Odebrecht, en riesgo el arma letal de AMLO

Probar el supuesto financiamiento a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto y los presuntos sobornos a legisladores significan para López Obrador la consolidación de su lucha contra la corrupción neoliberal

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La reputación del Presidente Andrés Manuel López Obrador podría resultar severamente dañada si a final de cuentas las supuestas pruebas del caso Odebrecht no existen.

> Para Gertz Manero se trata del mayor logro que pueda adjudicarse la procuración de justicia en su etapa autónoma… Todo podría quedar en solo un gran escándalo

Sería de catástrofe para el presidente López Obrador y el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero que terminara en fiasco el caso Odebrecht que tiene como protagonista principal, hasta hoy, a Emilio Lozoya.

Probar el supuesto financiamiento de la empresa brasileña a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto y los presuntos sobornos a legisladores, en especial a senadores y a un diputado, significan para López Obrador la consolidación de su lucha contra la corrupción neoliberal, y el aseguramiento del control de la Cámara de Diputados en la siguiente legislatura, mientras para Gertz Manero se trata del mayor logro que pueda adjudicarse la procuración de justicia en su etapa autónoma.

Para el Fiscal General, Alejandro Gertz Manero, la confirmación de los supuestos sobornos de Odebrecht sería el mayor logro que pueda adjudicarse la procuración de justicia en su etapa autónoma.

Pero a la vista, ambos propósitos están siendo torpedeados por quienes, teniendo acceso a información privilegiada se afanan en filtrarla con intenciones que eventualmente saldrán a la luz.

El resultado de las filtraciones será tal vez que, cuando el caso se ventile en tribunales, las estrategias planeadas a partir de expectativas, muchas de las cuales son falsas, podrían convertirse en bumerang.

Es sospechoso que poco o nada se diga sobre la prescripción de los delitos electorales de 2012, si existieron, no obstante ser asunto que data de cuando Santiago Nieto aun no era defenestrado como Subsecretario Especializado en la Atención de Delitos Electorales.

Ahí no hay delitos que perseguir, aun suponiendo que se hubiesen cometido, pero se insiste en su comisión creando la expectativa de que el ex presidente recibirá castigo, más allá del que se le ha infligido en los medios de comunicación.

Con desparpajo e irresponsabilidad se manejan nombres de legisladores, algunos de ellos hoy mandatarios estatales, señalándolos como receptores de dinero proveniente de las arcas inagotables de Odebrecht a cambio de votar la Reforma Energética que Andrés Manuel López Obrador no pudo evitar a causa de sus problemas cardiacos.

Con la misma seguridad con que se difunden los nombres de los beneficiarios de la corrupción se afirma que existen pruebas documentales, videos y recibos; incluso se ha escrito que Lozoya filmó a los recipiendarios en su oficina de director de Pemex, como Carlos Ahumada hizo con René Bejarano.

Los difusores de la existencia de estas pruebas escriben con la seguridad que sólo podría hacerlo quien ha asistido a una sesión privada de la exhibición de documentos tan valiosos para la FGR como para el juez de control Juan Carlos Ramírez Benítez.

Ignoro la estrategia de la defensa de Lozoya, pero los abogados Miguel Ontiveros Alonso y Alejandro Rojas Pruneda seguramente tomarán en cuenta la filtración de nombres de supuestos sobornados y del contenido de los videos, si existen, para alegar lo que el Fiscal ha satanizado: el uso de la información, en detrimento del debido proceso y de la presunción de inocencia y en beneficio de la propaganda política.

Hasta donde es posible saber no hay imágenes de legisladores recibiendo los supuestos sobornos; tampoco acudieron a recibir personalmente su bonificación, si la hubo, por votar en el Congreso de la Unión.

Para decirlo de otra manera, es posible que el caso Odebrecht sólo quede en un escándalo que hoy parece agotado, por la prescripción del financiamiento a la campaña de Peña Nieto y por la inexistencia de pruebas de la entrega de sobornos a senadores, especialmente panistas y un priista, y también a un diputado azul.

Pero con escándalo y todo, la sangre no llegará al río porque el juez estaría maniatado para ordenar prisión a los beneficiarios del dinero de Odebrecht.

Quizás el único perjudicado en este caso sea Emilio Lozoya que no podría cumplir lo pactado con la FGR y quedaría expuesto a la consecuente reacción negativa del Ministerio Público de la Federación.

Desde luego la Fiscalía a la que se le caería un caso que prometía colocar a la justicia mexicana a la altura de la de otros países que han castigado la acción corruptora de Odebrecht sin importar el rango de los involucrados.

Y el presidente López Obrador, que casi a diario en las conferencias mañaneras presume castigo para los corruptos del pasado reciente, se quedaría sin el arma letal con que pensaba terminar de destruir al PRI y al PAN en 2021.

Parece un escenario improbable, pero la prescripción de un delito y la falta de elementos documentales para probar otros, pueden causar un escándalo en sentido contrario al esperado.

Por ello sería saludable que la FGR investigara el origen de las filtraciones de nombres y de la existencia de videos; quizás sólo se trate de un negocio que ha redituado a los manipuladores de la información, pero cuya consecuencia última podría dañar severamente la reputación del presidente y del fiscal.

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