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PULPO POLÍTICO

Nace un nuevo régimen

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Fin a la división de Poderes * Trece millones de mexicanos votaron en la jornada de la elección judicial * Para la Primera Mandataria, fue un éxito rotundo * Reaparece públicamente el que andaba ausente y califica a Claudia Sheinbaum como “la mejor mandataria del mundo”

 

MARCO ANTONIO FLORES***

 

Nace un nuevo régimen. El régimen democrático constitucional, basado en la división de Poderes, que los mexicanos nos habíamos dado desde 1857, ha quedado atrás con la elección del Poder Judicial del 1 de junio de 2025.

Somos testigos del surgimiento de un nuevo régimen político constitucional. La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo asegura que ahora iremos a la vanguardia mundial y que por ser el primer país que elige la totalidad de los miembros del Poder Judicial, a nivel federal y local, nos convertiremos en el país más democrático del mundo.

Quizá ahora sí tendremos una justicia pronta y expedita, eficiente y exenta de corruptelas.

La elección judicial del pasado domingo es considerada por todos como inédita. Para el oficialismo como un novedoso avance democrático, mientras que para la oposición y la mayoría de los abogados constitucionalistas, analistas y politólogos, representa un retroceso y un Golpe de Estado al régimen democrático constitucional que socava la división de Poderes y pone al Poder Judicial bajo el control del Poder Ejecutivo.

La Presidenta Sheinbaum Pardo calificó la elección judicial del domingo como algo “inédito, impresionante, maravilloso, democrático”, aseguró que se cumplieron sus expectativas y agregó: “Fueron 13 millones de personas que ayer salieron a votar, más del doble de los que votan por el PRI, más de los que votan por el PAN (respecto a la elección presidencial de 2024). Claro que es un éxito”.

Por su parte, muchos analistas de oposición aseguran que la participación de sólo 13 millones de mexicanos, de un padrón electoral de 100 millones, representa un rechazo mayoritario y popular, o al menos indiferencia o abstencionismo inusual, a la primera elección de ministros, magistrados y jueces del Poder Judicial en la historia nacional y echa abajo la insistente versión de la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum, en el sentido de que la reforma judicial era una demanda de la mayoría del pueblo representado por 35 millones de mexicanos que le otorgaron a ella su voto en la elección presidencial del 2024.

“Si vota el mismo número de personas que votó para el primer ejercicio de consulta, pues muy buen resultado”, dijo Sheinbaum antes del domingo.

Si la elección judicial se tuviera que sujetar a las reglas de las consultas constitucionales para ser vinculatorias, debería de haber tenido una participación mayor al 51%.

Recordemos que la consulta popular para elegir sobre el juicio a expresidentes se tuvo participación del 7%, ejercicio en el que, aunque los resultados fueron en favor de enjuiciarlos, no se tomó en cuenta, bajo el argumento de que no fue vinculatoria porque no alcanzó el mínimo de participación requerida.

También hubo una consulta, en 2022, como ensayo para establecer en nuestra Constitución Política la revocación de mandato, en la que participó el 18%.

La Primera Mandataria también ha comparado esta elección con la de jueces locales en Estados Unidos, donde suele participar un 20 por ciento.

Sheinbaum Pardo celebró que su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, reapareciera públicamente al acudir a votar en la elección judicial, a ocho meses de que concluyó su gobierno.

En su Mañanera del Pueblo, la Mandataria dijo que le dio mucho gusto verlo y agradeció que López Obrador la calificó como “la mejor presidenta del mundo”.

El expresidente López Obrador, en el momento de emitir su voto en esta elección judicial, debió haber recordado cómo se gestó la mal llamada “reforma judicial”.

La crónica de una venganza presidencial anunciada el 5 de febrero de 2023, durante la conmemoración de la Promulgación de la Constitución de 1917 en Querétaro.

Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), tuvo la “osadía” de permanecer sentada mientras asistentes y miembros del gabinete se levantaban y aplaudían al mandatario durante su discurso.

Este gesto, aunque aparentemente menor, al parecer fue el detonador para que el presidente Andrés Manuel intensificara sus ataques y agresiones al Poder Judicial, y ordenara la reforma que sujetaría a ese poder al control del Ejecutivo.

La ministra Norma Piña aclaró que ese episodio no fue el inicio de la tensión entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Según Piña, dicha tensión surgió cuando la Suprema Corte declaró inconstitucional, tanto la ley de energía eléctrica como la transferencia del control operativo y administrativo de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), así como diversas suspensiones de jueces a obras del Tren Maya y decretos presidenciales, como aquel que pretendía hacer a un lado la ley de adquisiciones, para adjudicar todo de forma directa y sin licitaciones públicas.

 

RIP A LA DIVISIÓN DE PODERES

Repito: Nace un nuevo régimen. El anterior, que tenía 200 años de existir, se acabó. Consummatum est, RIP a la división de Poderes.

La teoría política que establece que las decisiones no deben concentrarse y que los órganos del poder han de autocontrolarse a través de un sistema de contrapesos y equilibrios, ha quedado atrás y prueba de ello es que tan solo la SCJN estará conformada, puntualmente, por todos y cada uno de los candidatos que Morena, o el oficialismo, propuso a través de los famosos “acordeones”, que se estima se imprimieron en el orden de 50 millones y fueron distribuidos en todo el país.

El Poder Judicial se convertirá en una herramienta política del oficialismo y de grupos de interés.

La reforma al Poder Judicial, como está planteada, lejos de lograr justicia pronta y expedita, significará un gran retroceso y retraso en la impartición de justicia.

Será enorme el costo de la curva de aprendizaje. ¿Cuándo y cómo se normalizará el funcionamiento del Poder Judicial? ¿Será para mejorar o para empeorar? Nadie sabe.

La elección judicial representó un enorme costo. Tan solo la elección implicó un gasto de 7 mil millones de pesos, pero el costo más grande podría ser la falta de garantía del ejercicio de las libertades individuales.

Los derechos civiles y políticos básicos, como el derecho al voto, la libertad de expresión, prensa, asociación, reunión y conciencia, y la igualdad ante la ley. El derecho de propiedad, libertad de creencias, inclusive que la autoridad no pretenda determinar qué se puede enseñar en las universidades, qué libros podemos leer o qué películas podemos ver, decidir el género de nuestras parejas matrimoniales o interferir con nuestra autonomía física.

El alcance de los derechos individuales que requieren protección siempre será objeto de controversia y evolucionará inevitablemente con el tiempo. Sin embargo, existe claramente una amplia gama de libertades individuales que, en palabras del juez norteamericano Jackson, “no pueden someterse a votación; no dependen del resultado de ninguna elección”.

Por lo tanto, es esencial que las libertades civiles básicas estén consagradas en las Constituciones y protegidas por los Poderes judiciales.

 

DESAIRE POPULAR

Resulta que 85 millones de ciudadanos no aceptaron participar en la elección del Poder Judicial, pero ya tenemos una nueva SCJN, casualmente están aseguradas las tres ministras que dejó AMLO: la “ministra del pueblo”, Lenia Batres; la ministra Yasmín Esquivel, acusada de plagio de su tesis profesional, y la ministra Loretta Ortiz, quien se ha confesado ser férrea militante y fundadora de Morena, así como María Estela Ríos González, quien fue la consejera jurídica del expresidente y eventualmente la autora material o intelectual de la “reforma judicial” en su primera versión.

Aunque todavía no hay resultados oficiales, parece que el candidato a ministro con más votos, que será el presidente de la SCJN, es Hugo Aguilar Ortiz, morenista (no declarado) que fue incluido en los polémicos acordeones distribuidos por millones en todo el país, lo que para nuestro consuelo nos librará de tener como nueva presidenta de la Corte a la llamada “ministra burra”.

Al menos ocho de los nueve ministro(a)s de la SCJN aparecían en los citados “acordeones”, todos los cuales son simpatizantes de Morena o el oficialismo y fueron abiertamente apoyados a través de dicho mecanismo.

Por ello podríamos tener una nueva SCJN, que bien podría llamarse SCJA (Suprema Corte de Justicia del Acordeón).

Un nuevo régimen no debería ser consecuencia de un gobierno democráticamente electo, que utilice sus mayorías electorales o legislativas (hechiza, en el caso actual) temporales, para afianzarse en el poder modificando las reglas constitucionales del juego democrático, de forma que debiliten las propias instituciones democráticas, así como a sus oponentes para socavar la competencia justa.

Este es el espectro de la tiranía de las mayorías: La posibilidad de que un gobierno elegido popularmente utilice sus mayorías en el Parlamento o en las urnas, para eliminar a la democracia y a la oposición mediante el voto.

Eso ya lo vivimos los mexicanos durante 70 años con el PRI, partido hegemónico que, irónicamente, fortaleció las instituciones democráticas y abrió la puerta a la competencia política a los partidos minoritarios o de oposición.

Democracia o tiranía, ese es el dilema.

 

***Académico y consultor.

PULPO POLÍTICO

Reforma electoral, la tormenta que viene

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El último clavo a la democracia * Morena se enfrenta no sólo a la oposición, sino también a sus partidos aliados, PVEM y PT

 

MARCO ANTONIO FLORES***

 

Desde junio de 2025 lo habíamos advertido en esta su revista política IMPACTO. Los últimos bastiones de nuestro régimen democrático constitucional, el INE y el TEPJF, ya se encontraban moribundos y la inminente e innecesaria reforma electoral será “el último clavo” de su sepultura.

A partir de 2024, cuando el INE y el TEPJF otorgaron la mayoría calificada al partido en el poder, inició la debacle. El proyecto del expresidente Andrés Manuel López Obrador (al estilo chavista venezolano), de concentrar el poder, se empezó a concretar.

Nulificaron los contrapesos del Poder Ejecutivo con la desaparición de los organismos constitucionales autónomos. Gobiernan 24 entidades federativas, los Poderes Legislativo y Judicial están controlados y cooptados por el Ejecutivo.

Ahora, con la reforma electoral, se dará la “puntilla” a los cimientos y estructura de la plataforma democrática-electoral que nos llevó décadas construir.

Y como dijera el clásico “Y nadie hace nada”. La oposición política está acotada, las fuerzas políticas divididas y desorientadas. A los factores reales de poder no les afecta, sino todo lo contrario: El Ejército, con más poder y concesiones que nunca; los grandes empresarios son intocables y con más ganancias que en el neoliberalismo; la Iglesia a veces tiene voz, pero no pesa en la balanza del poder.

La mayoría electoral (los más pobres y con menores niveles educativos) está asegurada y satisfecha con las dádivas en que han convertido los programas sociales, además esa mayoría cree la narrativa y las promesas de que vivimos una “transformación” y que pronto saldrán de la pobreza.

Las condiciones están dadas para convertirse en la “tormenta perfecta”. La próxima negociación del T-MEC y el más bajo crecimiento económico en 40 años son los ingredientes que convierten la reforma electoral de un asunto político en uno también económico.

La Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha reiterado la necesidad de reducir el costo de las elecciones, el financiamiento público que se entrega anualmente a los partidos y el tamaño del Poder Legislativo.

La Comisión Presidencial de la Reforma Electoral afina la propuesta que será enviada al Congreso en la primera semana de febrero.

Es cierto que los costos del sistema político electoral son altos, pero los costos políticos e incluso económicos pueden ser exponencialmente más costosos.

En 2026, el presupuesto para este rubro es del orden de 40,000 millones de pesos si se consideran los 7,700 millones que se entregará a los partidos políticos nacionales para su gasto ordinario; otros 7,000 millones que reciben los partidos a nivel estatal; el presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE), de 14,099 millones de pesos en 2026, un año sin elecciones federales; el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que ejercerá 3,749 millones de pesos; los 32 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), a los que los estados destinan alrededor de 10,000 millones de pesos anualmente, y los 32 tribunales electorales de los estados que cuestan alrededor de 2,400 millones de pesos.

Como referencia de comparación, apuntamos que los costos de las obras insignia de AMLO (Tren Maya, AIFA, Dos Bocas) superaron significativamente sus presupuestos originales, con sobrecostos reportados de más de 670 mil millones de pesos, alcanzando un costo conjunto cercano a 1.18 billones de pesos, duplicando en algunos casos las proyecciones iniciales, debido a cambios en el alcance, electrificación y falta de transparencia en los controles presupuestales.

La Primera Mandataria ha dado línea en su discurso cotidiano de las Mañaneras del Pueblo para reducir los montos de presupuesto para los partidos políticos y para las elecciones, respaldada por encuestas y consensos al estilo de su antecesor, como ocurrió desde que se suspendió la construcción del aeropuerto Texcoco -capricho que costó 300 mil mdp-.

Otros temas que ha “sugerido” la titular del Poder Ejecutivo son la reducción de las Cámaras del Congreso, actualmente compuestas por 500 diputaciones y 128 senadurías, así como la eliminación de las plurinominales, tema que en los foros de la Comisión ya han descartado, ya que se advertía que implicaba la eliminación de la representación proporcional, que hoy permite la representación de las minorías en el Poder Legislativo. Sin embargo, la Comisión aún no ha llegado a la fórmula definitiva para lograr los dos objetivos: reducir el tamaño y los costos de las Cámaras, y mantener la representación proporcional.

En estos temas, Morena se ha enfrentado no sólo a la oposición, también a sus partidos aliados PVEM y PT, que se han manifestado en contra de la desaparición de los plurinominales y la reducción de las prerrogativas.

Otro tema muy delicado y polémico es la virtual desaparición del INE, ya que se pretende retomar la propuesta de López Obrador: El Instituto Nacional Electoral (INE) se convertiría en Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), con un Consejo General que se reduciría de 11 a 7 integrantes, ya no designados por la Cámara de Diputados, sino electos mediante voto popular.

La propuesta también planteaba la desaparición de los 32 OPLE. Hasta el momento no hay una propuesta definitiva. Con la elección de los consejeros del INE, a la presidenta Guadalupe Taddei y demás consejeros que apoyaron incondicionalmente la elección del Poder Judicial, se les daría una “sopa de su propio chocolate”.

El financiamiento de partidos y campañas es otro tema delicado, que, de cambiarse, puede abrir la puerta para facilitar el financiamiento empresarial o de grupos del crimen organizado.

La reforma tendría que discutirse y aprobarse entre febrero y marzo, para ajustar las leyes secundarias en el mes de abril. El límite legal para la aprobación de cambios a las leyes electorales es el 31 de mayo, para que puedan entrar en vigor en las elecciones federales intermedias de 2027, cuando también se renovarán 17 gubernaturas, 31 Congresos locales y ayuntamientos en casi todo el país.

La tormenta que se avecina en este 2026 también es advertida por la “Consultora Integralia”, que pone como los primeros riesgos políticos de este año a la reforma electoral, la renegociación del T-MEC y el intervencionismo de Estados Unidos.

En un informe, la consultora destaca que los 10 riesgos son propiciados por tres condiciones del entorno político que hacen de 2026 un año de riesgo político elevado: “La concentración de poder en la coalición gobernante, el lento crecimiento de la economía y los obstáculos estructurales que enfrentan las empresas”.

La consultora coloca a la reforma electoral como el principal riesgo, pues se prevé que la mayoría de Morena-PT-PVEM apruebe una enmienda que vulnere la integridad del sistema electoral y su capacidad para organizar contiendas equitativas, confiables, legales y transparentes, al disminuir las facultades operativas de los órganos electorales y restringir la competencia política, lo que afianzaría la concentración de poder del oficialismo.

El informe indica que -aunque la reforma electoral no afecta de forma directa e inmediata el clima de negocios- “sí contribuiría a elevar el riesgo político, ya que habría una mayor concentración de poder, lo que a su vez aumentaría la incertidumbre de los agentes económicos y podría ahuyentar aún más la escasa inversión del país”.

Aparte de la división del país que se ha cultivado desde el sexenio pasado, entre buenos (los gobiernistas) y malos (los conservadores), en realidad tenemos un país dividido en dos bandos: la élite y el pueblo.

Por un lado, la élite, integrada por los privilegiados del poder político y los del poder económico, que son una minoría, que no llega a los 3 millones de personas, van de la mano y tienen una sólida alianza, más fuerte que en toda la era del neoliberalismo.

Por otro lado, todo el pueblo, 127 millones de personas, integrado por: 34 millones que, de manera clientelar, apoyaron en 2024 el proyecto de la “transformación”; 22 millones que votaron en contra del proyecto ganador y 44 millones de abstencionistas que no se expresaron en la última elección presidencial.

Hay otros 30 millones que no figuran en el padrón electoral. A las élites económica y política parece no preocuparles el nulo crecimiento de la economía, ni la destrucción de la democracia.

Mientras unos disfrutan su poder político y otros sigan teniendo las mejores ganancias, no dirán nada.

En el momento de una eventual crisis, sólo apretarán un botón y sus capitales saldrán hacia un país seguro, económicamente hablando.

Tal vez sus hijos y nietos que permanezcan en México pagarán los costos económicos sociales y políticos en el futuro.

AMLO y su movimiento de “transformación”, ahora en el segundo piso, ha logrado una exitosa e irónica fórmula al afirmar “primero los pobres” al tiempo de sellar alianza con la “mafia del poder”.

Además, de manera transexenal, sigue imponiendo todas y cada una de las reformas constitucionales, que dio a conocer en febrero de 2024.

De esas iniciativas, destacan las más destructivas, la mal llamada “reforma del Poder Judicial”, la desaparición de organismos autónomos y la “reforma electoral”.

De las anteriores mencionadas, sólo falta completar la innecesaria reforma electoral, pero su próxima aprobación es inminente.

Todavía hay esperanza de que, en medio de un horizonte nublado y una tormenta en formación, la capitana del barco en que navegamos 130 millones de mexicanos, la Presidenta Sheinbaum Pardo, trace la ruta correcta, enderece el rumbo y salgamos bien librados del temporal que se avecina.

¿O será que los mexicanos -el pueblo sabio- quieren volver a los 70s; que el gobierno controle el Padrón Electoral y las credenciales del INE? ¿Que sea el gobierno y no los ciudadanos los que cuenten los votos? ¿Será que añoran ser gobernados por el gran Tlatoani que tiene todo el poder en sus manos? A ver qué dicen las “encuestas”.

 

***Académico y consultor.

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PULPO POLÍTICO

¿Quién sigue?

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Trump afirma que detención de Maduro es una advertencia a cualquiera que amenace la soberanía nacional de EU * “Ni Bolívar ni Lincoln aceptarían que el gobierno de Estados Unidos actuara como una tiranía mundial”, expresa el exmandatario Andrés Manuel López Obrador

 

MARCO ANTONIO FLORES***

 

“Cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar”. Esa es la lectura sobre Donald Trump, quien advirtió el pasado sábado 4 de enero de 2026, que habrá que “hacer algo” contra el narcotráfico en México.

Luego de la captura de Nicolás Maduro, en entrevista con Fox News, el mandatario estadounidense reitera que los cárteles de la droga son los que gobiernan México y no la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con quien dijo tener una buena relación de amistad.

Asegura que le ha preguntado a Sheinbaum Pardo sobre si quiere que Estados Unidos se deshaga de los cárteles de la droga en México y ella ha dicho que “no, no, no”.

Sería bueno saber qué información tiene el gobierno de Estados Unidos sobre la avasalladora presencia de los cárteles en México. Es obvio que la Primera Mandataria no está aliada, los ha combatido como no se hizo antes. Lo que no sabemos es la información que los americanos (Departamento de Estado, de Justicia, CIA y FBI) tengan respecto al sexenio de Andrés Manuel López Obrador con la aplicación de la consigna “abrazos y no balazos”.

Por el bien del país y del gobierno, Sheinbaum Pardo ha hecho muy bien en deslindarse de esa política en materia de seguridad. “Otro gallo le cantaría a México”, si lo mismo se hiciera en materia de respeto a las instituciones democráticas constitucionales.

La división de Poderes, los organismos autónomos constitucionales, la Ley de Amparo, la libre competencia en materia de energía.

La prueba de fuego para Claudia Sheinbaum es si da la puntilla a la democracia mexicana con la polémica e innecesaria “Reforma Electoral”, que acabaría con elecciones libres y democráticas.

La pregunta es si Sheinbaum quiere pasar a la historia como una gran lideresa o ser considerada como cómplice de un supralíder con sospechas de narcopresidente y ser considerada el equivalente de lo que Nicolás Maduro fue en relación a su antecesor Hugo Chávez.

El dilema sería permitir que Trump venga por AMLO y su camarilla o bien sacrificar su gobierno y liderazgo, en aras de una inútil lealtad a su antecesor y sus desplantes de “tirano” destructor de nuestro régimen democrático constitucional.

 

LA CRÓNICA DE UNA CAÍDA ANUNCIADA

En la medianoche del 2 de enero de 2026, el gobierno de Estados Unidos capturó al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, tras un ataque quirúrgico, “a gran escala”.

Donald Trump informó que Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron sacados de Venezuela. La captura de Nicolás curre tras semanas de altas tensiones entre los dos países, en las que Washington había atacado embarcaciones en el Caribe que, según Donald, transportaban drogas.

Desde 2020 el Departamento de Justicia de EU acusó al presidente venezolano de estar involucrado en actividades relacionadas con el narcotráfico.

El mandatario estadounidense dijo que Maduro enfrentará un juicio por diversos delitos en Nueva York.

Después de la Segunda Guerra Mundial, la “guerra fría” dio como resultado la geopolítica de los ejes comunismo (URSS) versus capitalismo (Estados Unidos), con la que cada eje pretendía conservar sus regiones de influencia y dominación. Esta política ahora parece recrudecerse entre Rusia-China vs. EU-Europa Occidental.

Con la detención del mandatario venezolano, recordamos algunas de las intervenciones de EU en América Latina para proteger sus regiones de influencia.

En 1961, invasión en “Bahía de Cochinos”, en la Cuba comunista, para evitar la instalación de una base de misiles de la URSS.

En 1965 derrocó a Juan Bosch, en la República Dominicana, por sus ligas con el comunismo.

En 1973, en Chile intervino para derrocar al gobierno socialista de Salvador Allende.

En 1989, con George Bush, entraron en Panamá para desmantelar el Ejército del país y capturar a Manuel Antonio Noriega, acusado de tráfico de drogas, en la operación “Causa Justa”. Noriega había trabajado para la CIA.

En 1994 invadió Haití para facilitar la transición a la democracia y la vuelta de Jean-Bertrand Aristide, el primer presidente de la isla elegido en unas elecciones democráticas en 1990.

 

DESDE 2020 ESTABA EN LA MIRA

Maduro es prófugo de la justicia de Estados Unidos desde 2020, acusado de encabezar el Cártel de los Soles y de inundar las calles de la potencia norteamericana de cocaína. En Venezuela la ruta del control de las instituciones siguió el camino para convertirla en un narcoestado.

Hugo Chávez compitió en las urnas en 1998 y barrió, los venezolanos creyeron en sus promesas. A partir de su ascenso al poder, Chávez planeó, diseñó y puso en marcha lo que podríamos denominar “Manual para convertir un país en narcoestado”.

A ver si a los mexicanos les suena “familiar”. Si hay alguna similitud con el gobierno de AMLO, se tratará de una mera coincidencia.

Ai les va: Primero, conquistar el poder por la vía democrática, ofreciendo al pueblo mejores niveles de vida, creando una clientela o plataforma electoral, para que los programas sociales se conviertan en dádivas que puedan mantener esa clientela electoral satisfecha y agradecida con el gran líder que les cambia la vida.

Segundo, inventar un enemigo común, “combatir a los enemigos del pueblo” (la derecha, la prensa, los periodistas, los corruptos, el imperialismo yanqui, los conservadores); en este contexto acuñó aquella famosa frase “Yo ya soy del pueblo, yo ya no me pertenezco”. Estas palabras las repitió AMLO en diversas ocasiones.

Tercero, socavar todas las instituciones democráticas del régimen; cooptación de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los órganos electorales.

Cuarto, asegurarse del control militar, de la policía, de todas las Fuerzas Armadas, propiciar la militarización del país y el fortalecimiento de la Guardia Nacional.

Quinto, alianza con el narcotráfico y crear sus propios cárteles para convertirse en un narcoestado con presencia mundial.

Desde el año 2000, Chávez expulsó a la DEA de Venezuela, AMLO también.

En 1999, Hugo declara el inicio de la Revolución Bolivariana en la primera sesión de la Asamblea Nacional Constituyente establecida por el gobierno para redactar una nueva Constitución.

Esa idea de cambiar la Constitución de Venezuela puede extrapolarse a México, en 2024, en el momento en que el INE le otorgó la sobrerrepresentación al partido en el poder y con ello la mayoría calificada, de esta forma la 4T logró cambiar la Carta Magna a su antojo.

El sucesor de Hugo Chávez, Nicolás Maduro, dio continuidad a todos y cada uno de puntos del “Manual” para convertir a Venezuela en un narcoestado. Por ello llevó a Venezuela a la mayor crisis política, económica y social de su historia.

El resultado de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 fue la respuesta del pueblo venezolano a 25 años de sometimiento, de destrucción de su régimen democrático, de represión, de la peor crisis económica y de la salida de ocho millones de venezolanos de la narcodictadura.

Con 82% de las actas publicadas por la oposición, en números globales el opositor Edmundo González obtuvo 7 millones de votos contra 3 millones de Nicolás Maduro.

Ante las evidencias, el Consejo Nacional Electoral venezolano (CNE), otra de las instituciones cooptadas por el régimen chavista, anunció el “triunfo” de Nicolás Maduro con el 51.2% de los votos frente al 44.2% del opositor Edmundo González Urrutia.

La respuesta de Nicolás a las protestas de la oposición: 17 muertos y 1,500 detenidos. La comunidad internacional, con fundamento en el derecho internacional, no reconoció a Maduro como presidente legítimo.

Estados Unidos, Perú, Ecuador, Costa Rica, Argentina, Uruguay y Panamá reconocieron a Edmundo González como el presidente de Venezuela. México, ante las evidencias del triunfo opositor, no se atrevió a reconocerlo.

El chavismo, continuado por Maduro, pasó de ser un intento de revolución (transformación,) a convertirse en un gobierno manejando el Cártel de los Soles, nomenclatura que recibe de la insignia de un sol que visten los oficiales del Ejército bolivariano.

Los principales comandantes de constituir y dirigir esta organización criminal son: Padrino López, imputado en 2020 por tráfico de drogas junto a Diosdado Cabello; Tareck El Aissami, Néstor Roverol y el general Alcalá.

Una columna publicada en el Corriere della Sera señaló: “Nicolás Maduro convirtió a Venezuela en el centro mundial del tráfico de cocaína, el lugar donde la cocaína se almacena y se envía a todos los rincones de la Tierra. Hablar de justicia social desvía la atención de los asuntos criminales”.

El exjefe de Seguridad de Hugo Chávez, Leamsy Salazar, “ha aportado pruebas de cómo Venezuela es un narcoestado”, antes de ser encarcelado por decir que “el gobierno sólo era una manzana podrida”.

El liderazgo de Diosdado Cabello, uno de los pilares del gobierno de Maduro, ha sido exhibido en diversas publicaciones. Se afirma que “Cabello ha sido señalado como el jefe del Cártel de los Soles, compuesto por oficiales de alto rango del Ejército venezolano”, subrayando la complicidad de las fuerzas militares en el entramado del narcotráfico.

“Toda palabrería retórica de quienes han destruido un país y han manipulado y utilizado los ideales socialistas”, “Los que realmente creen que estos traficantes en nombre de la ideología sólo están creando una cortina de humo para defender su negocio”.

Los puntos del manual chavista para convertir un país en narcoestado, coinciden con lo que ha ocurrido en México los últimos siete años.

Si el narco controla gran parte del territorio nacional, tiene nexos con autoridades de los tres niveles de gobierno, e interviene de manera creciente en los procesos electorales para elegir a esas autoridades, entonces ¿estaríamos en camino de convertirnos en un narcoestado?

Porfirio Muñoz Ledo, unas semanas antes de morir, acusó a López Obrador de tener alianza con el narcotráfico y advirtió sobre el peligro de que México fuera dominado por el crimen y por los militares.

Habrá que esperar el desenlace de toda esta analogía México-Venezuela. Esperemos que sólo sean infundios contra el movimiento revolucionario de la Transformación y que México siga la senda de la prosperidad, la democracia y la justicia, así como el combate a la corrupción y a la impunidad. Mejores políticas públicas en educación y salud. El mejoramiento de la justicia y la creación de las condiciones para la inversión y el crecimiento económico.

Ojalá así sea, Sheinbaum es la esperanza de millones de mexicanos.

 

LA POLÍTICA NO ES IMPOSICIÓN: AMLO A TRUMP

El expresidente Andrés Manuel López Obrador reaccionó a la detención del mandatario venezolano, luego del bombardeo de Estados Unidos la madrugada de este sábado.

López Obrador recordó que, aunque está retirado de la política, sus “convicciones libertarias me impiden callar ante el prepotente atentado a la soberanía del pueblo de Venezuela y el secuestro de su presidente.

“Ni Bolívar ni Lincoln aceptarían que el gobierno de Estados Unidos actuara como una tiranía mundial”, añade.

“Presidente Trump: no caiga en la autocomplacencia ni escuche el canto de las sirenas. Mande al carajo a los halcones; usted tiene capacidad para actuar con juicio práctico. No olvide que la efímera victoria de hoy puede ser la contundente derrota del mañana. La política no es imposición”, agrega.

“Recuerde que ‘el respeto al derecho ajeno es la paz, como nos enseñó Benito Juárez en el siglo XIX. Soy mexicano con mucho orgullo, pero también latinoamericano. Apoyo incondicionalmente a mi presidenta Claudia Sheinbaum”, expresa Andrés Manuel.

 

TRUMP LANZA AMENAZA

El mandatario de EU subraya que la intervención es muestra de su resurrección de la Doctrina Monroe.

“Ahora se llama la Doctrina Donroe (por Don de Donald). Nuestro dominio del hemisferio occidental nunca más será cuestionado”, añade.

Recalca que el operativo también sirve como “una advertencia a cualquier que amenaza la soberanía estadunidense” y proclama que “el pueblo venezolano está libre” y que el “hemisferio está más seguro ahora”.

La detención de Maduro y su esposa muestra que “Estados Unidos puede proyectar su fuerza en cualquier lugar, en cualquier momento”, expresa Pete Hegseth, secretario de Guerra de la Unión Americana.

 

***Académico y consultor.

 

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PULPO POLÍTICO

¿Fin al populismo de izquierda en América Latina?

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El comunismo que lideraba la URSS fracasó y concluyó en 1989 con la caída del Muro de Berlín * Al pueblo no le interesa la postura ideológica, lo que demanda es un país con más seguridad, menos delincuencia, una economía creciente y sana, así como mejores servicios de salud, educación e infraestructura

 

MARCO ANTONIO FLORES***

 

Luego de las elecciones presidenciales en Chile, en donde resultó electo, en segunda vuelta, José Antonio Kast, se tiene un balance casi en empate entre los países gobernados por la izquierda y por la derecha.

De 20 países latinoamericanos, actualmente en nueve hay gobiernos de derecha y en diez, de izquierda. Entre estos últimos, en México, Brasil, Colombia, Venezuela, Cuba, Nicaragua y Uruguay. En la derecha destacan los gobiernos de Argentina, Ecuador, Salvador, Bolivia, Honduras, Paraguay, Perú. Las últimas elecciones en esta región han girado de la izquierda a la derecha.

Por ello intentaremos recordar el significado y origen de la izquierda y la derecha ideológicas. Se definen como posturas políticas, sociales y económicas, originadas en la Revolución Francesa, donde la izquierda se asocia con igualdad, progreso y mayor intervención estatal, y la derecha con tradición, orden y libertad individual/mercado, aunque sus significados evolucionan y varían según el contexto histórico y país.

No se consideran bloques cerrados. Sus fines y características se entrelazan. Una persona puede tener ideas progresistas en lo social y conservadoras en lo económico, o viceversa. Lo que es de izquierda o derecha puede cambiar con el tiempo y el lugar (ej. el liberalismo fue de izquierda en sus inicios).

Las últimas corrientes ideológicas tienen diversas combinaciones. Incluye liberales (centro), socialdemócratas (izquierda moderada), conservadores (derecha), libertarios (izquierda/derecha extrema), etc.

En resumen, izquierda y derecha son etiquetas útiles para entender grandes tendencias políticas, pero la realidad es más compleja y matizada, requiriendo diálogo y respeto por las diferentes perspectivas.

Hoy en México, en el partido en el poder, hay muchos desorientados, seudocomunistas, populistas de “izquierda”, como Pablo Gómez, Gerardo Fernández Noroña y muchos morenistas que viven en los 70s cuando existía la Guerra Fría.

Confunden izquierda, derecha, comunismo y capitalismo. Viven en el siglo pasado, cuando la Guerra Fría fue un enfrentamiento ideológico post-Segunda Guerra Mundial entre el capitalismo (liderado por EU, con propiedad privada y libre mercado) y el comunismo (liderado por la URSS, con propiedad colectiva y control estatal), dividiendo al mundo en dos bloques antagónicos, Occidente y Oriente, que competían por expandir su sistema sin llegar a un conflicto directo por las armas nucleares, mediante espionaje, carrera armamentista y guerras.

Connotados líderes mexicanos de “izquierda” en el poder, ignoran que el comunismo que lideraba la URSS fracasó y concluyó en 1989 con la caída del Muro de Berlín.

En la actualidad hay quienes conciben la competencia económica entre China y Estados Unidos, como una nueva “guerra fría” ideológica.

Las condiciones ideológicas de China son muy diferentes de lo que fue el comunismo de la URSS. El país atravesó enormes cambios. Mao instaló políticas marxistas, pero a diferencia del comunismo soviético, centrado en la clase obrera, la revolución maoísta se basó en los campesinos e inició su proceso de industrialización.

Setenta y seis años después de su fundación, la China actual parece casi opuesta a la nación que concibieron los fundadores del PCCh.

Hoy China es el segundo país del mundo con más millonarios (hay más de 6 millones, según el último Informe de riqueza global de UBS). Su Producto Interno Bruto (PIB) sólo es superado por el de Estados Unidos.

Todo se debe a los cambios que introdujo a partir de 1978 Deng Xiaoping, quien impulsó un programa económico que liberalizó la economía, permitiendo el resurgimiento del sector privado y descentralizó el poder. Se abrió al exterior: viajó a EU y selló los lazos con Washington.

El modelo económico introducido por Deng, basado en una economía de mercado, permitió que China empezara a crecer a niveles récord y sostenidamente durante cuatro décadas.

El Banco Mundial estima que más de 760 millones de chinos salieron de la pobreza gracias a las reformas, algo sin precedentes -aunque la desigualdad es creciente-.

Hoy China en lo político ideológico es un país más estatista que comunista. Es un Partido-Estado, que sacrifica libertades por control, no existe la libertad de prensa.

Según Human Rights Watch, el gobierno chino “mantiene un estricto control sobre Internet, los medios masivos, la academia y las comunidades religiosas. Sin embargo, “económicamente China hoy está más cerca del capitalismo que del comunismo”, según analistas internacionales.

Así el “capitalismo estatal”, ha exacerbado la guerra comercial entre China y EU. Ante el dilema de si la China de Xi se está haciendo más capitalista o más comunista, el consenso indica que ninguna de las dos opciones es acertada: “Es más estatista”.

Por ello, lo que está ocurriendo en América Latina debe verse con objetividad y desechar la idea del giro a derecha o izquierda. La población no vota ideológicamente sino con el bolsillo o guiada por un sentimiento de angustia por inseguridad o frustración respecto al funcionamiento del Estado, los partidos y la clase política. Ideológicamente, la región sigue siendo muy heterogénea.

El reciente triunfo de la derecha en Chile no debe considerarse como una tendencia obligada en toda la región. En opinión de Andrés Malamud, “es improbable que el triunfo de Kast en Chile tenga gran impacto regional”. Esto, por dos razones, dice a DW el investigador del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Lisboa: “Primero, es lo usual que Chile alterne entre izquierda y derecha cada cuatro años. Segundo, Kast tiene un estilo menos disruptivo que Bukele o Milei”.

“Hablar de ola derechista es descriptivamente correcto, pero analíticamente engañoso: En Sudamérica están triunfando las oposiciones, que sólo circunstancialmente son de derecha”, señala Malamud.

En el caso de Chile diversos analistas coinciden en que la derrota del presidente Boric tuvo que ver con temas de corrupción, seguridad, criminalidad y migración, dejando a un lado la agenda democrática de Boric.

En el esquema geopolítico mundial, los signos de los nuevos gobiernos en América Latina incidirán en el foco de las dos grandes potencias: Estados Unidos y China.

El gobierno chileno de Kast estará más cercano a los intereses de Estados Unidos.

Esto podría tener efectos también en la relación con China, nación que ha tenido influencia en Chile y otros países de la región, con crecientes exportaciones, instalación de complejos manufactureros (automotrices) y grandes inversiones en obras públicas, y que ha buscado extender en Latinoamérica.

Además, el triunfo de Kast se debió a que supo negociar y aprovechar las transferencias de votos de los candidatos de derecha derrotados en la primera vuelta, tras conseguir el apoyo del libertario Johannes Kaiser y de la representante de la derecha más tradicional Evelyn Matthei. También capitalizó gran parte de los votos del tercer candidato en primera vuelta, el economista antisistema Franco Parisi, que el mes pasado había obtenido el 20% de los sufragios.

Entre los factores de incertidumbre que acompañaban esta elección estaba el destino de los votos de más de cinco millones de chilenos que solían abstenerse y que por primera vez estaban obligados a sufragar.

Ese voto obligatorio, en su tercer intento por la presidencia, justificó en parte que Kast lograra un récord de más de siete millones de apoyos, convirtiéndose en el presidente más votado de la historia.

Las principales banderas de Kast fueron un “gobierno de emergencia” para atajar con “mano dura” los problemas en materia de seguridad-delincuencia, inmigración y progreso económico.

Las elecciones presidenciales del 2026 en Costa Rica, Colombia, Brasil y Perú serán una nueva prueba para verificar cuánto ha crecido la adhesión a las posturas de “derecha”.

La Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo felicitó a José Antonio Kast y señaló: “Creo que es un momento de reflexión para los movimientos progresistas en América Latina y por qué se dan estas circunstancias”.

Asegura que un giro desde un gobierno progresista como el de Boric a uno conservador no ocurrirá en México.

“Aquí hay unidad, y a veces cuando no hay unidad en los movimientos, se genera esta disminución del apoyo”, expresa la Primera Mandataria, pero lo sucedido es un asunto que debe “analizarse” para comprender cómo se ha llegado a ese resultado electoral.

Si México continúa en la ruta democrática con elecciones libres y transparentes, como ocurrió en Chile, un eventual triunfo de Morena sería legítimo y reconocido por 130 millones de mexicanos.

Sin embargo, si la anunciada e innecesaria reforma electoral se convierte en control estatal de elecciones, estaremos más cerca del autoritarismo al estilo Venezuela, Cuba y Nicaragua. Como se ha visto, al pueblo no le interesa definirse como de izquierda o derecha. No más populismo, lo que demanda es un país con más seguridad, menos delincuencia, una economía creciente y sana, así como mejores servicios de salud, educación e infraestructura.

Deseamos tener un país unido y en paz. Un México próspero, justo, libre y democrático. Que así sea por el bien de todos los mexicanos.

 

***Académico y consultor.

 

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