La reforma despierta mucha inquietud entre empleados y empresarios * El director general del Infonavit tendrá la facultad de administrar los más de 2 billones de pesos que constituyen el ahorro de millones de obreros afiliados desde hace muchos años

MARKOFLOS

El Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) fue creado en el sexenio de Luis Echeverría Álvarez, con el objeto de administrar los ahorros de los trabajadores, destinarlos a la adquisición en propiedad de las habitaciones, mediante el otorgamiento de créditos baratos, administrado en el marco de una novedosa forma de gobierno tripartita (trabajadores, patrones y gobierno).

Desde su origen, no se había realizado una reforma de gran calado como la que ahora presenta el “flamante” director general Octavio Romero Oropeza, con el Vo.Bo. de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y, obviamente, con el aval de “YSQ”.

La propuesta ha despertado mucha inquietud tanto en el sector obrero como el empresarial que son parte de su gobierno. La polémica se ha discutido en torno a aspectos fundamentales que les preocupan: La reforma pretende excluirlos de las decisiones colegiadas del Instituto al darle todas las facultades al director general para con toda discrecionalidad decidir en forma personal aspectos importantes y delicados de la administración, fundamentalmente respecto a los más de 2 billones de pesos que constituyen el ahorro de millones de trabajadores afiliados desde hace muchos años.

En la iniciativa de reforma al Infonavit se destaca: Un mayor control del gobierno a través del director general con la intervención de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en las decisiones sobre las inversiones, incluidos los ahorros, así como regresarle la facultad al Instituto de constructora de vivienda y la regulación del arrendamiento social utilizando las cuentas individuales de los trabajadores como base de la garantía del pago de la renta.

Aún otorgándole el beneficio de la duda a la polémica reforma existen premisas muy cuestionables:

A.- Poner en manos del gobierno el gigantesco ahorro de los trabajadores, incluidos los jugosos rendimientos que genera, implica el riesgo del menoscabo del patrimonio de los trabajadores.

B.- Reasumir el rol del gobierno de constructor, que en el pasado fue un absoluto fracaso, no resulta alentador.

C.- Poner como pretexto la corrupción para esta reforma; recuerda lo que se dijo cundo se destruyó el NAIM, el Insabi y la Reforma al Poder Judicial… y es del dominio público todo lo que pasó.

D.- El director general (quizá la persona de más confianza de AMLO; desde el Gobierno del DF fue su oficial mayor), que pondrá en operación e implementará esta reforma, es quien en Pemex tuvo una gestión desastrosa, llevando a la principal empresa gubernamental a las mayores pérdidas y a la más baja producción en su historia.

La pregunta que flota en el aire es: ¿Usted (trabajador) pondría en manos de un administrador -con tales antecedentes- los ahorros de toda su vida?

Entre los casos de corrupción en el Infonavit, además de los que dio a conocer Octavio Romero, se destaca el de la empresa Telra Realty, que fue contratada por el Infonavit en 2014 -directores Penchyna y Murat- para diseñar y operar una plataforma para administrar soluciones de vivienda.

Sin embargo, la empresa no cumplió con su contrato y, en lugar de ser penalizada, recibió una indemnización de 5 mil millones de pesos.

Este pago fue autorizado por el Consejo de Administración y se benefició a la empresa que estaba conformada por cinco socios: Dos de Telra, que devolvieron 2 mil millones de pesos cuando se dieron cuenta que estaba medio chueco el asunto, pero tres se han negado a devolver 3 mil millones restantes, esos 3 mil millones andan ‘volando’.

Otro caso que ha salido a la luz es el de las viviendas inexistentes del programa Línea III del Infonavit. Se autorizaron 22 proyectos para este programa entre 2017 y 2018, pero nunca se concluyeron y presentan adeudos vencidos con el Infonavit que suman 575 millones de pesos, además de 18 desarrolladores con adeudos por 768 millones de pesos, esto como resultado de deficiencias en el seguimiento a pagos y aplicación de penalizaciones.

HAY MUCHOS PREGUNTAS EN EL AIRE

¿Acaso esta reforma acabará con la corrupción en el Infonavit, se castigará a los responsables?

¿La reforma resultará en mayores beneficios para los trabajadores? ¿El director general (agrónomo) podrá realizar una gestión exitosa?

¿Se dará la ansiada “Transformación” que llevará al Instituto a los resultados que millones de trabajadores anhelan, para contar con una vivienda digna y accesible y/o para disponer del ahorro de su vida de la forma que más le convenga?

Esperemos que el proceso de consulta parlamentaria que llevará a cabo la Cámara de Diputados, en enero de 2025, sea auténtico y que con la participación de sindicatos, empresarios, académicos y especialistas se diluciden todos los aspectos que deban considerase para la reforma que requiere el Infonavit y anhelan millones de trabajadores.

Fin al decreto emitido por AMLO * Nuestro gobierno piensa que se va a salir con la suya con las restricciones que unilateralmente puso al sector energético, beneficiando a la mala a CFE y Pemex, pero en otro panel seguramente perderemos. Le están regalando balones a Donald Trump

ADOLFO LÓPEZ MAÑÓN

Inmorales, amorales y similares.

En la familia materno-toluqueña era sabido que para casos de apuro, se podía recurrir al autleco progenitor de este menda, por habilidoso y porque no se andaba con chiquitas.

Así, una vez, su suegra, la berrinchuda abuela Virgen -la de los siete embarazos-, estaba muy enferma, hirviendo en calentura, pero se negaba a que le pusieran la serie de inyecciones que le recetó un médico porque ella solo tomaba chochitos y tecitos.

Se convocó a López Senior, se le explicó el caso y sin abrir la boca se metió a la recámara de la gordezuela viejita, la levantó de la cama con esa su fuerza de orangután, se la cruzó en las piernas, le subió el camisón, le bajó el calzón y la inyectó, sin decir “con permiso”, aunque ya devueltas a su lugar las prendas, sí dijo: -Vengo mañana –y se curó, claro, pero no le habló meses a su yerno.

PASÓ LO QUE TENÍA QUE PASAR

El viernes pasado pasó lo que iba a pasar: nuestro gobierno perdió la disputa contra Estados Unidos y Canadá, al amparo del T-MEC, sobre la prohibición del maíz amarillo genéticamente modificado para consumo humano, que emitió mediante decreto publicado el 13 de febrero de 2023, el anterior arrimado en Palacio Nacional, por sus purititos calzones, por sus creencias, por sus terquedades y su ignorancia.

Para el señor ese, que según dicen ahora vive en Palenque (se solicita información), el maíz transgénico dañaba la salud y a nuestro sacro maíz nativo, pero su decreto quedó en vacilón porque no menciona ningún análisis o evidencia científica que lo demuestre, aunque después -pero por supuesto- sus subordinados, empleados besa-manos y algunos queda-bien, dieron “sustento científico” a la puntada presidencial. Hicimos el ridículo.

El decreto cuatrotero afectaba las multimillonarias ventas de EU y Canadá, de maíz transgénico, a México. Nuestros socios en el T-MEC pidieron explicaciones y aclaraciones, porque la palabra del mesías de Palacio no les parecía la del Dr. Pasteur. Oídas que fueron las necedades, disparates y mentiras de nuestras autoridades, recurrieron al panel de controversia.

Eso del panel de controversia es cosa seria. En este caso se integró por siete personas de las que una lo presidió. Los países involucrados en la controversia se pueden poner de acuerdo para elegir al presidente del panel; si no lo hacen, se sortea qué país elegirá al presidente. Ya nombrado, cada país elige a dos panelistas de nacionalidad diferente a la propia. Pareja la cosa.

Perdimos en el panel por falta de sustento científico; hicimos un papelón. Ya ni modo. Los productores de EU y Canadá podrán reanudar sus exportaciones de maíz modificado a México.

La solución obvia sería que no necesitáramos importar maíz, pero eso es una ilusión. Nada más el año pasado el 56% de lo que se consumió fue importado, según la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA).

Lo triste es que el sector agrícola fue abandonado en el anterior sexenio y creció nuestro déficit en producción de alimentos. La Austeridad Republicana pasa factura. Se puede remediar… se podría remediar.

Ahora falta que si nuestro gobierno sigue creyendo que se va a salir con la suya con las restricciones que unilateralmente puso al sector energético, beneficiando a la mala a CFE y Pemex, nos lleven a otro panel que otra vez perderemos. Le están regalando balones al tal Trump.

Como sea, hay algo muy interesante. La Secretaría de Economía, a cargo de la excorcholata Ebrard, ya sabiendo cuál fue el fallo del panel sobre el maíz, emitió un comunicado diciendo que no está de acuerdo, pero que va a respetar lo resuelto (ni modo que no) y añadió:

“El Gobierno de México reitera su compromiso de proteger valores fundamentales como la salud, la moral pública, la conservación de los recursos naturales, la cultura de la población mexicana y los derechos de los pueblos indígenas (…)”.

Vuélvalo a leer, despacito… sí, sí dice que el gobierno tiene el compromiso de proteger la moral pública. Moral y maíz. ¡Vaya!

Esas cosas se dicen cuando los funcionarios son loros que repiten frases porque suenan bien, porque acomodan al discurso en boga y en el caso de los cuatroteros -de algunos, tampoco todos-, porque sí creen que tienen autoridad para entrometerse en todo, incluida la moral.

La moral no es campo en el que ningún gobierno pueda intervenir. La moral es el conjunto de las normas que regulan el comportamiento de los que integran la comunidad, conforme a sus costumbres, su religión… su cultura, pues.

Es la ética lo que toca a los gobernantes, entendida como el conjunto de normas (leyes y reglamentos), cuyo objeto es proteger a los individuos de cada sociedad, proteger su vida, su libertad, su propiedad, sus derechos. La ética busca verdades o principios racionales de validez general del todo independientes de la moral de los individuos de cada sociedad, de cada cultura.

Así, no es tan raro que se contrapongan moral y ética. Por ejemplo: En Sicilia la ‘vendetta’ es la venganza que se acostumbra de parte de los integrantes de una familia o un clan, sobre de cualquier integrante de la familia o el clan, al que pertenezca el que cometió un agravio; alguien cometió un asesinato y en venganza matan a cualquiera de su familia o de su pueblo. Eso no lo permite la ética, la norma legal y la autoridad interviene para castigar al que cometió el primer homicidio y también al que ejerció la ‘vendetta’.

A los gobiernos toca eso, la ética y por eso, juran solemnemente cumplir y hacer cumplir las leyes (no se ría, no sea así), nada más, nada menos. Es la ética pública lo de su responsabilidad, hacer imperar la ley bajo los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia.

Los gobiernos no pueden meterse en la moral. No deben ni opinar sobre lo que los individuos consideren una falta al comportamiento aceptado en la sociedad o el sentido del pecado conforme a su religión.

Por supuesto, lo deseable es que los gobernantes tengan moral… bueno, que cuando menos no sean inmorales, amorales y similares.

Este lunes 23 de diciembre el pleno del Congreso capitalino analizará el dictamen aprobado en Comisiones * A lo largo de su carrera, ha ocupado varios cargos importantes en la administración pública, destacándose por su capacidad de liderazgo y su experiencia en el ámbito jurídico y de justicia

ILDEFONSO PEREYRA

Con nueve votos a favor y tres en contra, la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso local aprobó el proyecto de dictamen en el que se propone a Bertha María Alcalde Luján como titular de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México (CDMX) para un periodo de cuatro años a partir del próximo 10 de enero.

Al reanudar los trabajos del órgano dictaminador, su presidente Alberto Martínez Urincho explicó que el sentido del dictamen se elaboró a partir de los resultados de las cédulas de evaluación de las personas que integraron la terna, quienes fueron entrevistadas por los legisladores el pasado jueves.

Éste se aprobó sin discusión con nueve votos a favor de Morena, Movimiento Ciudadano, PRD y asociaciones parlamentarias y tres en contra de los diputados del PAN, quienes anticiparon, sin embargo, que argumentarán su posición en contra del dictamen en el pleno.

El diputado de Movimiento Ciudadano (MC), Royfid Torre González, justificó que en su evaluación favoreció a Alcalde Luján, no por el vínculo familiar con quien preside al partido en el Gobierno, sino por su trayectoria y por su proyecto para el organismo en temas como prisión preventiva, justicia restaurativa y atención a las víctimas.

¿QUIÉN ES BERTHA MARÍA ALCALDE LUJAN?

Bertha Alcalde Luján es una abogada con especialización en Derecho Penal, conocida por su trabajo en diversas instituciones gubernamentales. A lo largo de su carrera, ha ocupado varios cargos importantes en la administración pública, destacándose por su capacidad de liderazgo y su experiencia en el ámbito jurídico y de justicia.

Entre sus cargos previos, destaca su paso por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, donde se desempeñó como abogada general y jefa de oficina entre 2018 y 2020.

También fue comisionada de Operación Sanitaria en la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) en 2021, y titular del ISSSTE de febrero a octubre de 2024, bajo el gobierno de Claudia Sheinbaum.

Además, Bertha Alcalde fue finalista en la contienda para la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) en 2023, aunque el cargo fue otorgado a Guadalupe Taddei.

Su hermana, Luisa María Alcalde, ha ocupado cargos destacados como titular de la Secretaría del Trabajo y la Secretaría de Gobernación.

Su madre, Bertha Luján Uranga, también ha tenido un papel cercano al expresidente Andrés Manuel López Obrador desde sus tiempos como jefe de Gobierno del Distrito Federal.