Suprema Corte ordena al Congreso reglamentar el Artículo 134 Constitucional

*Instrucción oportuna ante la elección presidencial y de gobernador en algunos estados en el 2018 *Lo malo para la democracia mexicana viene cuando contrario a lo estipulado constitucionalmente, los pésimos ‘servidores públicos’ hacen promoción personalizada de lo que debería ser propaganda institucional con fines educativos y de orientación social

Compartir:

El ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea acaba de presentar un proyecto de Ley para reglamentar el Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La propuesta tiene sentido, abona a la democracia y evita el abuso indiscriminado de los erarios federal y estatales por parte del Presidente de la República y los gobernadores de los estados.

Es costumbre de las autoridades federales y estatales difundir mentiras y logros inalcanzados que en nada benefician a la población y confunden a la opinión pública.

El Artículo 134 de la Carta Magna pretende regular el uso de los recursos públicos, encaminados a tratar de engrandecer la imagen de los funcionarios públicos y sólo terminan por distorsionar y ocultar la verdad de su pésima gestión.

La orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al Congreso mexicano, es oportuna ante la elección presidencial y de gobernador en algunos estados, en el 2018, para evitar favorecer a los candidatos preferidos y violentar los derechos de todo aspirante que represente oposición.

Al respecto el artículo en comento mandata lo que desafortunadamente el sistema electoral mexicano jamás ha cumplido: “Los servidores públicos de la Federación, los estados y los municipios, así como del Distrito Federal (ahora Ciudad de México) y sus delegacionales, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos”.

Y más adelante el numeral 134 Constitucional previene a los gobernantes: “La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos y de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público”.

La burla de presidentes y gobernadores al dispositivo constitucional es suma injuria a las instituciones nacionales. Hacen exactamente lo contrario a lo establecido en la Carta Magna y todavía se ofenden si se les crítica y señala el ataque premeditado al juramento obligado a observar en la toma de posesión: “Protesto guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen (…) y si así no lo hiciere que la Nación me lo demande”.

Es obvio que la Nación demanda permanentemente al Presidente de la República y a los gobernadores el incumplimiento reiterado del sacro juramento. Sólo por lo que respecta al Artículo 134, esos “servidores públicos” vulneran el espíritu de ese precepto supremo.

Es común ver que en época electoral los recursos públicos se aplican selectivamente para enaltecer imágenes deterioradas de candidatos favoritos y partidos políticos a los cuales pertenecen. Y en época no electoral el obsceno uso de los patrimonios federal y estatal para abiertos y cínicos actos de campaña anticipados.

Lo malo para la democracia mexicana viene cuando contrario a lo estipulado constitucionalmente, los pésimos “servidores públicos” hacen promoción personalizada de lo que debería ser propaganda institucional con fines educativos y de orientación social. Por el contrario, utilizan su nombre, imágenes de identidad personal y hacen creer a la comunidad de su benevolencia en el destino y uso de recursos para beneficio social.

Diariamente puede verse y leerse en la prensa a más de un gobernador ridículamente abrazando y besando viejitos, rodeado de niños con sentido paternalista, en el reparto de insumos e implementos agrícolas para el campo, y lo más ofensivo, utilizar la necesidad y el dolor humano con fines propagandísticos, después del temblor del 7 de septiembre, para obligar a los damnificados a agradecer a los “magnánimos” gobernantes la entrega de dinero y materiales para la reconstrucción y edificación de sus viviendas afectadas, bajo pena de perder ese beneficio si no agradecen lo que se les obliga a agradecer. Es el más abyecto, ofensivo y uso patrimonialista de los dineros públicos.

Al difundir mentiras, los gobernantes incurren además en violación reiterada de derechos humanos y garantías individuales, al deformar la información a la que cada ciudadano tiene derecho a saber verdadera y puntualmente como un derecho fundamental individual.

Así lo ha determinado el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al reconocer el derecho a la información como una garantía de los derechos políticos. La ejecutoria de la Corte viene con motivo de la matanza de Aguas Blancas, en el estado de Guerrero, cuando el gobierno del estado pretendió ocultar la verdad de los hechos y culpar a las víctimas como agresores.

El criterio del máximo tribunal judicial del país es en extremo explícito para poner de relieve la responsabilidad de los funcionarios públicos cuando mienten: “Que las autoridades se abstengan de dar a la comunidad información manipulada, incompleta o falsa, so pena de incurrir en una violación grave a las garantías individuales…”

Es evidente que cada Presidente de la República y todos los gobernadores de cualquier signo partidario, han incurrido en violación grave de garantías individuales sin que alguien ponga freno al gasto excesivo en publicidad y plagado de mentiras.

Por eso a unos cuantos meses de la elección presidencial y de los gobernadores de Chiapas y Tabasco, el proyecto del ministro Lelo de Larrea cobra especial relevancia.

Es evidente que ata las manos del Presidente de la República y de los gobernadores de los estados para normar el uso del dinero público y de cómo publicitarse, aun cuando el poder público buscará mecanismos alternativos para burlar la ley por enésima ocasión y ejercer dinero clandestino.

Pero más allá de las evidentes trampas, en el proyecto de ley se advierten dos virtudes fundamentales: Todo ente público tiene la obligación de informar del por qué favorece notoriamente a determinado medio y por qué discrimina a otro.

El trato debe ser igual tanto para el medio sumiso y complaciente como para el crítico y opositor. En eso radica el verdadero derecho a la información como derecho humano y garantía individual fundamentales.

Por otro lado, el Congreso de la Unión está obligado a legislar sobre la reglamentación ordenada por la Suprema Corte. De no hacerlo, los diputados y senadores responsables de emitir la ley reglamentaria, caerán en desacato, sometidos a juicio de desafuero, separados de sus cargos y sujetos de responsabilidad política y penal. Ampliaremos…

 

[email protected]

Compartir:
Comentario anónimo
Comentar vía Facebook

is loading comments...