Peña, Lozoya y Videgaray, sin problema en delitos electorales

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Con seguridad Emilio Lozoya se preparó para las reacciones legales y mediáticas que provocará su decisión de, ya una vez en México, tomar la iniciativa y pasar de perseguido a acusador.

No es y no será un tránsito fácil porque es camino minado, en el que, como se habrá percatado, prevalecen la traición y la manipulación por parte de intereses que de pronto no resulta fácil identificar.

No obstante, una vez reconocida por el fiscal General de la República la prescripción de los delitos electorales cometidos por el uso del dinero aportado por Oebrecht, para la campaña presidencial de 2012, no tendrá problema para recuperar, de una u otra forma, su casa de Lomas de Bezares, a menos que no le sean cumplidas las negociaciones entabladas con él o por quien lo representó en su ausencia desde el último trimestre de 2019.

Tampoco lo tendrá para sentar en banquillo de los acusados del tribunal de la opinión pública al ex presidente Enrique Peña Nieto y a Luis Videgaray, pues lo necesita el fiscal General, peor más la Cuarta Transformación que ha hecho girar la corrupción del reciente pasado neoliberal en torno al antecesor de Andrés Manuel López Obrador; sin embargo, batallará para defender su condición de inocente, a pesar de serlo, como lo sostiene desde que empezaron sus problemas legales apenas dejó la dirección de Pemex.

Aún prescrito el delito electoral del caso de Odebrecht, como lo está desde que fue denunciado por la diputada Rocío Nahle en agosto de 2017, y como lo resolvió el 28 de mayo de 2019 el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito por unanimidad de votos de los magistrados Miguel Angel Medécigo Rodríguez, Ricardo Ojeda Bohórquez y Humberto Manuel Román Franco), tendrá que convencer a la Fiscalía General de la República y al juez no haber cometido delito al depositar en la cuenta de su empresa Latin American Asia Capital Holding Ltd. un millón y medio de dólares que llegaron a sus manos revueltos con la aportación de la entidad corruptora brasileña para supuestamente financiar la campaña de Peña Nieto.

Es por este depósito que su hermana Gilda Susana permanece prófuga con orden de aprehensión, pues el ex director de Pemex le cedió derechos y acciones de Latin American a principios de 2012, antes de incorporarse al gobierno del presidente Peña Nieto.
Se trató de una estrategia de Emilio para, una vez en el gobierno, no tener que reportar su propiedad a las autoridades correspondientes.

Sin embargo, conforme a su versión, que la FGR conoce desde noviembre pasado, el dinero de Odebrecht que paró en las cuentas de Latin American es pago recibido por sus trabajos de consultoría y asesoría a la empresa brasileña entre 2009 y 2012, situación de la que, según Emilio, tenían conocimiento Peña Nieto y Videgaray.

Del resto de los recursos aportados por Odebrecht, un millón 600 mil dólares fueron utilizados para pagar a 11 consultores extranjeros, 10 con domicilio en Estados Unidos, y uno en Alemania, entre el 4 de mayo y el 13 de junio de 2012.

No obstante que Odebrecht se comprometió a aportar 4 millones de dólares, sólo realizó transferencias por 3 millones 150 mil a través de Mainl Bank Ltd, un banco ubicado en el Caribe. El faltante, 850 mil, lo aportaría en efectivo Fabiola Tapia Vargas, a la sazón socia de la empresa brasileña. Esta se comprometió a reintegrarle su aportación.

Una vez liquidados los consultores extranjeros por instrucciones de Videgaray, en funciones de coordinador de la campaña, Emilio depositó el millón y medio de dólares que Odebrecht le debía por consultorías a través de la institución bancaria UBS en su cuenta de la empresa Tochos Holding Limited, de su propiedad, con lo que contaminó sus negocios personales y empezaron sus problemas legales y los de su hermana.

Con ese dinero, que en términos legales fue utilizado para cometer delito electoral ya prescrito, habría comprado la casa ubicada en Ladera, en Lomas de Bezares, razón por la que ha sido acusado de lavado de dinero.

No tendrá problemas legales si el Ministerio Público de la Federación y el juez compran su versión en el sentido de que el millón y medio de dólares es producto de pago por consultorías realizadas para Odebrecht entre 2009 y 2012 dada su relación con esa empresa por su condición de entonces de director general en jefe de para América Latina en el Foro Económico Mundial.

Igual ocurrirá si ese dinero es incluido, como debe serlo, como parte de las aportaciones ilegales de Odebrecht para financiar la campaña, un delito ya prescrito.
O lo que es lo mismo, por ahí no hay delito y sobre Emilio no deberán pesar las acusaciones de lavado de dinero y su hermana dejará de tener los problemas legales que no merece.

Desde luego, si le cumplen.

Y tendrán que cumplirle porque, aunque ayer el fiscal General no quiso mencionar quienes más se benefician con la prescripción (obviamente el ex presidente Peña Nieto y el ex coordinador de su campaña, Luis Videgaray) pues alegó sonriendo que no acostumbra hacer el trabajo a sus oponentes, reconoció su existencia al explicar que haría el ridículo si solicitase las órdenes de aprehensión correspondientes y el juez se las negara aduciendo precisamente que este delito dejó de existir como la propia FGR lo reconoció, algo que por razones inexplicables en el sexenio pasado se negaron a hacer desde los tiempos en que Santiago Nieto era titular de la FEPADE y que no tuvo empacho en referirse a ella en su libro “Memorias de un fiscal incómodo”.

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