Suprema Corte cómplice de violaciones constitucionales

Insostenible que aduzca no tener facultades para intervenir en una falta grave a la Carta Magna

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El pasado 4 de julio protestaron como magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas los licenciados José Luis Ruiz Rodríguez y Jacobo Alejandro Curi Álvarez.  El procedimiento para nombrar magistrados involucra a los tres poderes del estado, exactamente igual como sucede con la nominación de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En el caso de las entidades federativas, el gobernador propone a los magistrados ante el Congreso del estado, este aprueba la designación y, finalmente, da vista al titular del Poder Judicial para que el Consejo de la Judicatura haga la adscripción ante la Sala Regional correspondiente.


Es evidente que los magistrados Ruiz Rodríguez y Curi Álvarez cumplían, a cabalidad, los requisitos del artículo 76 de la Constitución de Chiapas, y 116 de la República, entre otros, tener 35 años, antigüedad mínima de 10 años con título y cédula profesional de licenciado en derecho, y, desde luego, gozar de buena reputación, aun cuando más de un magistrado es famoso por sus excesos en el ejercicio impune de la corrupción.

La propuesta del gobernador Manuel Velasco Coello fue avalada, en términos elogiosos, por el presidente de la Comisión Permanente, William Oswaldo Ochoa Gallegos.  Los siete diputados de la comisión aprobaron, por unanimidad de votos, la designación y Ochoa Gallegos hizo un extenso reconocimiento del magistrado Ruiz Rodríguez cuando estuvo al frente de la Secretaría de Servicios Parlamentarios del propio Congreso del estado.

Del ciudadano Jacobo Curi, sus méritos para aspirar a juzgador de segunda instancia resultaban incuestionables.  Así quedó de manifiesto desde su paso como coordinador de Visitaduría de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y secretario ejecutivo de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral, entre otros cargos relevantes.

Sin embargo, ninguno de los dos magistrados –Ruiz Rodríguez y Curi Álvarez- asumió la magistratura conferida. ¿De quién es, pues, la responsabilidad de que los dos nuevos magistrados, hoy, no se encuentren en funciones? Si la omisión es atribuible a ellos mismos, entonces incurren en violaciones graves a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y son sujetos de juicio político por negarse a desempeñar el cargo por el cual protestaron guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanan.

El artículo 5 de la Carta Magna considera como obligatorio el desempeño de los cargos públicos “de elección popular directa e indirecta”. En consonancia con este dispositivo constitucional, el artículo 36 del propio ordenamiento establece: “Son obligaciones del ciudadano de la República desempeñar los cargos de elección popular de la Federación o de los estados, que en ningún caso serán gratuitos”.

El mandato constitucional es insalvable.  El nombramiento de un magistrado del Tribunal Superior de Justicia es de elección popular indirecta, irrenunciable, y obligatorio su desempeño.  Así queda de manifiesto en el artículo 116 de la Carta Magna: “Los magistrados integrantes de los poderes judiciales de los estados sólo podrán ser privados de sus puestos en los términos que determinen las constituciones y las leyes de responsabilidades de los servidores públicos de los estados”.

Al respecto, el artículo 110 de la Constitución del estado de Chiapas establece como causales de destitución del cargo violaciones graves a la ley suprema local y a la Carta Magna por afectar de manera significativa la buena marcha de los intereses públicos fundamentales.

En el caso de Ruiz Rodríguez y Curi Álvarez, nada hubo que los hiciera candidatos a juicio político, puesto que ni siquiera llegaron a tomar posesión.  Bajo esta inédita circunstancia, ello sienta un precedente funesto en la historia de la administración de justicia en Chiapas.   Es la primera y única vez que dos magistrados son propuestos, nombrados y no asumen la función que por ley estaban obligados a desempeñar.

Es evidente que a ambos magistrados se les “conminó” a desistirse de su propósito de ejercer su alta encomienda en la Judicatura del estado.  Por los antecedentes de este affaire judicial, el único que pudo haber convencido a los hoy simples ciudadanos es el gobernador Manuel Velasco Coello, quien primero propuso a los magistrados y después retrocedió en la decisión que afecta la buena marcha del Poder Judicial, pero también existe la versión extraoficial que corre por los entresijos de la política en Chiapas.

Se sabe que el más formidable opositor al nombramiento de los fugaces magistrados resulta ser el “gobernador electo”, Rutilio Escandón Cadenas, bajo el inadmisible argumento de que Curi Álvarez fue colaborador de Fernando Castellanos Cal y Mayor, candidato por el Partido Verde a la gubernatura de Chiapas y, por tanto –según Escandón-, “cercano a uno que fue mi contendiente”.

Así, a sus pasivos personales, políticos y jurídicos se suma a Rutilio el del autoritarismo.  Con ello transgrede, además, una decisión soberana de la representación popular, aun cuando ni siquiera es gobernador en funciones y pone en duda el compromiso reiterado permanentemente de López Obrador: “Seré respetuoso de la división de poderes”; además, lo malo es que contrario a su interferencia con dos magistrados constitucional y legítimamente nombrados, cuando cursó como presidente del Tribunal Superior de Justicia fue consecuente con la designación anticonstitucional de magistrados y consejeros.  Fue omiso para objetar el nombramiento de la todavía magistrada Mirna Camacho Pedrero e igualmente avaló la decisión del presidente del Congreso, Eduardo Ramírez Aguilar, para nombrar consejero del Consejo de la Judicatura a Octavio García Macías, quien ofendió al Poder Judicial al dejar en menos de un año el cargo y postularse como candidato a diputado federal.

Rutilio Escandón también presentó un proyecto para ratificar como magistrado del Tribunal Constitucional al licenciado Mario Antonio Ruiz Coutiño a pesar de que, en el 2008, el bandido de Juan Sabines Guerrero le otorgó un nombramiento espurio cuando tenía 34 años, y 6 años con la cédula profesional, en tanto que las constituciones federal y la de Chiapas exigen 35 años de edad y 10 con cédula profesional.

En el asunto de los nombramientos inconstitucionales, la Suprema Corte de Justicia de la Nación también tiene su cuota de complicidad.  El 21 de abril de 2017, el autor de esta columna pidió la intervención del máximo órgano jurisdiccional del país para devolver su vigencia a la Carta Magna, puesto que la presencia de los funcionarios judiciales de Chiapas violaba y viola el artículo 116 y el pacto federal contenido en el artículo 40 de la ley fundamental de la República. La respuesta de la Suprema Corte resultó insostenible al determinar no tener facultades para intervenir en una violación grave a la Constitución.  Lamentable.  Ampliaremos…

 

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