Gastos estatales, control vía delegados morenistas      

Inquieta a presidente electo que entidades y municipios continúen con su racha de endeudamiento y no puedan dar respuesta a demandas sociales

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Andrés Manuel López Obrador. Peripecias de gobierno anticipado

Entre sus peripecias de gobierno anticipado, Andrés Manuel López Obrador ha anunciado la creación de 32 delegaciones estatales, una por cada entidad federativa, bajo el mando de un superdelegado general: Rodrigo Abdala, para vigilar y controlar el gasto federal y estatal destinado a cada gobernador abusador.

La figura real o, aparentemente, encaminada a lograr mayor transparencia en el ejercicio del gasto público recuerda la odiosa figura de los jefes políticos, tan de moda durante el largo periodo del porfiriato, como autoridad intermedia entre los gobernadores y los presidentes municipales, y hoy entre el Presidente de la República y los gobernadores, tema que después trataremos con toda amplitud.


Sin embargo, más allá de los intentos de una centralización política, unipersonal y de conservación del poder a largo plazo, a López Obrador le inquieta que los estados y municipios continúen con su racha de endeudamiento y no puedan dar respuesta a las demandas sociales. Se trata de componer un entuerto social y económico iniciado, hace 18 años, con la primera y la segunda alternancias panistas en la Presidencia de la República que permitieron el endeudamiento excesivo, y sin freno, de estados y municipios.

Durante el larguísimo periodo de 71 años, entre 1929 y el 2000, el PRI mantuvo, desde la Presidencia de la República, el control centralizado de los gobiernos locales. Ese control incluía la vigilancia sobre la política fiscal de los estados para mantener el equilibrio ingreso-gasto. Además, el presidencialismo autoritario inhibía a cualquier gobernador a contraer deuda más allá de los límites permisibles. En esencia, los estados no tenían y no podían contraer compromisos crediticios.

Con la alternancia panista en la Presidencia de la República, por primera vez, los gobiernos estatales tuvieron manos libres para aumentar, ostensiblemente, sus ingresos vía deuda pública con la estrategia populista de gastar más, pero sin atender el lado del ingreso para evitar caer en grave déficit presupuestal, como durante los  12 años foxista y calderonista.  Dueños de los congresos locales, los gobernadores no tuvieron ninguna dificultad para obtener la aprobación inmediata de todo endeudamiento solicitado.

Aunque, teóricamente, un gobierno no quiebra, al final, la deuda pública de cada entidad federativa desestabilizó la economía local con síntomas de protesta social y crisis política.  Los estados endeudados al extremo, como Chiapas, con 40 mil 442 millones de pesos, Tabasco, 20 mil millones, Veracruz, 40 mil millones, Coahuila, 39 mil millones, y Nuevo León, 47 mil millones, quedaron imposibilitados para responder a la demanda de satisfactores sociales en salud y educación, y, sobre todo, empleo.

Ese endeudamiento puso en evidencia la enorme corrupción cuando gobernadores como Andrés Granier, en Tabasco, y Rodrigo Medina, en Nuevo León, fueron detenidos y procesados para responder por sus atracos a los erarios estatales, en tanto Humberto Moreira, de Coahuila, era detenido en España cuando se descubrió que, ante el Congreso local, había falsificado documentos para obtener nuevos préstamos. Sólo el bandido de Juan Sabines, en Chiapas, fue premiado como cónsul de México en Orlando, Florida, por lo que la deuda contratada en cada estado durante la docena panista se asume como impagable.

Hasta el 2010, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pudo documentar pasivos totales por 364 mil millones de pesos, a pesar de que los gobiernos locales ocultaron, sistemáticamente, más de 50 mil millones para tener acceso a más créditos.  Apenas dos años después, las obligaciones financieras de estados y municipios al cierre del 2012 se habían instalado, peligrosamente, en los 435 mil millones de pesos, y advertidos, por el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, de la imposibilidad de rescate por parte del gobierno federal.

Y tenía razón Videgaray.  El Gobierno de la República también compitió para endeudar más el país sin resultados, positivos, que se tradujeran en un buen ritmo de crecimiento económico.  Por el contrario, la deuda pública federal creció de un 37 a un 53 por ciento del Producto Interno Bruto, es decir, 6 billones de pesos impagables que no tardan en anunciar una crisis financiera.  Imposible, pues, acudir al recate de las entidades federativas.

Las deudas estatales llevan imbíbito el germen de la ingobernabilidad.  El gobierno federal no tiene cómo abarcar ni sustituir la responsabilidad de cada gobernador a partir de una disponibilidad adecuada del erario estatal.  Visto en conjunto, el quebranto financiero de las entidades federativas se percibe prácticamente imposible de terminar con el estado de endeudamiento a que se les ha condenado durante varias generaciones, e imposibilitadas para abatir la inseguridad no sólo desde la perspectiva de más policías y más armas, sino con capacidad de respuesta a las demandas de salud, educación y combate a la pobreza.

El peso y la gravedad de la deuda se hace todavía más evidente cuando se determina el destino del dinero conseguido por esa vía.  No basta con justificar la construcción de un hospital, una escuela o una carretera. Tales obran han de realizarse con cargo al presupuesto anual de egresos aprobado por cada Congreso local, y no con cargo a pasivos impagables.

Ello es así porque la deuda, por disposición, constitucional, del artículo 117, debe dedicarse a inversiones públicas productivas que incrementen los ingresos públicos.  Un buen ejemplo es una carretera de cuota o el Metro de la Ciudad de México, que al operar reportan un ingreso y, si son bien administrados, hasta un remanente. Lo demás se pierde y es irrecuperable para siempre.

Sin embargo, también la deuda como instrumento de corrupción funciona, y funciona muy bien.  Si es para gasto corriente, en el trayecto a su destino final se merma y llega incompleta.  Y si por disposición gubernativa se destina a infraestructura, el diezmo, el quinciesmo y hasta el veintiesmo es para quien otorga la concesión al margen de los concursos obligatorios.

Así, mientras más deuda contrataban los gobernadores, más ganancia personal, con lo que los beneficiarios entraban a un círculo virtuoso de la riqueza.  A mayor deuda, mayor obra contratada, y a más obra, mayor ganancia, y otra vez a contratar deuda.

La combinación de pobreza con escasa disponibilidad de dinero es restrictiva de satisfactores sociales potencialmente explosivos y peligrosos.  En los estados contables de los gobiernos, los pasivos monetarios son simples cifras que no revelan los otros pasivos: Los sociales. Cada vez que se adquiere un peso de deuda mal aplicada, el verdadero deudor no es el gobierno, sino el niño que se queda sin escuela, el enfermo sin atención médica o una comunidad sin carretera, con lo que la presión social comienza a distorsionar el marco político.

Por eso es entendible que Andrés Manuel haya dispuesto la intervención del gobierno federal en los estados a través de delegados estatales, aunque no sea la vía más idónea el poner a competir a candidatos perdedores con sus rivales que resultaron electos gobernadores.

Los estados de México y Jalisco son un buen ejemplo.  Ampliaremos…

 

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