Pondré fin al amasiato entre el poder político y el económico, o ¿cómo decía AMLO?

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Cuando el Presidente electo López Obrador decidió cancelar la construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, uno de sus mensajes centrales consistía en que el poder económico ya no más controlaría el poder político en el país con respecto a sus decisiones estratégicas de desarrollo, y que pondría fin al amasiato pernicioso entre la clase política y la clase empresarial.

Y fue más lejos, sentenció que el Presidente de la República ya no sería florero de las decisiones económicas centrales del país, y se ufanó del nuevo derrotero nacional.

El fin de semana pasado, a través de las redes sociales y posteriormente en los principales medios de comunicación, integrantes del Banco de México manifestaron veladamente la perniciosa relación entre el propósito de reforma a la ley que rige al Banco central impulsada por el partido Morena y defendida por el Presidente López Obrador y los intereses directos que existían de uno de los posibles beneficiados de la misma, irónicamente un gran empresario nacional vinculado política, económica y sentimentalmente con el gobierno de la 4T.

Ni en los tiempos del demoníaco neoliberalismo de manera tan abierta se había evidenciado un propósito regulador en beneficio específico de una persona o de una institución, y menos siendo éste un colaborador informal del despacho presidencial. Vaya tiempos en el país, que pretenden ser un ejemplo de rectitud moral pero que insistentemente no se sostiene en los hechos.

Integrantes del gobierno del Banco fueron los promotores del descubrimiento de la ilegitimidad de la reforma al marco legal que, con el pretexto de un propósito social para beneficiar a las remesas de los migrantes, pretendía crear los medios que permitieran beneficiar la colocación de dólares del banco del citado y controvertido empresario de medios, obligando al Banco Central a la compra de los mismos.

Luego fueron la Asociación Mexicana de Bancos quienes manifestaron su preocupación sobre los efectos perniciosos en la credibilidad del Banco Central, y con ella las instancias financieras internacionales, el Consejo Coordinador Empresarial y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda.

Todos al unísono hicieron mención a la vulnerabilidad a que sería sometido el Banco al modificar sus obligaciones monetarias en el mercado financiero.

La reacción obligó a trasladar la discusión de la minuta de ley en el Cámara de Diputados hasta el mes de febrero e iniciar, de manera conjunta con el Senado de la República, un mecanismo de discusión abierta con todos los miembros del sistema financiero mexicano y actores relevantes involucrados. Al final se detuvo lo que parecía inevitable, una acción predeterminada para vulnerar la autonomía y la capacidad decisoria del Banco de México.

Sin embargo, y como siempre sucede en estos casos, al jalarse la cobija quedaron al descubierto varios pies de quienes por acción o por omisión nuevamente quedaron muy mal parados: el senador Ricardo Monreal y su grupo parlamentario, el Presidente de la AMB, Luis Niño de Rivera, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, y el afamado empresario Salinas Pliego, todos poniendo de manifiesto una relación pecaminosa entre el poder político y el poder económico, que deja al descubierto que en tiempos de la 4T está más viva y fuerte que nunca.

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