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Comisión Federal de Electricidad, nido de corrupción

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Dirigida por uno de los políticos más polémicos de México * El argumento infinidad de veces esgrimido por esa dependencia, que presume ser de clase mundial, es que el medidor fue alterado, que se le encontró el famoso diablo y que con el pasar de los meses la cuenta por saldar asciende a miles de pesos… ¡la extorsión en su máxima expresión!

 

ALFREDO IBÁÑEZ

 

En verdadero nido de corrupción está convertida la Comisión Federal de Electricidad, instancia que preside uno de los políticos más polémicos de México, el ex priísta y ahora cobijado en las filas de Morena, Manuel Bartlett Díaz.

Las quejas y denuncias por cobros injustificados se cuentan por miles a nivel nacional; los usuarios se enfrentan a una verdadera mafia, pues lejos de resolver sus problemas los amenazan con proceder jurídicamente en su contra por presuntamente robarse el energético.

Lo indignante es que lejos de buscar una solución, imponen sus condiciones y terminan por quitarle la luz a los quejosos, sin importarles que en sus casas haya enfermos, los cuales en algunas ocasiones refrigeran algunos medicamentos, como son los propios para el tratamiento de la diabetes.

Con sus medidas arbitrarias también afectan a estudiantes, que hoy más que nunca requieren de la luz para sus actividades escolares, amén de ser los responsables de que las familias pierdan sus alimentos que requieren refrigeración.

Dentro de las prácticas más recurrentes que ejerce la CFE es imponer cobros excesivos por consumos inexistentes, los cuales van de los 5 mil pesos, 15 mil pesos, 30 mil pesos y hasta 50 mil pesos en viviendas modestas, en las que muchas veces apenas cuentan con dos o tres focos. En suma, se ensañan con las familias pobres.

El argumento infinidad de veces esgrimido por esa dependencia, que presume ser de clase mundial, es que el medidor fue alterado, que se le encontró el famoso diablo y que con el pasar de los meses la cuenta por saldar asciende a miles de pesos.

Usuarios denunciantes del Estado de México sostuvieron que todos los días trabajadores de esa dependencia recorren las calles y sin motivo alguno revisan o alteran o cambian los medidores, y máximo en el siguiente bimestre en el recibo de luz se reflejan pagos exorbitantes, comparados con los 300 o hasta 500 pesos que generalmente liquidan.

Está comprobado que el servicio que brinda esa dependencia es pésimo, los apagones en diversos estados del país han evidenciado su incompetencia.

 

EL MODUS OPERANDI

Pues bien, a esa ineptitud se suma la práctica recurrente de robar dinero a los usuarios. ¿Cómo es posible que impongan multas o tarifas exorbitantes, sin antes haber comprobado que efectivamente el usuario hizo mal uso del servicio? La incógnita es quién decidió el monto establecido y bajo qué criterio. Además, por qué jamás han sido notificados los presuntos deudores.

Ese es otro tema que denuncian los afectados, los cuales advierten que se enteran del presunto adeudo porque les quitan la luz, y al momento de reportarlo les notifican que deben miles de pesos.

Es una deuda que no se refleja en el recibo, el mismo que al presentarlo ante los cajeros de la CFE tampoco indica que se deba algo. Son los empleados de esa dependencia los encargados de dar a conocer el hipotético déficit.

Sin duda el objetivo de esa dependencia no es dar un servicio justo y de calidad, al contrario, su meta es recaudar millones de pesos a expensas de los clientes.

 

EXTORSIÓN AL POR MAYOR

La CFE está convertida en una instancia de extorsión, donde literalmente le bajan el suich al consumidor para obligarlo a que entregue cierta cantidad de dinero por un consumo que jamás realizó y que tampoco le comprueban haya hecho.

Los empleados, los que dan la cara, los que salen a las calles y revisan y quitan medidores no se mandan solos, reciben órdenes de sus superiores.

Cómo podría explicarse que -pese a las miles de denuncias y quejas que se interponen ante la Profeco y la Comisión Nacional de Derechos Humanos- esa práctica no termina, caso contrario, se consolida.

Quién no recuerda la queja que interpuso la Red Nacional de Resistencia Civil, el cual expuso que usuarios de 9 estados fueron afectados en sus derechos, toda vez que la CFE les hizo llegar sus recibos con montos de hasta 300 mil pesos. Un verdadero robo.

Hoy la CFE se significa por imponer cobros indebidos y excesivos, por amenazar, acosar y hostigar a los consumidores, por abrir los medidores sin razón alguna, por instalar medidores digitales sin el consentimiento del usuario, por recurrir a la fuerza pública y acudir a los domicilios para intimidar a las familias, sin olvidar el corte de luz.

Esto es una parte del rostro de la 4T.

 

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Sheinbaum, por la pacificación del país

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Omar García Harfuch, personaje clave * La Presidenta busca resolver un problema “que rebasó al gobierno de Andrés Manuel López Obrador”

 

ALFREDO IBÁÑEZ

 

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo inició su gobierno con un discurso en el que destacó su interés en el tema de seguridad, uno de los grandes pendientes que dejó su antecesor, Andrés Manuel López Obrador.

Se comprometió a garantizar la disminución de los delitos de alto impacto y a que no regrese la irresponsable guerra contra el narco, como lo hizo el expresidente del PAN, Felipe Calderón Hinojosa, sexenio en el que de manera oficial se contabilizaron 120 mil 463 asesinatos.

Ante miles de personas que se congregaron y la arroparon en el Zócalo capitalino dijo: “Estamos consolidando la estrategia, que consiste en cuatro ejes: atención a las causas, fortalecimiento de la Guardia Nacional, inteligencia e investigación y coordinación”.

Hizo hincapié en rescatar a los jóvenes que son presa de la delincuencia organizada y aclaró que poner atención a las causas significa garantizar el derecho a la educación, vivienda, trabajo digno de las y los jóvenes del país.

Resaltó el controvertido tema de la Guardia Nacional, el cual fue ampliamente rechazado por los partidos de oposición, ante el presunto riesgo de militarizar al país.

Tras recordar que ya fue aprobada la reforma constitucional para que forme parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), añadió que para aquellos que critican que eso es militarización, (es) falso, en el país no hay estado de excepción, no hay violaciones a los derechos humanos.

Lo que hay ahora con la Cuarta Transformación, continuó, es más democracia, más libertades y un verdadero Estado de Derecho que vamos a construir con el cambio en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Poder Judicial.

La primera presidenta en la vida del país ponderó uno de los cuatro ejes de la estrategia para combatir la inseguridad, para pacificar al país: la coordinación.

Coordinación con los estados, con los municipios, con el Ministerio Público. En ese rubro se refirió a la Fiscalía General de la República (FGR), que preside Alejandro Gertz Manero, y reiteró que en su autonomía no significa que deje la coordinación.

Sheinbaum Pardo ha mostrado marcado interés en trabajar de manera estrecha con la FGR, dependencia que se mantuvo distante del gobierno anterior y que ahora ha dado visos de armonizar con la nueva administración. Por lo pronto, a las reuniones matutinas del gabinete de seguridad se sumó un representante de esa dependencia.

En la estrategia del nuevo gobierno para mejorar la seguridad en el país, la FGR juega un papel trascendental, los primeros pasos están dados, la coordinación va.

 

GARCÍA HARFUCH, PERSONAJE VITAL

La Primera Mandataria Sheinbaum busca resolver un problema “que rebasó al gobierno de Andrés Manuel López Obrador” y para eso también cuenta con un personaje clave, Omar García Harfuch, el nuevo secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana.

García Harfuch planea un enfoque novedoso basado en un “nuevo andamiaje institucional” y la consolidación de áreas dispersas para contrarrestar el crimen organizado.

García Harfuch ha buscado establecer una “buena coordinación” con los nuevos titulares de la Defensa y la Marina, generando respuestas positivas y también la coordinación jugará un papel importante para dar grandes resultados y lograr la pacificación en el país.

García Harfuch debe “administrar las expectativas” y cambiar la percepción pública para que la ciudadanía recupere la confianza.

Sin duda que una “captura de alto impacto” podría revitalizar el ánimo y demostrar que Sheinbaum se toma en serio la lucha contra el crimen organizado.

 

EN VERACRUZ Y EL ESTADO DE MÉXICO OPERAN CÁRTELES INMOBILIARIOS

En Veracruz el gobierno estatal hace oídos sordos a los reclamos de vecinos de Zoncuantla, municipio de Coatepec, quienes han denunciado la construcción de una plaza comercial, la cual pretende abastecerse de agua del manantial Ojo de Agua.

De acuerdo con los denunciantes, la edificación no cuenta con las licencias requeridas, sin embargo, ese no es obstáculo para que continúe con los trabajos, como es el tendido de la red hidráulica que conecta con tal afluente que por años ha abastecido a esa comunidad.

El riesgo de una crisis hídrica es alto, toda vez que la plaza comercial captará millones de litros cúbicos de agua, aunado a que el manantial Ojo de Agua está sobreexplotado.

La corrupción en el municipio de Coatepec, aunado a la omisión del gobierno estatal, ha dado como resultado una explosión de grandes construcciones irregulares, en la que están de por medio sumas millonarias, dinero que va a parar a los bolsillos de los funcionarios locales y estatales.

Por cierto, en el Estado de México también se cuecen habas. Es evidente la operación de cárteles inmobiliarios en diferentes municipios.

Naucalpan, Tecámac, Metepec, Huixquilucan, Tlalnepantla y Valle de Bravo son algunas de las localidades en las que prevalece la proliferación de construcciones. La pugna por el agua, la crisis de movilidad es uno de los resultados adversos a ese fenómeno.

No se entiende que haya tantas edificaciones irregulares sin la complicidad de las autoridades estatales y municipales. Hasta ahora la gobernadora Delfina Gómez no se ha manifestado al respecto.

Será interesante la participación de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en ese rubro, pues en repetidas ocasiones ha manifestado su compromiso por preservar los bosques, los mismos que hoy son arrasados por la mancha urbana, por funcionarios públicos que expiden licencias de construcción al mejor postor.

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Ayotzinapa, el gran compromiso incumplido de AMLO

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Termina su administración, se va a su finca sin esclarecer el caso de los 43 normalistas * A 10 años de los lamentables hechos, los padres de las víctimas acusaron a López Obrador de haber traicionado su confianza, de darles la espalda y de proteger al Ejército Mexicano

 

ALFREDO IBÁÑEZ

 

Andrés Manuel López Obrador terminó su gestión y no pudo con el caso de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.

Las promesas que hizo para llegar al fondo del asunto fueron diversas, sin embargo, no supo honrar su palabra.

En 2018, como presidente electo, se reunió con los padres de las víctimas, se comprometió a esclarecer las circunstancias que rodearon la ocultación, así como a trabajar para conocer su paradero y para que se castigara a los responsables.

Ya con el poder en sus manos dijo: “Vamos a conocer lo que realmente sucedió… mi compromiso es no fallarle a las madres, a los padres de los jóvenes de Ayotzinapa, al pueblo de México. No vamos a traicionar la confianza de nuestro pueblo”.

Sin embargó, conforme pasaron los años, el interés por esclarecer los sucesos se debilitó, el discurso solidario hacia los familiares de las víctimas cambió, se tornó agresivo y dio paso a la descalificación y al reproche.

A 10 años de los lamentables hechos, los padres de las víctimas acusaron a López Obrador de haber traicionado su confianza, de darles la espalda y de proteger al Ejército Mexicano.

Le recordaron su compromiso de esclarecer los acontecimientos y le reclamaron por qué -no obstante que sabe quién o quiénes son los responsables- no quiso proceder.

Adelantaron que continuarán con su exigencia de que presenten vivos a los 43 estudiantes normalistas desaparecidos. No importa que haya cambio de gobierno o que coloquen vallas, gobierne quien gobierne, seguiremos en la lucha, advirtieron.

En su gestión el expresidente Andrés Manuel no pudo con el caso de los 43, lejos de avanzar en su aclaración, enturbió las investigaciones y creó un ambiente hostil con los padres de las víctimas.

Atrás quedaron aquellos días en los que les ofreció todo el apoyo de su gobierno, fiel a su costumbre los descalificó y dijo que son manipulados por la derecha.

Una vez más optó por la confrontación, así a 10 años de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas, hereda a Claudia Sheinbaum Pardo relaciones rotas entre el gobierno y los padres de las víctimas.

Al final del sexenio flota en el aire la eterna sospecha de que en el atroz ataque hubo complicidad entre el grupo criminal Guerreros Unidos, el gobierno municipal, el estatal y el federal.

Al término del presente sexenio sigue viva la exigencia de que la verdad y la justicia se materialicen.

 

JORGE ROMERO, LIGADO AL CÁRTEL INMOBILIARIO, BUSCA DIRIGIR AL PAN

En el PAN se preparan para llevar a cabo el cambio de su dirigencia nacional, actualmente en manos de Marko Cortés, quien pese a hundir a ese partido, quiere junto con su grupo perpetuarse e imponer a su amigo el polémico Jorge Romero, señalado de encabezar el cártel inmobiliario en la Ciudad de México.

Serán 300 mil militantes los que el 10 de noviembre próximo voten para decidir quién tomará el control de ese instituto político.

Marko Cortés y su grupo se han apropiado de Acción Nacional, en su calidad de dueños, se repartieron senadurías, diputaciones federales y locales, así como alcaldías en las pasadas elecciones.

Pese a la terrible derrota electoral frente a Morena, se sienten con derecho para continuar al frente del PAN y se alistan para convencer o presionar a los panistas afiliados.

Adriana Dávila es la otra aspirante a presidir a ese instituto político, la cual se pronunció por democratizarlo.

Recientemente reconoció que los grupos que controlan al PAN están con Jorge Romero, por lo que demandó a sus compañeros panistas que si exigen democracia al gobierno federal, entonces que empiecen por hacerlo al interior y apliquen piso parejo en la renovación de ese partido.

Luego de sostener que la democracia en el PAN tiene que ser una realidad, se pronunció porque a los militantes se les permita decidir en libertad, que las nóminas del partido no pesen.

Difícil el panorama para Adriana Dávila, los grupos que detentan el poder al interior del PAN no están dispuestos a renunciar a sus beneficios.

Tienen el control de las nóminas en las localidades o entidades donde son gobierno, disponen a su antojo del padrón de afiliados, el cual por cierto está impugnado pues ha sido inflado para favorecer a quienes se han apropiado de ese partido.

Pese a lo antes expuesto, todo indica que Jorge Romero se alzará con el triunfo en noviembre próximo.

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La ola criminal, el pan de cada día en el Edomex

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El martes próximo Delfina Gómez Álvarez rinde su primer informe de gobierno * El viacrucis de los mexiquenses: Narcotráfico, secuestro, feminicidios, homicidios dolosos, asalto con violencia en el transporte público de pasajeros, robo en sus diversas modalidades, entre otros

 

ALFREDO IBÁÑEZ

 

El martes próximo la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, rendirá su primer informe de gobierno; inicialmente acudirá al Congreso local donde lo entregará y posteriormente se trasladará al Teatro Morelos, en Toluca, donde arropada por sus compañeros de partido dará un mensaje.

La mandataria estatal de Morena decidió multiplicar la versión de sus acciones de gobierno, de manera que a lo largo de la semana visitará diversos municipios.

Un día después estará en Naucalpan, el jueves 26 en Ecatepec, uno de los municipios con mayores índices de inseguridad, marginación, escasez de agua y la presencia y operación del crimen organizado, localidad que suma seis años de gobiernos morenistas.

El día 28 acudirá a Tejupilco, ayuntamiento asolado por La Familia Michoacana, grupo criminal que tiene aterrada a la población, a los comerciantes y agricultores, los cuales son víctimas del cobro de piso, extorsión, secuestro, entre otros delitos.

La gobernadora cerrará sus actividades el 29 de septiembre en Valle de Chalco, el mismo que concentra delitos como homicidios, robo de autos con violencia y extorsión por parte de la delincuencia organizada.

Seguramente el equipo cercano de Delfina Gómez tiene lista la versión de que en el estado todo fluye de manera excepcional, que se han cumplido las metas establecidas y que la entidad goza de absoluta paz.

En los últimos meses, ese ha sido el discurso del gobierno de Gómez Álvarez por lo que seguramente su primer informe estará plagado de aciertos, obviamente vistos desde su perspectiva.

Delfina Gómez llega a su primer año de gobierno con una alta percepción de inseguridad, el Estado de México es una de las entidades con mayores reportes de incidencia delictiva a nivel nacional.

Dentro de los principales delitos destacan el narcotráfico, secuestro, feminicidios, homicidios dolosos, asalto con violencia en el transporte público de pasajeros, robo en sus diversas modalidades, entre otros.

Como promesa de campaña y como parte medular de su Plan de Gobierno del Bienestar 2023-2029, hizo el compromiso de devolver a los mexiquenses la seguridad y tranquilidad que les fue arrebatada durante décadas por los gobiernos del PRI.

A un año de que asumió el poder las cosas no han mejorado, no se siente ese cambio que le prometió a la población, la ola criminal es el pan de cada día.

A nivel nacional, Naucalpan está dentro de los municipios más peligrosos; pero ahí no termina la pesadilla que viven miles de mexiquenses, pues hay más ayuntamientos que destacan por su alto índice delictivo, estos son: Toluca, Zumpango, Cuautitlán, Temamatla, Ecatepec, Tlalnepantla, Chalco, Ixtapaluca, entre otros.

La inseguridad no es el único campo en el que las cosas no le han salido bien a la gobernadora de Morena, destaca además el concerniente al desempleo.

Si bien, de acuerdo con el INEGI, la tasa de desempleo disminuyó 3.6 por ciento en el primer trimestre del año y 3.3 en el segundo trimestre, en los hechos son casi 3 millones de mexiquenses que tienen pobreza laboral, es decir, empleo mal pagado, incluso apenas perciben un salario mínimo, lo que les impide cubrir sus necesidades más elementales como es la alimentación y salud.

En los primeros meses de su gestión, la gobernadora no se quiso quedar atrás y fiel seguidora del presidente Andrés Manuel López Obrador, puso en marcha su política de austeridad.

Medida que le ha permitido un ahorro de casi 155 millones de pesos, dinero que en su mayoría proviene de la reducción de los salarios de funcionarios de mandos medios y superiores.

Hasta ahora no se sabe con certeza el destino de tales dineros, sin embargo, no se descarta haya ido a parar a los programas sociales, que es donde ha concentrado sus esfuerzos.

Repartir dinero público a los sectores más desprotegidos, ha sido una de las estrategias centrales de los gobiernos de Morena.

Bien haría la gobernadora Delfina Gómez en invertir en rubros que también son importantes para la población, como es en el sistema de salud, donde la falta de medicamentos es la constante.

En la rehabilitación de la carreteras, calles y avenidas, las cuales están en pésimas condiciones. No sólo los automovilistas se quejan de las malas condiciones de las vialidades, también los empresarios, quienes han alertado que ese es uno de los motivos por el que se alejan las inversiones.

El martes la gobernadora rendirá su primer informe de labores, en el que destaca la falta de liderazgo y el incumplimiento de sus promesas de campaña. Ya es gobierno, atrás quedó la etapa de las promesas, la población demanda resultados.

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