Fin a la división de Poderes * Trece millones de mexicanos votaron en la jornada de la elección judicial * Para la Primera Mandataria, fue un éxito rotundo * Reaparece públicamente el que andaba ausente y califica a Claudia Sheinbaum como “la mejor mandataria del mundo”
MARCO ANTONIO FLORES***
Nace un nuevo régimen. El régimen democrático constitucional, basado en la división de Poderes, que los mexicanos nos habíamos dado desde 1857, ha quedado atrás con la elección del Poder Judicial del 1 de junio de 2025.
Somos testigos del surgimiento de un nuevo régimen político constitucional. La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo asegura que ahora iremos a la vanguardia mundial y que por ser el primer país que elige la totalidad de los miembros del Poder Judicial, a nivel federal y local, nos convertiremos en el país más democrático del mundo.
Quizá ahora sí tendremos una justicia pronta y expedita, eficiente y exenta de corruptelas.
La elección judicial del pasado domingo es considerada por todos como inédita. Para el oficialismo como un novedoso avance democrático, mientras que para la oposición y la mayoría de los abogados constitucionalistas, analistas y politólogos, representa un retroceso y un Golpe de Estado al régimen democrático constitucional que socava la división de Poderes y pone al Poder Judicial bajo el control del Poder Ejecutivo.
La Presidenta Sheinbaum Pardo calificó la elección judicial del domingo como algo “inédito, impresionante, maravilloso, democrático”, aseguró que se cumplieron sus expectativas y agregó: “Fueron 13 millones de personas que ayer salieron a votar, más del doble de los que votan por el PRI, más de los que votan por el PAN (respecto a la elección presidencial de 2024). Claro que es un éxito”.
Por su parte, muchos analistas de oposición aseguran que la participación de sólo 13 millones de mexicanos, de un padrón electoral de 100 millones, representa un rechazo mayoritario y popular, o al menos indiferencia o abstencionismo inusual, a la primera elección de ministros, magistrados y jueces del Poder Judicial en la historia nacional y echa abajo la insistente versión de la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum, en el sentido de que la reforma judicial era una demanda de la mayoría del pueblo representado por 35 millones de mexicanos que le otorgaron a ella su voto en la elección presidencial del 2024.
“Si vota el mismo número de personas que votó para el primer ejercicio de consulta, pues muy buen resultado”, dijo Sheinbaum antes del domingo.
Si la elección judicial se tuviera que sujetar a las reglas de las consultas constitucionales para ser vinculatorias, debería de haber tenido una participación mayor al 51%.
Recordemos que la consulta popular para elegir sobre el juicio a expresidentes se tuvo participación del 7%, ejercicio en el que, aunque los resultados fueron en favor de enjuiciarlos, no se tomó en cuenta, bajo el argumento de que no fue vinculatoria porque no alcanzó el mínimo de participación requerida.
También hubo una consulta, en 2022, como ensayo para establecer en nuestra Constitución Política la revocación de mandato, en la que participó el 18%.
La Primera Mandataria también ha comparado esta elección con la de jueces locales en Estados Unidos, donde suele participar un 20 por ciento.
Sheinbaum Pardo celebró que su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, reapareciera públicamente al acudir a votar en la elección judicial, a ocho meses de que concluyó su gobierno.
En su Mañanera del Pueblo, la Mandataria dijo que le dio mucho gusto verlo y agradeció que López Obrador la calificó como “la mejor presidenta del mundo”.
El expresidente López Obrador, en el momento de emitir su voto en esta elección judicial, debió haber recordado cómo se gestó la mal llamada “reforma judicial”.
La crónica de una venganza presidencial anunciada el 5 de febrero de 2023, durante la conmemoración de la Promulgación de la Constitución de 1917 en Querétaro.
Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), tuvo la “osadía” de permanecer sentada mientras asistentes y miembros del gabinete se levantaban y aplaudían al mandatario durante su discurso.
Este gesto, aunque aparentemente menor, al parecer fue el detonador para que el presidente Andrés Manuel intensificara sus ataques y agresiones al Poder Judicial, y ordenara la reforma que sujetaría a ese poder al control del Ejecutivo.
La ministra Norma Piña aclaró que ese episodio no fue el inicio de la tensión entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Según Piña, dicha tensión surgió cuando la Suprema Corte declaró inconstitucional, tanto la ley de energía eléctrica como la transferencia del control operativo y administrativo de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), así como diversas suspensiones de jueces a obras del Tren Maya y decretos presidenciales, como aquel que pretendía hacer a un lado la ley de adquisiciones, para adjudicar todo de forma directa y sin licitaciones públicas.
RIP A LA DIVISIÓN DE PODERES
Repito: Nace un nuevo régimen. El anterior, que tenía 200 años de existir, se acabó. Consummatum est, RIP a la división de Poderes.
La teoría política que establece que las decisiones no deben concentrarse y que los órganos del poder han de autocontrolarse a través de un sistema de contrapesos y equilibrios, ha quedado atrás y prueba de ello es que tan solo la SCJN estará conformada, puntualmente, por todos y cada uno de los candidatos que Morena, o el oficialismo, propuso a través de los famosos “acordeones”, que se estima se imprimieron en el orden de 50 millones y fueron distribuidos en todo el país.
El Poder Judicial se convertirá en una herramienta política del oficialismo y de grupos de interés.
La reforma al Poder Judicial, como está planteada, lejos de lograr justicia pronta y expedita, significará un gran retroceso y retraso en la impartición de justicia.
Será enorme el costo de la curva de aprendizaje. ¿Cuándo y cómo se normalizará el funcionamiento del Poder Judicial? ¿Será para mejorar o para empeorar? Nadie sabe.
La elección judicial representó un enorme costo. Tan solo la elección implicó un gasto de 7 mil millones de pesos, pero el costo más grande podría ser la falta de garantía del ejercicio de las libertades individuales.
Los derechos civiles y políticos básicos, como el derecho al voto, la libertad de expresión, prensa, asociación, reunión y conciencia, y la igualdad ante la ley. El derecho de propiedad, libertad de creencias, inclusive que la autoridad no pretenda determinar qué se puede enseñar en las universidades, qué libros podemos leer o qué películas podemos ver, decidir el género de nuestras parejas matrimoniales o interferir con nuestra autonomía física.
El alcance de los derechos individuales que requieren protección siempre será objeto de controversia y evolucionará inevitablemente con el tiempo. Sin embargo, existe claramente una amplia gama de libertades individuales que, en palabras del juez norteamericano Jackson, “no pueden someterse a votación; no dependen del resultado de ninguna elección”.
Por lo tanto, es esencial que las libertades civiles básicas estén consagradas en las Constituciones y protegidas por los Poderes judiciales.
DESAIRE POPULAR
Resulta que 85 millones de ciudadanos no aceptaron participar en la elección del Poder Judicial, pero ya tenemos una nueva SCJN, casualmente están aseguradas las tres ministras que dejó AMLO: la “ministra del pueblo”, Lenia Batres; la ministra Yasmín Esquivel, acusada de plagio de su tesis profesional, y la ministra Loretta Ortiz, quien se ha confesado ser férrea militante y fundadora de Morena, así como María Estela Ríos González, quien fue la consejera jurídica del expresidente y eventualmente la autora material o intelectual de la “reforma judicial” en su primera versión.
Aunque todavía no hay resultados oficiales, parece que el candidato a ministro con más votos, que será el presidente de la SCJN, es Hugo Aguilar Ortiz, morenista (no declarado) que fue incluido en los polémicos acordeones distribuidos por millones en todo el país, lo que para nuestro consuelo nos librará de tener como nueva presidenta de la Corte a la llamada “ministra burra”.
Al menos ocho de los nueve ministro(a)s de la SCJN aparecían en los citados “acordeones”, todos los cuales son simpatizantes de Morena o el oficialismo y fueron abiertamente apoyados a través de dicho mecanismo.
Por ello podríamos tener una nueva SCJN, que bien podría llamarse SCJA (Suprema Corte de Justicia del Acordeón).
Un nuevo régimen no debería ser consecuencia de un gobierno democráticamente electo, que utilice sus mayorías electorales o legislativas (hechiza, en el caso actual) temporales, para afianzarse en el poder modificando las reglas constitucionales del juego democrático, de forma que debiliten las propias instituciones democráticas, así como a sus oponentes para socavar la competencia justa.
Este es el espectro de la tiranía de las mayorías: La posibilidad de que un gobierno elegido popularmente utilice sus mayorías en el Parlamento o en las urnas, para eliminar a la democracia y a la oposición mediante el voto.
Eso ya lo vivimos los mexicanos durante 70 años con el PRI, partido hegemónico que, irónicamente, fortaleció las instituciones democráticas y abrió la puerta a la competencia política a los partidos minoritarios o de oposición.
Democracia o tiranía, ese es el dilema.
***Académico y consultor.
