Preocupación por los coordinadores estatales

Soberanía de las entidades y posibilidad de que la información de los programas sociales sea utilizada con fines electorales en la palestra

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Andrés Manuel López Obrador. ¿El fin justifica el medio?

En continuidad con la propuesta de campaña de gobernar con austeridad, el ahora presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer uno de los planes para reducir la burocracia.

El plan consiste en eliminar las delegaciones del Gobierno Federal en los estados.


En su lugar propuso la creación de 32 coordinaciones estatales, que concentrarán las funciones y atribuciones de las delegaciones.

Aún no se han dado a conocer todos los detalles del plan, pero temas como la soberanía de las entidades y la posibilidad de que la información de los programas sociales sea utilizada con fines electorales han preocupado a la opinión pública.

El plan se dio a conocer el 12 de julio y consiste en eliminar la figura de delegados federales de cada dependencia, que se instituirán en “Coordinadores Estatales de Programas Sociales”.

Los coordinadores serán el enlace directo con Presidencia, vigilarán la ejecución de programas sociales y revisarán el uso de los recursos públicos.

Estos 32 coordinadores tendrán a su cargo a 264 delegados regionales.

Estos últimos apoyarán a los coordinadores, realizarán censos a nivel familia para elaborar políticas públicas y actualizarán los padrones de beneficiarios de los programas sociales.

En cuanto a la soberanía de los estados, gobernadores electos y en funciones han manifestado su preocupación por la competencia de los coordinadores, pues éstos serían intermediarios entre la Federación y los estados.

La preocupación es legítima, pues la figura de coordinador afectaría el flujo de recursos federales destinado al desarrollo social en las entidades y a la aplicación de políticas públicas.

La competencia administrativa de los coordinadores centralizará gran poder en los mismos y reducirá la injerencia de gobernadores y presidentes municipales, afectando la coordinación fiscal federal y la soberanía de las entidades.

Respecto al uso de información de los programas sociales con fines electorales, actores públicos, como Gustavo Hoyos Walther, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), consideran que “la medida podría generar incentivos para que se desarrolle en los cuadros medios del Gobierno Federal un enfoque partidario, y con cálculo electoral, de los programas federales, lo que puede traducirse en una severa afectación a la garantía democrática de equidad en futuras contiendas en la medida que las fronteras entre el gobierno federal y el partido en el poder se podrían estar desdibujando”.

Para ejecutar el plan se debe reformar la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; está última es el marco normativo del que dependen las actuales delegaciones estatales de las dependencias federales. Sería en esta etapa, en la reforma de las leyes, que los partidos de oposición deben discutir con seriedad los pros y contras, con la finalidad de no vulnerar la soberanía de los estados y no generar incentivos que provoquen resultados perversos, como el aumento de corrupción.

 

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