Rutilio Escandón gobernará con los mejores: Molina Farro

Evidente improvisación en plan general de gobierno

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Con una alocución de antología, el economista José Antonio Molina Farro, coordinador general del plan de gobierno del “gobernador electo” de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, definió, en abstracto, el perfil de los futuros colaboradores en el gabinete legal y ampliado: “El equipo que rodea a un gobernante es el fiel reflejo de su propia personalidad”.

El pronunciamiento del aspirante a rector de la Universidad Autónoma de Chiapas no pudo ser más desafortunado. Lo que quiso presentar como fortaleza institucional del mandatario en ciernes exhibió la debilidad de Escandón Cadenas respecto del equipo de trabajo que lo ha acompañado, durante los últimos cinco años, como presidente del Tribunal Superior de Justicia.


Más adelante, el mismo Molina Farro, en entrevista concedida al diario “Ultimátum”, repitió su premonición para adelantar que “Rutilio gobernará con lo mejor para cumplirle a Chiapas”. Y sin regateos aseveró: “Buscará a los mejores; va a gobernar con los mejores.  Estamos en presencia de una persona distinta, que ha sabido reivindicar la historia”. Lo extraño es que en sus dos pronunciamientos no hizo, siquiera, una insinuación de quién o quiénes son los mejores para hacer de Chiapas un estado particularmente progresista a partir del próximo 8 de diciembre y si, en verdad, Rutilio “ha reivindicado la política”.

Por lo pronto, y a un mes de la toma de protesta, no se ve en el horizonte la calidad ética, moral y profesional que Molina Farro presupone como colaboradores del próximo gobernador. Por el contrario, del equipo de transición se advierte la presencia de personajes impresentables que, por sus actos detestables, ganaron mala fama cuando cursaron como colaboradores del “gobernador electo” en el Poder Judicial del estado de Chiapas.

El miembro más conspicuo de esa banda judicial fue Ismael Brito Mazariegos, secretario particular del Rutilio Escandón.  Se convirtió en práctica común de Brito Mazariegos tratar de inducir el sentido de las sentencias para presionar a jueces y magistrados.  Hoy, Brito, por su responsabilidad dentro del equipo de transición, se perfila como secretario de Gobierno.

El “doctor” Javier Jiménez Jiménez fue el oficial mayor responsable de cancelar los bonos semestrales a jueces y magistrados con el desgastado pretexto de que la Secretaría de Hacienda había determinado reducciones presupuestales cuando los gastos publicitarios del entonces aspirante a la gubernatura, Rutilio Escandón, iban en aumento. Por esos méritos en campaña, a Jiménez Jiménez ya se le presenta como el futuro secretario de Hacienda, para cuidar los dineros públicos en beneficio del grupo compacto escandonista.

César Amín Aguilar Tejada, director de Visitaduría del Tribunal Superior de Justicia, se perfila como el Consejero Jurídico del gobierno del estado. Con 25 años de fatídica trayectoria dentro del Poder Judicial, hizo buena dupla con Ismael Brito en eso de amenazar a juzgadores para dictar sentencias a modo.

Sin embargo, hoy sólo una mención.  Al magistrado de la Sala de San Cristóbal, Pedro Raúl López Hernández, le “sugirió” dictar una sentencia a su gusto y convenientemente remunerada. Sólo que no esperó la respuesta de López Hernández. “Claro que sí, magistrado; emitiré la sentencia como usted quiere, pero usted la firma”. Y ahí terminaron los intentos corruptos del indeseable magistrado Aguilar Tejada.  Se olvidó de que López Hernández reivindicó la dignidad de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en el gobierno represor de Pablo Salazar.

David Montero Montero es otro de los que se apuntan para el gabinete rutilista. Jefe de seguridad interna del Tribunal Superior de Justicia durante la presidencia de Rutilio Escandón, asegura que va como secretario de Seguridad Pública en cuanto su amigo (sic) Escandón Cadenas proteste como gobernador.  Independientemente de que no es chiapaneco, se le relaciona con la brigada blanca que perpetró la masacre de Tlatelolco en octubre de 1968, así que si ya tiene la cartera de Seguridad Pública, deberá aclarar si es cierta la versión que lo relaciona con la Plaza de las Tres Culturas.

Famoso por su mapachería electoral, su ignorancia y su marcada propensión a la corrupción, Amador Rodríguez Lozano se encuentra entre los prospectos para convertirse en el próximo Fiscal General del Estado.  Ministro de Justicia durante el gobierno del mayor ladrón en la historia de Chiapas, Juan Sabines Guerrero, se volvió famoso cuando presumió de la incautación de 2 toneladas de cocaína, luego, y casi inmediatamente, convertidos en lactosa sin mayor explicación.

Como “jurista” se atrevió a hacer el comentario a los artículos 45, 46, 47 y 48 de la Constitución Federal en una edición patrocinada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.  Se infiere que algún amanuense se las redactó cuando es evidente su escasa cultura histórica y jurídica.

Queda para la historia legislativa de Chiapas al confundir a Benito Juárez con Antonio López de Santa Anna y una república federalista con una centralista al asegurar que el Ministerio de Justicia es una figura juarista cuando Santa Anna es su creador.

Amador Rodríguez es el mismo que al punto del llanto, y casi de rodillas, pidió al secretario de Gobernación, Jorge Carpizo, interviniera ante el presidente Carlos Salinas para que el candidato Ernesto Zedillo no le cancelara la candidatura a senador por Baja California.

Sin embargo, Molina Farro, durante su exhaustiva entrevista, incurre en varias imprecisiones. Asegura que en la implementación del plan “deberán tomarse en cuenta todas las voces que expresan sus reclamos y el sentir generalizado” en foros realizados en Tapachula, San Cristóbal, Comitán, Palenque y Tuxtla, “como parte de un hecho histórico, pues no se había llevado a cabo una consulta como tal para los ciudadanos”.

Molina Farro cae en el viejo esquema de que desde la cúpula se sustituye el sentir y las necesidades de la población.  Los foros de consulta se iniciaron apenas a finales del mes de septiembre y tan sólo un mes después, el 29 de octubre, se anuncia su conclusión. Se evidencia, entonces, la improvisación en la elaboración del plan y se recurre al raciocinio y al ejercicio académico planteado desde una mesa en lugar de que la experiencia y las verdaderas necesidades sociales se conviertan en guía de cómo van a resolverse los problemas más ingentes de Chiapas.

Las técnicas de planeación son instrumentos muy depurados de la economía que no pueden ni deben hacerse en tiempo y plazos en extremo reducidos.  Un plan de gobierno contiene únicamente líneas generales de lo que se pretende, pero aterriza en concreto cuando se adiciona con planes sectoriales, regionales e institucionales, y se prevén los tiempos de lo que se va a hacer y alcanzar en el corto, mediano y largo plazos, y su interrelación entre cada uno de ellos.  Basta señalar, por ejemplo, cómo el sector comunicaciones y transportes influye y se complementa con los de salud, educación, producción, empleo y construcción de vivienda.  Hasta hoy no hay una explicación al respecto y, más bien, se percibe una relación de obras aisladas muy alejadas de un plan y sin que se advierta un cambio sustancial en la estructura económica y social del estado.

Sin embargo, habrá que esperar la presentación del plan 2018-2024 para opinar con mayor precisión al respecto.  Ampliaremos…

 

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