Panistas pintan a AMLO como Chávez

Exigen frenar ‘dictadura obradorista’; Muñoz Ledo levanta la sesión temporal mente

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Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, levantó la sesión ante una protesta del PAN, esto con la aprobación sólo en lo general de la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Los militantes del partido blanquiazul desplegaron una manta con la imagen del presidente electo  Andrés Manuel López Obrador con una boina como la que usaba Hugo Chávez y la leyenda #NoAlaDictaduraObradorista.


Tras la protesta se suscitó un pequeño conato de bronca en el que hubo jaloneos entre panistas y morenistas.

“¡Es un error tener un dictador!”, gritaron los diputados del blanquiazul.

El presidente de la Mesa Directiva, Porfirio Muñoz Ledo, decretó un receso para tranquilizar el ambiente y al reanudar la sesión, los gritos de los panistas continuaron.

Muñoz Ledo exigió al personal de la Cámara retirar la manta y reprochó que si aún no empieza el gobierno no se puede mostrar tanta intolerancia, porque de lo contrario el Congreso se convertirá en un campo de batalla.

La orden de Muñoz Ledo acrecentó el malestar de panistas, quienes arreciaron los gritos, así como empujones durante el intento de quitar la manta, lo que generó que el legislador morenista suspendiera la sesión.

Ello, a pesar de que se habían reservado 13 artículos y cinco transitorios. No obstante, la secretaria de la Mesa Directiva solicitó que no se retiraran del recinto, debido a que en este momento hay una consulta de coordinadores de las diversas bancadas.

Previamente al fundamentar el dictamen, la diputada Rocío Barrera Badillo destacó que el rediseño institucional y de organización del poder público con que operará la próxima administración federal es fruto del estudio, tiempo y esfuerzo de los legisladores de ambas Cámaras del Congreso de la Unión, así como de especialistas del sector académico y la sociedad civil.

La legisladora de Morena dijo que se trata de establecer una organización administrativa más eficiente, donde se destacan los temas sociales, de control del gasto público, uso racional de recursos, seguridad y adelgazamiento del aparato burocrático.

Resaltó el amplio trabajo que realizaron tanto diputados como senadores en conferencia parlamentaria, el cual si bien goza de una amplia mayoría, no así del consenso de todas las fuerzas políticas, pero es legitimado no sólo por los votos que lo avalan, sino también por el trabajo que llevó a su construcción.

De acuerdo con la diputada, se incorporaron ajustes provenientes de todos de los grupos parlamentarios, pues “hablamos de cuando menos 40 propuestas separadas y claramente identificables que se conjugaron en modificaciones a 17 de los 28 artículos que componen el decreto”.

El documento final contiene avances significativos, como establecer facultades en materia de tecnologías de la Información y la Comunicación, donde se consideró necesario darle mayor impulso y trascendencia, por lo que las áreas ejecutoras de esas políticas fueron incorporadas a las unidades de administración y finanzas de cada secretaría.

También se planteó la desaparición de las oficialías mayores, ya que es en éstas últimas donde actualmente se ejecutan dichas políticas públicas en cada dependencia y entidad.

Luego de diversas manifestaciones en contra de la asignación de facultades en materia de comunicación social que se hacía a la Oficina de la Presidencia de la República, dijo que consideró pertinente adecuar las competencias que se distribuirán entre ese organismo y la Secretaría de Gobernación.

Sobre las delegaciones de Programas para el Desarrollo, apuntó que se consideró viable que la estructura, manejo y control de las delegaciones se adscriban a la Secretaría del Bienestar, para no engrosar ni la estructura ni las facultades de la Oficina de la Presidencia, a la vez que dirigir su vocación a las funciones que a esa secretaría corresponden.

Respecto de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se planteó en el dictamen la recuperación de un modelo de seguridad basado en la existencia de una dependencia que atienda de manera exclusiva esta materia.

Al fijar su postura, la priista María Lucero Saldaña Pérez descalificó el dictamen porque según ella se pretende instaurar un sistema de inteligencia policial persecutor del gobierno y construir un Estado policiaco. “Vemos con preocupación que la seguridad nacional queda subordinada a la seguridad pública”.

Advirtió que si el objetivo de la reforma es fomentar el clientelismo y el control electoral de los usuarios de los programas sociales, entonces la reforma va por buen camino. Tal parece que, más que organizar el gobierno, se busca instrumentar una maquinaria político-electoral afín a los intereses.

“Estos llamados superdelegados, como una estrategia de operación electoral, algunos aspiran a construir la cuarta transformación que va directo a lograr la gran recesión de la República”, aseveró.

En su turno, la panista Adriana Dávila lamentó la simulación de un parlamento abierto, que hagan oídos sordos a la oposición, “lo triste es que están traicionando a quienes confiaron en que los cambios por venir serían una realidad”.

“Hoy en el cumpleaños del presidente electo su bancada sumisa quiere darle este regalo, una nueva Ley de la Administración Pública Federal. Nada de malo tendría si no fuera tan grave el retroceso para este país, no le están dando un buen instrumento a cambio”, aseveró.

Frente a los gritos de las bancadas de Morena y el PAN, el presidente de la Mesa Directiva, Porfirio Muñoz Ledo, llamó al orden, “pues no están en concurso de gritos, estamos en un debate público”.

Por Morena, Jaime Humberto Pérez Bernabé advirtió que su bancada no caería en provocaciones, “venimos a dar un planteamiento con responsabilidad porque el país requiere de todos”.

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