La legalidad y el impacto político de las consultas populares

Positivas y negativas posturas fijadas en distintos medios de comunicación

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El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, propuso llevar a consulta popular el tema del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM).

La propuesta considera realizar dicha consulta en el mes de octubre, después de realizar los estudios técnicos de viabilidad.


En distintos medios de comunicación se han planteado posturas positivas y negativas al respecto.

En el debate desarrollado hay dos puntos importantes para el correcto análisis del tema: Las limitantes legales de la propuesta y las implicaciones políticas de la misma.

La consulta popular es un mecanismo de participación ciudadana utilizado para ejercer el derecho constitucional para votar en torno a temas de trascendencia nacional.

La Constitución señala que las consultas populares pueden ser convocadas por el Congreso de la Unión a petición del Presidente de la República, el equivalente al 33% de los integrantes de cualquiera de las cámaras del Congreso de la Unión o los ciudadanos, en un número equivalente, al menos, al 2% de los inscritos en la lista nominal de electores.

En 2014, el Congreso de la Unión aprobó la Ley Federal de Consulta Popular.

La ley considera un tema con categoría de trascendencia nacional cuando contiene los siguientes elementos: Repercuta en la mayor parte del territorio nacional o impacte en una parte significativa de la población.

En este sentido, en la opinión pública han resaltado dos posturas, la que considera que la decisión debe basarse en el conocimiento técnico, y no en percepciones políticas de la población, y la intangibilidad del impacto que generará el proyecto en la mayoría de la población, es decir, que no todas las personas usan el aeropuerto, pero son beneficiadas por el transporte de mercancías.

De acuerdo a la ley, la petición ante las cámaras se puede realizar el 1 de septiembre del segundo año de ejercicio de cada Legislatura y hasta el 15 de septiembre del año previo al que se realice la jornada electoral federal, y sólo se puede realizar en una jornada de elecciones federales (diputados, senadores o presidente).

En este contexto, la propuesta de realizar la consulta en octubre plantea dos grandes retos para que sea vinculante: Reformar la ley, de forma exprés, en el próximo mes de septiembre para cambiar los tiempos y generar los mecanismos y recursos para que se realice sin ser una jornada electoral federal.

Las consultas públicas, políticamente, tienen la facultad de legitimar una decisión, reducen el riesgo político asociado a la responsabilidad de la misma, generan cobertura mediática y la opinión pública puede ser sesgada por la coyuntura polítma a la Ley, el procesoslidadgales, y si bien, puede aportar informaciarbre plantea dos grandes retos para que sevinculante, redica.

En caso de realizar la consulta sin la reforma, el proceso se deberá hacer con mecanismos extralegales, y no será vinculante.

El tomar una decisión a partir de una consulta extralegal mostraría falta de capacidad técnica en la instrumentación de decisiones por parte de la nueva administración y generaría expectativas que no serán cumplidas.

 

 

 

 

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