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LA REVISTA

Lo malo de la semana: Ausencia de AMLO y falta ortográfica en apellido de Ifigenia

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IMPACTO | REDACCIÓN

Definitivamente el tema de la semana fue la inasistencia del Presidente Andrés Manuel López Obrador al Senado de la República con motivo de la entrega de la medalla Belisario Domínguez a Ifigenia Martínez Hernández.
El hecho causó mucha controversia en los cafés políticos y discusiones entre los propios legisladores.
El Primer Mandatario puso de excusa a la senadora Lilly Téllez, pero hay otra corriente que afirma que la causa principal fue porque no quiere a Ricardo Monreal y evadió tomarse la foto con el senador morenista… y más ahorita en plena sucesión presidencial.
Pero esto no fue todo, el error bestial fue el error ortográfico en la escritura del apellido de la galardonada.
Una gran foto mural con la imagen sonriente de la galardonada, colocada a espaldas de la estatua del prócer chiapaneco, con la leyenda: “Mtra. Ifigenia Mártinez Hernández” en letras doradas y fondo negro. ¡Una falla criminal!
¿No hay un corrector en pleno Senado y qué onda con los legisladores que se supone tienen amplia preparación académica?
Pocos repararon en el error gramatical, pero eso sí, todos posaron para la fotografía del recuerdo, senadores, funcionarios públicos, gobernadores, invitados especiales para la imagen y la falta de ortografía que también quedó para la historia.

 

HOJAS LIBRES

Inmoralidad, impunidad y corrupción en el desalojo del Instituto de Oftalmología Tropical en San Cristóbal

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El autor del trágico evento fue el hoy presidente del Tribunal Superior de Justicia de Chiapas * Queda ahí una muestra de cómo se impartirá la justicia en el estado de Chiapas… ¡Sálvese quien pueda!

 

ROBERTO DOMÍNGUEZ CORTÉS

 

El día miércoles 27 de agosto de 2014 fue desmantelado el Instituto de Oftalmología Tropical en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. La orden del trágico evento fue ejecutada desde el Juzgado Primero Civil por instrucciones directas del juez Guillermo Ramos Pérez.

La prepotencia y la brutalidad policiaca se hicieron presentes. Para notificar una orden de desalojo a la señora Carmen Portillo y Cruz González, responsable del Instituto, se necesitó el apoyo de 45 agentes de seguridad pública, 5 ministerios públicos y 10 agentes de la Policía Judicial, estos últimos con armas ocultas dentro de sus mochilas. O sea, la violación total a los derechos humanos.

El evento fue en extremo exagerado, cuando que se trataba de un asunto de orden civil para desalojar el inmueble, y no de una cuestión de carácter penal tratada como si se persiguiera el delito de despojo. El único facultado para pedir ese apoyo innecesario era el juez primero civil Guillermo Ramos Pérez. Cuando se trata de un desalojo, de carácter civil, únicamente se solicita la presencia policiaca de seguridad pública para controlar cualquier imprevisto.

Utilizar a la Policía Judicial es un atentado al orden constitucional, puesto que sus atribuciones y facultades están puntualmente definidas en el Artículo 21 de la Carta Magna: investigar y perseguir los delitos bajo el mando y la conducción del Ministerio Público. Y aquí no había delito.

Cuando a la señora Carmen Portillo y Cruz González se le notificó la orden de desalojo se hizo de manera irregular, al enterarle que había una demanda en el Juzgado Décimo Octavo de la Ciudad de México, según expediente 604 o 664, deducido del exhorto 388/2014, con el evidente propósito de confundir, al incurrir en imprecisiones premeditadas.

Lo grave fue cuando pidió copia al actuario judicial de la notificación para el desalojo de la propiedad. Se le argumentó que se presentara ante el juzgado civil para que ahí se le informara quién y por qué la había demandado. Era un atentado al debido proceso y a las garantías del gobernado al no informarle sobre el contenido del expediente que se le notificaba.

Cuando concurrió ante el Juzgado Primero Civil para pedir copia del expediente, el juez Ramos Pérez le manifestó que por procedimiento se había mandado íntegro a la Ciudad de México y no había quedado ninguna referencia en el juzgado de la ciudad de San Cristóbal.

Los atentados a los derechos humanos y a las garantías individuales continuaron en contra de la señora Carmen Portillo.

Confinada y secuestrada en un espacio reducido y cercado dentro de la misma propiedad, se impedía el acceso a toda persona, incluido el de su abogado, para brindarle asistencia legal. El frívolo y desafortunado argumento de la policía a cargo de vigilar el secuestro perpetrado ilegalmente desde el poder era que nadie podía pasar.

Así de simple. Una mujer de 82 años a merced de toda la fuerza pública sin asistencia jurídica ni personal, incluida la necesidad de proporcionarle alimentos. Cuando por fin la señora Carmen Portillo pudo tener comunicación, se enteró al abogado que se trataba de la sentencia de un juzgado de la ciudad de México, pero sin informar quién demandaba y bajo qué argumento legal.

Se recurrió también a la corrupción para el desalojo del Instituto de Oftalmología Tropical. En un acto de extrema inmoralidad, se ofreció a cada trabajador la cantidad de 50 mil pesos a cambio de abandonar la propiedad. Sólo que el improvisado corruptor se encontró con la lealtad y la dignidad de los colaboradores de la señora Carmen Portillo. En ese momento y públicamente denunciaron el intento de soborno judicial, y desde luego, no hubo sanción alguna.

Todo el operativo estuvo precedido por el atentado a la ley y a la Carta Magna. El juez décimo octavo de la Ciudad de México no era competente para conocer sobre la propiedad y posesión de un inmueble localizado en otra entidad federativa. Lo mismo que el juez Guillermo Ramos estaba imposibilitado para conocer de un juicio iniciado fuera de la jurisdicción del estado de Chiapas.

Con este actuar ambos “juzgadores” violaron el artículo 158 del Código de Procedimientos Civiles del estado de Chiapas.  El artículo 156 del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal. El artículo 13 del Código Civil del Distrito Federal y también el 13 del Código Civil Federal. Todos estos numerales convergen en un solo mandato: “Los bienes muebles e inmuebles se regirán por el derecho del lugar de su ubicación”.

Se aplicó también extraterritorialmente la ley prohibida por el Artículo 121 Constitucional en observancia del principio lex rei sitae: “Las leyes de un estado solo tendrán efecto en su propio territorio y no podrán ser obligatorias fuera de él”. El mismo dispositivo constitucional ordena: “Los bienes muebles e inmuebles se regirán por la ley del lugar de su ubicación”.

Bajo esos mandatos, el juez de la Ciudad de México debió de declararse incompetente al conocer el contenido de la demanda. El juez Guillermo Ramos debió también haber advertido que era incompetente, puesto que la demanda debería presentarse directamente en el juzgado de San Cristóbal.

¿Pero cuál fue el origen del problema? El día 1 de abril de 1967, la señora Carmen Velasco Suárez, hermana del doctor Manuel Velasco Suárez, donó al doctor Javier Torroella Bueno el predio La Almolonga con una superficie de 3.2 hectáreas. El objeto de la donación fue para fundar ahí el Instituto Mexicano de Oftalmología Tropical para combatir la oncocercosis y el tracoma, flagelos incontenibles que habían causado ceguera permanente en la población indígena de los altos de Chiapas.

El doctor Torroella Bueno era, en ese momento, uno de los científicos más reconocidos en el tratamiento de la oncocercosis y el tracoma. Su padre, el doctor Juan Luis Torroella Estrada, descubrió en los años 30, las microfilarias que provocaban el tracoma.

Para crear el Instituto se constituyó la Asociación Civil formada por los señores doctor Javier Torroella Bueno, Carmen Portillo y Cruz González, doctor Alfonso Vázquez Cabrera y José Torres Torija.

En las cláusulas de la donación la señora Carmen Velasco expresó su voluntad: “…pero con la condición expresa de que si este inmueble donado no fuere utilizado exclusivamente para dicho fin de Oftalmología Tropical, en un plazo no mayor de cinco años, la presente donación quedará sin efectos, y el predio pasará a beneficio de otra institución similar”.

Pero todavía más. Los Estatutos de la Asociación establecen en su artículo décimo séptimo: “La Asociación se disolverá por resolución de la Asamblea para lo cual se nombrará dos liquidadores dentro de los asociados”.

No había pues manera de entablar una demanda para apropiarse ilegalmente del inmueble, cuando que no sólo se cumplieron con los cinco años establecidos en la donación, sino que llevaba 47 años funcionando ininterrumpidamente, aun cuando en ese momento el doctor Torroella tenía 10 años de fallecido. Además, jamás se encontró un solo antecedente en actas de Asamblea que acreditara la disolución de la sociedad.

Así, la confabulación entre el juez dieciocho del Distrito Federal y el juez Guillermo Ramos fue en extremo evidente. El inmueble se encuentra en San Cristóbal, la escritura pública de la donación se hizo ante notario público de San Cristóbal y se cumplieron con todos los acuerdos contenidos en el contrato de donación.

El evento del Instituto de Oftalmología Tropical vuelve a tener vigencia en un momento en que el juez Guillermo Ramos Pérez fue nombrado presidente del Tribunal Superior de Justicia.

Queda ahí una muestra de cómo se impartirá la justicia en Chiapas.  Ampliaremos…

 

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EN PRIMERA PERSONA

El golpe militar a la Constitución

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En su momento, López Obrador rechazó la idea de tener un gobierno militar para resolver la inseguridad y violencia • Puerta al fascismo, militarización del país, defendió la 4T • Qué necedad meter al Ejército en donde no debe estar; pone en riesgo al país, sentenció Manuel Bartlett • Instituciones de seguridad pública deben ser de carácter civil, dijo Morena y rechazaba dar más poder a las Fuerzas Armadas

 

MAURICIO ORTEGA CAMBEROS

 

Más allá del asunto político y legal que conlleva la pretensión del Presidente Andrés Manuel López Obrador de que la Guardia Nacional deje de pertenecer a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (por medio de un decreto o acuerdo), el tema intrínseco es que se admite desde el propio gobierno que la estrategia contra la violencia y el crimen ha fracasado.

Guanajuato, Jalisco y Chihuahua, víctimas de actos terroristas por la cacería de miembros del Cártel de Jalisco Nueva Generación. ¿Coincidencia?

Se trata, metafóricamente, de intentar cambiar un neumático cuando el automóvil se encuentra en marcha y en la recta final de su recorrido (falta poco más de dos años), pero también cuando los carros contra los que se compite (que son los de la delincuencia) llevan ventaja de sobra, tienen llantas nuevas y han impuesto sus condiciones a punta de balazos, que no de abrazos. Allí está lo sucedido en Guanajuato, Jalisco y Chihuahua. Noches de terror (de terrorismo, es la palabra correcta) en otro fallido operativo, ahora contra el “Doble R” del Cártel de Jalisco Nueva Generación.

Resultó fallido el operativo para capturar a Ricardo Ruiz Velasco, alias “El Doble R” en Ixtlahuacán, Jalisco. Habría escapado debido a los narcobloqueos.

No queremos siquiera imaginar que se trató de algo premeditado para, ante esa ola de violencia extrema, justificar la presencia de los soldados en la calle. Preferimos pensar que sólo fue una coincidencia.

 

EL ARTÍCULO 21

Dejemos que sea la propia Carta Magna la que nos dé luces al respecto. En uno de los párrafos del Artículo 21 dice: “Las instituciones de seguridad pública, incluyendo a la Guardia Nacional, serán de CARÁCTER CIVIL, disciplinado y profesional”. El 26 de marzo de 2019 fue el propio López Obrador quien, en su calidad de Presidente de la República, hizo saber a los mexicanos, a través del Diario Oficial de la Federación, la reforma que se aprobó en el Congreso de la Unión a dicho apartado.

Ahora bien, en un país como el nuestro en donde la ley dice una cosa, pero en los hechos se hace otra, ya nos resulta normal que sean las Fuerzas Armadas las que realicen las funciones que corresponden a las policías federal y locales. Los grandes operativos y capturas los han hecho la Marina y el Ejército. No en este sexenio, sino desde el siglo pasado. ¿Y la Ley? Pues se la han pasado por el arco del triunfo.

Por cuestiones políticas, las Fuerzas Armadas han sido puestas nuevamente en el ojo del huracán. Una exposición mediática innecesaria.

Como los partidos de la oposición ya adelantaron que no aprobarán alguna reforma constitucional más respecto a la Guardia Nacional, el Ejecutivo federal intenta dar un manotazo en el escritorio para hacer a un lado la propia Constitución que juró respetar y hacer respetar; brincar y burlarse del Poder Legislativo, y poner contra las cuerdas al Poder Judicial. Pretende una carambola de tres bandas que atenta contra la legalidad, la sana convivencia de los tres Poderes de la Unión y que pone a las Fuerzas Armadas en tierras movedizas al realizar tareas que no están sustentadas en la ley.

Preocupa de sobremanera la endeble explicación que da AMLO. Su deseo es que todo lo que él ha hecho y hará quede en la Carta Magna o, al menos, en leyes secundarias. El objetivo es que cualquier gobierno que llegue después del suyo no pueda echar para atrás su legado o que le cueste trabajo al tener que modificar la ley. En otras palabras, quiere perpetuarse en el poder, aunque esté ausente físicamente. ¡Cuánto disparate y orgullo! Por esto es que han calificado su propósito como un “golpe militar a la Constitución”, y razón no les hace falta.

Objetivo: dar más poder a las Fuerzas Armadas para que otros gobiernos no puedan fácilmente revertir sus decisiones.

Los mexicanos y quienes estos decidan quiénes los habrán de gobernar, tienen todo el derecho y la responsabilidad de transformar al país y cambiar las leyes cuando así convenga a la Nación. ¡Faltaba más!

 

CAMBIO DE DISCURSO

Llama poderosamente la atención que a lo que se oponían tajantemente el Presidente, sus subalternos y simpatizantes en los regímenes de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón Hinojosa, ahora sean esas mismas ideas las que defienden a capa y espada. ¿Dónde quedan, pues, los principios, las ideas y los ideales?

Deben al pueblo, principalmente López Obrador, una explicación del por qué ese cambio tan drástico, pero no desde la Mañanera, sino en un acto formal y oficial, sin paleros y con toda la seriedad y responsabilidad que el tema amerita. ¿Por qué se prometió regresar a las Fuerzas Armadas a los cuarteles y ahora se les saca a la calle para ser el principal brazo armado contra la delincuencia?

Postura oficial del hoy gobierno en diciembre de 2017.

Más aún, de nada servirán esos cientos de miles de elementos castrenses por toda la República si la estrategia seguirá siendo la misma: “Abrazos y no balazos”. En verdad será penoso e indignante ver a soldados y marinos huir de los ataques de los violentos, como ya lo hemos visto recientemente pues tienen la orden de evitar la confrontación. Claro, sí los delincuentes también son seres humanos.

Gracias a las benditas redes sociales, ahora se pueden rescatar fácilmente discursos de antaño. Palabras más, palabras menos, esto es lo que afirmaba López Obrador: “… no es con el Ejército como se pueden resolver los problemas de inseguridad y violencia en el país, además de que no se debe utilizar para suplir las incapacidades de los gobiernos civiles”. ¡Sopas!

Eso lo expresaba en los días de Felipe Calderón Hinojosa. Reprochaba una iniciativa de ley que pretendía darle más facultades al Ejército y abundaba: “no podemos aceptar un gobierno militarista”. ¡Tómala!

Pretender la incursión de las Fuerzas Armadas en las labores de vigilancia y seguridad en el presente gobierno es, con los argumentos esgrimidos por AMLO, intentar suplir la incapacidad de su administración en la lucha contra la inseguridad. Por si no fuera suficiente lo anterior, debe reconocerse que ha sido en este gobierno de la 4T cuando más participación se le ha otorgado al Ejército en actividades prioritarias. Allí están, por ejemplo, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, la refinería (?) Dos Bocas, el Tren Maya, y ahora nada más ni nada menos que las pretendidas tareas de seguridad. ¿Quién en un futuro inmediato se atreverá a quitarle a las Fuerzas Armadas el poder que ahora se le está otorgando?

Quedó clara la postura de Gerardo Fernández Noroña. ¿La ratificará?

No se trata, como se quiere hacer pasar, que la Guardia Nacional sea una rama del Ejército ¡no! Al tiempo, y quizá no mucho, los miembros de la GN serían absorbidos por las Fuerzas Armadas y, al mismo tiempo, los integrantes del Ejército se integrarían a la GN. En los hechos, las labores de seguridad ya no serían de carácter civil, sino MILITAR. Sí, así es ahora en los hechos, pero que eso quede en la Constitución es ya diferente y va contra corriente a lo que dictan las auténticas democracias del mundo.

 

MÁS INCONGRUENCIAS

Quien hoy es secretaria general del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Citlalli Hernández -quien parece ser de mayor confianza para López Obrador que el propio Mario Delgado- sostenía muy ufana: “Con mucha responsabilidad digo que si se intenta darle más poder a las Fuerzas Armadas sería la puerta para instaurar el fascismo en nuestro país”. Denunciaba también la violación de los derechos humanos en México y advertía que esto se legalizaría con la propuesta de ley que daría más atribuciones a los militares.

Mario Delgado. Sin palabras.

¿Podría Citlalli Hernández ratificar sus palabras? Sí, si lo que pretende es que la pongan de patitas en la calle. En cambio, tendría que bajar la cabeza, comerse sus palabras y pedir disculpas por tanta incongruencia. Pero no lo hará. Hay mucha soberbia y marrullerías de sobra para (intentar) capotear este trago amargo.

Citlalli Hernández, secretaria general de Morena, rechazó la militarización, pues “sería la puerta para instaurar el fascismo al país”.

Manuel Bartlett (pilar del priísmo tan censurado por su jefe y autor de la caída del sistema electoral en los comicios de 1988) también está en jaque, pero eso no lo inquieta. (Pocos saben lo que tiene en sus archivos respecto al Presidente y por eso es intocable). Como senador de Morena, espetó desde la tribuna: “… esa necedad de meter al Ejército a donde no debe estar y poner en riesgo al país… seriamente analicen, porque sí se va a militarizar al país”. ¡Sopas! Eso dijo al oponerse a la Ley de Seguridad Interior que se discutía en ese entonces.

Manuel Bartlett calla ahora. ¿Así de fácil?

Otro que da pena ajena es Mario Delgado. Mire si no. En ese 2017 se opuso a la Ley de Seguridad Interior al citar como argumento, precisamente, el Artículo 21 de la Constitución: “Las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil”. ¡Tómala! Claro que Delgado tenía y tiene razón, pues la ley es clara y precisa. Ese mismo argumento tendría que presentárselo a López Obrador. Estaremos pendientes…

 

TENGO LA RAZÓN: AMLO; ¿Y TAMBIEN A LA SCJN?

Para taparle el ojo al macho (qué necesidad), el Ejecutivo federal tiene ya la propuesta para reformar la Constitución. Sabe muy bien, pues no ha podido doblegar a los opositores por medio de chantajes y amenazas (léase investigación a Peña Nieto, entre otros), que la iniciativa será bateada. Ya se lo advirtieron los diputados y senadores a quienes califica de “vende patrias y traidores a la patria”. Sucederá lo mismo que con la reforma energética, pues al no contar con la mayoría calificada, es de esperarse otra debacle y humillación a Morena y su líder máximo en el Congreso.

López Obrador ya adelantó que no desfallecerá en el intento, pues le asiste la razón. Así las cosas, se ve obligado a buscar todos los caminos viables para cristalizar su sueño. ¿Qué le queda? Gobernar a punta de decretazos y acuerdos, o al menos intentarlo. Eso pretende con la modificación de leyes secundarias en donde sí cuenta con los sufragios necesarios. En un solo amague, pintaría cuernos a los legisladores de la oposición y pasaría por encima de la Carta Magna. (Por favor, no me vengan con el cuento de que la ley es la ley).

Su jugada maestra está en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La oposición impugnaría, por supuesto, el cambio pretendido a la ley secundaria y solicitaría a la SCJN lo declare inconstitucional. Esto le queda muy claro al Presidente de México. Incluso ya lo pronosticó. ¿Y entonces? ¿Ya cuenta con el respaldo de la Corte? ¿Tiene en la bolsa los votos de al menos 4 ministros? ¿Arturo Zaldívar, ministro presidente, formará parte del plan?

Todo quedará en manos del Poder judicial. Su obligación, respetar la Carta Magna y lograr el equilibrio entre los Poderes de la Unión. Arturo Zaldívar y demás ministros estarán bajo el escrutinio nacional.

¿La Corte ya fue sometida? Ojalá no. Pero este escenario muestra, una vez más, que a falta de una genuina política y una negociación civilizada con quienes piensan diferente, se prefiere poner al país en un estado de tensión, confrontación y encono. No importan los razonamientos ni argumentos. Aquí fallan todos los actores responsables: gobierno y opositores, pero es el Presidente quien debería extender la mano e iniciar un diálogo sincero. Hablaría bien de él y sus intenciones.

 

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COPIADURA

Engaña con la verdad y convence con la mentira

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Al carajo evitar la militarización del país * Con el decreto que se pretende emitir, se estarían invadiendo, nuevamente, las facultades del Congreso * Al Presidente ya se le olvidó que juró cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanan

 

GALIO GUERRA

 

Vaya polémica que ha levantado en estos días el Presidente Andrés Manuel López Obrador con el anuncio de que pasará la recién creada Guardia Nacional a las filas de la Secretaria de la Defensa Nacional.

Y no es para menos ya que él llegó al poder con la promesa de que evitaría la militarización del país, y ahora hace todo lo contrario.

A raíz de esto han estado circulando en redes sociales fotografías tanto de López Obrador como del entonces senador Mario Delgado mostrando sendos cartelones en los que invitaban a manifestarse a las afueras del Senado contra la Ley de Seguridad Nacional del expresidente Enrique Peña Nieto porque tendía -sí no se equivocó- a la militarización del país.

Fue apenas el pasado lunes que López Obrador informó que esta semana enviaría el acuerdo para una reestructura en la SSPyPC.

Ese acuerdo sería para que la Guardia Nacional dependa directamente de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y ya no de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPyPC).

Aquí hay que hacer un pequeño paréntesis y recordar que la Guardia Nacional se empezó a formar con lo poco que quedó de la extinta Policía Federal y el Ejército Mexicano le “prestó”, por así decirlo, la mayor parte de los elementos que hoy la conforman.

López Obrador alego el lunes: “en la esfera de mis atribuciones, puedo modificar si es necesario el reglamento interno del gobierno, puede ser por decreto, puede ser una reforma a la ley de la Administración Pública, independientemente de lo que resulte sobre la reforma constitucional, pero sí hacen falta esos cambios, ya no quiero que vaya pasando el tiempo, la verdad nos faltan cosas, pero no quiero que se nos quede nada”.

Esto, dicen los que saben, no tiene nada de raro en el modo de gobernar del tabasqueño, pues cuando fue jefe de gobierno de Ciudad de México lo hizo a base de bandos.

”Va una iniciativa a la reforma constitucional, pero vamos a buscar la forma de que lo podamos hacer en lo administrativo, por si no pasa de todas maneras va a quedar así”.

Así, López Obrador intenta obviar al Poder Legislativo para realizar esta modificación. Esto porque los legisladores de oposición, como usted recordará, decretaron hace meses una “moratoria legislativa” por lo que no aprobarán ninguna iniciativa de reforma constitucional al Presidente.

“Pasa la seguridad, que tiene que ver con la Guardia Nacional, completa, ya pasa a la Secretaría de la Defensa, ya la cuestión operativa está a cargo de la Secretaría de la Defensa, pero voy a emitir un acuerdo para que ya por completo la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa y esperamos nada más el resultado de la reforma, pero ya quiero que sea la Secretaría de la Defensa que se haga cargo”, explicó.

Seguro de lo que vendrá el Presidente López Obrador retó a la oposición y le recomendó que acudiera ante la Suprema Corte para levantar una controversia constitucional.

Tengamos en cuenta que esta decisión presidencial tendría vigencia hasta marzo de 2024, pero lo que más preocupa son las atribuciones que se darán a los militares contra la población civil.

Las reacciones en contra no se hicieron esperar y varios políticos se manifestaron a través de las redes sociales como Jesús Zambrano, líder nacional del PRD que en su cuenta de Twitter apuntó: “Decretar el paso de la Guardia Nacional a la SEDENA sin modificar la Constitución huele a Golpe de Estado y es un vil atraco a la propia Constitución. Así podría decidir que puede reelegirse en el 2024. Militarista sin escrúpulos”.

Baste tener en cuenta que el Artículo 21 de la Carta Magna es claro en que “las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil”.

Miren, al respecto, Miguel Ángel Osorio Chong, líder de la bancada del PRI en el Senado de la República, mencionó también en Twitter: “La Constitución establece que la #GuardiaNacional es una institución de carácter civil adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública, por lo que, con el decreto que se pretende emitir, se estarían invadiendo, nuevamente, las facultades del Congreso”.

Lo importante de todo esto es que muestra de manera palmaria cómo López Obrador engaña con la verdad y convence con la mentira. Miente, y al mentir traiciona la confianza de quienes lo encumbraron en el poder.

 

CONMEMORA EDOMEX EL DÍA INTERNACIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, la Secretaría de Desarrollo Social, del Estado de México, Alejandra Del Moral Vela, señaló que la administración estatal pone en el centro del gobierno a las familias mexiquenses.

Indicó que el Gobernador Alfredo Del Mazo Maza procura la unidad de todos los mexiquenses, con la finalidad de hacer avanzar al Estado de México, por ello, la cercanía con la gente y con las raíces de la entidad, reconociendo y celebrando el Día Internacional de los Pueblos Indígenas.

“Celebramos hoy, el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Lo hacemos orgullosos de quienes somos, orgullosos del lugar que habitamos, orgullosos de nuestras familias originarias y con mayor razón orgullosos de nuestras lenguas maternas, así somos los mexiquenses”, afirmó ante integrantes de los pueblos originarios de la entidad, mazahuas, tlahuicas, nahuas, otomíes y matlatzincas.

Luego de realizar una ceremonia tradicional mazahua, Del Moral Vela puntualizó que el Estado de México tiene un gobierno serio y responsable que trabaja para que todos los mexiquenses tengan las mismas y mejores condiciones de vida, principalmente los pueblos indígenas.

Después de entregar canastas del programa Familias fuertes: Niñez indígena, la secretaria de Desarrollo Social destacó que San Felipe del Progreso es un municipio que representa para el Edomex grandeza cultural porque en este territorio están las raíces mexicanas y mexiquenses que nos hacen una nación con identidad, historia y porvenir.

Por lo que expresó, a nombre del Gobierno del Estado de México, su respeto y admiración a los pueblos indígenas mexiquenses, y reiteró el compromiso del gobernador Alfredo Del Mazo de apoyar la causa indígena, a través del Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas (CEDIPIEM).

“Quiero reiterar el compromiso del Gobernador Alfredo Del Mazo Maza y de su gobierno de apoyar la causa indígena desde todas las instancias de Gobierno del estado, y de manera muy particular y especial desde el Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas”, manifestó.

“Vienen mejores tiempos para nuestros pueblos originarios, vienen mejores tiempos para el Estado de México, pero sobre todo vienen mejores tiempos para las mujeres y para las familias mexiquenses”, agregó.

 

ENTREGA ALFREDO DEL MAZO 198 CERTIFICADOS AMBIENTALES A EMPRESAS QUE FOMENTAN EL CUIDADO AMBIENTAL

En reconocimiento a la responsabilidad social de los empresarios que implementan acciones en beneficio de la preservación del medio ambiente, el Gobernador del Estado de México, Alfredo Del Mazo Maza, entregó 198 certificados ambientales, e indicó que a lo largo de la administración se han otorgado 787 en total.

Explicó que este certificado se da a través del programa Auditoría Ambiental, a cargo de la Procuraduría de Protección del Medio Ambiente, que plantea un esquema de autoevaluación voluntario, en el que pueden participar empresas, asociaciones civiles o municipios.

“En cinco años se han entregado 787 certificados por implementar acciones como la sustitución de lámparas de halógeno por iluminación LED, la implementación de programas de cero residuos sólidos o de captura y tratamiento de agua. Este año es el año en que más certificados estamos entregando de toda la administración; son 198 certificados ambientales”, especificó.

También agradeció el compromiso de  las empresas que obtuvieron este documento, entre ellas, Andamios Atlas, Tecnofen, Fantasías Miguel, Sancela, Distribuidora Moyel, Bimbo, así como a quienes consiguieron el certificado en su modalidad Logro ambiental, como el Hospital Municipal de Lerma y el Hospital General “Ruiz Castañeda”, en Naucalpan.

En el Colegio Mexiquense, ubicado en la Ex-Hacienda Santa Cruz de los Patos, en Zinacantepec, Del Mazo Maza apuntó que el gobierno estatal, preocupado por la preservación de la naturaleza, desarrolla diversas acciones enfocadas a su cuidado, entre ellas, destacó que la mayor parte de las 27 mil toneladas de residuos que cada día se generan en la entidad, aproximadamente, se manejan con base en normas y estándares que aseguran su correcta disposición.

Resaltó también que la campaña permanente de reforestación que se desarrolla en suelo mexiquense, registra un avance de 75 por ciento, y que la meta es reforestar 90 mil hectáreas, con más de 90 millones de árboles, antes de concluir el sexenio.

“Hicimos un compromiso al inicio de la administración, de reforestar 90 mil hectáreas, plantando más de 90 millones de árboles; hoy vamos a 75 por ciento de esta meta y nuestro compromiso es para que dentro de un año hayamos llegado al 100 por ciento de esta meta, lo que nos colocará en niveles récord de reforestación, en toda la historia de nuestra entidad”, recalcó.

El mandatario estatal también mencionó que a principios de la administración se publicó la Iniciativa para la Creación de Regiones Ambientales y de Centros Integrales de Residuos, lo que ha fortalecido el manejo sustentable de desperdicios.

Además, el Edomex redujo la cantidad de tiraderos a cielo abierto, al pasar de 64 a 28, mientras que, a través del programa PROAIRE, se han implementado acciones que contribuyen a reducir en más de 90 por ciento las contingencias ambientales, en las zonas de mayor densidad demográfica de la entidad.

“El Estado de México ha reducido el número de tiraderos a cielo abierto de 64, hace algunos años, a 28, y la cantidad de residuos manejada adecuadamente prácticamente se duplicó, llegando al 77 por ciento del total.

“También el programa PROAIRE, que es un conjunto de distintas estrategias, en la que participan los 125 municipios, y cuyo objetivo es reducir significativamente los índices de contaminación durante los próximos 12 años. A la fecha, se han implementado el 90 por ciento, nueve de cada 10 acciones de PROAIRE se han implementado, lo que ha contribuido, además de manera importante, a reducir más de 90 por ciento las contingencias ambientales en los Valles de México y de Toluca”, explicó.

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