‘Operación Barcina’: las conexiones pendientes

No puede guardarse en el cajón: hay que tenerla a la mano…

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La “Operación Barcina” fue concretada en 2017, en Tepic, Nayarit, por la Marina. Con ella fue eliminado Juan Francisco Patrón Sánchez, el “H2”.

> Porque va a salpicar a no varios políticos y funcionarios públicos; entre ellos, a algunos comprometidos con el combate al conservadurismo y todas esas cosas que son maravillosas

DE EXORCISMIS TROPICAE

Ni a los demonios se les combate así. Suponiendo sin conceder que no hubo menores de edad, al menos cinco de los acribillados a manos del helicóptero artillado tenían menos de treinta años”.

Tales fueron las palabras de Andrés Manuel López Obrador, el 15 de febrero de 2017, reconocido por sus dotes para conversar con la señora madre de Joaquín Guzmán Loera, aquel jefe criminal al que le ofrece disculpas por decirle “Chapo”.

Las frases del tabasqueño fueron a propósito de la “Operación Barcina”, emprendida por la Marina Armada de México en Tepic, Nayarit. Y el principio de su fervorín se daba en torno a que los marinos habían acribillado a menores de edad en tal operativo: desde 2017, López Obrador ya despreciaba a la Marina y no lo ocultaba.

Con todo, el exégeta de Vicente Guerrero estaba equivocado: desde las seis y media de la tarde de esa jornada, se informó megáfono en mano que la gente no saliera de sus casas, en cierta zona de Tepic.

Eso sí, el tabasqueño dio en el clavo en un punto de su análisis: si la Marina eliminó a sicarios que tenían treinta años de edad, el Alto Mando la había regado, porque tenía que haberle pedido a la organización Beltrán Leyva que solo reclutara asesinos mayores de cuarenta años; lamentablemente, parece que los de Sinaloa no escucharon esa rogativa tropical.

Antes de entrar en materia, admito la congruencia de López Obrador: consciente de que a los demonios no se les dispara con una Minigun, la mejor estrategia es atacarlos en Culiacán; después, que la orden de aprehensión no llegue; luego, ocasionar que un cártel amenace a cientos de familias de militares y, finalmente, dejar las cosas como estaban.

¿Cuál es el justo castigo para aquel que genere una rendición federal a un cártel como lo fue “El Culiacanazo”? Pues, como se trata de aplicar un castigo ejemplar, se le condena a irse de candidato a Sonora. Otra opción sería que el funcionario sancionado, dirija un nuevo ente: el Instituto para Devolver al Narco lo Incautado (IDNI).

LA ‘OPERACIÓN BARCINA’

El 9 de febrero de 2017 se emprendió una serie de acciones por parte de las FES (un grupo de élite especializado en ese tipo de intervenciones) en Nayarit, en tres ubicaciones distintas: en la colonia Ampliación Lindavista, en una brecha cercana a Trigomil (en el municipio de Xalisco) y en otra brecha que va de Aguacate a Duraznitos.

En el domicilio de Ampliación Lindavista fue eliminado Juan Francisco Patrón Sánchez, “H2” que tenía 40 años, nacido en Mazatlán. El saldo fue de trece muertos; no hubo personas ajenas a la organización Beltrán Leyva que hubieran sido agredidas por los marinos.

“Barcina” tuvo origen en septiembre de 2016, a raíz de un ataque tipo emboscada que acabó con la vida de seis militares en Culiacán, Sinaloa.

Esos efectivos eran integrantes de la 24º CINE (¿Cómo dice? No, candidato Durazo; no chambeaban en una película; es el acrónimo de “Compañía de Infantería No Encuadrada”. De nada, candidato. Saludos hasta Hermosillo y suerte en su campaña) y fueron acribillados por la gente de Patrón Sánchez.

El “Chapo Isidro” y “H2” eran los liderazgos visibles de la organización Beltrán Leyva; sin los hermanos Beltrán Leyva en acción, estos dos personajes cometieron un terrible error: se envalentonaron y quisieron avanzar en la conquista de distintos territorios, tanto de Sinaloa como de Nayarit y no les importó atropellar al Ejército.

Tras la emboscada a los militares, el general secretario Salvador Cienfuegos lanzó una arenga durísima, en la que reventó contra los civiles que solo le estorbaban para hacer su trabajo.

Estaba fastidiado de que las Fuerzas Armadas fueran el jamón de un sándwich podrido: de un lado, los policías y fiscalías estatales halconeándolos y saboteándolos; del otro, la ausencia de un edificio normativo que les permitiera trabajar en seguridad pública. Básicamente, aquí fue donde se agitó más fuerte aquella vaina de la Ley de Seguridad Interior.

En lo que pasó después, hay que hilar fino: el vicealmirante Mario del Carmen Ríos Hernández era quien dirigía la arquitectura de la Marina Armada en esos menesteres de las operaciones de misión crítica, un auténtico experto.

Empero, nadie, incluyendo a los de Lomas de Sotelo, ha respondido jamás a una obviedad: ¿por qué cobraron la afrenta las FES y no los militares?

Las FES son la élite de la Unidad de Operaciones Especiales de la Marina Armada. Iniciaron en 2001 con dos grupos, Golfo y Pacífico; después, vendría el grupo de la Ciudad de México. A “Barcina”, admito que también podría haber ido la Unidad de Misiones Especiales.

Se entiende que no participaran GOPES ni sus homólogos de la Procuraduría General de la República, por temor a una delación. Pero hasta ahí.

El Ejército no envió al CFE (No, candidato; no me refiero al director de la Comisión Federal de Electricidad); es decir, al Cuerpo de Fuerzas Especiales. Lomas de Sotelo tampoco envió a la Fuerza Especial de Reacción, aquellos que se encargaron de Osiel Cárdenas, del cártel del Golfo y Uriel Isaac Guzmán, “El Cochi”, líder del cártel de Tláhuac.

Y después del operativo, ¿por qué divulgarlo ruidosamente, considerando que el territorio natural de la UNOPES es el silencio?

Cabe una hipótesis que podría explicar parte del tema: en primer lugar, la Marina Armada hizo el trabajo porque eran los auténticos especialistas en la persecución del cártel de Sinaloa (y exsocios) y disponían de cuadros que conocían muy bien el terreno que había que pisar.

En segundo lugar, el llegar con todo el poder de fuego era un mensaje: nadie se mete con las Fuerzas Armadas. No es un asunto raro ni nuevo: algo parecido ocurrió en Michoacán, con la Policía Federal y CJNG en Tanhuato, en 2015. Que no lo entiendan en Palacio Nacional es distinto.

Sin embargo, había otras cosas inexplicables que repercuten hasta la actualidad. Y dejo sobre la mesa una duda: ¿por qué no enviaron a la Marina a Culiacán por Ovidio Guzmán? La respuesta es: porque la ignorancia es temeraria.

UNO DE LOS BANQUEROS DE LOS MALOS

La casa de “H2” quedaba a unos cincuenta metros de distancia de una propiedad de Édgar Veytia, a la sazón fiscal general de Nayarit. En otro medio de comunicación, apunté que “El Diablo” tenía una vocación que pocos le conocían: financiar campañas a políticos de otras entidades federativas.

Veytia ha metido dinero en campañas a diputados, senadores, alcaldes y gobernadores, pero esa generosidad trae un acompañante incómodo: al CJNG. Tenía toda la razón el gobernador nayarita en ese entonces, Roberto Sandoval, cuando dijo que Veytia pacificó al estado. Este último elemento hay que dividirlo en dos partes.

La primera es que Roberto Sandoval no mentía: Veytia pacificó a la entidad, eligiendo un jugador y apostándole su resto: a CJNG. El fiscal facilitó las cosas para que se limpiara la plaza, al tiempo que encomendó a un grupo de incondicionales que se aplicaran a fondo en el expolio contra objetivos específicos: comerciantes, industriales, agricultores, empresarios.

El fiscal fue amasando unos centavitos (alrededor de 250 millones de dólares, según estimaciones estadounidenses) y sin hacer gestos concedió entrevistas a cuanto medio lo buscó para hablar de la “Operación Barcina”. Es obvio que él la festinó, porque le limpiaba el camino a CJNG.

La segunda es que Roberto Sandoval también tenía lo suyo: el 28 de febrero de 2020, el secretario de Estado Michael Pompeo, informó que para el gobierno de los Estados Unidos, “Roberto Sandoval estaba envuelto en una significativa corrupción”.

Y, que había recibido dádivas por parte de CJNG para efectos de protección e información.

Pero más allá de aquello que ya sabemos de memoria gracias a la verborragia de algunos reporteros en el sentido que Veytia está en los Estados Unidos acusado de delitos relacionados con delincuencia organizada y todo lo demás, hay una línea que en México no quieren ni tocar siquiera porque el tema alcanza calores tropicales.

El dinero que Veytia metió en campañas a candidatos a diputados, senadores, alcaldes y gobernadores, tiene el inconveniente de que muchos de esos personajes ganaron y ahora están en el poder. Por ello, CJNG ha entrado sin problemas a varias entidades federativas. En otras palabras, Nemesio Oseguera también sabe jugar en la política.

Eso lo saben en Palacio Nacional y sería recomendable que comiencen a abundar en ello, antes de que los extraditados y detenidos en Estados Unidos canten sus grandes éxitos y salpiquen a varios personajes que ahora son de izquierda.

Para concluir, va un tip: en algunas entidades federativas están presumiendo sus gobiernos estatales que han disminuido su incidencia delictiva. Veytia redujo en un 50 por ciento los homicidios en aquella entidad. Muchos analistas no entienden cómo podía trabajar el gobierno estatal para un cártel y al mismo tiempo, reducir un delito relevante.

La experiencia señala que si una plaza está controlada, no hay guerra. Si no hay “Contras” con los cuales pelear un territorio, los dueños de la plaza son los que dosifican la muerte para mantener disciplina entre los grupos criminales minoritarios que terminarán trabajando para ellos. En una plaza controlada, solo hay terror y feudalización: el método Veytia.

La “Operación Barcina” no puede guardarse en el cajón: hay que tenerla a la mano porque va a salpicar a no varios políticos y funcionarios públicos; entre ellos, a algunos comprometidos con el combate al conservadurismo y todas esas cosas que son maravillosas.

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