Vamos a sanear la CFE: AMLO

Ya no verán a México como tierra de conquista, expresa el Presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia mañanera de este lunes

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El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que, con las políticas privatizadoras del pasado, que entregaron parte importante del mercado a empresas particulares, se vino dando un deterioro de la CFE, “y todo esto afecta a los mexicanos, porque se tiene que pagar más por la luz desde que se inició esta política privatizadora”.

“En el caso de la CFE, era una empresa exitosa, se generaba toda la energía eléctrica que consumíamos y ahora genera la mitad de lo que se consume. Son empresas particulares las que abastecen el mercado con costos muy elevados.


“México es de los países que tiene que pagar más cara la energía eléctrica, pagamos más en México por la energía eléctrica que Estados Unidos y no era así. ¿Qué ha sucedido?, se han hecho negocios jugosos al amparo del poder público, se han celebrado contratos leoninos, contratos para favorecer a particulares”, afirmó López Obrador.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, detalló que con las políticas energéticas aplicadas en el pasado se debilitó a este sector, por lo que se implementa un plan para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y, en el marco de la ley, se revisarán los contratos que puedan resultar contrarios al interés nacional.

Acompañado por el director general de la CFE, Manuel Bartlett, indicó: “Lo que estamos buscando es que se logre, en el marco de la ley, una reestructuración de acuerdos y compromisos de manera voluntaria; estamos exhortando a las empresas que tienen acuerdos con la Comisión Federal de Electricidad para que conjuntamente celebremos un convenio, se revisen contratos y, sobre todo, se haga el acuerdo de que no van a aumentar los precios de la energía eléctrica”.

Reiteró el compromiso del Estado Mexicano para no aumentar los precios de la energía eléctrica a los consumidores, “pero queremos que las empresas particulares ayuden en este propósito; de ninguna manera se va a hacer por la fuerza, queremos que sea una participación voluntaria”.

“Lo que queremos es convencerlos para que se logre una negociación favorable a los ciudadanos, porque son prácticas que en ningún lugar del mundo se llevan a cabo”, precisó, y confió en que éstas se encuentran abiertas al diálogo.

Señaló que también es un compromiso el no hacer alguna reforma y no se tomará alguna medida que sirva de pretexto para crear nerviosismo, al final será decisión de las empresas, aunque la administración federal buscará la forma de fortalecer a la CFE.

Confió en que sean empresas responsables, que entiendan la situación por la que atraviesa el país y “que nos ayuden a sacar adelante a México, que nos ayuden a enfrentar la crisis que produjo la política neoliberal”.

Puntualizó que en México se quiere que haya inversión privada tanto nacional como extranjera, pero también se desea que las empresas internacionales actúen con dimensión ética, por lo que expuso que una compañía contrató a un ex presidente, lo que resulta inmoral, e incluso esto no puede hacerse en otros países, por lo que enfatizó: “México no es ya tierra de conquista, eso se termina”.

López Obrador aseguró que se mantendrán buenas relaciones con todos los gobiernos y sus pueblos, y se cuidarán las relaciones comerciales que se tengan.

Subrayó que se han entregado contratos a particulares para ductos en donde la CFE es la garante de la compra del gas, “pero no sólo eso, si los ductos no se pueden construir, como está sucediendo en siete grandes gasoductos, se tienen que estar pagando a las empresas aunque no haya gas; hay siete gasoductos parados que van a significar una erogación para el mediano plazo de 21 mil millones de dólares”.

Explicó que a esta situación se debe agregar que se subsidia a las empresas particulares, porque no pagan por el servicio de la transmisión de la energía, “y hay que pagarles subsidio por un concepto que se llama cargo fijo”.

Manifestó que todo esto afectó a las finanzas de la CFE y en donde han participado ex funcionarios del sector energético, que además, algunos han incurrido en “la práctica totalmente inmoral de que los funcionarios terminan su desempeño en el sector público y se pasan a trabajar a las empresas que reciben contratos”.

Adelantó que se contempla proponer un ordenamiento legal que impida a los servidores públicos trabajar por un periodo determinado a partir del término de su encargo en empresas del ramo relacionado con el puesto que desempeñaron.

Dijo que este plan también contempla la modernización de plantas hidroeléctricas para hacerlas más eficientes y, de esta manera, avanzar en la competencia dentro de un mundo globalizado, al no tener que pagar más por los consumos en la industria nacional.

Hizo hincapié en que ahora el gran cambio que se busca en México es el de separar el poder económico del político, “porque nos ha hecho mucho daño que el poder económico y el político se alimenten y se nutran mutuamente”.

El Mandatario agregó que conforme se vaya rescatando tanto la industria eléctrica como la petrolera, comenzarán a bajar los costos con el objetivo de ser competitivos en el mercado mundial, y en eso contribuirá la construcción de una nueva refinería y la modernización de las existentes.

Anunció que presentará ternas, tanto para el Consejo de la Comisión Reguladora de Energía como para el Consejo de Pemex y para la Comisión Nacional de Hidrocarburos.

El Mandatario afirmó que el ex presidente Felipe Calderón está en su derecho de exponer sus puntos de vista; sin embargo, pidió que se traten estos asuntos, que tienen que ver con el interés público, sin enojos, sin pelea, con respeto, con urbanidad política, para poder dialogar.

 

EX FUNCIONARIOS PÚBLICOS DEBILITARON A LA CFE, DENUNCIA MANUEL BARTLETT

El director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz, denunció que ex funcionarios públicos de diferentes etapas del gobierno mexicano que trabajan para las empresas particulares, generaron que la empresa se debilitara y hoy produzca la mitad de la energía que se consume en el país.

Afirmó que diversos ex funcionarios han caído en un “absoluto conflicto de intereses” al favorecer a las empresas privadas.

Entre ellos mencionó a José María Córdoba Montoya, quien tiene participación en el negocio eléctrico, y Jesús Reyes Heroles González Garza, ex secretario de Energía y ex director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), quien participa en grandes empresas y consejos consultivos de energía.

Otros son Carlos Ruiz Sacristán, ex titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), quien es presidente y director general de una empresa que tiene que ver con actividades de generación de electricidad; Luis Téllez Kuenzler, ex secretario de Energía y ex titular de la SCT, quien funge como asesor en empresas extranjeras que proporcionan supuestamente servicios de energías limpias.

Alfredo Elías Ayub, ex director general de la CFE, quien es consejero independiente vinculado a empresas extranjeras; el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa, que es consejero independiente de una empresa extranjera, y Georgina Kessel Martínez, ex secretaria de Energía y ahora consejera y directora de otra empresa privada ligada al sector energético.

También Jordy Herrera Flores, consultor de energía que ha trabajado en diversas actividades de empresas de generación privadas; Alejandro Fleming, quien ahora es miembro de los consejos de Iberdrola México, así como Pedro Aspe Armella, quien fue secretario de Hacienda de 1988 a 1994.

Abundó que “en este modelo neoliberal han participado funcionarios de diferentes etapas del gobierno mexicano, con lo que se crea una combinación entre los sectores privados y estas antiguas autoridades, que ha generado que en unos cuantos años la Comisión Federal de Electricidad se haya reducido a una empresa que genera nada más 50 por ciento de la energía que se consume”.

Bartlett Díaz explicó, en entrevista, que existen “siete gasoductos que están detenidos y que son de las empresas que yo dije, esos son los que necesariamente hay que renegociar” y reveló que “las empresas propietarias de los ductos que están detenidos son: Carso, IEnova y TransCanada”.

Explicó que lo que sucedió, es que se “firman contratos realmente leoninos, que establecen que los consultores privados tienen que pagar todo el tránsito para la construcción de estos ductos”.

Agregó que en dichos contratos, firmados durante la pasada administración, se dice también “que cualquier causa de fuerza mayor que impida a esa empresa continuar la construcción, obliga a la CFE a pagar una pena como si estuviera recibiendo el gas, sin recibirlo”.

Por lo que “los contratos establecen que como es un caso fortuito y de fuerza mayor, lo interpretan que el que tiene que pagar es la CFE, entonces han venido estableciendo unos pagos, cinco mil millones, que van creciendo sin que recibamos el gas”, dijo.

De manera que, “de continuarse esos contratos, la CFE está en una posición realmente de quiebra, por lo que es necesario hacer una revisión para que se establezca una equidad y no se paguen unos gastos verdaderamente exorbitantes”, subrayó el funcionario.

Enfatizó que se buscará las reuniones con las empresas a la brevedad, para realizar una negociación formal y “plantear que cada uno de esos contratos son leoninos y queremos discutirlos”, en caso de no tener una respuesta favorable, se buscarían los caminos legales correspondientes.

 

MORENA PLANTEA PROHIBICIÓN DE 10 AÑOS PARA QUE EX FUNCIONARIOS NO TRABAJEN EN IP

La bancada del Movimiento Regeneración Nacional intentará convertir en ley que un ex funcionario no pueda trabajar en la iniciativa privada hasta 10 años después de que haya concluido su cargo.

Actualmente, los ex funcionarios pueden trabajar en empresas un año después de que se termina su encargo público y aún poseen información privilegiada.

Mario Delgado, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, indicó que no se le puede prohibir a un ex funcionario que trabaje en la iniciativa privada, pero sí que utilice información privilegiada.

“No se le puede prohibir a un ex servidor público trabajar en alguna empresa privada, pero sí debemos estar seguros de que la información privilegiada a la que tuvo acceso no pueda ser utilizada por él o por la empresa que lo contrata para tener ventaja”.

“Creo que entre seis y diez años esa información perdería su vigencia y podríamos pensar en que ya el ex servidor público pueda trabajar en una empresa cuando estamos hablando del mismo sector, para que no haya conflicto de interés”.

Indicó que así evitarán que ex funcionarios se aprovechen de la información y que la pongan al servicio de las empresas.

 

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