Profecía cumplida: “Al diablo con las instituciones”

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López Obrador jamás pensó que su arenga más publicitada y utilizada por sus adversarios para denostarlo en las elecciones del 2006 fuera a convertirse en una acción concertada, planeada y ejecutada ya como gobierno legalmente constituido, para debilitar a las instituciones del Estado mexicano.

No me refiero solamente al prejuicio que reconoce tener respecto de los órganos reguladores constitucionalmente autónomos, a los que considera una inútil burocracia diseñada solamente para preservar un estatus que garantiza el beneficio de unos cuantos, y que representan un costo presupuestalmente innecesario y prescindible.

Hoy, en su espacio de propaganda gubernamental mañanera, dio muestras graves de su poco apego al respeto institucional de dos órganos autónomos totalmente ajenos a su proceder institucional, con la clara intensión de debilitar su proceder y someterlo a los dictados de quién considera qué es lo relevante en este momento. Y para él, lo relevante es su supuesta cruzada contra la corrupción del sistema o ejercida como sistema.

Independiente del objetivo loable para castigar la corrupción, eso no justifica los medios que se utilizan para denunciarla, para eso existe un estado de derecho, que determina los cauces por los que deberá procesarse tales delitos, pero el Ejecutivo Federal tiene otra apreciación, tiene otros modos, y tiene otros propósitos, que van más allá de simplemente aplicar la ley.

Decide, porque así lo considera conveniente para su propia estrategia de propaganda, utilizar los medios legítimos y legales que la ley le provee como Jefe del Estado mexicano para difundir un video, carente de toda legalidad, que se exhibe en las redes sociales, donde se expone a dos servidores públicos del Congreso de la Unión en la pasada legislatura, recibiendo dinero en efectivo para no sé sabe que finalidad.

Eso para él, dado que el video complementa una declaración de hechos de un presunto delincuente que persigue el beneficio que le da la ley para sujetarse al criterio de oportunidad, es motivo suficiente para evidenciar la corrupción del Congreso de la Unión en la aprobación de una reforma constitucional en materia energética en la pasada administración.

Es clara su intencionalidad para dirigir su ofensiva en contra un partido político integrante del Congreso, pero su intencionalidad realmente vulnera la credibilidad de todo el Congreso en general, y lo rebaja a un simple beneficiario económico de los designios del Ejecutivo Federal para aprobar lo que a su propio interés conviniera. Sin más pruebas que un video, ilegal, carente de todo valor procesal por violar el debido proceso y sin evidencia contundente para conceptualizar todo de esta manera, solamente por que son lo dichos de un presunto delincuente para obtener un beneficio procesal.

Y no suficiente, le pide a la Fiscalía General de la República que recién estrena una difusa autonomía institucional, que difunda todos los elementos de prueba que ha puesto como evidencia de sus dichos el presunto delincuente, que les de máxima publicidad bajo el argumento de que el pueblo tiene derecho a saber, a estar enterado. Violentando con la simple sugerencia la autonomía del Fiscalía, y violando el debido proceso que inhibe cualquier forma de difusión de las pruebas procesales.

“Al Diablo las Instituciones, sino sirven a mis fines, sino entienden mis propósitos sino se alinean con mi cruzada, porque eso es lo que le interesa al pueblo”. Las palabras inconscientes de un líder social convertido en jefe de Estado, que no ha entendido cuándo dejó de ser una cosa para asumir la otra, al final eso no le importa. La venganza política justifica los medios, diría su mantra presidencial.

Mientras, el Congreso y la Fiscalía callan como momias. Malos tiempos para las instituciones del Estado.

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