El asunto tiene su origen en un conflicto relacionado con una destacada firma mexicana especializada, entre otras materias, en litigios constitucionales, civiles y mercantiles.

ILDEFONSO LÓPEZ

La cooperación judicial entre México y Estados Unidos atraviesa uno de sus momentos más intensos. Mientras Washington mantiene la presión sobre el gobierno mexicano para capturar y entregar a personas requeridas por su justicia, México ha respondido con tres operaciones extraordinarias que, desde febrero de 2025, han enviado a territorio estadounidense a 92 personas vinculadas con organizaciones criminales.

Sin embargo, la cooperación también tiene pendientes en sentido contrario.

Uno de ellos sería el caso de Emilio Valero Pérez Vargas, abogado mexicano señalado en un proceso penal por el delito de abuso de confianza y quien, de acuerdo con información relacionada con el caso, habría abandonado México, pese a tener restricciones judiciales para hacerlo.

El asunto tiene su origen en un conflicto relacionado con una destacada firma mexicana especializada, entre otras materias, en litigios constitucionales, civiles y mercantiles.

De acuerdo con la información del caso, Valero Pérez Vargas habría cobrado una resolución judicial en representación de la firma litigante, que a su vez representaba a un consorcio español de la industria de la construcción. El monto involucrado ascendería a aproximadamente 2.5 millones de dólares.

A partir de estos hechos se inició un procedimiento penal por presunto abuso de confianza.

MEDIDAS CAUTELARES Y LA SALIDA DE MÉXICO

Antes de que se librara la orden de aprehensión referida en el caso, un juez de control habría impuesto distintas medidas cautelares a Valero Pérez Vargas.

Entre ellas se encontraban la obligación de presentarse quincenalmente ante la autoridad judicial, exhibir una garantía económica, el aseguramiento de un inmueble ubicado en la colonia Roma de la Ciudad de México y la entrega de su pasaporte y residencia permanente o “Green Card” estadounidense.

La última medida tenía un propósito particularmente claro: Impedir que abandonara territorio nacional mientras continuaba el procedimiento.

Según la información proporcionada sobre el expediente, Valero Pérez Vargas habría incumplido posteriormente esas medidas y salido del país. Actualmente sería considerado prófugo de la justicia mexicana y existiría una orden de aprehensión en su contra, además de una solicitud de localización internacional.

Registros judiciales públicos consultados permiten confirmar que Emilio Valero Pérez Vargas ha promovido recursos en materia penal ante tribunales federales mexicanos, aunque la documentación pública localizada hasta ahora no permite reconstruir por sí sola todos los señalamientos del procedimiento actualmente referido.

La información del caso sostiene además que el abogado habría ingresado de manera irregular a Estados Unidos, circunstancia que estaría siendo investigada por autoridades de ese país.

NO OLVIDAR QUE 92 PERSONAS FUERON ENVIADAS DE MÉXICO A ESTADOS UNIDOS

El 27 de febrero de 2025, México trasladó a Estados Unidos a 29 personas requeridas por autoridades de ese país. Entre ellas estaban Rafael Caro Quintero y los exlíderes de Los Zetas, Miguel Ángel y Omar Treviño Morales.

En agosto de 2025, el gobierno mexicano realizó una segunda operación y entregó a otras 26 personas. Las autoridades mexicanas señalaron entonces que los trasladados tenían órdenes de extradición y acusaciones relacionadas con narcotráfico, homicidio, tráfico de personas, armas, lavado de dinero y delincuencia organizada.

El 20 de enero de 2026 ocurrió un tercer traslado: Otras 37 personas fueron enviadas a Estados Unidos a solicitud del Departamento de Justicia.

Con esa operación, el gobierno de Claudia Sheinbaum confirmó que 92 criminales de alto impacto habían sido enviados a territorio estadounidense durante su administración.

No todos estos procedimientos han sido extradiciones convencionales. Las tres operaciones masivas fueron ejecutadas utilizando mecanismos vinculados con la Ley de Seguridad Nacional y presentadas por el gobierno mexicano como decisiones soberanas dentro de la cooperación bilateral.

La magnitud de las entregas muestra hasta dónde ha llegado México para responder a los requerimientos estadounidenses.

Si un ciudadano mexicano requerido por la justicia de su país se encuentra efectivamente en territorio estadounidense después de haber violado las medidas que le impedían abandonar México, ¿qué tan rápido puede funcionar la cooperación cuando la solicitud viaja de sur a norte?

Washington ha encontrado en México un aliado dispuesto a realizar operaciones extraordinarias para colocar a decenas de personas requeridas directamente frente a tribunales estadounidenses.

Ahora queda por determinar si casos como el de Emilio Valero Pérez Vargas recibirán del otro lado de la frontera una respuesta con la misma eficacia.

Por unanimidad revoca resoluciones del IECM que le daban la razón a Víctor Hugo, quien incurrió en nepotismo e injerencia en otro partido; su grupo había sido expulsado del PRD y tiene denuncias por despojo * IECM deberá emitir nuevas determinaciones y tomar en cuenta la totalidad de lo expuesto en las demandas y pruebas aportadas

ERIC GARCÍA

Por unanimidad de sus integrantes, el Tribunal Electoral de la Ciudad de México (TECDMX) revoca las resoluciones emitidas por el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) en favor del grupo del diputado federal de Morena, Víctor Hugo Lobo Román, en relación al Partido de la Revolución Democrática (PRD) Ciudad de México.

Además, exhibió que las autoridades electorales en cuestión, hayan permitido la injerencia de Lobo Román en el PRD e incurrido en nepotismo debido a que su hijo Alan Lobo Rodríguez, fue electo presidente del partido político sin estar afiliado al partido amarillo.

Respecto de los otros supuestos integrantes denominados “espurios”, las magistradas y magistrados Karina Salgado Luna, Laura Patricia Jiménez Castillo, José Jesús Hernández Rodríguez, Osiris Vázquez Rangel y Armando Ambriz Hernández cuestionaron su desempeño político.

“Karla López Celis, Polimnia Romana Sierra Bárcena, Luz del Carmen Rocha Silva y Sergio Iván Galindo Hernández”, que habían sido expulsados por el Órgano de Justicia Intrapartidista.

“Polimnia Romana Sierra Bárcena fue destituida de la alcaldía Cuajimalpa por el (mal) manejo de los llamados Cendis. Además, tiene denuncias ante la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y por despojo ante la Fiscalía de la CDMX”, afirman los integrantes del Tribunal Electoral.

De Sergio Galindo Hernández, reportaron que se encuentra en un proceso de inhabilitación, derivado de su desempeño como director de Servicios Urbanos en la alcaldía Tlalpan; y de Karla López Celis, destacaron que también tienen denuncias por despojo ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Respecto de las manifestaciones de la presunta violencia política en razón de género, las magistradas y magistrados, solicitaron al IECM investigue y determine lo que a derecho corresponda.

Además, demandó al Instituto Electoral, tomar en consideración la totalidad de los planteamientos expuestos en las demandas y las pruebas aportadas por las partes promoventes.

“América Latina está cambiando” * El senador panista señala que electores están castigando en urnas al populismo y plantea que seguridad, inversión, empleo y Estado de Derecho marcarán la nueva agenda regional

EL TOPO

Enrique Vargas del Villar, vicecoordinador de los senadores panistas, afirma que América Latina atraviesa un cambio político que está desplazando a gobiernos de izquierda y dando paso a administraciones que colocan entre sus prioridades la seguridad, el crecimiento económico, la inversión privada y el respaldo a los emprendedores.

En su columna “Ya cambió América Latina”, publicada en El Universal, tomó como referencia la llegada de Abelardo de la Espriella a la Presidencia de Colombia para sostener que el resultado colombiano no constituye un fenómeno aislado, sino parte de una tendencia política que, desde su perspectiva, se extiende por distintos países de la región.

Vargas del Villar ubicó dentro de este escenario los cambios políticos registrados en Argentina, Chile, Ecuador, Honduras y Perú, y consideró que existe un creciente rechazo ciudadano hacia proyectos de izquierda que, afirmó, llegaron al poder acompañados de grandes expectativas, pero posteriormente enfrentaron cuestionamientos por sus resultados de gobierno y casos de corrupción.

Para el legislador mexiquense, el voto se está convirtiendo en el principal mecanismo mediante el cual los ciudadanos latinoamericanos sancionan a sus gobiernos.

Considera que las derrotas electorales de la izquierda comienzan a configurar una tendencia regional y no únicamente una sucesión de acontecimientos nacionales independientes.

Señala que el nuevo escenario político latinoamericano estará condicionado por dos grandes exigencias ciudadanas: seguridad y desarrollo económico.

Enrique Vargas contrapuso el modelo de un gobierno “facilitador” frente a lo que calificó como administraciones paternalistas sustentadas en clientelas electorales.

Asevera que combatir al crimen organizado mediante las instituciones del Estado y garantizar el cumplimiento de la ley serán condiciones indispensables para que los nuevos gobiernos puedan responder a las expectativas que los llevaron al poder.

Señala que la economía será la prueba decisiva para estas administraciones, particularmente ante la necesidad de generar condiciones que permitan atraer capital nacional y extranjero.

Considera que detrás de los recientes resultados electorales existe una modificación más profunda en las expectativas de los ciudadanos.

Su tesis es que una parte del electorado latinoamericano está dejando de privilegiar políticas asistencialistas para exigir gobiernos capaces de proporcionar seguridad, crecimiento económico, oportunidades de emprendimiento, empleos y respeto al Estado de Derecho.

Anticipa que los cambios políticos podrían continuar conforme se celebren nuevas elecciones en el continente.

El escenario latinoamericano entra en una etapa en la que los gobiernos surgidos de esta nueva corriente tendrán también la responsabilidad de demostrar que el cambio político puede traducirse en resultados concretos.

El legislador mantiene su pronóstico: los llamados “vientos de cambio” continuarán creciendo y América Latina podría presenciar nuevas derrotas electorales de gobiernos de izquierda en los próximos procesos.