PULPO POLÍTICO
Nace un nuevo régimen
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Hace 2 meseson
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Redacción
Fin a la división de Poderes * Trece millones de mexicanos votaron en la jornada de la elección judicial * Para la Primera Mandataria, fue un éxito rotundo * Reaparece públicamente el que andaba ausente y califica a Claudia Sheinbaum como “la mejor mandataria del mundo”
MARCO ANTONIO FLORES***
Nace un nuevo régimen. El régimen democrático constitucional, basado en la división de Poderes, que los mexicanos nos habíamos dado desde 1857, ha quedado atrás con la elección del Poder Judicial del 1 de junio de 2025.
Somos testigos del surgimiento de un nuevo régimen político constitucional. La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo asegura que ahora iremos a la vanguardia mundial y que por ser el primer país que elige la totalidad de los miembros del Poder Judicial, a nivel federal y local, nos convertiremos en el país más democrático del mundo.
Quizá ahora sí tendremos una justicia pronta y expedita, eficiente y exenta de corruptelas.
La elección judicial del pasado domingo es considerada por todos como inédita. Para el oficialismo como un novedoso avance democrático, mientras que para la oposición y la mayoría de los abogados constitucionalistas, analistas y politólogos, representa un retroceso y un Golpe de Estado al régimen democrático constitucional que socava la división de Poderes y pone al Poder Judicial bajo el control del Poder Ejecutivo.
La Presidenta Sheinbaum Pardo calificó la elección judicial del domingo como algo “inédito, impresionante, maravilloso, democrático”, aseguró que se cumplieron sus expectativas y agregó: “Fueron 13 millones de personas que ayer salieron a votar, más del doble de los que votan por el PRI, más de los que votan por el PAN (respecto a la elección presidencial de 2024). Claro que es un éxito”.
Por su parte, muchos analistas de oposición aseguran que la participación de sólo 13 millones de mexicanos, de un padrón electoral de 100 millones, representa un rechazo mayoritario y popular, o al menos indiferencia o abstencionismo inusual, a la primera elección de ministros, magistrados y jueces del Poder Judicial en la historia nacional y echa abajo la insistente versión de la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum, en el sentido de que la reforma judicial era una demanda de la mayoría del pueblo representado por 35 millones de mexicanos que le otorgaron a ella su voto en la elección presidencial del 2024.
“Si vota el mismo número de personas que votó para el primer ejercicio de consulta, pues muy buen resultado”, dijo Sheinbaum antes del domingo.
Si la elección judicial se tuviera que sujetar a las reglas de las consultas constitucionales para ser vinculatorias, debería de haber tenido una participación mayor al 51%.
Recordemos que la consulta popular para elegir sobre el juicio a expresidentes se tuvo participación del 7%, ejercicio en el que, aunque los resultados fueron en favor de enjuiciarlos, no se tomó en cuenta, bajo el argumento de que no fue vinculatoria porque no alcanzó el mínimo de participación requerida.
También hubo una consulta, en 2022, como ensayo para establecer en nuestra Constitución Política la revocación de mandato, en la que participó el 18%.
La Primera Mandataria también ha comparado esta elección con la de jueces locales en Estados Unidos, donde suele participar un 20 por ciento.
Sheinbaum Pardo celebró que su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, reapareciera públicamente al acudir a votar en la elección judicial, a ocho meses de que concluyó su gobierno.
En su Mañanera del Pueblo, la Mandataria dijo que le dio mucho gusto verlo y agradeció que López Obrador la calificó como “la mejor presidenta del mundo”.
El expresidente López Obrador, en el momento de emitir su voto en esta elección judicial, debió haber recordado cómo se gestó la mal llamada “reforma judicial”.
La crónica de una venganza presidencial anunciada el 5 de febrero de 2023, durante la conmemoración de la Promulgación de la Constitución de 1917 en Querétaro.
Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), tuvo la “osadía” de permanecer sentada mientras asistentes y miembros del gabinete se levantaban y aplaudían al mandatario durante su discurso.
Este gesto, aunque aparentemente menor, al parecer fue el detonador para que el presidente Andrés Manuel intensificara sus ataques y agresiones al Poder Judicial, y ordenara la reforma que sujetaría a ese poder al control del Ejecutivo.
La ministra Norma Piña aclaró que ese episodio no fue el inicio de la tensión entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Según Piña, dicha tensión surgió cuando la Suprema Corte declaró inconstitucional, tanto la ley de energía eléctrica como la transferencia del control operativo y administrativo de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), así como diversas suspensiones de jueces a obras del Tren Maya y decretos presidenciales, como aquel que pretendía hacer a un lado la ley de adquisiciones, para adjudicar todo de forma directa y sin licitaciones públicas.
RIP A LA DIVISIÓN DE PODERES
Repito: Nace un nuevo régimen. El anterior, que tenía 200 años de existir, se acabó. Consummatum est, RIP a la división de Poderes.
La teoría política que establece que las decisiones no deben concentrarse y que los órganos del poder han de autocontrolarse a través de un sistema de contrapesos y equilibrios, ha quedado atrás y prueba de ello es que tan solo la SCJN estará conformada, puntualmente, por todos y cada uno de los candidatos que Morena, o el oficialismo, propuso a través de los famosos “acordeones”, que se estima se imprimieron en el orden de 50 millones y fueron distribuidos en todo el país.
El Poder Judicial se convertirá en una herramienta política del oficialismo y de grupos de interés.
La reforma al Poder Judicial, como está planteada, lejos de lograr justicia pronta y expedita, significará un gran retroceso y retraso en la impartición de justicia.
Será enorme el costo de la curva de aprendizaje. ¿Cuándo y cómo se normalizará el funcionamiento del Poder Judicial? ¿Será para mejorar o para empeorar? Nadie sabe.
La elección judicial representó un enorme costo. Tan solo la elección implicó un gasto de 7 mil millones de pesos, pero el costo más grande podría ser la falta de garantía del ejercicio de las libertades individuales.
Los derechos civiles y políticos básicos, como el derecho al voto, la libertad de expresión, prensa, asociación, reunión y conciencia, y la igualdad ante la ley. El derecho de propiedad, libertad de creencias, inclusive que la autoridad no pretenda determinar qué se puede enseñar en las universidades, qué libros podemos leer o qué películas podemos ver, decidir el género de nuestras parejas matrimoniales o interferir con nuestra autonomía física.
El alcance de los derechos individuales que requieren protección siempre será objeto de controversia y evolucionará inevitablemente con el tiempo. Sin embargo, existe claramente una amplia gama de libertades individuales que, en palabras del juez norteamericano Jackson, “no pueden someterse a votación; no dependen del resultado de ninguna elección”.
Por lo tanto, es esencial que las libertades civiles básicas estén consagradas en las Constituciones y protegidas por los Poderes judiciales.
DESAIRE POPULAR
Resulta que 85 millones de ciudadanos no aceptaron participar en la elección del Poder Judicial, pero ya tenemos una nueva SCJN, casualmente están aseguradas las tres ministras que dejó AMLO: la “ministra del pueblo”, Lenia Batres; la ministra Yasmín Esquivel, acusada de plagio de su tesis profesional, y la ministra Loretta Ortiz, quien se ha confesado ser férrea militante y fundadora de Morena, así como María Estela Ríos González, quien fue la consejera jurídica del expresidente y eventualmente la autora material o intelectual de la “reforma judicial” en su primera versión.
Aunque todavía no hay resultados oficiales, parece que el candidato a ministro con más votos, que será el presidente de la SCJN, es Hugo Aguilar Ortiz, morenista (no declarado) que fue incluido en los polémicos acordeones distribuidos por millones en todo el país, lo que para nuestro consuelo nos librará de tener como nueva presidenta de la Corte a la llamada “ministra burra”.
Al menos ocho de los nueve ministro(a)s de la SCJN aparecían en los citados “acordeones”, todos los cuales son simpatizantes de Morena o el oficialismo y fueron abiertamente apoyados a través de dicho mecanismo.
Por ello podríamos tener una nueva SCJN, que bien podría llamarse SCJA (Suprema Corte de Justicia del Acordeón).
Un nuevo régimen no debería ser consecuencia de un gobierno democráticamente electo, que utilice sus mayorías electorales o legislativas (hechiza, en el caso actual) temporales, para afianzarse en el poder modificando las reglas constitucionales del juego democrático, de forma que debiliten las propias instituciones democráticas, así como a sus oponentes para socavar la competencia justa.
Este es el espectro de la tiranía de las mayorías: La posibilidad de que un gobierno elegido popularmente utilice sus mayorías en el Parlamento o en las urnas, para eliminar a la democracia y a la oposición mediante el voto.
Eso ya lo vivimos los mexicanos durante 70 años con el PRI, partido hegemónico que, irónicamente, fortaleció las instituciones democráticas y abrió la puerta a la competencia política a los partidos minoritarios o de oposición.
Democracia o tiranía, ese es el dilema.
***Académico y consultor.

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PULPO POLÍTICO
Gentrificación… ¿progreso o despojo?
Published
Hace 3 díason
julio 18, 2025By
Redacción
En la violenta manifestación todo mundo trató de llevar “agua a su molino” * Una polémica que se presenta en todo el planeta * Una problemática en la CDMX creada por la falta de renovación urbana
MARCO ANTONIO FLORES***
La gentrificación es un proceso de renovación de una zona urbana, generalmente popular o deteriorada, que implica el desplazamiento de su población original por parte de otra de un mayor poder adquisitivo. Se da en todas partes del mundo, sobre todo en las grandes urbes.
En Nueva York, uno de los beneficiarios de este fenómeno en la década de los 80s fue el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
El magnate millonario y sus empresas inmobiliarias desalojaron cientos de manzanas de habitaciones populares para construir nuevos edificios y desarrollos habitacionales y comerciales con precios 10 o 20 veces superiores a los que pagaron en sus desalojos.
El término gentrificación fue acuñado en 1964 por la socióloga Ruth Glass, para referirse al desplazamiento de las clases obreras trabajadoras de los barrios de Londres a medida que personas de clase media y alta se establecían en las mismas zonas. Desde entonces, el proceso se ha repetido en ciudades de todo el mundo.
CONTROVERSIA EU-MÉXICO
El pasado viernes 4 de julio tuvo lugar una polémica marcha en contra de la gentrificación en las colonias Condesa y Roma, en la que “A río revuelto ganancia de pescadores”.
Y es que diversos actores “llevaron agua a su molino”, empezando por el gobierno de Estados Unidos que, con el pretexto de las expresiones de xenofobia que se han dado contra los estadounidenses que vienen a asentarse en esas zonas de la Ciudad de México, ya sea de manera temporal o definitiva, reviró publicando en la cuenta oficial de “X” del Departamento de Seguridad: “Si se encuentra ilegalmente en Estados Unidos y desea unirse a la próxima protesta en la Ciudad de México, utilice la aplicación CBP Home para facilitar su salida”.
Su declaración fue una referencia a la plataforma digital con la que los migrantes irregulares se alistan para autoexpulsarse de Estados Unidos.
Respecto a tales expresiones de xenofobia, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirma: “Nosotros somos un país abierto al mundo, solidario, fraterno. Así es nuestro pueblo y así hay que ser”.
Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de la Cuauhtémoc, sede de la marcha y ubicación de las principales colonias que padecen la “gentrificación”, acusó que, entre las personas que acudieron a la referida marcha, hubo grupos de choque pagados con el único objetivo de “desestabilizar, robar, violentar zonas que hoy están siendo cuidadas, más iluminadas con los programas que tenemos en la alcaldía”.
Estimaciones de los empresarios que resultaron afectados sugieren que las pérdidas provocadas por daños y robo de productos ascienden hasta los 12 millones de pesos.
Si bien algunas demandas de la marcha de protesta son justificadas, como el encarecimiento de vivienda y servicios por los desorbitantes incrementos de precios en los mismos, el problema de fondo es la falta de políticas de renovación de viviendas y la falta de alternativas habitacionales para los grupos que rentan o trabajan en esas zonas.
La ausencia de desarrollos habitacionales en zonas con ubicación o nivel sosccioeconomico equivalentes, es una omisión de políticas públicas ad-hoc de 25 años de gobiernos de “izquierda” en la CDMX.
En la marcha los inconformes llevaron carteles y lanzaron consignas como “Aquí se habla español”, “No a la voracidad inmobiliaria” y “Fuera gringos”.
Decenas de personas denunciaron el aumento desmedido en las rentas y el turismo inmobiliario a través de aplicaciones de hospedaje como Airbnb, que, por lo lucrativo del negocio, provocó el desplazamiento de los antiguos residentes.
En la protesta, un grupo reducido de inconformes realizó pintas y destrozos en establecimientos, casas y automóviles estacionados.
El fenómeno de la gentrificación, que se da en todas las grandes ciudades del mundo, también implica aumentos en los valores inmobiliarios de los propietarios, lo que, en el esquema microeconómico del sector inmobiliario y urbano, se traduce en crecimiento económico y progreso.
Sin embargo, los afectados deben ser atendidos a través de promoción y regulación de desarrollos alternativos, como ha pasado en las grandes ciudades del planeta.
En el caso de la Ciudad de México, parece que tenemos ausencia de políticas al respecto y por ello un retraso de décadas.
La gentrificación implica la reestructuración de relaciones sociales en los espacios de las ciudades para favorecer la integración de población de ingresos medios y altos.
Se debe propiciar la reproducción del capital, comercial o inmobiliario, al tiempo que se deberá atender a la población afectada o desplazada, para que este fenómeno sea más justo, equitativo y no frene el desarrollo social y económico de la Ciudad de México y del país.
AIRBNB EN LA GENTRIFICACIÓN
Lo que inició como una plataforma para alquilar habitaciones de forma ocasional se ha convertido en uno de los principales motores de la gentrificación en muchas ciudades del mundo, incluida la capital del país.
Airbnb y otras plataformas de renta de corto plazo han transformado barrios completos al convertir viviendas residenciales en hoteles disfrazados. Y con ello modifican no sólo el uso del suelo, sino también el rostro de las colonias.
La lógica es simple: Para muchos propietarios, es más rentable alquilar un departamento por días a turistas extranjeros que por meses a un residente local.
El resultado es una reducción del parque de vivienda disponible para habitantes permanentes y un aumento sostenido en los precios de renta.
Una investigación de 2020 realizada por Raúl Anthony Olmedo Neri, doctor en Ciencias Políticas y Sociales, refiere que en dicho año el 55.48% de los alojamientos de Airbnb de la Ciudad de México se encontraban concentrados en las alcaldías Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc.
REALIZARÉ ACCIONES CONTRA LA GENTRIFICACIÓN: BRUGADA MOLINA
Desde el primer día de su administración, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, aseguró que realizaría acciones contra la gentrificación, específicamente en favor de los jóvenes con el fin de que pudieran rentar viviendas con opción a compra.
“Entre todos, tenemos que organizarnos para frenar la gentrificación en la ciudad”, declaró durante su toma de protesta.
En cuanto al tema de Airbnb, destaca que en octubre de 2024, el Congreso de la CDMX modificó las leyes de Turismo, Vivienda y Reconstrucción para que ningún inmueble en Airbnb pueda estar activo más de 180 noches al año.
Si excede el 50 % de ocupación, pierde el registro automáticamente y deberá esperar un año para volver a inscribirse.
No obstante, aunque las leyes están aprobadas, su implementación está paralizada por amparos interpuestos por Airbnb y múltiples anfitriones, quienes alegan afectación económica y discriminación arbitraria.
***Académico y consultor
PULPO POLÍTICO
El último clavo a la democracia
Published
Hace 3 semanason
julio 3, 2025By
Redacción
Con el martillo de la reforma electoral * Están bajo control los tres Poderes de la Unión; desaparecieron los organismos autónomos, últimos contrapesos del Poder Ejecutivo; además de tener en sus manos 24 entidades de la Federación… ¿Quién podrá defendernos?
MARCO ANTONIO FLORES***
No es necesario ser un sabio para saber cómo y en qué momento México llegó al escenario actual.
Es una realidad que la República está agonizante después de sepultar la división de Poderes.
Los últimos bastiones de nuestra democracia, Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), están moribundos y la inminente reforma electoral será “el último clavo” de su sepultura.
Las interrogantes que surgen es ¿por qué nadie hace algo? ¿Por qué nadie puede detener la destrucción de nuestro régimen democrático constitucional?
La oposición está acotada, los partidos políticos divididos y desorientados. A los factores reales de poder no les afecta, sino todo lo contrario: El Ejército está con más poder y concesiones que nunca; los grandes empresarios son intocables y en mejores condiciones que en el neoliberalismo; la Iglesia, a veces tiene voz, pero no pesa en la balanza del poder.
En el actual México “Kafkiano”, tenemos un país dividido en dos bandos: La élite y el pueblo.
Por un lado la élite, integrada por los privilegiados del poder político y los del poder económico, que son una minoría que no llega a los 3 millones de personas, van de la mano y tienen una sólida alianza, más fuerte que en toda la era del neoliberalismo.
Por otro lado está todo el pueblo -97 millones de personas-, integrado por 34 millones que, de manera clientelar -por los programas sociales- apoyaron el proyecto de la “Transformación” en la última elección presidencial.
Este total también está integrado por 22 millones que votaron en contra del proyecto ganador; están otros 44 millones de abstencionistas que no se expresaron en la última elección presidencial. Hay otros 30 millones que no figuran en el padrón electoral.
Platicando con dos o tres conocidos que están en el círculo de los grandes empresarios y del ámbito bancario, al preguntarles si no están preocupados con la demolición de nuestra democracia, su respuesta es: “Estamos mejor que nunca, con utilidades récord y el gobierno nos deja trabajar, además, tiene mayor control de los sectores populares mayoritarios, sindicatos y agrupaciones políticas que podrían reclamar o alborotar el ambiente político del país.
“Estamos muy bien, con tranquilidad y paz, ganando más dinero que nunca”, añaden.
Pese al ambiente de la inseguridad que se vive en el país, no les afecta, pues cuentan con vehículos blindados, guaruras y sistemas de seguridad en sus lujosas viviendas, enormes ranchos y en sus negocios, que son la grandes y medianas empresas, bancos y sociedades financieras.
De igual manera piensa y actúa la clase política actual (diputados, senadores, gobernadores y burocracia morenista) en medio de los desplantes autoritarios de sus líderes y los escándalos de corrupción de su gobierno, disfrutan el poder y su fantasía, y sólo se limitan a levantar la mano en apoyo ciego a las iniciativas presidenciales.
Es increíble que se ignore la presunción que se hace en Estados Unidos de vínculos de morenistas con el crimen organizado. No les interesa si la educación y la salud van de mal en peor: Los hijos de estas dos élites -política y económica- no asisten a escuelas públicas, ellos van a colegios privados o del extranjero, además de que sus familias no se atienden en hospitales públicos sino en los mejores privados o de Houston.
También no les preocupa el alarmante deterioro de la economía nacional. No creen que llegue la -muy probable-, recesión económica, producto del más bajo crecimiento en 40 años, el vertiginoso aumento de la deuda externa, la decreciente inversión extranjera, inflación en altibajos, un T-MEC en riesgo y, en suma, una bomba de tiempo que podría explotar más pronto que tarde.
Mientras unos disfrutan su poder político y otros sigan teniendo las mejores ganancias, no dirán nada.
En el momento de una eventual crisis, sólo apretarán un botón y sus capitales saldrán hacia un país seguro, económicamente hablando.
Hay que reconocer la gran visión, audacia y habilidad política del expresidente Andrés Manuel López Obrador para lograr -a través de su movimiento político- controlar de manera absoluta el poder en México.
Están bajo control los tres Poderes de la Unión; desaparecieron los organismos autónomos, últimos contrapesos del Poder Ejecutivo; están bajo control 24 entidades de la Federación.
Su fina perversidad fue exitosa al afirmar “Primero los pobres”, al tiempo de sellar alianza con la “mafia del poder”, al atreverse a asegurar que el sistema de salud sería mejor que en Dinamarca.
No acabó con la corrupción y el huachicol, además, de manera transexenal, sigue imponiendo todas y cada una de las reformas constitucionales que dio a conocer en febrero de 2024.
Por si la gente no se acuerda, esto detonó en 2024 con la elección de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y del Poder Legislativo, al obtener la mayoría absoluta, 54%, y que después se convirtió en las dos terceras partes, con apoyo del sometido TEPJF, pues de manera fraudulenta su mayoría subió al 74%, las 2/3 partes necesarias para hacer reformas constitucionales.
De esas iniciativas, destacan las más destructivas, la mal llamada “reforma del Poder Judicial”, la desaparición de organismos autónomos y la “reforma electoral”. De estas, sólo falta completar la reforma electoral, pero ya lo advirtió la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum, que el pueblo quiere un aparato electoral más barato y menos dinero para los partidos políticos; que no le parece que existan consejeros electorales que disientan de sus directrices; que los diputados y senadores plurinominales -de minoría- deben desparecer.
El INE y el sistema electoral, que construimos los últimos 30 años, quedará sepultado y esta reforma electoral será el “último clavo” que se pondrá a nuestro régimen democrático constitucional.
Será que los mexicanos quieren volver a los 70s, que el gobierno controle el Padrón Electoral y las credenciales del INE, que sea el gobierno y no los ciudadanos los que cuenten los votos, como era en el pasado, lo que tanto criticaban los que ahora son gobierno.
Para decirlo más claro, es increíble que los morenistas quieran volver al régimen del viejo PRI. ¿Acaso Morena no puede olvidar su origen? ¿Qué Morena no existe y que realmente sigue gobernando el PRI viejo, pero superrecargado?
Así como están las cosas, hoy en día ya no habrá enormes manifestaciones de apoyo al INE, como en 2022 y 2023, pues serían totalmente en vano.
Y ahora, ¿quién podrá salvarnos? ¿Acaso las futuras generaciones?
El panorama no es alentador y se avizora que los hijos y nietos de todos los mexicanos, incluidos los de los actuales integrantes de las élites política y económica, son los que tendrán que pagar y revertir todo el daño democrático, social y económico, que hoy impunemente se hace desde el poder a 130 millones de mexicanos.
Pese al panorama negro, todavía millones de mexicanos tienen esperanza en la Presidenta Sheinbaum Pardo para enderezar el barco y llevar a México a buen puerto. Que así sea.
***Académico y consultor.

En peligro la libertad de expresión * La Primera Presidenta Sheinbaum Pardo ha expresado en infinidad de ocasiones que existe y apoya la libertad de expresión, que ya no estamos en el pasado cuando gobernaban los liberales. Que así sea
MARCO ANTONIO FLORES***
Millones de mexicanos “estamos viendo y no vemos”.
Desde que inició el gobierno de la 4T en 2018, los medios de comunicación públicos dieron un giro de 180 grados.
El Canal 11 (antes prestigiado canal cultural del IPN), el canal 14 y el “cultural” 22, así como las televisoras estatales de Morena, más todas las radiodifusoras públicas del país, se convirtieron en megáfonos de la Mañanera y de las más de 150 mil mentiras que ahí se dijeron durante el sexenio pasado, según el sitio SPIN del periodista Luis Estrada. Essperamos que la misma esencia de aquellas Mañaneras, no continúen en este gobierno. ¿Será que nos estamos acercando a los principales países del mundo que controlan toda la opinión pública y censuran y castigan la crítica? Países como Corea del Norte, Turkmenistán, China, Vietnam, Cuba, Venezuela e Irán, que son particularmente expertos en ejercer dos tipos de censura: Encarcelar y acosar a los periodistas, al tiempo que se dedican a la vigilancia digital y la censura de la Internet y las redes sociales.
Las señales del intento creciente de acallar, controlar y censurar la crítica a las políticas gubernamentales en México van en crescendo. El escenario está completo. El Poder Ejecutivo desde el sexenio anterior ya controlaba el Legislativo, convertido en oficialía de partes de las iniciativas de Palacio Nacional, sin cambiarles ni una coma.
A partir del 1 de junio de 2025, el Ejecutivo se apoderó del control absoluto del Poder Judicial imponiendo a los candidatos, públicamente incondicionales de AMLO, como ministros de la SCJN y los integrantes de los principales tribunales federales.
Los organismos constitucionales autónomos, como el INAI, IFT, Cofece, fueron demolidos y ahora también es evidente el sometimiento del INE y del TEPJF al Ejecutivo.
Los gobiernos estatales morenistas se montan a la ola y ya dan rienda suelta a sus afanes de control y censura. Ahí están Puebla con su Ley de Ciberasedio y Campeche con la gobernadora represora.
En Sinaloa, la diputada morenista Teresa Guerra Ochoa presentó una iniciativa para castigar penalmente publicaciones en redes sociales si “difaman”, “denigran” o “generan daño emocional”.
En este contexto, que, sin duda, representa una alerta roja nacional, del peligro en que se encuentra la libertad de expresión y la eventual demolición total de nuestro régimen democrático constitucional.
Millones de mexicanos aún creen en su Presidenta Claudia Sheinbaum, cuando afirma que ella toda su vida ha sido una férrea defensora de la libertad de expresión y de la democracia.
Su trayectoria política y las piezas oratorias de sus inicios como lideresa estudiantil así lo acreditan. Entonces ¿qué está pasando? ¿Quién propicia lo que estamos viviendo? ¿De donde surge una iniciativa de Ley de Telecomunicaciones, que pretende concentrar en una agencia gubernamental el control y censura de todos los medios de difusión, incluidas las redes sociales? ¿Cómo es que se toleran o encubren las censuras a prestigiados periodistas como Denise Dresser, Héctor de Mauleón, Laisha Wilkins, Raymundo Riva Palacio y Karla Estrella, quienes han sido acusados o exhibidos por expresar opiniones críticas?
Otras interrogantes son: ¿Cómo es que el TEPJF, encabezado por Mónica Soto, se presta para acusar a enemigos u opositores del gobierno, de incurrir en el delito “violencia política en razón de género”?
Hay un caso de un candidato a magistrado morenista que acusó a un ciudadano activista por este delito y el TEPJF pretende sancionarlo. ¡Habrase visto!
Llama la atención que personajes que estuvieron cerca de AMLO y la 4T ahora se conviertan en sus críticos. Es el caso de Gerardo Esquivel, quien, en un artículo que publicó el el 23 de junio de 2025, analiza “una creciente tendencia en México donde figuras públicas de la 4T ya tienen la ‘piel delgada’ y muestran intolerancia a la crítica, recurriendo a acciones legales y modificaciones normativas para silenciar opiniones desfavorables”.
Y cita los siguientes ejemplos:
*** El senador Gerardo Fernández Noroña presionó a un ciudadano para disculparse públicamente por una confrontación en un aeropuerto, utilizando recursos del Senado.
*** La diputada por Sonora, María Karina Barrera, logró que el Tribunal Electoral sancionara a una ciudadana por un tuit considerado como violencia política de género.
*** La excandidata a ministra de la Suprema Corte, Dora Alicia Martínez, denunció a la actriz Laisha Wilkins por un tuit que la llamaba “Dora, la Censuradora”.
*** En Puebla, una reforma al Código Penal tipifica el delito de ciberasedio, generando preocupación por su potencial uso para censurar críticas al gobierno estatal.
*** En Campeche, la gobernadora Layda Sansores demandó al periodista Jorge Luis González Valdez, se le vinculó a proceso y se le prohibió ejercer el periodismo. Se cerró el diario Tribuna, irónicamente fundado por su padre, el priísta cacique Carlos Sansores Pérez, quien afirmaba que él no era de Campeche, sino que “Campeche era de él”.
A lo anterior habrá que destacar la alerta que dio a conocer el senador Ricardo Anaya, quien denunció que “EL GOBIERNO QUIERE TUS DATOS BIOMÉTRICOS”.
Acusó en la red “X” que en el próximo periodo extraordinario, el Senado discutirá dictámenes que darían al gobierno acceso a los datos biométricos sin necesidad de permisos.
El panista advirtió que esta medida pone en riesgo la privacidad, los derechos ciudadanos y abre la puerta al espionaje y la persecución. “Quieren tener el control total sobre tu información personal”, advierte.
Por otra parte, en relación con el anunciado periodo extraordinario de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, se filtra la pretensión del oficialismo y sus legisladores de dar albazos en iniciativas como la de la Guardia Nacional, a la que se pretende dotar de facultades del MP y de fiscalías civiles, así como abrir la puerta a militares para ocupar puestos políticos y de elección popular, como en Venezuela e Irán.
Abraham Lincoln, conocido por su defensa de la democracia y la libertad, consideraba la libertad de expresión como un pilar fundamental para una sociedad libre y justa. Él fue quien acuñó, en uno de sus célebres discursos, que el gobierno debe ser “del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”. NO lo fue AMLO ni la 4T, que repiten como suyo ese pensamiento político.
Lincoln enfatizó la igualdad de derechos y la importancia de la participación ciudadana y la libre expresión de ideas como esenciales para la democracia. No existe democracia sin discusión y libertad de expresión. El debate de ideas y la pluralidad política enriquecen la construcción de la democracia y la sustentan.
Jesús Reyes Heroles, político e intelectual mexicano, dijo: “Lo que resiste, apoya”. Esta idea, dentro del contexto de la política mexicana, se refería a la capacidad de un sistema o institución de aceptar la crítica y la oposición, lo que a su vez fortalece su legitimidad y permanencia.
Estamos viendo y no vemos. ¿Qué está pasando en nuestro querido México? Somos mayoría los mexicanos que queremos seguir viviendo en libertad, dentro del régimen democrático constitucional que adoptamos en 1857, con la división de Poderes y reafirmamos en 1917, al consagrar libertades y derechos fundamentales en nuestra Carta Magna, entre los que destaca la libertad de expresión.
La libertad de expresión es una conquista irreversible del pueblo de México. Belisario Domínguez, uno de los grandes defensores de ese derecho fundamental de los mexicanos, pronunció un discurso memorable en el Congreso durante la Revolución Mexicana contra el dictador Victoriano Huerta, lo que motivó que fuera asesinado el 7 de octubre de 1913.
En esa ocasión manifestó: “Si cada uno de los mexicanos hiciera lo que le corresponde, la Patria estaría salvada”.
Repito, millones de mexicanos tenemos confianza en la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum para evitar que sea enterrada la democracia.
Sheinbaum Pardo ha expresado en infinidad de ocasiones que existe y apoya la libertada de expresión, que ya no estamos en el pasado cuando gobernaban los liberales. Que así sea.
***Académico y consultor.
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