Por unanimidad senatorial se aprobó la Guardia Nacional

Parecería que los 21 días de negociaciones en la Cámara Alta ablandaron, o convencieron, a 127 de 128 representantes populares del PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano y, desde luego, Morena, con su voto por anticipado

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El Senado de la República se compone de 128 senadores, un exceso para lo poco que hacen cuatro legisladores por cada una de las 32 entidades federativas. En Estados Unidos, son 100 senadores los que representan a los 50 estados de la Unión Americana, o sea, dos por cada estado y en ejercicio pleno de la representación nacional.
El pasado 20 de febrero, el Senado de la República aprobó la creación de la Guardia Nacional. La votación fue histórica. Por unanimidad, los 127 senadores presentes votaron en favor de la Guardia Nacional como una corporación policiaca de carácter civil y bajo la prevención de un plazo de cinco años para el retiro paulatino del Ejército y la Armada para reincorporarse a sus tareas de seguridad nacional.
Sólo que la votación, unánime, de todos los partidos políticos en el Senado dejó más dudas que certezas. Por unanimidad, se presume que alguien o “alguienes” sustituyeron las voluntades y pensaron por los representantes de la Cámara Alta. Hasta en regímenes totalitarios, como el castrista-cubano, se refuta la unidad de pensamiento sin disidencia.
Al respecto, el presidente del partido comunista, Raúl Castro, cuestionaría un pronunciamiento sin la menor oposición: “La falsa unidad resulta perniciosa y se requiere estimular el debate y la sana discrepancia, de donde salen, generalmente, las mejores soluciones”.
Dicho así, bajo un régimen dictatorial, parecería que los 21 días de negociaciones en el Senado ablandaron, o convencieron, a 127 de 128 representantes populares del PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano y, desde luego, Morena, con su voto por anticipado.
Sólo que, por lo que se advierte, las reformas a 10 artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en principio, riñen con el texto original que previene la creación de la Guardia Nacional
En efecto, el artículo 73 de la Carta Magna establece textual: “El Congreso tiene facultad para dar reglamentos con objeto de organizar, armar y disciplinar la Guardia Nacional, reservándose a los ciudadanos que la formen el nombramiento respectivo de jefes y oficiales, y a los estados la facultad de instruirla conforme a la disciplina prescrita por dichos reglamentos”.
La anterior transcripción permite establecer que de instituirse la Guardia Nacional bajo la Constitución vigente, la misma es de índole local y bajo la autoridad de cada uno de los 32 gobernadores de los estados, es decir, que está prevista la existencia de 32 guardias nacionales, pero también el carácter civil de la Guardia Nacional queda puntual y exactamente definido en el artículo 31 de la Constitución, que establece como obligaciones de los ciudadanos mexicanos “alistarse y servir en la Guardia Nacional para asegurar y defender la independencia, el honor de la patria, así como la tranquilidad y el orden interior”.
La condición civil de la Guardia Nacional queda todavía más de manifiesto de acuerdo a lo establecido en los artículos 35 y 36 constitucionales al establecer el mandato de que los ciudadanos de la República tienen el derecho y la obligación de tomar las armas y alistarse en la Guardia Nacional para defensa de la República y sus instituciones. Queda claro, entonces, que al ciudadano mexicano se le otorga una doble personalidad constitucional: El honor y la prerrogativa de defender a su patria.
Así, constitucionalmente, la Guardia Nacional es una institución formada por el pueblo en armas, como complemento del Ejército Mexicano. Sin embargo, hay diferencias sustanciales entre una y otro. La Guardia Nacional es, en esencia, territorial al quedar circunscrita a cada uno de los 32 estados de la República; en cambio, el Ejército puede ser movilizado hacia cualquier parte del país, y aún fuera del territorio nacional.
Hay una característica más de la Guardia Nacional respecto al Ejército y la Armada nacionales. La primera tiene un carácter semiprofesional, que se reúne únicamente cuando debe cumplir con labores de seguridad y tranquilidad públicas, en virtud de que sus integrantes tienen sus propias ocupaciones e ingresos. Por su parte, el Ejército y la Marina tienen como función principal la preservación de la seguridad nacional como fuerza permanentemente organizada y bajo el imperio del Presidente de la República.
Así, las reformas constitucionales para la creación de la Guardia Nacional permiten inferir que perderá el carácter ciudadano; será solamente una y adscrita bajo el mando del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, es decir, del Presidente de la República. Con ello se modifica, sustancialmente, el pensamiento del Constituyente de 1917, cuando previó la creación de 32 guardias nacionales ciudadanas y bajo el mando de cada gobernador del estado.
Hoy, la Guardia Nacional contará con elementos profesionales surgidos de las Fuerzas Armadas y la Policía Federal. En una primera etapa, a partir de este mes, se prevé reclutar a 50 mil elementos, para gradualmente aumentar hasta 150 mil, a finales del sexenio, en 266 regiones de seguridad en que se ha dividido el país.
Un rasgo distintivito nuevo que se le asigna a la Guardia Nacional es la atribución conferida de combatir delitos tanto del fuero federal como del fueron común. Esto último, siempre y cuando exista coordinación con las autoridades estatales y municipales. Esa sola prevención y su adscripción a la Secretaría de Seguridad Pública dan a la Guardia Nacional carácter federal no ciudadano, en sustitución de las atribuciones estatales, que deberían de corresponder a los 32 estados de la República.
El carácter civil, ciudadano, estatal, de la Guardia Nacional, y de preservación de la seguridad pública, quedó de manifiesto en dos eventos ocurridos en la Unión Americana. En 1957, el sistema educativo en el estado de Arkansas se dividía en negros y blancos. Esa segregación racial impedía a los primeros su asistencia a los centros educativos junto con los blancos.
Para impedirlo, el gobernador Orvall Faubus dispuso de la Guardia Nacional para que nueve estudiantes afroamericanos no tuvieran acceso a las instalaciones educativas. Esa sola disposición evidencia que el gobernador de cada estado es el jefe directo de la Guardia Nacional, concebida como fuerza militar de voluntarios para evitar la innecesaria intervención de militares en un asunto de seguridad pública.
El otro evento sucedió en el estado de Alabama, cuando dos estudiantes negros pretendieron ingresar a la universidad en 1963. El propio gobernador George Wallace, en funciones de comandante en jefe de la Guardia Nacional, se puso frente a las puertas de la institución para impedir, personalmente, el paso a los dos estudiantes vetados para estudiar.
En ambos casos, los presidentes Dwight Eisenhower y John F. Kennedy, en ejercicio supremo del poder ejecutivo federal, dispusieron federalizar la Guardia Nacional y, con el apoyo de la misma, garantizar el ingreso de los estudiantes negros a la secundaria de Little Rock y a la universidad de Alabama.
Hoy, el Senado determina, únicamente, la creación de una Guardia Nacional y bajo el mando del Presidente de la República.

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