La Presidenta Sheinbaum manda iniciativa para darle facultades de investigación a la Secretaría de Seguridad y Seguridad Ciudadana * El extitular de la SSC-CDMX tendrá la responsabilidad de encabezar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública para tener un México seguro
EL TOPO
La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo envió al Senado una nueva reforma constitucional para darle facultades de investigación a la Secretaría de Seguridad y Seguridad Ciudadana (SSPC), y así tener la responsabilidad de encabezar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.
Esto luego de que una reforma constitucional impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador despojó a la SSPC de la Guardia Nacional, para dejar la corporación bajo la administración y control de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena).
Sheinbaum Pardo envió a la Mesa Directiva del Senado una propuesta que modifica el Artículo 21 Constitucional, que actualmente da facultades al Ministerio Público como la institución responsable de las investigaciones de los delitos.
La iniciativa entregada este 1 de noviembre considera que las nuevas facultades que tendría la SSPC “permitirá que la investigación de los delitos se base en inteligencia, información estratégica y análisis de datos”.
Entre las bondades de la modificación constitucional, la Presidenta Claudia consideró que darle facultades investigativas a la dependencia que encabeza Omar García Harfuch permitirá “solicitar información para esclarecer hechos presuntamente constitutivos de delitos“.
La Primera Mandataria considera que con la modificación “no sólo fortalece el proceso de investigación de hechos presuntamente constitutivos de delitos, sino que al utilizar de manera inteligente los recursos del Estado para combatir del delito”.
Asimismo, considera que de aprobarse la reforma “se incorporan los productos de inteligencia a la función investigadora y se aprovecharán los avances tecnológicos tanto en la recopilación como en el análisis de los datos e información para generar inteligencia valiosa que pueda usarse para dirigir de manera más eficiente los recursos policiales, enfocándola a personas y lugares de interés donde se genere impacto positivo en la seguridad pública”.
A las facultades que tiene el Ministerio Público como única institución investigadora, la reforma le da atribuciones “a la secretaría del ramo de seguridad pública del Ejecutivo federal”, a la Guardia Nacional y a los policías en el ámbito de la competencia, las cuales actuarán bajo la conducción del mando de aquel en el ejercicio de su función”.
La reforma contempla canalizar fondos de ayuda federal para la seguridad pública a entidades federativas y municipios, mismos que “serán auditados y su debido ejercicio vigilados por el Sistema a través de su secretario ejecutivo”.
La figura de secretario ejecutivo, según la propuesta, tendrá entre sus responsabilidades “ampliar bases, emitir acuerdos y lineamientos, así como realizar las acciones necesarias para lograr la homologación de estándares y criterios, así como una coordinación eficiente, transparente y responsable en el ejercicio de las atribuciones concurrentes de los tres órdenes; en todo momento en atención a los fines del Sistema y los objetivos de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública”
La iniciativa permite que la SSPC coordine y dirija la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, los programas, las políticas públicas y acciones respectivas, para auxiliar “a la Presidenta de la República en el ejercicio de las funciones en materia de seguridad pública; le corresponderá la coordinación del sistema nacional de inteligencia en materia de seguridad pública, en los términos que señale la ley”.
Así a la dependencia encabezada por García Harfuch se le ordena “coordinar acciones de los tres órdenes de gobierno a través de las instituciones responsables de seguridad pública, los cuales deberán proporcionar la información de que dispongan en la materia conforme a la ley”.
De la misma manera, la dependencia “podrá solicitar información a las instituciones y dependencias de Estado para la identificación y esclarecimiento de hechos presuntamente constitutivos de delitos”.
Es innegable que García Harfuch deberá tener todas las armas posibles a su alcance para cumplir con la encomienda de la Presidenta Claudia Sheinbaum: Un México seguro.
El diputado priísta también propone eliminar las comisiones bancarias a mayores de 65 años * El 80% de los ingresos de los bancos son por comisiones bancarias, señala Mario Di Costanzo
ARMANDO GARCÍA
El diputado federal Rubén Moreira Valdez anunció que presentará esta semana dos iniciativas: Una, planeada desde el año pasado para que se elimine el pago al Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), y otra para eliminar el cobro de comisiones a personas mayores de 65 años.
Acompañado por los analistas Mario Di Costanzo y Miguel Ángel Sulub, el coordinador de la bancada del PRI en el recinto de San Lázaro coincidió que ya se pagó demasiado al Fobaproa, poco más de un billón de pesos, razón por la que aseguraron liquidarlo en estos momentos permitiría aplicar recursos presupuestarios a otros rubros importantes para el ejercicio fiscal de 2025.
En el programa “Con Peras, Manzanas y Naranjas”, explicaron que el problema fue que en los pagarés del Fobaproa se incluyeron préstamos de socios o de empresarios, es decir, deuda personal, que el gobierno nunca debió haber asumido para reembolsar ese dinero.
Sin embargo, detallaron que esto no significa dejar sin protección a los ahorradores de la actualidad, pues el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) mantendría los fondos para dar seguridad a ellos, solamente se dejaría de trasladar dinero para los pagos que desde hace varias décadas se hacen a los bancos por deudas de dudosa calidad.
Por ello, insistieron en la necesidad de crear una comisión especial para liquidar este fondo y que el dinero de ese rescate bancario, que en realidad no fue para todos los bancos, se destine a los estados, a programas sociales y al campo, en respuesta a la crisis que atraviesan las finanzas del gobierno.
Además, Moreira Valdez subrayó que buscará, mediante una reforma a la Constitución, que las personas mayores de 65 años no paguen ningún tipo de comisión bancaria, ni por trasladar dinero, ni por tenerlo, ni por sacarlo, ni por consultar la cuenta, ni por hacer una transferencia. Adelantó que realiza un estudio a detalle para bajarlas en beneficio de los cuentahabientes.
Al respecto, el analista económico Mario Di Costanzo recordó que el 80 por ciento de los ingresos de los bancos son por comisiones bancarias y detalló que a veces hasta por pagar un crédito de manera anticipada se cobran comisiones.
Lista para seguir avanzando con la suma de esfuerzos de todos los ciudadanos * El senador panista Enrique Vargas del Villar le da vuelta a la página al penoso asunto del morenista Jorge Álvarez Bringas
EL TOPO
Luego de rendir protesta como presidenta municipal de Huixquilucan para el periodo 2025-2027, Romina Contreras Carrasco convocó a los sectores de la sociedad a trabajar en unidad para que el municipio siga avanzando con la suma de esfuerzos de todos los habitantes de la demarcación y así continuar siendo uno de los gobiernos mejor calificados del país.
La presidenta municipal, quien inicia su segundo periodo de gobierno municipal el 1 de enero de 2025, destacó sus políticas públicas exitosas, mismas que continuarán porque resultados son amores.
Romina Contreras dijo que seguirá en el proyecto de la continuidad a programas de apoyo social con un sentido humanista para que todos los sectores, especialmente los más vulnerables, cuenten con un lugar digno y seguro para vivir.
Destacó que la administración que concluye en algunos días no les falló.
“Lo digo con la frente en alto; delante de todos ustedes nuevamente lo digo: iNo les voy a fallar!, retribuiré su confianza y tengan la certeza de que haré todo lo que esté a mi alcance para que Huixquilucan se mantenga como un municipio próspero y ejemplo en todo el país”, enfatiza Romina, la pura vitamina para Huixquilucan.
ÀLVAREZ BRINGAS MIENTE
Enrique Vargas del Villar, vicecoordinador de los senadores panistas, salió de forma frontal para responder a las acusaciones de Jorge Álvarez Bringas, excandidato morenista para la alcaldía de Huixquilucan, Estado de México.
De entrada desmiente sus dichos de forma categórica.
“Es falso que insulté y amenacé al señor Jorge Álvarez Bringas durante el evento de la toma de protesta de la presidenta municipal de Huixquilucan”, comenta de manera tajante.
El senador panista señala que el legislador Álvarez Bringas se presentó a la sesión solemne con aliento alcohólico y sin invitación.
El morenista Jorge Álvarez quiso entrar de manera violenta, por lo que el personal de seguridad le negó el acceso.
El vicecoordinador de los senadores panistas enfatiza que los regidores de Morena se deslindaron de la asistencia de Álvarez, es más, dijeron que no lo habían invitado al acto.
De esta manera Enrique Vargas del Villar le da carpetazo al asunto y mejor se enfoca en discutir en la Cámara Alta los temas más importantes para el país, una ideología que practica desde su primer día como legislador.
Inconsistencias serán presentadas ante el Órgano Interno de Control y dependencias correspondientes * Pérdida del archivo, la mayoría de las obras contratadas por adjudicación directa, presencia de ‘aviadores’ y millonarias deudas por multas e infracciones de tránsito, entre los hechos denunciados por la alcaldesa
EL TOPO
La pérdida del archivo de los últimos 12 años, irregularidades en más del 60 por ciento de las obras adjudicadas en contratación directa, plazas que eran ocupadas por ‘aviadores’ y más de 2.3 millones de pesos en deuda por infracciones de tránsito, son la herencia de administraciones pasadas en la Alcaldía Cuauhtémoc, mismas que fueron detectadas por el gobierno de la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega, quien dará vista al Órgano Interno de Control y a las autoridades correspondientes.
Rojo de la Vega denunció también inconsistencias encontradas en la implementación del programa ‘Farmacia hasta tu casa’ del gobierno anterior, falta de entrega de equipo a personal de la alcaldía, el uso de espacios públicos para el lucro de particulares y el desuso de más de 12 mil piezas de materiales destinados a salvar vidas en la pandemia.
Todo ello ha derivado en acciones de la actual administración, que han originado tres denuncias ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, por temas relacionados con corrupción, extorsión y uso de documentos falsos.
“La alcaldía Cuauhtémoc tiene años incumpliendo la Ley de Archivos de la Ciudad de México”, subrayó la alcaldesa, al referirse a las condiciones de pudrición en los que han encontrado los archivos de la administración.
“¿Por qué no se denunció hace tres años, ni hace cuatro meses por el alcalde transitorio, ni antes?”, cuestionó.
En lo que se refiere a obras, entre 2021 y 2023, la alcaldía Cuauhtémoc adjudicó directamente 111 de 183 obras contratadas, el 60.65% del total, práctica que debería ser la excepción y no la norma. Estas contrataciones, por un monto acumulado superior a 424 millones de pesos, incluyeron proveedores no inscritos en el padrón, sobrecostos y proyectos que no cumplieron los cronogramas de ejecución.
En 2023, las adjudicaciones directas alcanzaron su punto más alto, con 47 contratos por 288 millones de pesos, una práctica recurrente que deberá ser investigada a fondo por las autoridades de control y fiscalización para deslindar responsabilidades, explicó la alcaldesa.
La administración que encabeza Ale Rojo detectó 20 plazas laborales ocupadas por “aviadores”, empleados que cobraban sin asistir a trabajar, además de 36 personas asignadas a áreas distintas sin registro oficial.
“Actuaron con total desprecio a la ley, repartiendo más contaminación que beneficios a los ciudadanos”, resaltó Rojo de la Vega.
La administración anterior de la alcaldía Cuauhtémoc dejó un pasivo laboral de 68 millones de pesos debido a la inacción en juicios laborales. Según la Dirección General Jurídica, 9 de cada 10 expedientes de litigio fueron perdidos por falta de seguimiento, incluyendo cuatro litigios civiles que costaron 6 millones de pesos.