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NACIONAL

Una crisis financiera acecha al Grupo Cementos de Chihuahua

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IMPACTO | REDACCIÓN

 

Ante la negativa de Grupo Cementos de Chihuahua (GCC) de cumplir con el fallo que tiene en su contra por parte, primero, por el tribunal de la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial (CIAC) y segundo, de la justicia norteamericana, la empresa mexicana podría enfrentarse a un impacto económico de gran envergadura.

Lo anterior debido a que pese al silencio que mantiene a causa de los dos golpes que recibió por parte de la justicia de los Estados Unidos y que confirman el laudo arbitral pendiente, deberá enfrentar la deuda de cerca de 50 millones de dólares a la boliviana CIMSA y además, encarar el actual contexto mundial de la industria de la construcción por la parálisis a causa de la estela de crisis que trajo consigo la pandemia por el Covid-19.

Debe recordarse que el grupo cementero recibió un primer revés luego de que CIMSA acudió a la justicia de Estados Unidos ante la negativa de la mexicana por cumplir con una resolución emitida en abril de 2015 por la CIAC que lo obligaba a cubrir un laudo por un monto de 36 millones de dólares por concepto de daño y gastos.

Esta cifra derivó del litigio de 2011, cuando CIMSA estableció una disputa legal contra GCC porque ésta vendió sus acciones, equivalentes a 47.2%, al Consorcio Cementero del Sur siendo que originalmente habían acordado que la preferencia de compra la tendría su socio comercial.

 

NO ACEPTA EL FALLO

Sin embargo, GCC no aceptó el fallo, razón por la cual el caso llegó primero a la Corte de Colorado, después ante una Corte de Apelaciones y por último, ante la Suprema Corte, en todos los casos las sentencias fueron en favor de la boliviana.

Decidida a no aceptar laudo arbitral en su contra, la empresa mexicana intentó revocar el fallo de la Corte de Colorado bajo el argumento de una supuesta anulación del laudo arbitral en Bolivia, recibiendo aquí su segunda derrota por parte de la justicia norteamericana, pues el 30 de abril de 2021 la Corte para el Distrito de Colorado rechazó su petición.

De acuerdo con datos de la revista digital Law360°, el pedido que GCC hizo sobre la base de que supuestamente el laudo arbitral fue anulado por las cortes locales en Bolivia, fue rechazado por la justicia norteamericana.

De hecho, según Law360°, la Corte de Distrito de Colorado sostuvo que darle efecto a la supuesta decisión de las Cortes bolivianas anulando el laudo “ofendería a las nociones básicas de justicia” en Estados Unidos y que la “conducta desleal de GCC a lo largo de la disputa” le impedía revertir la sentencia en su contra, confirmando en consecuencia el fallo que lo obliga a cumplir con el laudo arbitral.

 

SUMA MILLONARIA POR LOS INTERESES

Incluso se estima que de no pagarse la cantidad referida, ésta seguirá elevándose a causa de los intereses que se generan; a esto se suma que por ser una empresa que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores está obligada a proporcionar en tiempo y forma información relevante respecto a su situación real y actual en materia financiera, administrativa, operacional, económica y jurídica como parte de sus reportes trimestrales.

La pregunta que surge es hasta cuándo tendrá planeado GCC cumplir con la indemnización a CIMSA por incumplimiento de compromisos, o bien, cuál será su siguiente jugada en busca de una sentencia distinta a la que ya recibió. Estaremos pendientes.

NACIONAL

Manifestación de feministas contra la impunidad de Gilberto López Romano

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El gerente de compras de Ideas Woodbox actualmente se encuentra denunciado por extorsión e incumplimiento de obligaciones familiares… y se pasea como si nada, pues presume de tener amigos ‘influyentes’

JOVIRA

La mañana del jueves pasado, en las inmediaciones de la Fiscalía Regional de Naucalpan, integrantes del Colectivo Feministas Unidas por Todas y de agrupaciones de activistas realizaron una manifestación y bloqueo de calles para exigir un alto a la violencia y ataques cometidos por hombres en contra de las mujeres.
En su discurso, aseguraron que en un acto de solidaridad acudieron particularmente apoyar a Enriqueta “N” para pedirle a la Fiscalía que aplique todo el peso de ley y tenga cero impunidad su expareja Gilberto López Romano, quien, a pesar de estar demandado por extorsión e incumplimiento de obligaciones familiares, continúa con amenazas hacia ella y su familia.


Durante la manifestación, el colectivo portó pancartas con el rostro del imputado Gilberto López Romano para representar su repudio por las constantes agresiones físicas, psicológicas y violencia económica en contra de Enriqueta “N” y para exhibir públicamente que el demandado se jacta de tener conocidos y amigos que son funcionarios de alto nivel en la Fiscalía de Naucalpan y que le ayudarán en su caso con número de carpeta TLA/EFNC/NAU/060/089153/22/03
En las peticiones, se dirigieron al Lic. Juan Carlos Solano Salas, Juez Tercero de lo Familiar de la Ciudad de Naucalpan de Juárez México, para solicitarle que resuelva el caso siguiendo los lineamientos jurídicos de la perspectiva de género y del interés superior de la menor.


De acuerdo con registros digitales, Gilberto López Romano, años atrás, también tuvo controversias legales de índole familiar en el Juzgado 1 de lo Familiar con el expediente 416/2014.
De acuerdo con su perfil de Linkedin, Gilberto López Romano es gerente de compras de Ideas Woodbox y de una empresa de panificación y galletería integral denominada “Macrofibra Integral” con sede en Naucalpan.

 

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NACIONAL

Exmorenistas denuncian presuntas anomalías en la campaña de Nora Ruvalcaba

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Esos casi 300 operadores anunciaron que se sumarían ahora a la campaña de la candidata Tere Jiménez en Aguascalientes

JOVIRA

Militantes y operadores de Morena decidieron abandonar al partido en Aguascalientes y ahora tendrían pruebas para denunciar presuntas anomalías en la campaña de Nora Ruvalcaba.
Tras la renuncia de esos militantes al partido Morena, en redes sociales se ha filtrado información que algunos de ellos tendrían evidencias de delitos electorales que cometieron sus ex compañeros de partido.
Esos casi 300 operadores anunciaron que se sumarían ahora a la campaña de la candidata Tere Jiménez en Aguascalientes.
“Hay preocupación de los que se quedaron en Morena por la información que traen”, escribió el usuario Alejandro Montiel en redes sociales.
“Dicen que todos los que se fueron tienen evidencias de delitos electorales cometidos por sus ex compañeros y que estarían aportando evidencia para denunciar y castigarlos Los movilizadores estaban condicionando los programas sociales a cambio del voto”, escribió otro usuario en redes.
Entre los operadores que renunciaron sobresalen Rafael De Lira Muñoz, Espartaco Alvarez Cardona, Juan Carlos Martínez Moreno, Rafael Calderón, Jorge Galarza, Araceli Barrón, José Macias Alvarado, Ernesto Moreno, Jesús Medina Olivares, entre otros.

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NACIONAL

Ordenan a la UIF desbloquear a Rodríguez Borgio

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La resolución de la justicia federal se da pese a los ataques de autoridades durante 10 años

ILDEFONSO PEREYRA

Aunque las autoridades no quitan el dedo del renglón, luego de casi 10 años de constantes golpeteos y descalificaciones contra Francisco Javier Rodríguez Borgio, dueño de la empresa Big Bola, la justicia federal ordenó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que lo retire de su lista de personas bloqueadas.
Y es que desde el 2012, las investigaciones a los hermanos Rodríguez Borgio por varias causas, entre ellas el lavado de dinero en sus casinos, venta de combustible robado a ductos de Pemex, la venta irregular del equipo de futbol Gallos de Querétaro, así como en la trama del abogado Juan Collado para apoderarse de la Caja Popular Libertad, simplemente no arrojaron resultados contra su integridad.
Le inventan supuestos delitos que no le han podido cuadrar, debido a que cuenta con los elementos suficientes para echar abajo acusaciones infundadas.
Lo cierto es que, a través de la cadena de casinos con razón social Big Bola, genera 3 mil empleos para igual número de familias que cubren sus necesidades primordiales y pueden dar educación a sus hijos.
Ante tal situación, la UIF tuvo que sacar de inmediato de su lista de personas bloqueadas a la cadena de casinos Big Bola y a su dueño, el empresario Francisco Javier Rodríguez Borgio.
Mediante el Acuerdo 72/2022, el titular de la UIF, Pablo Gómez, dejó sin efectos el Acuerdo 143/2021, mismo que fue promovido por su antecesor Santiago Nieto desde el año pasado.
De ahí que estaba incluido a Rodríguez Borgio y sus empresas Comercial de Juegos de la Frontera, razón social de Big Bola, e Inmobiliaria JRB en la lista de bloqueados, por sospechas de lavado de dinero en temas de huachicol y relaciones con casos como los de Caja Libertad y Oceanografía.
El pasado 7 de abril, la UIF pidió a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) levantar el bloqueo de las cuentas, en ejecución del amparo 929/2021, concedido a Big Bola por un juzgado federal auxiliar con sede en Culiacán.
La UIF ejecutó el amparo, pese a que a finales de marzo lo impugnó ante el Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa.
El 25 de abril Pablo Gómez dio seguimiento y envió un oficio al tribunal colegiado para desistir de su recurso, informando que ya había liberado las cuentas.
Reforma publicó este lunes que Big Bola presentó el 9 de mayo un nuevo amparo, ahora contra el bloqueo de 55 cuentas bancarias.
“El 22 de abril de la presente anualidad, persona autorizada acudió a una sucursal del banco (nombre censurado por el juzgado), siendo atendido por un ejecutivo, el cual manifestó que las cuentas se encontraban ‘embargada’ por una autoridad de la cual no supo dar referencia, argumentando que la orden la había realizado la CNBV”, afirmó Big Bola en su nuevo amparo.
El 12 de mayo, la juez Blanca Lobo se declaró incompetente para llevar el asunto en la Ciudad de México y envió el expediente a un juzgado de Querétaro.
La empresa sostuvo que las cuentas ya no están bloqueadas y el amparo sólo busca detectar posibles bloqueos derivados de demandas civiles o mercantiles.
Big Bola también revisa algunos temas con el fisco. En mayo de 2018, el SAT le fincó un crédito fiscal de 591 millones de pesos, por omitir el pago de 144 millones de pesos de impuesto especial a las apuestas, así como aprovechamientos a la Secretaría de Gobernación, durante el ejercicio de 2014, sumados con actualizaciones y recargos.
El 26 de octubre de 2021, la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) anuló el crédito fiscal por haber sido notificado fuera de los plazos legales, pero el SAT todavía litiga el caso.
En 2019, antes de la pandemia, la casinera reportó ingresos totales por 2 mil 844 millones de pesos. Big Bola opera un sitio de apuestas en línea desde 2016, así como veinte casinos en los estados de Sinaloa, Edomex, Veracruz, Campeche, Guanajuato, Querétaro, Puebla, Sonora y la Ciudad de México, al amparo de un permiso de la Secretaría de Gobernación expedido en 1997.
En diciembre pasado, Francisco Javier Rodríguez Borgio realizó un acuerdo con el SAT para realizar el pago de más de 21 millones de pesos de adeudos del Impuesto sobre la Renta (ISR) en parcialidades.

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