL

Exmorenistas denuncian presuntas anomalías en la campaña de Nora Ruvalcaba

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Esos casi 300 operadores anunciaron que se sumarían ahora a la campaña de la candidata Tere Jiménez en Aguascalientes

JOVIRA

Militantes y operadores de Morena decidieron abandonar al partido en Aguascalientes y ahora tendrían pruebas para denunciar presuntas anomalías en la campaña de Nora Ruvalcaba.
Tras la renuncia de esos militantes al partido Morena, en redes sociales se ha filtrado información que algunos de ellos tendrían evidencias de delitos electorales que cometieron sus ex compañeros de partido.
Esos casi 300 operadores anunciaron que se sumarían ahora a la campaña de la candidata Tere Jiménez en Aguascalientes.
“Hay preocupación de los que se quedaron en Morena por la información que traen”, escribió el usuario Alejandro Montiel en redes sociales.
“Dicen que todos los que se fueron tienen evidencias de delitos electorales cometidos por sus ex compañeros y que estarían aportando evidencia para denunciar y castigarlos Los movilizadores estaban condicionando los programas sociales a cambio del voto”, escribió otro usuario en redes.
Entre los operadores que renunciaron sobresalen Rafael De Lira Muñoz, Espartaco Alvarez Cardona, Juan Carlos Martínez Moreno, Rafael Calderón, Jorge Galarza, Araceli Barrón, José Macias Alvarado, Ernesto Moreno, Jesús Medina Olivares, entre otros.

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NACIONAL

Ordenan a la UIF desbloquear a Rodríguez Borgio

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La resolución de la justicia federal se da pese a los ataques de autoridades durante 10 años

ILDEFONSO PEREYRA

Aunque las autoridades no quitan el dedo del renglón, luego de casi 10 años de constantes golpeteos y descalificaciones contra Francisco Javier Rodríguez Borgio, dueño de la empresa Big Bola, la justicia federal ordenó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que lo retire de su lista de personas bloqueadas.
Y es que desde el 2012, las investigaciones a los hermanos Rodríguez Borgio por varias causas, entre ellas el lavado de dinero en sus casinos, venta de combustible robado a ductos de Pemex, la venta irregular del equipo de futbol Gallos de Querétaro, así como en la trama del abogado Juan Collado para apoderarse de la Caja Popular Libertad, simplemente no arrojaron resultados contra su integridad.
Le inventan supuestos delitos que no le han podido cuadrar, debido a que cuenta con los elementos suficientes para echar abajo acusaciones infundadas.
Lo cierto es que, a través de la cadena de casinos con razón social Big Bola, genera 3 mil empleos para igual número de familias que cubren sus necesidades primordiales y pueden dar educación a sus hijos.
Ante tal situación, la UIF tuvo que sacar de inmediato de su lista de personas bloqueadas a la cadena de casinos Big Bola y a su dueño, el empresario Francisco Javier Rodríguez Borgio.
Mediante el Acuerdo 72/2022, el titular de la UIF, Pablo Gómez, dejó sin efectos el Acuerdo 143/2021, mismo que fue promovido por su antecesor Santiago Nieto desde el año pasado.
De ahí que estaba incluido a Rodríguez Borgio y sus empresas Comercial de Juegos de la Frontera, razón social de Big Bola, e Inmobiliaria JRB en la lista de bloqueados, por sospechas de lavado de dinero en temas de huachicol y relaciones con casos como los de Caja Libertad y Oceanografía.
El pasado 7 de abril, la UIF pidió a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) levantar el bloqueo de las cuentas, en ejecución del amparo 929/2021, concedido a Big Bola por un juzgado federal auxiliar con sede en Culiacán.
La UIF ejecutó el amparo, pese a que a finales de marzo lo impugnó ante el Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa.
El 25 de abril Pablo Gómez dio seguimiento y envió un oficio al tribunal colegiado para desistir de su recurso, informando que ya había liberado las cuentas.
Reforma publicó este lunes que Big Bola presentó el 9 de mayo un nuevo amparo, ahora contra el bloqueo de 55 cuentas bancarias.
“El 22 de abril de la presente anualidad, persona autorizada acudió a una sucursal del banco (nombre censurado por el juzgado), siendo atendido por un ejecutivo, el cual manifestó que las cuentas se encontraban ‘embargada’ por una autoridad de la cual no supo dar referencia, argumentando que la orden la había realizado la CNBV”, afirmó Big Bola en su nuevo amparo.
El 12 de mayo, la juez Blanca Lobo se declaró incompetente para llevar el asunto en la Ciudad de México y envió el expediente a un juzgado de Querétaro.
La empresa sostuvo que las cuentas ya no están bloqueadas y el amparo sólo busca detectar posibles bloqueos derivados de demandas civiles o mercantiles.
Big Bola también revisa algunos temas con el fisco. En mayo de 2018, el SAT le fincó un crédito fiscal de 591 millones de pesos, por omitir el pago de 144 millones de pesos de impuesto especial a las apuestas, así como aprovechamientos a la Secretaría de Gobernación, durante el ejercicio de 2014, sumados con actualizaciones y recargos.
El 26 de octubre de 2021, la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) anuló el crédito fiscal por haber sido notificado fuera de los plazos legales, pero el SAT todavía litiga el caso.
En 2019, antes de la pandemia, la casinera reportó ingresos totales por 2 mil 844 millones de pesos. Big Bola opera un sitio de apuestas en línea desde 2016, así como veinte casinos en los estados de Sinaloa, Edomex, Veracruz, Campeche, Guanajuato, Querétaro, Puebla, Sonora y la Ciudad de México, al amparo de un permiso de la Secretaría de Gobernación expedido en 1997.
En diciembre pasado, Francisco Javier Rodríguez Borgio realizó un acuerdo con el SAT para realizar el pago de más de 21 millones de pesos de adeudos del Impuesto sobre la Renta (ISR) en parcialidades.

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