A 100 días de AMLO calificadoras tiran política económica; riesgo de recesión: Huerta (UNAM)

Calificadoras internacionales piden al gobierno mexicano políticas económicas pragmáticas que balanceen programas sociales con estabilidad macroeconómica, menor participación del Estado en decisiones estratégicas en Pemex y CFE, critican la eliminación del NAIM de Texcoco y toma de decisiones a partir de consultas populares.

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A unos pasos de los primeros cien días, calificadoras internacionales tiran la visión económica de la Cuarta Transformación y hacen un llamado a Andrés Manuel López Obrador para reconsiderar menor participación del Estado en corporativos como Pemex y CFE, y mantener una visión pragmática que balancee prioridades sociales con estabilidad macroeconómica.

En una economía globalizada es un error desestimar la opinión de calificadoras internacionales como Fitch Rating, S&P Global Ratings y Moody’s Rating, como lo ha hecho el propio presidente, líderes de Morena en el Congreso y miembros del gabinete y del partido.


Esta mañana un golpe pegó en la línea de flotación en la empresa motor de la Cuarta Transformación: Pemex, la calificadora S&P Global Ratings redujo la perspectiva de estable a negativa, con todo lo nocivo que eso implica para créditos, inversiones, proyectos futuros y más.

El profesor-investigador de la Facultad de Economía de la UNAM, Arturo Huerta González, entrevistado por Carmen Aristegui este lunes se refirió a una posible recesión en puerta si el gobierno de López Obrador no actúa de inmediato.

Huerta habló sobre las medidas tomadas por la administración federal sobre gasto público y de las recientes cifras económicas; además aseguró: “El gobierno, la política fiscal debe actuar ya, como política contracíclica y trabajar con un gasto público deficitario en favor del sector productivo y de generar el empleo para incrementar el ingreso nacional e incrementar la recaudación fiscal“.

La ironía del punto es la reacción de quienes tratan de denostar, desde el gobierno y sus satélites partidistas a las calificadoras a partir de argumentos políticos e ideológicos.

Precisamente este tropel es indicador del alto grado de politización que se le da a Pemex, a la CFE, a la eliminación de proyectos como el NAIM de Texcoco y a la toma de decisiones importantes a partir de consultas populares.

La injerencia del gobierno en las decisiones estratégicas de la petrolera es parte de los argumentos de S&P para aumentar el nivel de riesgo y darle una calificación NEGATIVA, así, con mayúsculas, ya que es el inicio de un proceso que deriva en aumentar tasas de interés por riesgos, espanta la inversión y dificulta el financiamiento internacional para nuevos proyectos o para cumplir con sus obligaciones crediticias.

Esta posición de incomprensión y soberbia de la nueva administración recuerdan a la frase: “Es la economía, estúpido”, inspiradora de la campaña de Bill Clinton contra George Bush en 1992, que llevó al esposo de Hillary a la presidencia de Estados Unidos.

Así hemos visto a tropel las reacciones de Ricardo Monreal, Martí Batres, Yeidckol Polevnsky y el propio López Obrador, tratando de desacreditar a las calificadoras, que precisamente lo que hacer es otorgar el nivel crediticio de estos grandes corporativos entre los que la Comisión Federal de Electricidad también sufrió una caída en la calificación por el riesgo crediticio de México.

El 29 de enero Fitch Rating bajó la calificación de Pemex y mantuvo su perspectiva negativa, y la reacción en la conferencia mañanera en Palacio Nacional fue totalmente visceral.

La reducción de la perspectiva de calificación para México de estable a negativa frente al pronóstico de un bajo crecimiento económico, así como por la falta de confianza de inversionistas y el plan energético anunciado por el presidente López Obrador impactará en las finanzas de México, dice Moody’s

El reporte señala el cambio en políticas públicas que reducen la participación de la iniciativa privada en el sector energético junto a otras decisiones y eventos que han disminuido la confianza de inversionistas, como la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM), la implementación de consultas ciudadanas en temas clave, e incluso la creación de la figura de los delegados del gobierno en los estados.

También se destaca que la mayor centralización de la toma de decisiones puede debilitar la estabilidad macroeconómica, sobre todo si se enfrentan proyectos onerosos de política pública difíciles, y podría afectar negativamente la efectividad institucional.

La calificadora señala: “Pemex continúa presentando una carga fiscal elevada, incluso a pesar de un reciente cambio en su esquema tributario que mejora modestamente su flujo de efectivo. La combinación de un débil perfil financiero y la necesidad de tomar un rol más activo en el sector energético por parte de Pemex podría aumentar el riesgo de mayores pasivos contingentes para el soberano”.

El reporte, hace un llamado al presidente López Obrador para que implemente implemente “políticas económicas pragmáticas que balanceen las prioridades sociales con la necesidad de mantener estabilidad macroeconómica”.

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